CE-SP-EXP1941-N0314

INSPECTORES DE EDUCACION - Estatuto. Traslado El decreto por el cual un Gobernador traslada un Inspector Escolar al cargo de maestro de primera categoría, es ilegal, porque esa medida, que significa la degradación del Inspector a su antigua calidad de maestro, no es un simple traslado sino una remoción. Lo que disminuye la categoría, la naturaleza de las funciones o el simple sueldo, debe considerarse como remoción cuando va acompañado de un cambio de empleo. El Decreto 1602 de 1936, que consagra la inamovilidad de los Inspectores, está ajustado a la Ley 37 de 1935, que no viola la Constitución. CONSEJO DE ESTADO Consejero ponente: ANTONIO ESCOBAR CAMARGO Bogotá, catorce (14) de marzo de mil novecientos cuarenta y uno (1941) Radicación número: 0314

Actor: JOSE MARIA PAEZ Demandado: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ El señor José María Páez, vecino de Tunja, demandó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de aquella ciudad, la nulidad del Decreto número 607 de 30 de diciembre de 1939, emanado de la Gobernación del Departamento de Boyacá, en virtud del cual fue reemplazado de su cargo de Inspector Provincial de Educación Pública, de la Séptima Zona (hoy Zona Tercera), y trasladado al cargo de maestro de primera categoría para una escuela que se designó en decreto posterior. El Tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, por lo cual el interesado interpuso el recurso de apelación.

El caso (pie va a decidirse, por medio de esta sentencia, es análogo al que se presentó en virtud de demanda presentada ante el mismo Tribunal de Tunja, por el señor Heliodoro Meló, también destituido en el Decreto cuya nulidad se pide. Tanto Meló como Páez ejercitaron la acción pública subjetiva, o sea la acción conocida en nuestras leyes por acción privada, por considerar que el acto acusado violaba derechos particulares del demandante. Al desatar la demanda del señor Meló, el Consejo, por sentencia de diez de febrero del presente año, negó las peticiones del demandante, con salvamento de voto de los Consejeros Escobar Camargo, Gaitán y Peñaranda Arenas. Al discutirse el presente caso planteado por la demanda de José María Páez, volvió a suscitarse la discusión en la Sala del Consejo. Pero, como ya el Consejero doctor Jenaro Cruz había sido reemplazado por el doctor Sepúlveda Mejía, éste adhirió a las razones expuestas en el salvamento de voto de los tres Consejeros citados, razón por la cual el Consejo, por mayoría de votos y con la adhesión del doctor Sepúlveda Mejía, ha modificado su primera jurisprudencia sobre inamovilidad de los Inspectores de Educación Pú- blica. Las razones expuestas en el salvamento de voto, que ahora acoge el Consejo, fueron las siguientes: "El Inspector Heliodoro Meló no fue removido sino trasladado. Para sustentar esta primera parte motiva de su sentencia, la mayoría del Consejo acoge el concepto emitido brevemente por el señor Fiscal de la corporación, quien en su vista de

fecha seis de diciembre del año próximo pasado, se expresa así: 'Si es cierto que por medio del Decreto acusado se reemplazó al demandante en el cargo de Inspector de Educación, no 'lo es menos el hecho de que la Dirección de Educación lo nombró maestro de una escuela de primera categoría, de tal manera que en el caso contemplado no se trata sino de un simple traslado como bien observa el Tribunal a quo. 'Ahora bien: el artículo 3° de la Ley 37 de 1935 faculta a los Gobernadores para nombrar y remover libremente a los maestros de escuela y a los Inspectores Provinciales de Instrucción Pública, en armonía con la organización y reglamentación que determine el Ministerio de Educación Nacional. 'En desarrollo de esta disposición, el Decreto 1602 de 1936, después de establecer las causales de remoción de maestros, dispuso en el artículo 1C) que ellas se aplican a los Inspectores de Instrucción Pública, y que solamente el que incurra en alguna, siempre que esté plenamente comprobada, puede ser removido. 'Posteriormente con los Decretos 537 de 1937 y 2255 de 1938 se reglamentó lo referente al traslado de maestros, que en ningún caso puede aplicarse a la promoción de Inspectores, puesto que a ellos para nada se les menciona en las disposiciones de los citados Decretos 537 y 2255 (pie al respecto regulan la materia. De lo dicho se desprende que los Gobernadores están facultados para trasladar o cambiar libremente a los Inspectores cuando lo crean conveniente, cosa muy diferente a removerlos, o lo que es lo mismo destituirlos, quitarlos del

puesto, etc. 'En este último caso, sí se encuentran cobijados por las prerrogativas con que el Decreto 1602 de 1936 ha amparado a los maestros de escuela. 'Pero sucede que en el presente caso no se trata de una remoción, sino de un simple traslado, como ya se ha demostrado.' "Como puede observarse por la transcripción que se ha hecho de las palabras del señor Fiscal, éste acepta que, de conformidad con los decretos vigentes, un Inspector Provincial de Educación Pública no puede ser removido -de su cargo sino mediante la comprobación previa de determinadas faltas señaladas en el artículo 10 del Decreto número 1602 de 1936. Sostiene igualmente que, si por virtud de los Decretos números 537 de 1937 y 2255 de 1938, un maestro no puede ser trasladado a otra escuela sino mediante el lleno de ciertos requisitos, los Inspectores, en cambio, sí pueden ser trasladados libremente, porque a ellos no los cobija la reglamentación señalada en los decretos últimamente citados. Y concluye el señor Fiscal que, en el presente caso, cuando el Gobernador de Boyacá pasó a un Inspector Provincia] de Educación Pública del cargo de tal, al de maestro de primera categoría, no hizo una remoción sino un simple traslado, para lo cual no necesitaba de cosa distinta de su libre voluntad. La mayoría de la Sala comparte esta opinión de la Fiscalía, que le sirvió como uno de los fundamentos de la decisión que, con todo respeto, juzgamos errada. "Sostener que el hecho de trasladar a un Inspector al cargo de maestro no es

remoción sino un simple traslado, porque no se le ha retirado del Magisterio, es colocarse fuera de toda realidad. Basta para ello observar que hay diferencias sustanciales entre un cargo y otro: primero, por razón de sus funciones, que colocan al Inspector de supremo jefe de un grupo de maestros, a quienes debe orientar y vigilar en la labor educativa; segundo, por razón de su sueldo, que es siempre superior al de los maestros de primera categoría, como ocurre en el presente caso del Inspector Meló; y tercero, por razón de su nombramiento (pie debe hacerse no en un simple maestro de primera categoría, sino en un maestro superior a los demás, a quien los Directores de Educación debieron ver cualidades eminentes de inspección, muy diferentes de las condiciones (pie tiene un simple maestro de escuela. "Fuera de esta consideración, que no se apoya en la realidad, pues no es lo mismo ser Inspector que maestro de escuela, aunque ambos hagan parte de la Educación Pública, como no es lo mismo ser Ministro que Jefe de Sección o Portero, aunque ambos laboren en el Ministerio, conviene tener presente que el Decreto 1602 de 1936, en su artículo 10 dice textualmente: 'Los Gobernadores, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3° de la Ley 37 de 1935, deberán tener en cuenta las disposiciones del presente Decreto, y no podrán remover a los maestros de escuela y a los Inspectores Provinciales de Instrucción Pública, sino por haber incurrido unos y otros en alguna de las causales señaladas y previamente comprobadas.' "Posteriormente se enumeran esas causales, en las cuales es aceptado que no

incurrió el Inspector degradado, de quien se han traído informes de haber servido con consagración y competencia ejemplares. "El citado Decreto quiso establecer distinción entre maestros e Inspectores, y por ello consagró claramente la inamovilidad de ambos. Si se hubiera pensado que maestro e Inspector eran una misma cosa, no se habría hecho la distinción en forma clara en el Decreto del Gobierno. Y téngase presente que ese Decreto fue dictado en virtud de la autorización conferida por el artículo 3° de la Ley 37 de 1935, artículo en el cual se habló expresamente de los Maestros y de los Inspectores, cuya remoción no podía decretarse sino en la forma que lo estableciera el Gobierno. Si éste, en desarrollo de la citada ley, dispuso que la remoción de los maestros 'y de los Inspectores Provinciales' no podía hacerse sino mediante un juicio previo, con causa justa, es obvio que el Gobierno no quiso sino cumplir la ley cuando se impuso a sí mismo, como medida de seriedad administrativa en beneficio de la educación, que esta remoción no podía decretarse con libertad absoluta, sino con relación a determinadas causales señaladas previamente. "De todo esto se desprende, sin mayores esfuerzos, que la ley quiso señalar un estatuto a los maestros y uno semejante a los Inspectores. Pero a ambos funcionarios les garantizó la relativa inamovilidad, en su condición de tales: al maestro, como maestro, y al Inspector como Inspector. Sostener que la inamovilidad se garantizó al magisterio y no a determinados funcionarios, es ir

más allá de lo que quiso decir el Decreto en desarrollo de la ley. Y es contrario a la letra y al espíritu de las disposiciones citadas, porque el texto legal habla de maestros y de Inspectores, y la intención ostensible del Gobierno fue dar relativa inamovilidad a los Inspectores, para que no estuvieran expuestos a los vaivenes de la política o de la administración. "No es, pues, ni puede ser un simple traslado, lo que constituye una degradación en un Inspector Provincial, que pasa a ser maestro de escuela. Es cierto que los Inspectores no tienen estatutos para su traslado, pero se entiende que éste debe ser de una zona a otra, como es traslado el pase de un maestro de una escuela a otra, conservando su categoría. Pero es remoción o degradación, pasar un Inspector a maestro, o un maestro de primera categoría a la cuarta. Todo lo que disminuye la categoría, la naturaleza de las funciones o el simple sueldo, debe considerarse como una remoción injusta, si ella va acompañada de un cambio de empleo. Las leyes sociales establecen como despido injusto la rebaja del sueldo o de la categoría de las funciones. "Y para comprobar esta tesis, que consideramos ajustada a la ley, no es superfino añadir que el Consejo de Estado, en sentencia de 29 de marzo de 1939 (Anales 275 a 277, página 72) garantizó la inamovilidad de los Inspectores, como Inspectores y no como maestros. Entonces, el Consejo hizo suyas las siguientes palabras: '....por manera que, en la actualidad, puede afirmarse que un Inspector Escolar de

Educación goza también de la garantía de la estabilidad que antes de la expedición de tal Decreto, sólo amparaba a los maestros de escuela, por mandato expreso del artículo 127, ordinal 49, del Código de Régimen Político y Municipal.' "ILEGALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO ACUSADO "Como hemos visto, la mayoría de la Sala juzgó que en el presente caso se trataba de un simple traslado y no de una remoción, por lo cual era legal el Decreto acusado. Pero también se expusieron, como recursos subsidiarios, la ilegalidad del Decreto por ir más allá de lo que manda la ley, y la inconstitucionalidad de la Ley 37 de 1935. Esta, en su artículo l9, garantiza en forma general la inamovilidad del magisterio, y, en forma concreta, la de los maestros, que no pueden ser removidos sino mediante la reglamentación que determine el Gobierno. Pero el artículo 39 comprende, en particular, tanto a los maestros como a los Inspectores, en su condición de tales. De ahí que el citado artículo se exprese así: 'Artículo 3º El ordinal 24 del artículo 127 de la Ley 4° de 1913, quedará así: Nombrar y remover libremente a los maestros de escuela y a los Inspectores Provinciales de Instrucción Pública, en armonía con la organización y reglamentación que determine el Ministerio de Educación Nacional en desarrollo del artículo 1° de esta Ley.' "Como se echa de ver sin mayor esfuerzo, la Ley 37 de 1935, que en su artículo 1° garantizó la inamovilidad de los maestros, en el artículo 3° la hizo extensiva a

los Inspectores en cuanto tales, pues de otro modo no se explica que hubiera mencionado expresamente a los Inspectores, al lado de los maestros. Si la inamovilidad de éstos se consagrara en cuanto eran maestros de primera categoría, habría sido poco sensato el legislador que incluyó en el artículo 3° a los Inspectores. En nuestro concepto, esta inclusión en el artículo 3° fue para determinar que éstos también debían someterse a una reglamentación dictada por el Gobierno, reglamentación que éste estaría obligado a respetar, como incorporada en la ley. "No vale, pues, hablar de que el Decreto es contrario al artículo 127 de la Ley 4° de 1913, porque este artículo está expresamente reformado por el artículo 3° de la Ley 37 de 1935, como se ha visto en la transcripción anterior. Ni puede tampoco sostenerse que la Ley 37 de 1935 y el Decreto 1602 de 1936 sean contrarios al mandato constitucional (pie ordena que los Gobernadores dirijan la acción administrativa del Departamento (artículo 192), como agentes del Gobierno Central que tienen la suprema inspección de la educación oficial, porque la facultad que ese mandato constitucional otorga a los Gobernadores, no es discrecional, sino que debe ser reglada y de hecho lo es, como veremos adelante. Es cierto que el Gobernador puede nombrar y separar sus agentes, pero esta facultad no es tan discrecional como lo cree el resto de la Sala. Prueba de ello es que, de conformidad con el artículo 6° del Decreto 1602 de 1936 y la Ley 2° de

1937, en su artículo 2°, el Gobernador no puede nombrar como su agente inspector provincial de educación, sino a maestros de primera categoría. La ley regló esa facultad de los Gobernadores, y no quiere ello decir que hubiera estorbado la relativa libertad que tienen para escoger sus agentes. La constitucionalidad de estas últimas disposiciones la acepta el resto de la Sala, a pesar de que, si se le diera al artículo 192 la interpretación dura que se dio al interpretar otros artículos del Decreto 1602, habría que declararlo inconstitucional y modificar la segunda parte de la sentencia aprobada por la mayoría de la Sala, en virtud de la cual se declara nulo, por ilegal o contrario al citado Decreto, el Decreto que nombró como Inspector a un maestro de segunda categoría. "Esta tesis que acabamos de exponer está de acuerdo con la sentencia del Consejo de Estado citada en párrafos anteriores, en la cual se da pleno valor constitucional a los artículos del Decreto 1602 que ahora se consideran violatorios de la libertad de acción constitucional de los Gobernadores. Aquella sentencia, que aprobó por unanimidad el Consejo, siendo ponente su ilustre Presidente doctor Tulio Enrique Tascón, aparece ahora modificada por la doctrina enunciada en el cuerpo de la sentencia de que disentimos con todo respeto. El Consejo en aquel fallo, acogió los siguientes conceptos del Tribunal de Pasto: 'De lo anterior se deduce claramente que el nombramiento de los Inspectores Escolares de Educación no es del arbitrio de los Gobernadores, ni tampoco su remoción, ya que para hacer lo primero un Gobernador debe ceñirse a lo prescrito

en el artículo 4° del Decreto 1602 de 1936, y para proceder a lo segundo es de imperiosa necesidad la comprobación de alguna o algunas de las causales enumeradas en los artículos 8° y 9° del mismo Decreto.' "En nuestro concepto, en aquella época el Consejo tuvo toda la razón, porque los poderes discrecionales no se conceden al Gobierno sino por vía de excepción, cuando expresamente la ley o la Constitución lo manda así. Mientras tanto, toda facultad o potestad del Gobierno aparece reglada por la órbita dentro de la cual la ley o la Constitución quiso que girara. No se opone a la facultad de nombrar y separar sus agentes, la Ley 37 de 1935, que dice que para separar a un Inspector de su cargo, debe el Gobierno someterse a la reglamentación que el mismo Gobierno decrete. Si éste señaló normas especiales, es natural que acate esos reglamentos dictados para ser respetados, con apoyo en la ley que, en desarrollo de la facultad de nombrar y remover, lo autorizó para que él reglara esta potestad. "El acto de nombrar y remover un empleado es de los actos que el Profesor Gastón Jeze llama acto-condición, o sea aquellos en virtud de los cuales se inviste a un individuo de una situación general, o sea la aplicación a ese individuo de un status legal o reglamentario. 'El nombramiento no hace otra cosa que investir a un individuo determinado de los poderes y deberes generales organizados por las leyes y reglamentos, y cuyo conjunto constituye la función.' Cuando se inviste a un individuo de una situación funcional creada ya, es obvio que hay que acatar las

leyes y reglamentos que crearon esa situación general, tanto en su propia esencia como en la manera de conferirla. Conforme con estos principios, la facultad de nombrar está o debe estar regulada previamente por la ley o reglamento, o, en último término, por los principios generales del servicio público que constituyen, sin duda alguna, una norma severa que los funcionarios deben acatar. "No está, pues, la mayoría de la Sala conforme con el pensamiento del Profesor Jeze, en la parte que se ha trascrito y reproducido con la mayor fidelidad, no obstante la circunstancia singular de que este Profesor del realismo jurídico en el Derecho Administrativo, ha inspirado toda la interesante jurisprudencia del Consejo de Estado en los últimos años. De haberlo estado, habría rechazado el concepto de inconstitucionalidad en la Ley 37 de 1935 y en el Decreto 1602 de 1936. "Hemos considerado, pues, con apoyo en las anteriores razones y con el mayor respeto para la mayoría de la Sala, que el Decreto acusado es ilegal, por cuanto la degradación de un Inspector de Educación a su antigua calidad de maestro, no es un simple traslado sino una remoción, y por cuanto el Decreto 1602 de 1936 está ajustado a una ley que no viola la Constitución. Debía, en nuestro concepto, declararse la nulidad del Decreto que destituyó, sin las formalidades reglamentarias, al señor Heliodoro Meló, y restituirse a éste en el ejercicio de sus funciones, con las consiguientes medidas necesarias para restablecer el derecho violado." Por lo expuesto, el Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la

República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: 1° Declarar nulo el Decreto número 607 de 30 de diciembre de 1939, del Gobernador del Departamento de Boyacá, en cuanto nombra al señor Víctor Julio González Inspector de Educación Pública de la Zona Séptima del Departamento de Boyacá, en reemplazo de José María Páez, y en cuanto designa a éste para una escuela primaria de primera categoría. 2° Para restablecer el derecho violado, se ordena al Gobernador de Boyacá la restitución del citado señor José María Páez al cargo de Inspector de Educación Pública de Boyacá, en la Zona Séptima, hoy Tercera, y el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha del Decreto anulado, hasta que se haga la restitución que se ordena por medio de esta sentencia. Revalídese el papel común empleado en la actuación. Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase. TULIO ENRIQUE TASCON Con salvamento de voto

ANTONIO ESCOBAR CAMARGO

GONZALO GAITAN

GUILLERMO PEÑARANDA ARENAS

DIOGENES SEPULVEDA MEJIA

CARLOS RIVADENEIRA G.

Con salvamento de voto GUSTAVO HERNANDEZ RODRIGUEZ Con salvamento de voto

LUIS E. GARCIA V.

Secretario

SALVAMENTO DE VOTO

Consejeros: TULIO ENRIQUE TASCON, GUSTAVO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Y CARLOS RIVADENEIRA G.

El Decreto número 2255 de 1938 se refiere solamente a los maestros; los Gobernadores tienen libertad completa para trasladar a los Inspectores Escolares de un puesto a otro dentro del ramo educacionista. El traslado de un Inspector Escolar al cargo de maestro de primera categoría, no es una destitución, porque la ley no establece diferencias, respecto a categorías, entre un maestro clasificado en primera y un Inspector. Los Inspectores, como agentes del Gobierno Seccional, son de libre nombramiento y remoción de los Gobernadores, al tenor de lo preceptuado en el artículo 192 de la Constitución. Por tratarse de un caso idéntico en esencia al que esta misma corporación falló por sentencia que lleva fecha 10 de febrero último, para fundamentar este salvamento, reproducimos a continuación lo que entonces dijimos como base cardinal de tal falto, en el cual expresamos entre otras razones de que no hicimos entonces capítulo especial, ni lo hacernos hoy, por creerlo innecesario, las siguientes: 'lQue los Decretos ejecutivos números 537 de 1937 y 2255 de 1938, dictados en virtud de las autorizaciones dadas al Organo Ejecutivo por la Ley 37 de 1935, y por medio de los cuales se reforma el Decreto 1002 de 1936, distinguen en forma clara e inequívoca entre remoción y traslado, reservando la primera denominación para los casos en que a los empleados a que dicho Decreto se refiere, se les destituye del puesto, se les priva de él o se les suspende indefinidamente en el ejercicio de sus funciones, y la segunda para los simples cambios de un puesto a

otro dentro del ramo educacionista, pues a esto equivalen gramaticalmente las palabras remover y trasladar, que los expresados Decretos emplean al hablar de los requisitos que deben llenarse o cumplirse, en uno y en otro caso, y que son distintos para cada uno de ellos. "Los términos en que están concebidos los artículos de los citados Decretos, que lo son el 9° del 1602, el 5° del 537 y el 1° del 2255, no dejan al respecto, en el ánimo, la menor duda, pues dicen: 'Artículo 9° Levantado el Escalafón Nacional del Magisterio en la forma prescrita en este Decreto, el Ministerio de Educación procederá, según lo ordena la Ley 37 de 1935, a adoptarlo por medio de resolución, y un maestro sólo podrá ser cambiado, removido de su cargo o suspendido en el ejercicio de sus funciones por haber incurrido en alguna de las causales determinadas en el artículo anterior y además por incompetencia comprobada. 'Artículo 5° De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 2° del presente año, el nombramiento de los maestros de escuela deberá hacerse enmendóse estrictamente a las categorías antes expresadas. 'Parágrafo. Los nombramientos a que se refiere el presente artículo deberán hacerse en propiedad y un maestro no podrá ser trasladado de una escuela a otra sino: 'a) Por incapacidad física para vivir en el clima para donde ha sido nombrado; b) Por acuerdo mutuo entre dos maestros aprobado por la respectiva Dirección de Educación; 'c) Cuando la Dirección de Educación, previo el estudio del expediente del caso,

que deberá ser levantado por el respectivo Inspector Escolar, estime que el traslado es de imprescindible necesidad para la buena marcha de la escuela. Perfeccionado el estudio del expediente, el Director de Educación llamará al maestro a su Despacho a fin de que presente sus descargos, para lo cual se le concederá un término prudencial. Si de tal actuación resultare que el traslado es necesario, se procederá a hacer el nombramiento del caso.' 'Artículo l° Suprímase el parágrafo del artículo 5° del Decreto 537 de 1937 y sustituyase por el siguiente: 'Los maestros escalafonados (pie hayan sido nombrados en propiedad, sólo podrán ser trasladados de una escuela a otra, cuando a juicio del Director de Educación y del respectivo Inspector de Zona, esta medida sea conveniente para la mejor marcha de la Educación. De lo determinado al respecto se dejará constancia en una acta firmada por los mencionados funcionarios. "2º Que desde que entraron en vigencia los aludidos Decretos, ni los maestros de escuela, ni los Inspectores Escolares (a quienes inconsti-tucionalmente se hicieron extensivas por medio del artículo 10 del Decreto 1602 las causales de remoción), pueden ser destituidos o removidos de sus cargos, o privados de su puesto, sino en la forma y pollas causas en tales Decretos detalladas, que son las mismas para los unos y para los otros, pues así lo dice el mencionado artículo 10: 'Los Gobernadores para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3° de la Ley

37 de 1935, deberán tener en cuenta las disposiciones del presente Decreto y no podrán remover a los maestros de escuela y a (los Inspectores provinciales de Instrucción Pública sino por haber incurrido unos y otros en alguna de las causales señaladas y previamente comprobadas.' "3Que no sucede lo mismo en tratándose de simples traslados, cambios o promociones de un puesto a otro, con respecto a los Inspectores Escolares de Instrucción Pública, desde luego que el artículo l9 del Decreto 2255 de 1938, que de ello se ocupa y al cual no puede dársele más extensión que la que el mismo Decreto le asigna, se refiere tan sólo a los maestros, al decir como dice: 'Los maestros escalafonados que hayan sido nombrados en propiedad, sólo podrán ser trasladados de una escuela a otra cuando a juicio del Director de Educación y del respectivo Inspector de Zona, esta medida sea conveniente para la mejor marcha de la Educación'; por lo cual lógica y consecuencialmente hay que concluir que los Gobernadores tienen hoy libertad completa, como la tenían antes de estos Decretos, para trasladar a los Inspectores Escolares de un puesto a otro, dentro del mismo ramo educacionista; y "4Que el caso de entonces, como el de hoy, era de simple traslado de un maestro del puesto de Inspector de Zona al de maestro, por lo cual los Decretos demandados en aquella época, que son los mismos demandados hoy, no podrán anularse legalmente. "Y no se diga, como la mayoría lo afirma en la sentencia anterior, que el traslado de un Inspector Escolar al cargo de maestro, es una verdadera destitución, pues lo

degrada, lo priva de las preeminencias, honores o dignidades correspondientes a aquel cargo, porque aparte de que la ley no establece diferenciación alguna con respecto a categorías entre un maestro clasificado en primera y un Inspector, maestro de primera categoría también, a tal conclusión se oponen, en nuestro concepto, los siguientes hechos: "1º Que la degradación en el supuesto de que existiera, que no existe, no provendría del hecho de privar al Inspector de su título de maestro, ni de todo empleo en el ramo a que venía consagrando sus actividades, .sino de un simple cambio de un puesto de mayor categoría a otro de categoría inferior dentro del mismo ramo, por lo cual el caso habría de regirse por los principios que rigen el traslado, no la destitución; "2° Que la categoría de los maestros e Inspectores no proviene de la escuela, ni de la zona o provincia en que el cargo se desempeñe, sino del escalafón previamente confeccionado al efecto. Por lo cual resulta necio afirmar que a un Inspector de Casanare, por ejemplo, se le degrade por el hecho de trasladarlo a una escuela de Bogotá y a un maestro de ésta, por trasladarlo a Usaquén. La categoría, la preeminencia, la lleva el maestro escalafonado y con él va a dondequiera que se le traslade en el ejercicio de sus funciones de educador y orientador de la juventud, y "3° Que la conservación indefinida de un maestro, de un Inspector Escolar, en un mismo puesto, es en la mayoría de los casos, dadas sus funciones y atribuciones, inconveniente e injustificada, por lo cual el Decreto 2255 autoriza el traslado de los

maestros por el solo hecho de que esta medida se crea conveniente para la mejor marcha de la educación. "Estos son los términos en que está concebido el aludido fallo: 'Los términos en que están concebidos los Decretos acusados, en la parte a que se contrae la acusación, son éstos: 'Decreto número 607......Artículo 2° Para desempeñar el cargo de Inspectores de Educación en las Zonas Escolares a que se refiere el artículo anterior, nómbrase el siguiente personal, así: Segunda Zona: señor José A. Montejo Mendoza. 'Articulo 3° A partir del primero de enero del año de 1940, los señores José M. Páez, Heliodoro Meló.... quienes son reemplazados por los señores.... devengarán sueldos como maestros de primera categoría mientras se dicta el decreto de nombramientos de maestros en el Departamento, y se les señala escuela....' "El Decreto enunciado en el artículo 39 antes transcrito, es el distinguido con el número 42 de 27 de enero de 1940, visible en copia al folio 10 del cuaderno 29 y que en lo pertinente dice: 'Articulo lf> De acuerdo con las disposiciones vigentes sobre escalafón nacional, nómbrase el siguiente personal para la dirección de las escuelas urbanas y rurales que a continuación se expresan: '....Segunda Zona. . . . Macanal. Urbana de Varones: Heliodoro Meló. Primera categoría....' "La simple lectura de las disposiciones transcritas basta para evidenciar que por medio de los Decretos acusados, el demandante Heliodoro Meló no fue retirado

del Magisterio Escolar, ni privado del ejercicio de las funciones consiguientes a los maestros de escuela, ni destituido, como el demandante lo afirma en el libelo de demanda, sino tan sólo trasladado del cargo de Inspector Escolar al de maestro de Macanal, dentro de su correspondiente categoría, para lo cual tienen facultad plena los Gobernadores, de acuerdo con lo estatuido en el artículo 3° de la Ley 37 de 1935, según lo demuestra el señor Fiscal de esta corporación en su vista de fondo, a la cual pertenecen los siguientes apartes que el Consejo acoge, no sólo por las razones en que se funda, sino también, y más que todo, por tener los Inspectores Escolares el carácter innegable de agentes del Gobierno Seccional, encargados de supervigilar la marcha de las escuelas y ser, como tales, por consiguiente, de libre nombramiento y remoción de los Gobernadores respectivos, al tenor de lo preceptuado en los artículos 127 del Código de Régimen Político y Municipal, y 192 de la Constitución Nacional, ordinal 2, artículo éste que el act