CE - Sentencia 23001233300020170054301 de 2025

Radicación: 23001-23-33-000-2017-00543-01 (1155-2023)

Demandante: Carlos Emérito Guerra Buendía

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001-23-33-000-2017-00543-01 (1155-2023)

Demandante: Carlos Emérito Guerra Buendía

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y otros

Tema: sanción moratoria por el pago tardío de cesantías anualizadas: Leyes 344 de 1996 y 50 de 1990. Subtema: prescripción extintiva de la sanción por mora en el pago tardío de cesantías anualizadas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2020 , por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual declaró probada la excepción de prescripción y negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

el 12 de noviembre de 2020 , por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual declaró probada la excepción de prescripción y negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Carlos Emérito Guerra Buendía solicitó la nulidad de los actos mediante los cuales la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el municipio de Los Córdobas y el departamento de Córdoba le negaron el reconocimiento y pago de la sanción morato ria prevista en las Leyes 344 de 1996 y 50 de 1990. Afirmó que tiene derecho al reconocimiento y pago de esta, por la omisión en la consignación oportuna de sus cesantías, de 1998 a 2010.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El señor Carlos Emérito Guerra Buendía, el 14 de noviembre de 2017 y , mediante apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, el municipio de Los Córdobas y el departamento de Córdoba, de conformidad con las pretensiones, hecho s y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00543-01 (1155-2023)

Demandante: Carlos Emérito Guerra Buendía

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y otros

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2 2.1.1. Pretensiones

2. La parte actora solicitó que se declare la nulidad del acto ficto producto del silencio del municipio de Los Córdobas frente a la petición presentada el 25 de abril de

2017.

3. Adicionalmente, que se declare la nulidad del Oficio núm. AF-0470 del 23 de mayo de 2017, recibido el 31 de mayo de 2017, proveniente del líder administrativo y financiero de la Secretaría de Educación de Córdoba.

4. También pidió que se anulara el Oficio núm. 2017-EE-076306, recibido el 15 de mayo de 2017 y expedido por la asesora de la Secretaría General de la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, ante la solicitud presentada el 4 de mayo de 2017, al número de radicado 2017-ER-082734.

5. Subsidiariamente reclamó que, en caso de que la anterior respuesta no fuera un acto administrativo definitivo, porque no resolvió de fondo lo pedido, debía anularse el acto ficto derivado de la falta de respuesta frente a la reclamación presentada el 21 de abril de 2017.

6. A título de restablecimiento del derecho , pidió condenar a las demandadas a pagar la sanción moratoria dispuesta en la Ley 344 de 1996, reglamentada por el

de abril de 2017.

6. A título de restablecimiento del derecho , pidió condenar a las demandadas a pagar la sanción moratoria dispuesta en la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998 y la Ley 50 de 1990, por la omisión en la consignación del auxilio de cesantías correspondiente a las anualidades 1998 a 2010, inclusive, en el fondo de al que se encontraba o se encuentra afiliado. Sanción moratoria que debía correr para cada anualidad desde el 15 de febrero del año siguiente a la causación del auxilio de cesantías respectivo.

7. Además, pidió que se ordenara el pago efectivo y material , y que la suma que resultara de la condena se ajustara de conformidad con el índice de precios al consumidor (IPC), según el inciso 4 del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

8. En el mismo sentido, reclamó el pago a su favor de costas procesales, incluidas las agencias en derecho, en los términos del artículo 188 del CPACA. También solicitó el pago de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con los artículos 192 y 195, inciso 4 del CPACA.

9. Por último, reclamó que se tuviera en cuenta la cuantía estimada en el medio de control en los términos que exige el artículo 152, numeral 2 del CPACA.

2.1.2. Hechos

10. La Sala resume los supuestos fácticos de la demanda así:

11. El señor Carlos Emérito Guerra Buendía desde el 24 de septiembre de 1998

2.1.2. Hechos

10. La Sala resume los supuestos fácticos de la demanda así:

11. El señor Carlos Emérito Guerra Buendía desde el 24 de septiembre de 1998 labora como docente, grado 14, inscrito en el escalafón nacional, en la planta del municipio de Los Córdobas, pasó a la nómina del departamento de Córdoba desde el 2003, hasta la fecha.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00543-01 (1155-2023)

Demandante: Carlos Emérito Guerra Buendía

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12. Devenga actualmente un salario de $2.739.788 pesos según comprobante de pago expedido por la Secretaría de Educación de Córdoba, para el mes de noviembre de 2016.

13. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, el municipio de Los Córdobas y el departamento de Córdoba no consignaron oportunamente sus cesantías por las anualidades comprendidas entre 1998 y 2010, ni en el plazo fijado por la Ley 344 de 1996, el Decreto 1582 de 1998 y la Ley 50 de 1990.

14. Las entidades demandadas no le han pagado, a la fecha, la sanción por el retardo en la consignación oportuna de sus cesantías al fondo correspondiente.

15. El departamento de Córdoba es solidariamente responsable de la sanción , ya que los recursos del municipio de Los Córdobas provienen de este.

retardo en la consignación oportuna de sus cesantías al fondo correspondiente.

15. El departamento de Córdoba es solidariamente responsable de la sanción , ya que los recursos del municipio de Los Córdobas provienen de este.

16. Mediante escritos presentados el 21 y el 25 de abril de 2017, radicó reclamación administrativa ante el Ministerio de Educación Nacional, el departamento de Córdoba y el municipio de Los Córdobas, en las que solicitó la consignación de las cesantías correspondientes a las anualidades de 1998 a 2010, y el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas.

17. El Ministerio de Educación Nacional expidió el Oficio 2017 -EE-076306 y el departamento de Córdoba el oficio AF-0470 del 23 de mayo de 2017. Por su parte, el municipio de Los Córdobas no respondió, configurándose el silencio administrativo.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

• Constitución Política, artículos 13, 29, 53 y 209. • Artículos 138 y 192 del CPACA. • Artículo 13 de la Ley 344 de 1996. • Artículo 1 del Decreto 1582 de 1998. • Numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. • Artículo 21 y subsiguientes del Decreto 1063 de 1991. • Numeral 1 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.

18. Al explicar el concepto de violación expuso los siguientes argumentos:

19. Las entidades demandadas, al expedir los actos administrativos acusados,

• Numeral 1 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.

18. Al explicar el concepto de violación expuso los siguientes argumentos:

19. Las entidades demandadas, al expedir los actos administrativos acusados, violaron el artículo 53 de la Constitución Política, porque los trabajadores están en una situación de indefensión.

20. Además, con su conducta, transgredieron el contenido del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, toda vez que las personas vinculadas, a partir de que entró en vigor esta disposición, tendrán determinado régimen de cesantías.

21. Los actos administrativos igualmente desconocieron el Decreto 1582 de 1998, dado que las personas vinculadas después del 31 de diciembre de 1996 tenían derecho a que sus cesantías fueran consignadas a más tardar el 15 de febrero del año siguiente a cuando fueron causadas, en el fondo administrador de cesantías que estas hubieren escogido.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00543-01 (1155-2023)

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22. Como se vinculó en calidad de docente en el municipio de Los Córdobas, desde el 24 de septiembre de 1998, está cobijado por la Ley 344 de 1996, el Decreto 1582 de 1998 y la Ley 50 de 1990. De ahí que, las entidades demandadas, al no consignar

el 24 de septiembre de 1998, está cobijado por la Ley 344 de 1996, el Decreto 1582 de 1998 y la Ley 50 de 1990. De ahí que, las entidades demandadas, al no consignar oportunamente sus cesantías, incurrieron en una violación de estas disposiciones, lo que da lugar a su nulidad.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. Departamento de Córdoba

23. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda. Afirmó que el docente está afiliado al FOMAG desde el 2011, porque el municipio no lo había hecho con anterioridad, con efectos fiscales desde su vinculación, y que es responsabilidad del FOMAG, y del municipio de Los Córdobas , cancelar la sanción moratoria, ya que los recursos provienen de la Nación y son administrados por la Fiduprevisora.

24. En estos términos, los recursos fueron girados al FOMAG con independencia de su afiliación, porque esto se hace respecto de quienes están en nómina, a partir del momento en que se vinculó al departamento.

25. Planteó, como excepciones: (i) la inexistencia del derecho reclamado , porque los aportes prestaciones del docente han sido girados al FOMAG pese a que la afiliación se dio en 2011; (ii) la falta de legitimación en la causa por pasiva, por trata rse de un docente que está afiliado al FOMAG; y (iii) prescripción1.

2.2.2. Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG

26. Se opuso a las pretensiones al considerar que no le corresponde el pago de las prestaciones causadas con anterioridad a la afiliación del docente, pues esta será del

2.2.2. Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG

26. Se opuso a las pretensiones al considerar que no le corresponde el pago de las prestaciones causadas con anterioridad a la afiliación del docente, pues esta será del ente territorial quien debe realizar los aportes. Adicionalmente, los docentes que están afiliados al FOMAG no tienen la libertad de escoger el fondo de cesantías a donde se les hará la consignación del auxilio, sino que estos son administrados por el FOMAG hasta que se soliciten.

27. También expuso que en el caso de los docentes sus cesantías están regidas por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005, que comprende un procedimiento especial. De ahí que, el demandante no tenía derecho a reclamar la sanción moratoria porque no está prevista en las disposiciones que rigen a los afiliados al FOMAG.

28. En estos términos, pidió que se negaran las súplicas de la demanda y planteó como excepciones: (i) la inexistencia del derecho por errónea interpretación de la norma; (ii) cobro de lo no debido, en aplicación del artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, que determina que es obligación de la entidad territorial pagar las prestaciones que se hayan causado con anterioridad a la afiliación al fondo; (iii) pago, al haber cancelado todas las prestaciones sociales del demandante con posterioridad a su afiliació n al FOMAG; (iv) buena fe; (v) prescripción de los derechos en los términos del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, con integración de las disposiciones del Código Sustantivo

FOMAG; (iv) buena fe; (v) prescripción de los derechos en los términos del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, con integración de las disposiciones del Código Sustantivo

1 C. 1, folios 78 a 94.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00543-01 (1155-2023)

Demandante: Carlos Emérito Guerra Buendía

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y otros

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5 del Trabajo; (vi) compensación de las sumas de dinero pagadas por el FOMAG, al actor, por concepto de sus prestaciones sociales; y (vii) la genérica2.

2.3. Sentencia de primera instancia

29. El Tribunal Administrativo de Córdoba profirió sentencia el 12 de noviembre de 2020 en la que declaró probada la excepción de prescripción , negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. La providencia

se fundó en las siguientes consideraciones:

30. Está acreditado que el señor Carlos Emérito Guerra Buendía: (i) fue nombrado docente por el alcalde municipal de Los Córdobas mediante el Decreto núm. 07 2 del 24 de septiembre de 19983; (ii) fue asimilado a la nómina del departamento de Córdoba el 1 de enero de 2002; y (iii) se afilió al FOMAG el 2 de marzo de 2011.

24 de septiembre de 19983; (ii) fue asimilado a la nómina del departamento de Córdoba el 1 de enero de 2002; y (iii) se afilió al FOMAG el 2 de marzo de 2011.

31. Está probado que el demandante, hasta el 2010, estaba cobijado por el régimen anualizado de cesantías, lo que conlleva a aplicar las reglas de unificación fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia CE -SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020 en cuanto a la prescripción para reclamar la sanción moratoria derivada de la Ley 50 de 1990.

32. Así las cosas, como el señor Carlos Emérito Guerra Buendía reclamó por la sanción moratoria derivada de la no consignación de las cesantías correspondientes a las anualidades de 1998 a 2010, la prescripción trienal se contabiliza desde el 15 de febrero del año siguiente, esto es, desde su causación y exigibilidad como se ilustra

en el siguiente cuadro:

Anualidad perseguida Fecha de exigibilidad de la sanción Fecha límite para exigir el derecho so pena de prescripción Año 1998 15 de febrero de 1999 15 de febrero de 2002 Año 1999 15 de febrero de 2000 15 de febrero de 2003 Año 2000 15 de febrero de 2001 15 de febrero de 2004 Año 2001 15 de febrero de 2002 15 de febrero de 2005 Año 2002 15 de febrero de 2003 15 de febrero de 2006 Año 2003 15 de febrero de 2004 15 de febrero de 2007

Año 2001 15 de febrero de 2002 15 de febrero de 2005 Año 2002 15 de febrero de 2003 15 de febrero de 2006 Año 2003 15 de febrero de 2004 15 de febrero de 2007 Año 2004 15 de febrero de 2005 15 de febrero de 2008 Año 2005 15 de febrero de 2006 15 de febrero de 2009 Año 2006 15 de febrero de 2007 15 de febrero de 2010 Año 2007 15 de febrero de 2008 15 de febrero de 2011 Año 2008 15 de febrero de 2009 15 de febrero de 2012 Año 2009 15 de febrero de 2010 15 de febrero de 2013 Año 2010 15 de febrero de 2011 15 de febrero de 2014

33. En este contexto, operó el fenómeno jurídico de la prescripción toda vez que el demandante presentó reclamación administrativa ante las 3 entidades demandadas el 21 y el 25 de abril de 2017, momento para el cual ya estaban prescritas todas las anualidades perseguidas.

2 C. 1, folios 103 a 114. 3 La providencia refirió que se trató del Decreto 073 del 24 de octubre de 1998, pero este realmente corresponde al Decreto 072 del 24 de septiembre de 1998.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00543-01 (1155-2023)

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34. Destacó que en el expediente no obraba prueba que demostrara que el señor Carlos Emérito Guerra Buendía interrumpió el término de prescripción.

35. En estos términos, declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y el departamento de Córdoba, lo cual lo relevaba para estudiar los demás medios exceptivos planteados por la parte demandada.

36. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida en el proceso, ya que no existía prueba de la causación de expensas que justificaran su imposición4.

2.4. Recurso de apelación

37. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia , para que se revoquen los ordinales primero y segundo de la decisión y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

38. La prescripción está regulada en varias disposiciones del ordenamiento jurídico, a saber: (i) los artículos 2152 y 2153 del Código Civil, según los cuales esta, en su dimensión negativa, es una forma de extinción de los derechos por no ejercerlos en el transcurso del tiempo; (ii) el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 relativo a la prescripción de los derechos de carácter

en el transcurso del tiempo; (ii) el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 relativo a la prescripción de los derechos de carácter prestacional; y (iii) el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, que resulta aplicable a las controversias de los empleados públicos según la jurisprudencia del Consejo de Estado.

39. De acuerdo con el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, el titular cuenta con 3 años para presentar reclamación administrativa y acudir ante el operador judicial, para interrumpir el fenómeno prescriptivo.

40. La Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su criterio en cuanto a la sanción moratoria derivada de la no consignación de las cesantías anualizadas en la sentencia CE-SUJ004 de 2016; de modo que, al resolver el caso en concreto, dispuso como precedente que la prescripción en estos casos opera de manera parcial, esto es, con respecto a las porciones de sanción que no fueron reclamadas oportunamente.

41. De ahí que, la sentencia de unificación CE-SUJ004 de 2016 reconoció, tanto en su parte considerativa, como en la resolutiva, que, aunque la reclamación se presentó después de los 3 años, solo se perdieron los derechos que no fueron reclamados en tiempo.

42. En estos términos se pronunció la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado al proferir sentencia del 1 de marzo de 2018, en la que se refirió al criterio unificado por la Sección Segunda de esta corporación el 25 de agosto de 2016; frente al cual precisó que la exigibilidad de la sanción corría desde el 15 de febrero del

criterio unificado por la Sección Segunda de esta corporación el 25 de agosto de 2016; frente al cual precisó que la exigibilidad de la sanción corría desde el 15 de febrero del año siguiente a la causación de la prestación, y hasta que la entidad cumpliera su deber legal, se produjera el pago efectivo o terminara el vínculo laboral.

4 C. Principal, folios 273 a 288.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00543-01 (1155-2023)

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43. Por tanto, el Tribunal Administrativo de Córdoba le otorgó una lectura equivocada al precedente, con lo cual violó sus derechos e intereses, toda vez que declaró que la sanción moratoria de las anualidades de 1998 al 2010 estaba prescrita en su totalidad, dado que la reclamación la presentó en 2017. Aunque lo cierto es que, hasta la fecha no se le han consignado las cesantías.

44. En este orden, aplicado un silogismo a partir de la regla fijada en la sentencia CE-SUJ004 de 2016, según la cual solo están prescritas las porciones de sanción que no fueron reclamadas en tiempo, deben contarse tres años hacia atrás desde la fecha de la reclamación administrativa, lo cual daría como resultado la prescripción de las porciones de la penalidad anteriores al 21 de abril de 2014, ya que la solicitud la

no fueron reclamadas en tiempo, deben contarse tres años hacia atrás desde la fecha de la reclamación administrativa, lo cual daría como resultado la prescripción de las porciones de la penalidad anteriores al 21 de abril de 2014, ya que la solicitud la presentó el 21 de abril de 2017. Así pues, el pago de la sanción moratoria debe efectuarse a partir de este momento, hasta cuando sean canceladas efectivamente las cesantías.

45. Aunque el Tribunal Administrativo de Córdoba aplicó el criterio dispuesto en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, esta no existía para el momento de interposición de la demanda, el 14 de noviembre de 2017, cuando se mantenía la tesis de no declarar la prescripción porque estaba operaba, para las cesantías, al momento de l retiro del servicio. Algo que no ocurre en su caso, ya que su relación laboral está vigente.

46. Adicionalmente, no es posible aplicar las reglas unificadas en la sentencia CESUJ-SII-022-2020, en la medida en que los cambios jurisprudenciales rigen hacia el futuro, como lo ha dejado sentado el Consejo de Estado, por ejemplo, al expedir el fallo del 4 de mayo de 20115.

47. Por último, el hecho de haber declarado probada la excepción de prescripción vulnera sus derechos a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la garantía de seguridad jurídica, en los términos de la sentencia T -502 del 27 de junio de 2002 de la Corte Constitucional6.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

48. Mediante auto del 13 de julio de 20237, el despacho ponente admitió el recurso

de 2002 de la Corte Constitucional6.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

48. Mediante auto del 13 de julio de 20237, el despacho ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia. Posteriormente, el 16 de mayo de 20248 les corrió traslado a las partes para alegar y ordenó poner el expediente a disposición del Ministerio Público.

49. El departamento de Córdoba presentó alegatos en los que insistió en que las pretensiones derivadas de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías, correspondientes a las anualidades de 1998 a 2010 , están prescritas, ya que cuando el demandante radicó reclamación administrativa ante las demandadas, ya se habían superado los 3 años que prevé la normativa. En estos términos, consideró que la providencia de primera instancia debía ser confirmada en su totalidad.

5 Consejo de Estado, sentencia del 4 de mayo de 2011, exp. 19001-23-31-000-1998-02300-01. 6 C. Principal, folios 297 a 303. 7 Samai, exp. 23001233300020170054301, índice 3. 8 Samai, exp. 23001233300020170054301, índice 9.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00543-01 (1155-2023)

Demandante: Carlos Emérito Guerra Buendía

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50. Adicionalmente, manifestó que en el asunto se configuró su falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que el demandante era un docente vinculado al municipio de Los Córdobas, quien debe responder por sus salarios y prestaciones sociales.

Además de que, por tratarse de un docente afiliado al FOMAG era dicho fondo el responsable de atender las prestaciones del solicitante9.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

51. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

52. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:

53. ¿Operó la prescripción extintiva del derecho a la sanción moratoria derivada de la no consignación de las cesantías anualizadas del señor Carlos Emérito Guerra Buendía, por las anualidades comprendidas de 1998 a 2010?

54. Para resolver este interrogante , la Sala abordará los siguientes temas: (i) el régimen de cesantías anualizadas – Ley 50 de 1990 y Ley 91 de 1989 – y la

54. Para resolver este interrogante , la Sala abordará los siguientes temas: (i) el régimen de cesantías anualizadas – Ley 50 de 1990 y Ley 91 de 1989 – y la incompatibilidad de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1999 para docentes afiliados al FOMAG; y (ii) la prescripción de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías anualizadas.

55. A partir de las anteriores consideraciones (iii) se destacarán los hechos probados relevantes y (iv) en el acápite del caso concreto se resolverá el problema jurídico planteado.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Régimen de cesantías anualizada s. L eyes 50 de 1990 y 91 de 1989. Improcedencia de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para docentes afiliados al FOMAG. Reiteración de jurisprudencia.

56. En lo que respecta al personal docente, el reconocimiento de sus cesantías se rige por los términos previstos en el artículo 15 de la Ley 91 de 198910:

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por

9 Samai, exp. 23001233300020170054301, índice 13.

el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por

9 Samai, exp. 23001233300020170054301, índice 13. 10 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».Radicación: 23001-23-33-000-2017-00543-01 (1155-2023)

Demandante: Carlos Emérito Guerra Buendía

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de

Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

57. Este régimen anual fue establecido en la Ley 50 de 199011, específicamente, en

su artículo 99, en que dispuso:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pag