CE - Sentencia 19001233300020120061302 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 19001-23-33-000-2012-00613-02 (6999-2023

Demandante: Elba Lina Burbano Méndez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992) Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 16 de febrero de 2023, proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

1.1. Pretensiones.

La señora Elba Lina Burbano Méndez, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) , para solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la Rama Judicial:

• Resolución No. 580 del 09 de AGOSTO de 2011, emanada de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL CAUCA, por medio del cual

administrativos expedidos por la Rama Judicial:

• Resolución No. 580 del 09 de AGOSTO de 2011, emanada de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL CAUCA, por medio del cual se negó el derecho de petición formulado en torn o a la liquidación y pago de la prima especial de servicios y a la reliquidación de todas las prestaciones que se hubiesen liquidado con base en el 70% de la asignación mensual.

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Demandante: Elba Lina Burbano Méndez Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

• Resolución No. 1970 del 15 de Febrero de 2012, emanada de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL por medio del cual se negó el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 385 del 13 de mayo de 2011, emanada de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DEL CAUCA

A título de restablecimiento del derecho

La demandante solicitó que se condene a la Rama Judicial reconocer y pagar la prima especial de servicios, a partir de su vinculación a la Rama Judicial, hasta la fecha de su providencia y en el futuro que permanezca como funcionaria o que se haya establecido de manera definitiva este derecho en su favor.

Igualmente, ordénese el pago, en forma retroactiva, de los valores que por todo concepto le correspondan, como consecuencia del no reconocimiento de esa prima especial de servicios durante todo el tiempo en que no se pagó como un 30% adicional a la asignación básica.

le correspondan, como consecuencia del no reconocimiento de esa prima especial de servicios durante todo el tiempo en que no se pagó como un 30% adicional a la asignación básica.

Ordénese la reliquidación y el consecuencial pago de todas las prestaciones sociales que se liquidaron con base en el 70% de la asignación básica dispuesta por los decretos que reglamentaron la Ley 4 de 1992.

Ordénese la actualización de todas las sumas de dinero y reconocimiento y pago de intereses de mora desde la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta el pago efectivo de todos los valores adeudados.

Condénese en costas a la demandada.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Que la accionante ingresó a la Rama Judicial a prestar sus servicios como Juez Promiscuo del Circuito de Bolívar Cauca.

Formuló petición ante la Dirección Seccional de Administración Judicial del Cauca, en la que pidió el reconocimiento del derecho consagrado en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.3

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La entidad resolvió negativamente la solicitud a través de la Resolución No. 580 del 09 de agosto de 2011.

Contra esta determinación propuso recurso de apelación que fue desatado en la Resolución No. 1970 del 15 de febrero de 2012 confirmándola.

1.2. Concepto de violación.

La apoderada de la demandante argumentó que se vulneraron los artículos 25 y 53, de

Resolución No. 1970 del 15 de febrero de 2012 confirmándola.

1.2. Concepto de violación.

La apoderada de la demandante argumentó que se vulneraron los artículos 25 y 53, de la Constitución Política de 1991; 2 y 14 de la Ley 4 de 1992.

Desarrolla los cargos de la siguiente manera:

Expone que la controversia gira en el entendimiento que se le ha dado a l artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, que establece una prima especial de servicios para jueces y magistrados. El Consejo de Estado ha sostenido que dicha prima debe representar un incremento real en la remuneración y no puede integrarse al salario básico, pues ello desnaturalizaría su carácter y reduciría las prestaciones sociales.

Se argumenta que el Gobierno Nacional, a través de varios decretos (2740 de 2000, 2742 de 2001, 673 de 2002, 3569 de 2003 y otros), configuró un desconocimiento del carácter salarial de la prima, al restarla del salario básico y excluirla de la base de liquidación de las prestaciones sociales, lo que constituye una vulneración de los derechos laborales adquiridos, contrariando los principios constitucionales de irrenunciabilidad, progresividad y no regresividad.

Asimismo, se cuestiona el Decreto 1251 de 2009, por haber reducido la remuneración de jueces municipales y del circuito, fijándola en un porcentaje inferior al que resultaría del reconocimiento adecuado de la prima especial, configurando así una medida regresiva contraria a la Constitución.

2. Contestación de la demanda.2

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reconocimiento adecuado de la prima especial, configurando así una medida regresiva contraria a la Constitución.

2. Contestación de la demanda.2

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La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Que se nieguen todas y cada una de las pretensiones o suplicas de la demanda realizadas por la parte demandante. Lo anterior, por cuanto dichas pretensiones carecen de prueba suficiente para producir un estado de certeza al fallador, y en consecuencia se declare que los actos administrativos acusados fueron expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Dirección Ejecutiva Secci onal de Administración Judicial de Popayán, respetando las normas superiores y legales, razón por la cual gozan de su presunción de legalidad que rige en nuestro Estado de Derecho.

Formuló como excepciones las que denominó:

(i) Inepta demanda por falta de requisitos formales. Que una vez analizada la demanda en el acápite denominado Normas violadas y Concepto de Violación , si bien la parte demandante refiere de forma genérica los artículos 25 y 53 Constitucionales y a la Ley 4 de 1992, no aterriza el concepto de violación ni determina respecto a qué norma existe la infracción, conforme a los lineamientos del artículo 137 que determina las causales de nulidad y conmina a establecer el concepto de su violación conforme al artículo 162 de la misma.

(ii) Falta de agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

nulidad y conmina a establecer el concepto de su violación conforme al artículo 162 de la misma.

(ii) Falta de agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. No se acreditó el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, de acuerdo con la Ley 1285 de 2009 y el Decreto 1716 del mismo año. Como la demanda pretende el pago de la prima especial, sin carácter salarial, debió agotarse el requisito de procedibilidad, lo cual no ocurrió.

(iii) De la prescripción de los derechos reclamados. En el presente caso, la demandante alega haberse vinculado a la Rama Judicial desde 2009, por lo cual el término de prescripción comenzó a correr con ocasión de los actos de liquidación de cada año. Como la demanda fue presentada en octubre de 2012, y no se acredita interrupción previa al año 2012, el derecho estaría prescrito.

(iv) Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . En este caso, la Resolución No. 580 del 09 de agosto de 2011 y la Resolución No. 1970 del 15 de febrero de 2012 fueron notifi cadas el 15 de marzo de 2012, por lo que la caducidad operó el 15 de julio de 2012. Como la demanda fue presentada en octubre de 2012, fue extemporánea.5

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(v) Presunción de legalidad de los decretos que regularon los incrementos salariales. La

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(v) Presunción de legalidad de los decretos que regularon los incrementos salariales. La demandante pr etende inaplicar por vía de excepción los decretos que fijaron los incrementos salariales, pero no demuestra su inconstitucionalidad o nulidad. Los Decretos 2740 de 2000, 2742 de 2001 y 1251 de 2009 gozan de presunción de legalidad. Por tanto, no hay causa jurídica que justifique su inaplicación.

(vi) innominada. Aquella que el fallador encuentre probada dentro del proceso.

3. La sentencia de primera instancia3.

La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Cauca, mediante sentencia proferida el 16 de febrero de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la entidad demandada.

En la decisión de primera instancia, el a-quo, condenó a la Nación - Rama Judicial - Desaj, a reconocer y pagar a la demandante desde el 29 de junio de 2008 hasta que tenga el derecho, el 30% de su asignación básica mensual que le fue descontado por concepto de prima especial de servicio.

Igualmente, a reconocer y pagar a la demandante la prima especial de servicio, sin carácter salarial, contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como adicional a su salario.

Y por último a reliquidar y pagar las prestaciones sociales, salariales y laborales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad

salario.

Y por último a reliquidar y pagar las prestaciones sociales, salariales y laborales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, entre otras) de la demandante, a partir del 29 de junio de 2008 hasta que tenga el derecho. Para esto, se tendrá en cuenta como base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% que hasta ahora se ha tenido como prima especial.

4. El recurso de apelación

La Rama Judicial4 solicitó la revocatoria de la sentencia aludiendo de forma general a

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los siguientes puntos:

• Cita la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, del 02 de septiembre de 2019, del H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces y luego a los efectos vinculantes de ella.

• Y en cuanto a la imposibilidad presupuestal de la entidad para reconocer a los jueces

las diferencias concedidas, la alzada indica:

« Ahora, frente a los demás reconocimientos indicados en la sentencia de primera instancia, es de mencionar que en el caso de los Jueces de la República, de conformidad con el Decreto 272 del 2021, “Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley

es de mencionar que en el caso de los Jueces de la República, de conformidad con el Decreto 272 del 2021, “Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992”, con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2021, es preciso anotar que, a partir del mes de abril de 2021, se procedió al pago por nómina mensual de la prima especial del 30%, como valor adicional a la asignación básica; sin embargo, resulta presupuestalmente inviable presentar fórmula conciliatoria para las obligaciones anteriores al 1 de enero de 2021, toda vez que a la fecha no se cuenta con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que permita cubrir el reconocimiento de dichas acreencias laborales.

Lo anterior, considerando que llegar a conciliar dicho s derechos implicaría ir en contravía de la prohibición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989, y en el artículo 2.8.3.2.1. del Decreto 1068 de 2015, el cual establece:

“ARTÍCULO 71. Todos lo s actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar c on registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados.

Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, expedido por la dirección general del presupuesto nacional en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones.

Cualquier compromiso que s e adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones. (L. 38/89, art. 86; L. 179/94, art. 49).” (Se destaca)

Así las cosas, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones atribui bles al presupuesto de gastos sobre apropiaciones inexistentes, es decir, no se pueden asumir obligaciones que no cuenten con una disponibilidad presupuestal y teniendo en cuenta que a la fecha el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado recursos de presupuesto en el rubro de gastos de personal - nómina para cancelar los mayores valores que se generarían en las asignaciones mensuales de los funcionarios judiciales por los reconocimientos y conciliaciones relacionados a la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100% de la

de personal - nómina para cancelar los mayores valores que se generarían en las asignaciones mensuales de los funcionarios judiciales por los reconocimientos y conciliaciones relacionados a la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100% de la asignación básica más la prima especial adicional del 30%, sin carácter salarial, derivadas de la sentencia de unificación mencionada, se reitera, que no existe apropiación presupuestal7

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para el efecto.

Sumado a Io anterior, como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salaries de los servidores públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 -acogidos al Decreto 57 de 1993, se actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su vigencia.

En otras palabras, es el mismo Gobierno Nacional quien ciñe a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como ordenador del gasto y conforme al prin cipio de legalidad, la manera correcta en que debe reconocer salarios, primas y/o bonificaciones, dando estricto cumplimiento a la afectación presupuestal del recurso público. .»

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 7 de noviembre de 20245, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 6, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia de la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, se analizará si el fallo apelado acató las reglas fijadas el 9 de septiembre de 2019 por la Sala de Conjueces de esta Sección.

Asimismo, se analizará, si es admisible la tesis según la cual no puede validarse el

5 índice 00004 de Samai. 6 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispen sable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”8

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reajuste concedido por el a-quo por no tener disponibilidad presupuestal la entidad demandada para su cumplimiento.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades

Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, literal e) de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».

En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador expidió la Ley 4 de 1992, la cual, en el artículo 14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior a l 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter

Ley 4 de 1992, la cual, en el artículo 14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior a l 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial», para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de Guerra y jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

Posteriormente, el Gobierno nacional mediante el Decreto No. 57 de 1993, estableció un nuevo régimen salarial y prestacional para los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar en Colombia, por lo que, en su artículo 2° otorgó a dichos funcionarios la posibilidad de optar, por una sola vez y dentro de un plazo determinado, por acogerse a las nuevas condiciones establecidas. En su tenor literal, el artículo 2° refiere lo que a continuación se cita:

«ARTÍCULO 2º. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. L os servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha»

Por su parte, el artículo 6 del referido decreto sostuvo que: «se considerará como prima,

el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha»

Por su parte, el artículo 6 del referido decreto sostuvo que: «se considerará como prima, sin carácter s alarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso9

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Administrativo, de los jueces de la República, de los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los auditores de guerra y jueces de Instrucción Penal Militar».

Vale recordar que, el Gobierno nacional ha expedido una serie de decretos salariales (entre ellos los Decretos N° 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996 y así sucesivamente hasta el 594 de 2025), mediante los cuales reafirmó que la prima especial del 30% otorgada a ciertos funcionarios judiciales no tiene carácter salarial. Esta prima, establecida conforme al artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se reconoció como un pago adicional al salario básico de magistrados, jueces, fiscales del Tribunal Superior Militar y otros cargos judiciales y administrativos, sin que formara parte del salario para efectos como cesantías o liquidaciones ordinarias.

De igual manera, los Decretos 106 de 1994, 43 de 1995 y 36 de 1996 dispusieron que para determinados servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, tales como el

para determinados servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, tales como el secretario general, magistrado auxiliar, jefe de control interno, directores (administrativo, de planeación, del Registro Nacional de Abogados, de unidad), secretario de sala o sección y relator; de la Dirección Nacional de Administración Judicial, directores nacional, administrativo y seccional; y de lo s tribunales judiciales, abogado asesor; el treinta por ciento (30 %) de la remuneración mensual tendría la naturaleza de prima especial sin carácter salarial.

De acuerdo con este contexto, surgió una primera interpretación que sostenía que la prima especial creada por el Congreso de la República en virtud de la Ley 4 de 1992 equivalía al 30 % de la asignación básica, suma que debía considerarse adicional al 100 % de dicha asignación, resultando en un total del 130% [producto de adicionar la prima al salario básico]; y, una segunda interpretación que, afirmaba que la asignación mensual básica debía entenderse como el 70% del ingreso, siendo el 30% restante el valor correspondiente a la prima especial de servicios recientemente instituida, de modo que ambos componentes conformaban el 100 % de la remuneración laboral del servidor público; es decir que, se deducía del total el porcentaje reconocido como prima.

Atendiendo a las diferencias interpretativas sobre el alcance de la mencionada prima especial, esta Sección, a través de la sentencia proferida el 29 de abril de 2014 , declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial, al considerar que,

Atendiendo a las diferencias interpretativas sobre el alcance de la mencionada prima especial, esta Sección, a través de la sentencia proferida el 29 de abril de 2014 , declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial, al considerar que, «de acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es10

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claro que el Gobierno nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2 de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrar ios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».

Con posterioridad, esta vez a través de la Sala de Conjueces, la Sección Segunda de la Corporación, profirió la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, en la cual, analizó la naturaleza y alcance de la prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando que, corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente

1992, precisando que, corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador. En la sentencia, se fijaron las siguientes reglas, que sirven de parámetro de interpretación para definir los casos en los que se discute el reconocimiento de dicha prima especial.

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.11

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básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.11

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4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, se procede a decidir el presente caso.

2.2 Hechos probados. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en el material probatorio aportado al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:

del caso objeto de juzgamie