CE - Sentencia 15001233300020150054301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 15001233300020150054301 (67281)

Demandantes: ERNESTINA REYES CÉSPEDES Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ

Tema: Daños causados a inmueble por construcción vecina. No se acreditó responsabilidad por omisión y/o negligencia en ejercicio de funciones de control urbano por parte del municipio de Moniquirá. Conflicto entre particulares.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la entidad demandada contra la sentencia del 28 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante Resolución No. 082 del 6 de febrero de 2013, la Secretaría de Planeación de Moniquirá otorgó a la sociedad Arquitectura Lotus S.A.S. licencia para la construcción de un edificio multifamiliar en el predio ubicado en la carrera 7 No. 1521/23/25/27 de ese municipio, el cual colinda con el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 083-16651 de propiedad de Ernestina Reyes Céspedes y Hernando Walteros Caro . Según se narra en la demanda, la ejecución de la obra

matrícula inmobiliaria No. 083-16651 de propiedad de Ernestina Reyes Céspedes y Hernando Walteros Caro . Según se narra en la demanda, la ejecución de la obra adelantada por la sociedad Arquitectura Lotus S.A.S. , causó fracturas en piso s y muros en el inmueble de los demandantes.

Los actores consideran que el municipio de Moniquirá es patrimonialmente responsable por las averías causadas al predio de su propiedad, como consecuencia de la negligencia de la Administración municipal para evitar que dicha construcción le causara perjuicios.2

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Demandantes: Ernestina Reyes Céspedes y otros

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 24 de julio de 20151, Ernestina Reyes Céspedes, Hernando Walteros Caro, Juan Fernando Walteros Reyes, Jhellybeam Walteros Reyes, Wilman Hernando Walteros Reyes y Ana Rita Caro de Walteros , mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra el municipio de Moniquirá para que se le s declarara patrimonialmente responsable s por los perjuicios causados al inmueble de propiedad de los demandantes identificado con matrícula inmobiliaria No. 083 -16651, con ocasión de la obra construida por la sociedad Arquitectura Lotus S.A.S. en el predio ubicado en la carrera 7 No. 1521/23/25/27 de ese municipio.

Como pretensiones de su demanda, la parte actora solicita condenar a la entidad accionada a pagar le, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los

21/23/25/27 de ese municipio.

Como pretensiones de su demanda, la parte actora solicita condenar a la entidad accionada a pagar le, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los demandantes; por daño emergente, la suma de $1.162.600.000; y por lucro cesante, la suma de $49.500.000.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, mediante escritura pública No. 470 del 3 de abril de 2002, Ernestina Reyes Céspedes y Hernando Walteros Caro adquirieron a título de venta el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 083-16651, ubicado en la carrera 7 No. 16-07/13 del municipio de Moniquirá.

Sostiene que, mediante Resolución No. 082 del 6 de febrero de 2013, la Secretaría de Planeación de Moniquirá otorgó a la sociedad Arquitectura Lotus S.A.S. una licencia para la construcción de un edificio multifamiliar en el predio ubicado en la carrera 7 No. 15-21/23/25/27 de ese municipio, el cual colinda con el inmueble ubicado en la carrera 7 No. 16-07/13 de propiedad de Ernestina Reyes Céspedes y Hernando Walteros Caro.

1 Fl. 6 a 18, archivo “CUADERNO 01 PRINCIPAL”, índice 39, Samai del Consejo de Estado.3

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Indica que, a partir del mes de abril de 2013, la obra autorizada por la licencia de

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Demandantes: Ernestina Reyes Céspedes y otros

Indica que, a partir del mes de abril de 2013, la obra autorizada por la licencia de construcción No. 082 de 2013 causó daños en la estructura del predio ubicado en la carrera 7 No. 16-07/13, de propiedad de los demandantes.

Señala que en julio y diciembre de 2013 , los demandantes se dirigi eron a la Secretaría de Planeación de Moniquirá y a la sociedad Arquitectura Lotus S.A.S. con el fin de que “ tomaran las medidas correctivas pertinentes y detuvieran el problema”.

Advierte que, en fecha indeterminada, la Secretaría de Planeación de Moniquirá remitió la solicitud a la Inspección de Policía Municipal, sin embargo, los actores advierten que “no han recibido notificación o citación alguna”.

Asegura que la responsabilidad del municipio de Moniquirá se deriva de “no haber tomado las medidas necesarias para prevenir, mitigar y evitar los daños ocasionados, siendo que, dentro de sus obligaciones administrativas, está el de evitar dichas situaciones, a través de los funcionarios de planeación municipal y específicamente de control urbano”.

Los demandantes consideran que el municipio de Moniquirá es patrimonialmente responsable por las averías causadas al predio de su propiedad, como consecuencia de la negligencia de la Administración municipal para evitar que dicha construcción le causara perjuicios.

2. Contestaciones

El 5 de julio de 20162, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda y ordenó su notificación al ente demandado y al ministerio público.

construcción le causara perjuicios.

2. Contestaciones

El 5 de julio de 20162, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda y ordenó su notificación al ente demandado y al ministerio público.

2.1. El municipio de Moniquirá3 señaló que los daños ocasionados a la vivienda de los demandantes obedecieron a fallas técnicas en el estudio de suelos, memorias

2 Fl. 101 y 102, archivo “CUADERNO 01 PRINCIPAL”, índice 39, Samai del Consejo de Estado. 3 Fl. 108 y 119, archivo “CUADERNO 01 PRINCIPAL”, índice 39, Samai del Consejo de Estado.4

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de cálculos y diseños estructurales en su construcción, dada la falta de previsión. Por ello, solicitó la vinculación de Pedro Alonso Solano González, Marcel Esquivel Reina, Gustavo Becar ía Becar ía y la sociedad Arquitectura Lotus S.A.S. como litisconsorte necesario 4. Por último, f ormuló las excepciones que denominó “caducidad”, “ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”, “no contener la demanda a todos los litisconsortes necesarios”, “falta de legitimación material por no haber propiciado el municipio el hecho generador del supuesto daño”, “ausencia de derecho y causa legal para incoar la acción”, “incumplimiento de las obligaciones legales que tenían que realizar los demandantes”, “nadie puede alegar su propia culpa”, “nadie puede beneficiarse de su propio dolor”, “impedimento para realizar la

de derecho y causa legal para incoar la acción”, “incumplimiento de las obligaciones legales que tenían que realizar los demandantes”, “nadie puede alegar su propia culpa”, “nadie puede beneficiarse de su propio dolor”, “impedimento para realizar la objeción de los perjuicios compensatorios” y “falta de presupuesto procesal no cumplir los demandantes con las órdenes del operador judicial”.

2.2. La sociedad Arquitectura Lotus S.A.S .5 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que celebró acuerdo conciliatorio con la parte demandante, razón por la cual las pretensiones fueron satisfechas en su integridad, a través de este mecanismo de solución alternativa de conflictos. Por ello, formuló como excepciones las de “conciliación”, “caducidad de la acción” , “culpa exclusiva del demandante en la producción del daño”, “imposibilidad jurídica de indemnizar daños cuando se ha actuado en la ilegalidad” e “incumplimiento del deber legal de mitigación del daño”.

2.3. Pedro Alonso Solano González y Marcel Esquivel Reina a través de curador ad litem6-7, contestó la demanda, manifestando que no se oponía a la prosperidad de las pretensiones y estaría conforme con lo decidido, según lo probado en el proceso.

2.4. Gustavo Becaría Becaría guardó silencio.

4 En virtud de la solicitud hecha por el municipio de Moniquirá, mediante auto del 28 de marzo de 2017 (Fl. 374 a 378, C. 2. Expediente Digital), el tribunal a quo ordenó la integración del contradictorio con la sociedad Arquitectura Lotus S.A.S y los señores Pedro Alonso Solano González , Marcel

2017 (Fl. 374 a 378, C. 2. Expediente Digital), el tribunal a quo ordenó la integración del contradictorio con la sociedad Arquitectura Lotus S.A.S y los señores Pedro Alonso Solano González , Marcel Esquivel Reina y Gustavo Becaría Becaría en calidad de litisconsorcio necesario. 5 Fl. 395 a 413, archivo “CUADERNO 03 PRINCIPAL”, índice 39, Samai del Consejo de Estado. 6 El 26 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá designó como curador ad litem de Pedro Alonso Solano González y Marcel Esquivel Reina a la doctora Luz Marina Guio Moyano (Fl. 581, C. 3. Expediente Digital), quien se posesionó el 13 de mayo siguiente (Fl. 589, C. 3. Expediente Digital). 7 Fl. 590 y 591, archivo “CUADERNO 03 PRINCIPAL”, índice 39, Samai del Consejo de Estado.5

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3. Audiencia inicial

En sesiones del 28 de marzo de 20178 y el 17 de octubre de 2019 9 el Tribunal Administrativo de Boyacá realizó la audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso, resolvió excepciones, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a las excepciones, declaró probada la de “ conciliación” propuesta por la sociedad Arquitectura Lotus S.A.S., al evidenciar que en el acuerdo conciliatorio del 28 de marzo de 2014 celebrado ante la Cámara de Comercio de Tunja, la parte demandante y la sociedad referida aceptaron que “como consecuencia del presente

sociedad Arquitectura Lotus S.A.S., al evidenciar que en el acuerdo conciliatorio del 28 de marzo de 2014 celebrado ante la Cámara de Comercio de Tunja, la parte demandante y la sociedad referida aceptaron que “como consecuencia del presente acuerdo se resuelven t odas las pretensiones de la conciliación prese ntada y pone fin al conflicto generado entre las partes, por lo cual no se harán reclamaciones administrativas o judiciales sobre los mismos hechos y circunstancias debatidas en la presente conciliación”.

En virtud de lo anterior, el tribunal concluyó que el proceso de la referencia terminó por conciliación extrajudicial respecto de la sociedad Arquitectura Lotus S.A.S., por todo conflicto derivado de la construcción del “Edificio Martina” en el municipio de Moniquirá.

Respecto de l objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a “determinar si el municipio de Moniquirá y los señores Pedro Alonso Solano González , Marcel Esquivel Reina y Gustavo Becar ía Becar ía son administrativa y extracontractual responsable por los daños y per juicios ocasionados a los demandantes como consecuencia del daño producido a su vivienda de habitación a causa de la construcción del edificio Martina, proyecto adelantado y llevado a cabo por la sociedad Arquitectura Lotus S.A.S.”.

8 Archivo “AUDIENCIA INICIAL”, expediente digital, índice 39, Samai del Consejo de Estado. 9 Fl. 638 y 649, archivo “CUADERNO 04 PRINCIPAL”, índice 39, Samai del Consejo de Estado.6

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Demandantes: Ernestina Reyes Céspedes y otros

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Demandantes: Ernestina Reyes Céspedes y otros

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 7 de diciembre de 202010 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora 11 y el municipio de Moniquirá12, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta, respectivamente.

4.2. Pedro Alonso Solano González, Marcel Esquivel Reina, Gustavo Becar ía Becaría y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de abril de 202113 el Tribunal Administrativo de Boyacá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , al constatar que los demandantes habían sufrido un daño antijurídico, dado que el municipio de Moniquirá omitió su deber de vigilancia y control durante la ejecución de la obra denominada “Edificio Martina”, lo que conllevó a que la vivienda de propiedad de Ernestina Reyes Céspedes y Hernando Walteros Caro se viera afectada por dicha construcción. De otro lado, denegó las pretensiones frente a los señores Pedro Alonso Solano González, Marcel Esquivel Reina y Gustavo Becaría Becaría, pues no encontró que sus actuaciones hubieran concurrido en la causación del daño alegado.

10 Archivo “Audiencia”, índice 135, Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá.

no encontró que sus actuaciones hubieran concurrido en la causación del daño alegado.

10 Archivo “Audiencia”, índice 135, Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá. 11 Archivo “DEMANDANTE_REMISION ALEGATOS”, índice 137, Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá. 12 Archivo “Alegatos Demandado”, índice 136, Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá. 13 Archivo “SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA”, índice 140, Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá.7

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Demandantes: Ernestina Reyes Céspedes y otros

En efecto, el Tribunal a quo señaló que “[…] la Sala concluye que en este caso debe imputársele responsabilidad al Estado – municipio de Moniquirá - por los daños alegados por los demandantes, pues existe nexo causal entre éstos y las omisiones del ente territorial […] resulta reprochable la conducta omisiva del municipio demandado, pues, como se vio, este tenía el deber legal de vigilar la ejecución del proyecto e implementar todas las medidas pertinentes tendientes a neutralizar posibles daños sufridos en la edificación de los demandantes. Sin embargo, ello no ocurrió, y los afectados no tuvieron alternativa distinta que presenciar con impotencia, cómo su vivienda se deterioraba. La omisión en el deber de vigilancia y de tomar las medidas preventivas y correctivas del municipio demandado constituye, sin duda, una falla del servicio imputable a la administración, pues ello produjo un resultado lesivo, razón por la cual será el ente territorial el que responda

de tomar las medidas preventivas y correctivas del municipio demandado constituye, sin duda, una falla del servicio imputable a la administración, pues ello produjo un resultado lesivo, razón por la cual será el ente territorial el que responda por los perjuicios causados a los actores, quienes sufrieron un menoscabo patrimonial por el grave deterioro que padeció su vivienda, como consecuencia de la construcción del ‘Edificio Martina ’. En efecto, resulta claro, que si e l citado municipio hubiera intervenido como era su deber, ejerciendo labores de vigilancia y control en la edificación, hubiera advertido que el constructor de la obra no estaba cumplimiento con las normas de urbanismo señaladas por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, nada de ello se hizo precisamente porque el municipio demandado omitió los deberes a los cuales estaba obligado y tal omisión, sin duda, fue la causante de los perjuicios reclamados por los actores. Y si bien, quien construyó la obra fue un particular, lo cual no admite discusión, la administración del municipio de Moniquirá, tenía la obligación legal de vigilar la ejecución del mentado proyecto, independientemente de quien fuera su ejecutor, y como ello no sucedió, debe indemnizar los daños causados con su conducta omisiva […]”.

En la parte resolutiva el a quo condenó exclusivamente al municipio de Moniquirá a pagar, por perjuicios morales, el equivalente a 25 SMLMV a cada uno de los demandantes; por daño emergente, la suma de $21.122.997 a Ernestina Reyes Céspedes y Hernando Walteros Caro; y por lucro cesante, la suma de $11.633.392 a Hernando Walteros Caro. Adicionalmente, ordenó protocolizar e inscribir la

Céspedes y Hernando Walteros Caro; y por lucro cesante, la suma de $11.633.392 a Hernando Walteros Caro. Adicionalmente, ordenó protocolizar e inscribir la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para que sirviera como título traslaticio de dominio del inmueble, en favor del municipio de Moniquirá.8

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Demandantes: Ernestina Reyes Céspedes y otros

6. Recursos de apelación

Los días 1814 y 1915 de mayo de 2021 la parte actora y el municipio de Moniquirá interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron concedidos el 1º de junio de 202116 y admitidos el 20 de agosto de 202117.

6.1. La parte actora 18 requirió aumentar el quantum indemnizatorio por concepto de daño emergente, en la suma de $280.000.000, por ser este el valor de los arreglos del inmueble de su propiedad. Asimismo, pidió reconocer el valor de los cánones de arrendamiento hasta la presente fecha. De otro lado, solicit ó revocar la orden de transferir la propiedad del inmueble a favor del municipio de Moniquirá, pues en el presente asunto no se está indemnizando la pérdida total del bien inmueble, sino el costo de sus reparaciones. En tal virtud, señaló que en caso de no acceder a dicha pretensión se dicte condena en abstracto por el valor del inmueble.

6.2. El municipio de Moniquirá 19 señaló que el hecho lesivo sufrido por los demandantes no le era atribuible, dado que no tuvo injerencia en su producción, pues

6.2. El municipio de Moniquirá 19 señaló que el hecho lesivo sufrido por los demandantes no le era atribuible, dado que no tuvo injerencia en su producción, pues éste se produjo por la obra que realizó la sociedad Arquitectura Lotus S.A.S. en el predio aledaño y por las deficiencias en el diseño y construcción de la vivienda de los demandantes. Por otra parte, argumentó que el a quo incurrió en un yerro al reconocer perjuicios morales, pues los mismos proceden única y exclusivamente ante la pérdida total de la vivienda.

7. Trámite en segunda instancia

El Despacho no corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que

14 Archivo “APELACIONFALLO”, índice 143, Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá. 15 Archivo “APELACIONALTRIBUNALDEBOYACA”, índice 144, Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá. 16 Archivo “AUTOCONCEDERECURSOAPELACION”, índice 146, Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá. 17 Archivo “AUTOADMITIENDORECURSO”, índice 4, Samai del Consejo de Estado. 18 Archivo “APELACIONFALLO”, índice 143, Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá. 19 Archivo “APELACIONALTRIBUNALDEBOYACA”, índice 144, Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá.9

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Demandantes: Ernestina Reyes Céspedes y otros

de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley

Demandantes: Ernestina Reyes Céspedes y otros

de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 del 2021 20, no se decretaron pruebas en segunda instancia. Asimismo, se advierte que en esta instancia del proceso el ministerio público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer los recursos de apelación interpuesto s contra la sentencia del 28 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor 21 de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa , tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación22.

2. Medio de control procedente

La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación pública distinta

20 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario

recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso […]”. 21 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretens ión mayor (…)”. 22 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda se estima en la suma de $1.162.600.000 y 500 SMLMV para el año 2015 (presentación de la demanda) equivalían a la suma de $322.175.000.10

Radicado: 15001233300020150054301 (67281)

Demandantes: Ernestina Reyes Céspedes y otros

a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 14023 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Demandantes: Ernestina Reyes Céspedes y otros

a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 14023 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de la supuesta omisión y/o negligencia de la Administración para evitar que la construcción del “Edificio Martina”, le causara perjuicios al inmueble de propiedad de los demandantes.

3. Vigencia del medio de control

Comoquiera que el municipio de Moniquirá en el trámite de primera instancia señaló que había operado la caducidad del medio de control de reparación directa, es necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuan to se trata de un presupuesto procesal24.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 25, estableció unos plazos para poder ejercer

23 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particula r que haya obrado

responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particula r que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una d e ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido, o bien podrá ser propuest a por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia def initiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 25 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo

25 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, par a evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.11

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Demandantes: Ernestina Reyes Céspedes y otros

oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 26, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y

los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de ple no derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta efectos para ambas partes i ndistintamente de quien realiza la proposición judicial, en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso,

Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 26 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al inter esado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.12

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Demandantes: Ernestina Reyes Céspedes y otros

la caducidad se entiende también como una limita