CE - Sentencia 18001233300020150012401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 18001233300020150012401 (70249)

Demandante: ASOCIACIÓN JORGE ELIÉCER GAITÁN

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTRO

Tema: Responsabilidad del Estado por incumplimiento de sentencia proferida en el trámite de una acción popular. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado. Límites del recurso de apelación. Variación de la causa petendi. Ausencia de daño antijurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de l Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante Acuerdo 018 de 2000, el Concejo Municipal de Florencia declaró al parque recreativo “Luis Hernando Turbay Turbay” como patrimonio arquitectónico, urbanístico, histórico y cultural del municipio. En fecha indeterminada, la Asociación Jorge Eliécer Gaitán -propietaria del referido inmueble - solicitó a la Secretaría de Planeación de Florencia otorgar una licencia urbanística para desarrollar el proyecto condominio residencial “El Lago ”, a realizarse en el parque recreativo “Luis

Jorge Eliécer Gaitán -propietaria del referido inmueble - solicitó a la Secretaría de Planeación de Florencia otorgar una licencia urbanística para desarrollar el proyecto condominio residencial “El Lago ”, a realizarse en el parque recreativo “Luis Hernando Turbay Turbay”. Mediante Resolución No. 264 del 15 de octubre de 2008, la Secretaría de Planeación de Florencia concedió la licencia urbanística solicitada.

El 8 de julio de 2009, la Contraloría Departamental del Caquetá presentó demanda en ejercicio de la acción popular en contra del municipio de Florencia y la Asociación Jorge Eliécer Gaitán, en procura de la defensa de los derechos colectivos al goceRadicado: 18001233300020150012401 (70249)

Demandante: Asociación Jorge Eliécer Gaitán

2 del espacio público, al goce de un ambiente sano, entre otros, y, a su vez, solicitó revocar la licencia urbanística concedida mediante Resolución No. 264 del 15 de octubre de 2008 por la Secretaría de Planeación de Florencia. A través de sentencia del 13 de agosto de 2012, el Juzgado 2 Administrativo de Florencia accedió a las pretensiones de la acción popular y ordenó a ese municipio adelantar las acciones para formalizar la propiedad del predio parque recreativo “Luis Hernando Turbay Turbay”. Posteriormente, e n sentencia del 24 de enero de 2013, el Tribunal Administrativo del Caquetá modificó la decisión de primera instancia y ordenó al municipio de Florencia que, en el término de 6 meses, efectuara las actuaciones administrativas y presu puestales para dar cumplimiento al Plan de Ordenamiento

Administrativo del Caquetá modificó la decisión de primera instancia y ordenó al municipio de Florencia que, en el término de 6 meses, efectuara las actuaciones administrativas y presu puestales para dar cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial y hacer uso de mecanismos como la adquisición de inmuebles o la compensación tratándose de inmuebles de conservación.

La demandante considera que la Nación – Rama Judicial y el municipio de Florencia son patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados por “el no pago del predio de su propiedad denominado parque recreativo Luis Hernando Turbay Turbay (…)”, predio que como consecuencia de decisiones judiciales “salió de la libre disposición material y jurídica de la Asociación Jorge Eliécer Gaitán, y pasó de facto al municipio de Florencia Caquetá, quien debía en el término de 6 meses adelantar las actuaciones administrativas y presupuestales para adquirir el inmueble sin qu e a la fecha lo haya hecho, generándose con ello un enriquecimiento injustificado a la demandada municipio de Florencia y el consecuente detrimento patrimonial del demandante”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 21 de abril de 20151, la Asociación Jorge Eliécer Gaitán , mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación – Rama Judicial y el municipio de Florencia, para que fueran

1 Fl. 111 a 121, C. 1.Radicado: 18001233300020150012401 (70249)

Demandante: Asociación Jorge Eliécer Gaitán

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1 Fl. 111 a 121, C. 1.Radicado: 18001233300020150012401 (70249)

Demandante: Asociación Jorge Eliécer Gaitán

3 declaradas patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados por “el no pago del predio de su propiedad denominado parque recreativo Luis Hernando Turbay Turbay, posteriormente, condominio residencial el Lago, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-72535 (…) generándose con ello un enriquecimiento injustificado a la demandada municipio de Florencia y el consecuente detrimento patrimonial del demandante”.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las demandadas a pagar, por daño emergente, $37.699.072.376; y por lucro cesante $2.968.192.680.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, mediante escritura pública No. 15 del 13 de enero de 1972 otorgada en la Notaría Única de Florencia, la Asociación Jorge Eliécer Gaitán compró a Alfredo Salas Silva el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 420-455.

Manifiesta que mediante escritura pública No. 32 66 del 30 de diciembre de 19 99 otorgada en la Notaría Primera de Florencia, la Asociación Jorge Eliécer Gaitán dividió el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 420 -455 en dos lotes. El lote No. 2 fue denominado parque recreativo “Luis Hernando Turbay Turbay”, con una extensión aproximada de 31 hectáreas.

dos lotes. El lote No. 2 fue denominado parque recreativo “Luis Hernando Turbay Turbay”, con una extensión aproximada de 31 hectáreas.

Sostiene que por medio de Acuerdo 018 de 2000, el Concejo Municipal de Florencia declaró al parque recreativo “Luis Hernando Turbay Turbay” como patrimonio arquitectónico, urbanístico, histórico y cultural del municipio.

Señala que, en fecha indeterminada, la Asociación Jorge Eliécer Gaitán solicitó a la Secretaría de Planeación de Florencia otorgar una licencia urbanística para desarrollar el proyecto condominio residencial “El Lago”, a realizarse en el predio parque recreativo “Luis Hernando Turbay Turbay”.Radicado: 18001233300020150012401 (70249)

Demandante: Asociación Jorge Eliécer Gaitán

4 Indica que, mediante Resolución No. 264 del 15 de octubre de 2008, la Secretaría de Planeación de Florencia concedió la licencia urbanísti ca solicit ada por la Asociación Jorge Eliécer Gaitán.

Argumenta que el 8 de julio de 2009, la Contraloría Departamental de l Caquetá presentó una acción popular en contra de l municipio de Florencia y la Asociación Jorge Eliécer Gaitán, en procura de la defensa de los derechos colectivos al goce del espacio público, al goce de un ambiente sano, entre otros, y, a su vez, solicitó revocar la licencia urbanística concedida mediante Resolución No. 264 del 15 de octubre de 2008 de la Secretaría de Planeación de Florencia.

Afirma que mediante auto del 14 de febrero de 2011, el Juzgado 2 Administrativo

revocar la licencia urbanística concedida mediante Resolución No. 264 del 15 de octubre de 2008 de la Secretaría de Planeación de Florencia.

Afirma que mediante auto del 14 de febrero de 2011, el Juzgado 2 Administrativo de Florencia como medida cautelar decretó la suspensión de las obras adelantadas en virtud de la referida licencia en el parque recreativo “Luis Hernando Turbay Turbay”.

Manifiesta que mediante sentencia del 13 de agosto de 2012, el Juzgado 2 Administrativo de Florencia accedió a las pretensiones de la acción popular y ordenó al municipio de Florencia adelantar las acciones para formalizar la propiedad del predio parque recreativo “Luis Hernando Turbay Turbay”.

Sostiene que el municipio de Florencia, la Asociación Jorge Eliécer Gaitán y Darly Tatiana Calderón Gasca -coadyuvante de la parte accionadainterpusieron recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado 2 Administrativo de Florencia el 13 de agosto de 2012.

Señala que a través de sentencia del 24 de enero de 2013, el Tribunal Administrativo del Caquetá modificó la decisión de primera instancia y ordenó al municipio de Florencia que, en el término de 6 meses, adelantara las actuaciones administrativas y presupuestales para dar cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial y hacer uso de mecanismos como la adquisición de inmuebles o la compensación tratándose de inmuebles de conservación.Radicado: 18001233300020150012401 (70249)

Demandante: Asociación Jorge Eliécer Gaitán

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tratándose de inmuebles de conservación.Radicado: 18001233300020150012401 (70249)

Demandante: Asociación Jorge Eliécer Gaitán

5 Finalmente, indica que, a la fecha de presentación de la demanda, el municipio de Florencia no ha adelantado las actuaciones administrativas y presupuestales necesarias para adquirir el bien inmueble parque recreativo “Luis Hernando Turbay Turbay”.

La demandante considera que la Nación – Rama Judicial y el municipio de Florencia son patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados por “el no pago del predio de su propiedad denominado parque recreativo Luis Hernando Turbay Turbay(…)”, predio que como consecuencia de decisiones judiciales “salió de la libre disposición material y jurídica de la Asociación Jorge Eliécer Gaitán, y pasó de facto al municipio de Florencia Caquetá, quien debía en el término de 6 meses adelantar las actuaciones administrativas y presupuestales para adquirir el inmueble sin que a la fecha lo haya hecho, generándose con ello un enriquecimiento injustificado a la demandada municipio de Florencia y el consecuente detrimento patrimonial del demandante”.

2. Contestaciones

El 19 de enero de 20162 el Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al ministerio público.

2.1. La Nación – Rama Judicial 3 se opuso a las pretensiones de la demanda , argumentando que las providencias dictadas en el trámite de la acción popular se dictaron conforme a las normas sustanciales y procedimentales aplicables al caso concreto y se profirieron en aras de garantizar la pr otección de los derechos

argumentando que las providencias dictadas en el trámite de la acción popular se dictaron conforme a las normas sustanciales y procedimentales aplicables al caso concreto y se profirieron en aras de garantizar la pr otección de los derechos colectivos. Propuso la excepción de hecho exclusivo de un tercero, al estimar que el municipio de Florencia fue la autoridad que expidió la licencia urbanística sin el cumplimiento de los requisitos legales, la cual generó los perjuicios alegados por la parte actora.

2 Fl. 137 a 138, C. 1. 3 Fl. 164 a 174, C. 1.Radicado: 18001233300020150012401 (70249)

Demandante: Asociación Jorge Eliécer Gaitán

6 2.2. El municipio de Florencia4 contestó la demanda de forma extemporánea.

3. Audiencia inicial

El 22 de febrero de 20175 el Tribunal Administrativo del Caquetá celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar si “la Nación – Rama Judicial y el municipio de Florencia, son responsables administrativamente frente a los perjuicios materiales alegados por la Asociación Jorge Eliécer Gaitán, en el evento positivo en qué cuantía y valor”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 7 de marzo de 20196 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 7 de marzo de 20196 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora7 indicó que el daño reclamado se configuró “como consecuencia del rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas que tenía que soportar la Asociación Jorge Eliécer Gaitán ” pues el municipio de Florencia había autorizado la constitución del régimen de propiedad horizontal del proyecto “Condominio Residencial El Lago” y, por tanto, se había creado una confianza legitima. Adicionalmente, reiteró que a la fecha el referido ente territorial no ha dado cumplimiento a la sentencia proferida en trámite de la acción popular identificada con el radicado No. 2009 -00216 en lo que respecta a realizar las actuaciones administrativas y presupuest ales necesarias para adquirir el inmueble de su propiedad.

4 Fl. 179 a 188, C. 1. 5 Fl. 240 a 244, C. 1. 6 Fl. 288, C. 2. 7 Fl. 298 a 305, C. 2.Radicado: 18001233300020150012401 (70249)

Demandante: Asociación Jorge Eliécer Gaitán

7 4.2. El municipio de Florencia 8 sostuvo que operó la caducidad de la acción, pues “los daños alegados por la demandante tienen como fecha de causación más de 2 años con referencia a la fecha de radicación de la conciliación prejudicial”. Asimismo, alegó que se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva

“los daños alegados por la demandante tienen como fecha de causación más de 2 años con referencia a la fecha de radicación de la conciliación prejudicial”. Asimismo, alegó que se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, porque esta última indujo en error al Secretario de Planeación Municipal cuando insistentemente le solicitó declarar la perdida de ejecutoria del artículo 97 del Acuerdo 018 de 2000. Finalmente, afirmó que no le asiste responsabilidad porque el Juzgado 2 Administrativo de Florencia dio por cumplido el fallo de la acción popular.

4.3. La Nación – Rama Judicial y el ministerio público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 26 de abril de 20239 el Tribunal Administrativo del Caquetá negó las pretensiones de la demanda , al constatar, frente a la Rama Judicial , que la parte actora no presentó ningún cargo de error judicial frente a las providencias dictadas en el trámite de la acción popular identificada con el radicado No. 200900216. En cuanto a la responsabilidad del municipio de Florencia, estimó que debía analizarse bajo los requisitos de la actio rem in verso y, en ese sentido, precisó que en el sub examine no se acreditó el enriquecimiento del ente territorial demandado, ni el empobrecimiento de la parte actora. Finalmente, en la parte resolutiva, el a quo condenó en constas a la parte demandante y fijó la suma equivalente al 1% de las pretensiones de la demanda como agencias en derecho.

6. Recurso de apelación

El 18 de mayo de 202310, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el

pretensiones de la demanda como agencias en derecho.

6. Recurso de apelación

El 18 de mayo de 202310, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 27 de junio de 202311 y admitido el 17 de febrero de 202412.

8 Fl. 290 a 292, C. 2. 9 Samai, índice 97 de primera instancia. 10 Samai, índice 100 de primera instancia. 11 Samai, índice 103 de primera instancia. 12 Samai, índice 4.Radicado: 18001233300020150012401 (70249)

Demandante: Asociación Jorge Eliécer Gaitán

8 6.1. La parte demandante sostuvo que el caso sub examine debía analizarse de conformidad con el régimen de responsabilidad de daño especial, pues “el resultado lesivo se produjo como consecuencia del rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas que tenía que soportar la Asociación Jorge Eliécer Gaitán”.

De hecho, la apelante , como sustento de su petición, textualmente sostuvo: “la decisión proferida por la jurisdicción administrativa en primera y segunda instancia [en el trámite de la acción popular identificada con el radicado No. 2009-00216], su decisión licita y ajustada a derecho produjo un daño material y moral a la asociación Jorge Eliécer Gaitán al crear un gravamen a la propiedad, al declarar que no se podía construir el proyecto de vivienda que se estaba desarrollando, a pesar de que el municipio de Florencia había otorgado licencia de construcción y el proyecto se encontraba en pleno desarrollo, aclarando que los daños se producen por hechos

podía construir el proyecto de vivienda que se estaba desarrollando, a pesar de que el municipio de Florencia había otorgado licencia de construcción y el proyecto se encontraba en pleno desarrollo, aclarando que los daños se producen por hechos lícitos en este caso la decis ión judicial y la responsabilidad del municipio de Florencia al haber otorgado licencia de construcción por lo cual la asociación no está obligada a soportar los daños ocasionados por esa decisión legal, jurídica y ajustada a derecho”.

Finalmente, alegó la demandante que a la fecha el municipio de Florencia no ha dado cumplimiento a la sentencia proferida en la acción popular identificada con el radicado No. 2009 -00216, en lo que respecta a ejecutar las actuaciones administrativas y presupuestales necesar ias para adquirir el inmueble de su propiedad.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de loRadicado: 18001233300020150012401 (70249)

Demandante: Asociación Jorge Eliécer Gaitán

9 Contencioso Administrativo (en adelante CPACA)13, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Asimismo, se advierte que en esta instancia del proceso el Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

segunda instancia. Asimismo, se advierte que en esta instancia del proceso el Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de abril de 20 23, proferida por el Tribunal Administrativo de l Caquetá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor 14 de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación15.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el

13 Artículo 247. “ El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días

un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.” 14 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor (…)”. 15 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $37.699.072.376, por concepto de daño emergente.Radicado: 18001233300020150012401 (70249)

Demandante: Asociación Jorge Eliécer Gaitán

10 artículo 140 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es la reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de hechos y omisiones imputables a la administración de justicia y al municipio de Florencia.

3. Vigencia de la acción

Si bien el municipio de Florencia alegó que en el presente asunto operó caducidad de la acción y en la sentencia no se estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio

Si bien el municipio de Florencia alegó que en el presente asunto operó caducidad de la acción y en la sentencia no se estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio17.

Así pues, se advierte que, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 18, estableció unos plazos

16 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artí culo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtenerRadicado: 18001233300020150012401 (70249)

Demandante: Asociación Jorge Eliécer Gaitán

11 para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado

11 para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidad es legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 19, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversi ales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus mani festaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una

seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no

situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una

seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la po sibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 19 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser cond icionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.Radicado: 18001233300020150012401 (70249)

Demandante: Asociación Jorge Eliécer Gaitán

12 limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 20 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún

12 limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 20 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia21, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo22, señala que el medio de control de reparación directa deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En el presente asunto la parte demandante solicitó la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Rama Judicial y del municipio de Florencia por los perjuicios ocasionados por “el no pago del predio de su propiedad denominado Parque Recreativo Luis Herna ndo Turbay Turbay, (…) predio que como consecuencia de la sentencia de fecha 13 de agosto de 2012 proferida por el

20 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “ Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en

eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accio nar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del suj eto procesal lla