CE - Sentencia 17001233300020200022601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Seis (6) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025).

| | | | | --- | --- | --- | | Radicado | : | 17001-23-33-000-2020-00226-01 (0597-2025) [[1]](#footnote-2) | | Demandante | : | Julián Andrés Espitia Chica | | Demandado | : | Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. | | Medio de control | : | Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011 | | Tema | : | Relaciones laborales encubiertas (Médico psiquiatra). | | Decisión | : | Sentencia de segunda instancia |

La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la entidad demandada contra la sentencia del Trece (13) de diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas[[2]](#footnote-3), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, las cuales versan sobre el reconocimiento de una relación laboral encubierta.

1. ANTECEDENTES

1. La demanda[[3]](#footnote-4).

• 1. Pretensiones.

1. ANTECEDENTES

1. La demanda[[3]](#footnote-4).

• 1. Pretensiones.

El señor Julián Andrés Espitia Chica por intermedio de apoderado judicial, acudió a esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), mediante demanda radicada el 21 de agosto de 2020, con el propósito de obtener la nulidad del Oficio No. S-2020-015772/UPRES - GRUAD - 1.0. del 25 de febrero de 2020, expedido por el Área de Sanidad de la Policía Metropolitana de Manizales, mediante el cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre las partes, correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2015 al 5 de abril de 2018.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó:

Que se ordene a la entidad demandada el reconocimiento y pago de todas las prestaciones sociales adeudadas, derivadas de la relación laboral cuya existencia se pretende judicialmente, incluyendo el pago de la prima de navidad, la prima de vacaciones, las vacaciones, la prima de servicios, las cesantías y sus respectivos intereses, así como la dotación de vestido y calzado, el subsidio familiar, la bonificación por servicios prestados, el incremento salarial por antigüedad, las horas extras, los recargos por trabajo en días dominicales y festivos, la reliquidación de salarios y, en general, todos aquellos factores salariales consagrados en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a los servidores públicos de planta de la Policía Nacional, particularmente los vinculados al Área de Sanidad - Caldas.

Que se declare el derecho al reconocimiento y pago de las cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, incluyendo pensión y riesgos laborales, con base en los valores pactados en los contratos de prestación de servicios.

Que las sumas que resulten reconocidas a favor del demandante sean debidamente actualizadas e indexadas conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, se condenen en costas a la parte demandada.

1.2 Hechos

Según lo expuesto por la parte actora, el señor Julián Andrés Espitia Chica prestó sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la Policía Nacional, concretamente en el Área de Sanidad del Departamento de Policía de Caldas, con sede en la Clínica La Toscana, desempeñando funciones como médico especialista en psiquiatría.

Afirmó que, su vinculación se inició el 20 de agosto de 2015 y se extendió, sin solución de continuidad, hasta el 5 de abril de 2018, en virtud de la suscripción de los siguientes contratos de prestación de servicios:

1. Contrato No. 91-7-20161-2015, celebrado por un valor de $5.033.600, con ejecución del 20 de agosto de 2015 al 19 de febrero de 2016;

2. Contrato No. 91-7-20004-2016, por el mismo valor, con vigencia del 23 de febrero de 2016 al 30 de marzo de 2017; y

3. Contrato No. 91-7-200008-2017, también por $5.033.600, con ejecución del 6 de abril de 2017 al 5 de abril de 2018.

Indicó que, a pesar que dichas vinculaciones fueron formalizadas bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, en la práctica existió una relación laboral auténtica, toda vez que, las funciones desempeñadas eran propias y permanentes de la entidad, se ejecutaban de manera personal y bajo las instrucciones del coordinador médico, quien actuaba como superior jerárquico y jefe inmediato del actor. Adicionalmente, debía cumplir con un horario laboral previamente fijado conforme a los cuadros de turno, reuniones institucionales y necesidades del servicio.

Precisó que, las labores desarrolladas por el demandante consistían, entre otras, en ejercer su profesión de forma ética, lograr el mejoramiento de los procesos de atención médica del establecimiento de sanidad policial, proteger y conservar los recursos asignados por la entidad (físicos, técnicos, económicos e intelectuales), colaborar con los entes de control cuando fuera requerido, rendir informes, mantener la confidencialidad de la información clínica, expedir incapacidades médicas conforme a los protocolos establecidos, diligenciar oportunamente las historias clínicas en la plataforma institucional, ejecutar las acciones contempladas en el Plan Integral del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y cumplir con los registros y reportes estadísticos definidos por la normatividad vigente, incluidos los necesarios para procesos de costos y facturación, incluso a través del sistema SISAP, obligatorio para la atención de usuarios en todas las áreas.

Sostuvo que, las funciones contratadas eran homólogas a las que desempeñan los médicos vinculados en carrera administrativa, con idénticas obligaciones sustanciales, aunque sin el reconocimiento de los derechos laborales correspondientes. En ese sentido, la entidad demandada no le reconoció ni pagó las prestaciones sociales ni demás emolumentos derivados de una relación legal y reglamentaria, a pesar que se trataba de un vínculo laboral encubierto mediante figuras contractuales.

Finalmente, manifestó que el día 25 de febrero de 2020, a través del Oficio No. S-2020-015772/UPRES-GRAUD-1.0, le fue negada la solicitud de reconocimiento de relación laboral, motivando así la interposición de la presente acción judicial.

• 1. Normas violadas y concepto de violación.

La parte demandante señaló como disposiciones presuntamente vulneradas los artículos 1, 2, 6, 11, 12, 13, 23, 25, 29, 53, 125, 209 y 277 de la Constitución Política; así como, adujo se trasgredió lo resuelto en las siguientes providencias:

• De la Honorable Corte Constitucional: sentencias C-056 de 1993, C-555 de 1994, C-023 de 1994 y C-154 de 1997. - Del Honorable Consejo de Estado: sentencia de 27 de marzo de 2008, proferida dentro del expediente No. 70001-23-31-000-1999-1169-01 (3675-02).

Como concepto de violación, sostuvo que el Área de Sanidad del Departamento de Policía de Caldas transgredió el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades, consagrado en el artículo 53 superior y desarrollado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, al desconocer la existencia de una relación legal y reglamentaria real, encubierta mediante la utilización sucesiva de contratos de prestación de servicios.

Adujo que, durante su vinculación se configuró una verdadera relación laboral y no contractual, dado que debía cumplir horarios estrictos preestablecidos mediante cuadros de turno, estaba sujeto a las instrucciones y órdenes de un superior jerárquico, y realizaba labores homólogas a las desempeñadas por médicos vinculados mediante nombramiento legal y reglamentario.

Sostuvo además que, de acuerdo con el acervo probatorio allegado al expediente, se demuestra la ausencia de los rasgos distintivos de un contrato de naturaleza civil, en tanto no se configuró independencia ni autonomía en la ejecución del servicio, sino, por el contrario, una prestación continua y subordinada, sujeta a jornadas laborales, reuniones administrativas, recepción de memorandos, intercambio de correos electrónicos institucionales y asistencia a procesos de capacitación.

En respaldo de sus afirmaciones, citó la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual, cuando se acredita que un vínculo contractual de prestación de servicios ha encubierto una relación laboral real, procede el reconocimiento de la correspondiente indemnización y demás consecuencias derivadas del desconocimiento de los derechos laborales, tal como se expuso en la referida sentencia del 27 de marzo de 2008.

1. Contestación de la demanda[[4]](#footnote-5).

La Policía Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas, con fundamento en:

1. Contestación de la demanda[[4]](#footnote-5).

La Policía Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas, con fundamento en:

Las funciones desempeñadas por el actor fueron ejecutadas con plena autonomía y libertad, sin que se configurara el elemento de subordinación. Indicó que las reuniones de coordinación y las jornadas formativas se realizaron en cumplimiento de disposiciones legales, orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios y un nivel óptimo de atención en salud.

Adujo que la existencia de contratos de prestación de servicios constituye prueba fehaciente de la relación contractual entre las partes, la cual se desarrolló dentro del marco de lo estipulado contractualmente. En ese sentido, sostuvo que el cumplimiento de las obligaciones pactadas no puede entenderse como manifestación de subordinación, pues las directrices impartidas respondían exclusivamente al cumplimiento del objeto contractual, sin que ello implique la existencia de una relación laboral.

Agregó que no se encuentran acreditados los elementos esenciales que configuran el vínculo laboral alegado por la parte actora. En tal medida, señaló que los contratos de prestación de servicios constituyen una modalidad legítima de vinculación dentro de la contratación estatal, la cual, conforme a la normativa vigente, no genera relación laboral ni da lugar al reconocimiento de prestaciones sociales.

Explicó que este tipo de contratos son suscritos por las entidades públicas para el desarrollo de actividades relacionadas con su administración o funcionamiento, en aquellos casos en que no puedan ser ejecutadas por personal de planta o cuando requieran conocimientos técnicos o especializados.

Sostuvo que, al revisar el expediente, no se advierte prueba que permita acreditar la existencia de subordinación o dependencia por parte del contratista frente a la entidad demandada.

Con fundamento en lo anterior, formuló como excepciones de mérito las siguientes: presunción de legalidad del acto administrativo demandado, por cuanto este fue expedido conforme al ordenamiento jurídico, al no haberse acreditado la existencia de una relación laboral entre las partes; e inexistencia de causales de nulidad del acto administrativo acusado, dado que no se configuran los presupuestos establecidos en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA– que permitan su anulación.

1. La sentencia de primera instancia[[5]](#footnote-6).

El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad del acto acusado y la existencia de la relación laboral encubierta en los periodos del 20 de agosto de 2015 al 19 de febrero de 2016, del 23 de febrero de 2016 al 30 de marzo de 2017 y del 06 de abril de 2017 al 05 de abril de 2018; a título de restablecimiento del derecho ordenó a favor del demandante el pago de las prestaciones sociales que hubiera percibido un empleado de planta de la Policía Nacional de igual o similar categoría, que se computara aquél tiempo para efectos pensionales y se reliquidara el IBC con que se pagaron tales aportes teniendo como base el monto de los honorarios pactados en los contratos.

Como sustento de su decisión analizó los elementos del contrato realidad: prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. Encontró probado que el demandante prestó sus servicios de manera personal e ininterrumpida como médico psiquiatra en la clínica La Toscana de la Policía Nacional, bajo condiciones de subordinación (control de horario, uso de instalaciones y elementos institucionales, seguimiento de instrucciones, asistencia a comités y reuniones) y con una remuneración mensual.

Además, luego de realizar la valoración probatoria de las documentales y testimoniales concluyó que las funciones desarrolladas por el demandante eran permanentes y propias del objeto misional de la entidad, lo que hacía improcedente la contratación bajo la figura de prestación de servicios.

Finalmente, negó el reconocimiento de horas extras y recargos dominicales y condenó en costas al demandado.

4. Del recurso de apelación[[6]](#footnote-7).

Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado de la Policía Nacional presentó recurso de apelación en el que sostuvo que, la relación entre las partes se rigió por contratos de prestación de servicios, los cuales no generaban vínculo laboral ni derecho a prestaciones sociales, en virtud del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Alegó que, el demandante conocía la naturaleza de los contratos firmados y se obligó a cumplir con las actividades pactadas bajo esa modalidad.

Afirmó además que, la Policía Nacional celebró dichos contratos en ejercicio de la contratación directa autorizada legalmente; y que, ante la imposibilidad de atender los servicios requeridos —en este caso, de un médico psiquiatra— con personal de planta. Resaltó que, la labor del contratista obedeció a un objeto contractual concreto no a subordinación, y que la coordinación en la ejecución del contrato no constituía prueba de dependencia.

Argumentó que no existieron órdenes continuadas, imposición de horarios ni uso exclusivo del tiempo del contratista, que los contratos eran de carácter intuito personae, en razón de la especialidad médica del señor Espitia Chica. También señaló que no obraban en el expediente pruebas que acreditaran una verdadera subordinación laboral, tales como llamados de atención, instrucciones imperativas o control de jornada, lo cual desvirtuaba los elementos típicos del contrato de trabajo.

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto de fecha 30 de mayo de 2025[[7]](#footnote-8), este despachoadmitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247[[8]](#footnote-9) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

5.1 El ministerio público no rindió concepto[[9]](#footnote-10).

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1[[10]](#footnote-11) del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[[11]](#footnote-12), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico.

En atención a los argumentos expuestos por la parte demandada en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si, durante el período comprendido entre el 20 de agosto de 2015 al 5 de abril de 2018, se configuró una verdadera relación laboral entre el señor Julián Andrés Espitia Chica y la Policía Nacional, no obstante haber sido vinculado formalmente mediante contratos de prestación de servicios.

Para tal efecto, será necesario verificar si en el expediente se encuentran acreditados los elementos esenciales del contrato de trabajo —esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y, especialmente, la subordinación —. Este último aspecto será objeto de un análisis detallado, por cuanto constituye el eje central de la controversia planteada en sede de apelación.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la existencia de una relación laboral encubierta y/o subyacente

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajose obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.» -sicAhora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968[[12]](#footnote-13), «[p]or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:

«Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.»

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-614 de 2009, al señalar que la permanencia, entre otros criterios, es un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. En esa oportunidad, la Corte expuso:

«La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.»

De lo anterior, se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales[[13]](#footnote-14); y, para reforzar su tesis, el demandante puede valerse de los criterios de la permanencia del empleo para constatar si se está encubriendo una auténtica relación laboral[[14]](#footnote-15).

En el mismo sentido, la Subsección B de esta Sección Segunda[[15]](#footnote-16) recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo y, (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral.

Este criterio ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples oportunidades, consolidando así una línea jurisprudencial uniforme en torno a la materia. En consecuencia, será con fundamento en dicho marco normativo y jurisprudencial que se desarrollará el análisis del presente asunto[[16]](#footnote-17).

2.2.2. Material probatorio

• Obran en el expediente copia -parcialde 3 contratos de prestación de servicios profesionales[[17]](#footnote-18) suscritos entre el demandante y la E.S.E llamada a juicio, así:

| | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | No. | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | OBJETO | TÉRMINO DE DURACIÓN | DESDE/HASTA | VALOR | | 1 | Contrato No. 91-7-20161-2015 Folios 1 a 33 | […] “Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Medico General para ser prestados en la clínica de la policía toscana de Manizales” -sic- | 6 meses | 20/08/2015 al 19/02/2016 | $ 30.201.600 | | Sin interrupción | | | | | | | 2 | Adición y prorroga al contrato No. 91-7-20004-2016 Folios 33 y 34 | […] “Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Medico General para ser prestados en la clínica de la policía toscana de Manizales” -sic- | 13 meses y ocho días. | 23/02/2016 al 30/03/2017 | $ 66.779.093 | | 4 días hábiles de interrupción | | | | | | | 3 | Contrato No. 91-7-20004-2016 Folio 38 | […] “Prestación de servicios de psiquiatría” -sic- | 9 meses. | 06/04/2017 al 06/01/2018 | $ 45.302.400 |

• En el contrato No. 1 (Contrato No. 91-7-20161-2015) que fue el único que se aportó de forma completa, quedaron plasmadas como obligaciones generales las siguientes:

[…] «OBLIGACIONES GENERALES 1) Contribuir con el desarrollo del establecimiento de sanidad policial donde preste sus servicios, revisando y mejorando los procesos de atención a fin de ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los usuarios. 2) Colaborar y propender por el cuidado de los recursos de la entidad (Físicos, Técnicos y Económicos) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor, y elementos entregados por el Área de Sanidad — Policía Metropolitana de Manizales, para la debida ejecución de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los contratados y a devolverlos a la Institución a la terminación del presente contrato. Así mismo, se responsabiliza de los daños o pérdida que sufran estos, a excepción del deterioro natural por el uso, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 2202, 2203, 2204 del Código Civil, pero no será responsable en los eventos de Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Los bienes que entregue la Entidad al contratista para el desarrollo de las tareas objeto del presente contrato, se hará mediante inventario, el cual tendrá fecha de suscripción la misma en que se inicie el contrato. 3) Colaborar con los entes de control de la entidad o del Estado cuando así se requiera. 4) Ejercer su profesión con moral y ética. 5) Rendir los informes que la Dirección de Sanidad —Área de Sanidad Caldas —Policía Metropolitana de Manizales requiera dentro de los plazos determinados, respetando en todo caso la reserva de la historia clínica. 6) Aplicar el conocimiento profesional en las actividades a desarrollar, emitir conceptos que se requieran. 7)

Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 8) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. 9) Es obligación del contratista cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, Ley 797 de 2003, Ley 828 de 2003 y Ley 1122 de 2007, lo cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados; siempre y cuando el plazo del contrato sea superior a tres (3) meses. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro (4) meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa. 10) Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a los funcionarios de la Policía Nacional, pacientes y demás personas con que tenga relación con ocasión de la prestación del servicio, observando la moral y las buenas costumbres. 11)

Cinco (5) días hábiles antes de la fecha de terminación del contrato, el Contratista deberá presentar al supervisor del mismo un informe consolidado sobre todas las actividades desarrolladas durante el término de su ejecución, así mismo hará entrega de los bienes inventariados para el desarrollo de las tareas del objeto contractual. 12) El contratista se compromete a realizar las actividades propias para las que fue contratado dando cumplimiento a la normatividad y leyes vigentes de carác