CNDJ - 11001110200020190478301

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 11001110200020190478301
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

A - 16233 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado ponente ALFONSO CAJIAO CABRERA Radicación No. 110011102000 2019 04783 01 Aprobado según Acta de Sala No.29 de la misma fecha Referencia: Abogado en apelación de sentencia.

ASUNTO

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en ejercicio de la competencia conferida en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia 1 procede a conocer el recurso de apelación interpuesto por el disciplinable EDWIN FRANCISCO GÓMEZ RODRÍGUEZ contra la sentencia proferida el 15 de marzo de 2024 , mediante la cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá2 lo sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses, tras hallarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el artículo 35 numeral 4° de la Ley 1123 de 2007 e infringir el deber de que trata el artículo 28 numeral 8 de la misma norma, a título de dolo.

HECHOS Y ANTECEDENTES RELEVANTES

1 Inciso quinto del artículo 257A C.P. “La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sa ncionar las faltas de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.”

examinar la conducta y sa ncionar las faltas de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.” 2 Sala dual integrada por los HH.MM. Paulina Canosa Suárez (ponente) y Jorge Eliécer Gaitán Peña.A - 16233

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REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA

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Las presentes diligencias tienen origen en los hechos puestos en conocimiento por el señor Orlando de Jesús Bermúdez Cadavid , en contra del abogado EDWIN FRANCISCO GÓMEZ RODRÍGUEZ , en los cuales manifestó que lo conoci ó desde el año de 2010 porque se encargaba de vender cesiones y remate de bienes en asuntos judiciales, adquiriendo por cuenta de estos negocios varios inmuebles con alguna demora, pero sin contratiempos.

Refirió que en junio de 2015 le ofreció un bien ub icado en el barrio Perdomo Sur, que se encontraba con fecha para remate y en febrero de 2016 le indicó que el trámite de otro de los inmuebles ofertados del barrio Madelena , comprado en diciembre de 2013 se le había complicado, que se lo cambiaba por otro en el Tunal sur, pero meses después se enteró que el jurista lo había rematado a su nombre, quitándoselo con mentiras y engaños, lo que dificultó su relaci ón y comunicación .

le había complicado, que se lo cambiaba por otro en el Tunal sur, pero meses después se enteró que el jurista lo había rematado a su nombre, quitándoselo con mentiras y engaños, lo que dificultó su relaci ón y comunicación .

Añadió que en enero de 2017 concretaron un acuerdo de pago y devolución de los pr ocesos pendientes, que fue respaldado por el abogado mediante un pagaré por $ 141.200.000. En ese año le hizo algunos abonos , conforme iban quedando saldos de unos juzgados , y en septiembre de 2018 le manifestó que le pagaría con un proceso en donde se hab ía efectuado un remate y que se demoraría de 20 días a un mes para firmar escrituras, pero para tal negocio debía entregarle una suma de dinero. Entonces , hicieron un contrato por valor de $ 80.000.000, de los cuales el abogado le abonaba $ 35.000.000 a lo adeudado y él le entregaba un vehículo avaluado en $ 20.000.000 y $ 18.000.000 en efectivo. También se pactó el pago de la suma de $ 7.000.000 para la fecha de entrega del inmueble , sin embargo, el jurista no cumplió.A - 16233

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Con la queja, aportó copia de documen tos relacionados con los negocios referidos con el profesional 3.

Efectuado el reparto, la Unidad del Registro Nacional de Abogados y

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Con la queja, aportó copia de documen tos relacionados con los negocios referidos con el profesional 3.

Efectuado el reparto, la Unidad del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, acreditó que el abogado EDWIN FRANCISCO GÓMEZ RODRÍGUEZ , identificad o con cédula de ciudadanía 79.636.189, es portador de la tarjeta profesional 130.206 del Consejo Superior de la Judicatura4.

Mediante auto de 9 de septiembre de 2019 , la magistrada instructora abrió proceso disciplinario contra el abogado EDWIN FRANCISCO GÓMEZ RODRÍGUEZ y convocó a la celebración de la audiencia de pruebas y calificación provisional 5. Como el disciplinable no compareció a la primera sesión programada, se dispuso su emplazamiento como lo ordena el inciso 3 del artículo 104 de la Ley 1123 de 2004 6, y se designó defen sora de oficio con quien se prosiguió la actuación7.

La audiencia de pruebas y calificación se llevó a cabo en sesiones del 30 de junio8, 8 de julio 9 y 6 de octubre10 de 2021, dentro de las cuales se recaudaron las siguientes pruebas y actuaciones:

-Se obtuvieron los reportes de los procesos 2003-00653, 2003-00205, 2001-00032, 2006 -00568, 2007 -00175, 2012 -00038, 2002 -01032, 2018-0004811.

3 02Informe 4 05RegNalAbog 5 06AutoFijaFecha 6 15EdictoIncisoTercero

2018-0004811.

3 02Informe 4 05RegNalAbog 5 06AutoFijaFecha 6 15EdictoIncisoTercero 7 14AutoFijaFechaPyCDesignaDefOfi. Karen Jimena Burbano Moreno CC 1014263010 TP 336.963 8 20VideoAudienciaSuspendida30062021 9 31VideoAudienciaSuspendida16092021 10 35VideoAudienciaCargosConfesion06102021 11 28PruebasCalificacionA - 16233

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  • Versión libre del abogado 12. En la cual refirió que aproximadamente en el año 2010 o 2011, conoció al quejoso, quien estaba interesado en adquirir cesión de derechos en litigio de procesos a los que le hacía seguimiento, iniciando su relación profesional con un apartamento ubicado en el Salitre II , que fue efectivamente transferido gracias a su gestión profesional. Así mismo, se hizo parte en una liquidación de una sociedad conyugal que se llevaban en un juzgado de familia , adjudicándosele otro predio.

Con posterioridad, el quejoso adquirió con su ayuda otro inmueble ubicado en el barrio La Huaca, a través de un remate. Luego le ofreció otro inmueble en el barrio La Alejandra, que también le fue adjudicado. Dijo que hubo otro inmueble en Ciudad Salitre que tuvo una liquidación bajita, por lo que tuvo que acumularse con otro negocio , y después de

otro inmueble en el barrio La Alejandra, que también le fue adjudicado. Dijo que hubo otro inmueble en Ciudad Salitre que tuvo una liquidación bajita, por lo que tuvo que acumularse con otro negocio , y después de siete años se logró la adjudi cación, asunto respecto del cual tuvo que iniciarse incidente de regulación de honorarios por su no pago.

Añadió que en el año 2014 se presentó el negocio del bien en Madelena. Suscribieron la promesa de derecho de crédito , pero la titular se retiró del n egocio y no pudo cumplirle al quejoso , entonces, trató de regresarle el dinero y de ofrecerle otro inmueble. Llegaron a un acuerdo, le entregó un título por un valor de $42 .000.000, de los que podía disponer de $38.000.000, siendo el primer abono. Luego le entregó otro proceso , pero se lo regresó porque el deudor era insolvente. Y también le entregó otros títulos judiciales a título de abono.

Refirió que nunca quiso ocasionarle daños ni quedarle mal a su cliente, fue diligente y lo hizo de la mejor manera , que también llegó el

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momento en que le asistió el interés de comprar. También le colaboró al quejoso en un trámite de cancelación de una hipoteca de un apartamento en Santa Isabel, frente al cual también tuvo que iniciar

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momento en que le asistió el interés de comprar. También le colaboró al quejoso en un trámite de cancelación de una hipoteca de un apartamento en Santa Isabel, frente al cual también tuvo que iniciar incidente de regulación de honorarios.

Sostuvo que no le mintió a su cliente, incluso, le enseñó a consultar los procesos por medio de la página Web, y era el quejoso quien radicaba los memoriales dentro de los asuntos.

Señaló que también le transfirió un lote en El Mochuelo Bajo que no valía más de $ 20.000.000, pero el quejoso no se lo tuvo como abono porque según él hacía parte de un préstamo de dinero. Finalmente hicieron otro negocio en donde le entregó un apartamento en el barrio La Alejandra , que estaba próximo a que declararan la refinanciación del crédito conforme la Ley 546 de 1998 y no debió ofrecérselo ya que se podía caer porque la reestructuración no estaba bien hecha y podía efectuarse el control de legalidad del remate.

Reconoció que enero de 2017 llegaron a un acuerdo e n el que plasmaron las deudas y créditos, aunque quedaron situaciones por fuera.

Aportó copia de tres certificados de depósito judicial y de consulta de estados de procesos 2002-01032, 2012-00198, 2003-5471, 2012-0038 y 2018-004813.

-Ampliación de la que ja del señor Orlando de Jesús Bermúdez Cadavid, en la que se ratificó de los hechos denunciados en su integridad.A - 16233

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-Ampliación de la que ja del señor Orlando de Jesús Bermúdez Cadavid, en la que se ratificó de los hechos denunciados en su integridad.A - 16233

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Allegó copia de contrato de prestación de servicios con el abogado de 1 de diciembre de 2010, y de recibo de caja menor por comisiones por valor de $ 10.000.00014.

En siguiente sesión de audiencia de pruebas y calificación, el abogado manifestó su intención libre y voluntaria de confesar los hechos materia de investigación15.

La magistrada sustanciadora calificó la actuación disponiendo la terminación anticipada parcial, respecto de posibles irregularidades en maniobras para lograr el desembolso de dineros que tenían como propósito los negocios realizados desde el año 2010 y hasta el 8 de octubre de 2016, por la ocurrencia de la prescripción p arcial. Así como las cifras de dinero regresadas al quejoso con antelación de esta última fecha. Contra esta decisión el quejoso no interpuso recurso alguno.

Por otra parte, profirió auto de cargos en contra del abogado EDWIN FRANCISCO GÓMEZ RODRÍGUEZ 16, p or la falta descrita en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 20 07 y con ello infringir el deber descrito en el artículo 28 numeral 8 ibidem, a título de dolo,

artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 20 07 y con ello infringir el deber descrito en el artículo 28 numeral 8 ibidem, a título de dolo, normas a cuyo tenor exponen en lo pertinente:

“Artículo 28. Deberes profesionales del abog ado. Son deberes del abogado: (…)

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales.

Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (…)

13 26DocumentosDisciplinable - 02SoporteProbatorioQuejaDisciplinaria 14 02AmpliacionQueja 15 A partir del minuto 17:45 del archivo 35VideoAudienciaCargosConfesion06102021 16 Minuto 6:45 de la audiencia de pruebas y calificación provisional contenida en audio 1100111020002016057420020181113145529, (f. 307 c.o.2).A - 16233

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4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documento s recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

Lo anterior, al considerar que el profesional del derecho, no entregó a la brevedad la suma de $ 117.815.000 al quejoso, que recibió con el fin de ser beneficiario de remates de bienes en algunos procesos judiciales, conforme al acuerdo suscrito entre los interesados en enero de 2017.

la brevedad la suma de $ 117.815.000 al quejoso, que recibió con el fin de ser beneficiario de remates de bienes en algunos procesos judiciales, conforme al acuerdo suscrito entre los interesados en enero de 2017.

Precisó la magistrada de instancia que se trató de un total de $ 185.000.000, de los cuales el abogado regresó al quejoso $ 43.795.000, quedando un saldo insoluto de $ 141.200.000. Que luego, plasmaron un acuerdo de pago y regreso de proceso en el que el jurista extendió un pagaré en garantía por $ 142.000.000.

Indicó que con posterioridad el abogado le regresó $ 38.795.000 y en otra ocasión $ 5.000.000. Que en septiembre de 2018 el jurista le propuso un nuevo negocio para la adquisición de una propiedad, celebrando un contrato de cesión de derechos de crédito del proceso 2007-00175 adelantado ante el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá, por un monto de $ 80.000.000, pagaderos así: $ 18.000.000 para el impuesto de remate; $ 35.000.000 como abono a la deuda, $ 20.000.000, con un inmueble de propiedad del señor Orlando de Jesús Bermúdez Cadavid, un vehículo que entregaría al letrado y el saldo de $ 7.000.000, se pagaría en cuotas de $ 1.000.000 a partir de diciembre de 2018, luego de lo cual el profesional no volvió a contactar a su cliente, entonces, el valor total no entregado por el abogado al señor Orlando de Jesús Bermúdez Cadavid fue la suma de $ 117.815.000.

de 2018, luego de lo cual el profesional no volvió a contactar a su cliente, entonces, el valor total no entregado por el abogado al señor Orlando de Jesús Bermúdez Cadavid fue la suma de $ 117.815.000. Efectuada la calificación, la magistrada indagó nuevamente al disciplinado si era su intención mantener su confesión frente a losA - 16233

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hechos siendo consciente de la sanción que iba a imponerse, frente a lo cual el abogado señal ó: “Sí honorable magistrada estoy totalmente consciente de eso”17.

En consecuencia, las diligencias permanecieron al despacho para proferir fallo.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 15 de marzo de 2024 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses al abogado EDWIN FRANCISCO GÓMEZ RODRÍGUEZ tras hallarlo responsable de incurrir en la falta contra la honradez prevista en el artículo 35 numeral 4° de la Ley 1123 de 2007 y con ello infringir el deber consagrado en el artículo 28 numeral 8 de la misma norma.

Como sustento de lo anterior, estimó el a quo que en virtud de los negocios celebrados desde el año 2010 entre el quejoso Orland o de

deber consagrado en el artículo 28 numeral 8 de la misma norma.

Como sustento de lo anterior, estimó el a quo que en virtud de los negocios celebrados desde el año 2010 entre el quejoso Orland o de Jesús Bermúdez Cadavid y el profesional EDWIN FRANCISCO GÓMEZ RODRÍGUEZ el primero entregó diversas sumas de dinero, con el fin de acceder a propiedades en calidad de rematante.

Indicó la primera instancia que el quejoso entregó un total de $ 185.000.000, al abogado de los cuales el abogado regresó $ 43.795.000, quedando un saldo insoluto de $ 141.200.000 , plasmando en un acuerdo y el jurista extendió un pagaré en garantía por $ 142.000.000. Después le regresó $ 38.795.000 y en otra ocasión $ 5.000.000.

17 Minuto 1:13:50 del archivo 35VideoAudienciaCargosConfesion06102021A - 16233

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Luego, en septiembre de 2018 el jurista le propuso un nuevo negocio, para la adquisición de otro inmueble, entonces, celebraron un contrato de cesión de derechos de crédito dentro de proceso 2007 -00175 adelantado ante el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá, por valor de $ 80.000.000, pagaderos así: $ 18.000.000 para el impuesto de

de cesión de derechos de crédito dentro de proceso 2007 -00175 adelantado ante el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá, por valor de $ 80.000.000, pagaderos así: $ 18.000.000 para el impuesto de remate; $ 35.000.000 como abono a la deuda , $ 20.000.000, con un inmueble de propiedad del quejoso, un vehículo que entregaría el señor Orlando de Jesús Bermúdez Cadavid y el saldo de $ 7.000.000, en cuotas de $ 1.000.000 a partir de diciembre de 2018, luego de lo cual el profesional desapareció, entonces, el valor total no entregado por el abogado fue la suma de $ 117.815.000.

En punto a la antijuridicidad, señaló el a qu o que no se encontraba justificada la afectación sustancial al deber de obrar con honradez , pues el mismo profesional refirió que confesaba la comisión de dichos comportamientos y que asumía su responsabilidad.

Frente a la culpabilidad, destacó la modali dad dolosa de la conducta del abogado quien obró con pleno conocimiento que no podía mantener los dineros de su cliente y que le correspondía regresarlos a la brevedad, optando voluntariamente por no hacerlo.

Para efectos de la dosificación de la sanción, tuvo en cuenta el criterio general de la modalidad dolosa de la conducta , la circunstancia de agravación de que trata el artículo 45 literal C numeral 4 del CDA, al haber usado en beneficio propio el dinero entregado por su cliente, lo que se colegía al h aber suscrito un pagaré con la promesa de regreso

agravación de que trata el artículo 45 literal C numeral 4 del CDA, al haber usado en beneficio propio el dinero entregado por su cliente, lo que se colegía al h aber suscrito un pagaré con la promesa de regreso del dinero que incumplió, y la causal de atenuación al haber confesado la falta antes de la formulación de los cargos, por lo que estimóA - 16233

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necesario, razonable y proporcional imponer SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN por el término de CUATRO (4) MESES.

DE LA APELACIÓN

La sentencia fue notificada a los intervinientes el 8 de julio de 202418, e inconforme con la decisión, el disciplinado mediante correo electrónico de 11 del mismo mes y año interpuso recurso de apelación 19, en el cual manifestó:

“el último acto y por el cual se admitió culpabilidad fue por lo acontecido en el mes de septiembre de 2018. Ahora bien, revisando la fecha de la sentencia del presente proceso disciplinario en la cual se me sanciona, se da el día quince (15) de Marzo del año 2024, con lo cual ya están prescritos los términos para decretar una sanción en mi contra”.

Precisó que en noviembre de 2020 el quejoso no le entregó nuevos dineros y que el último contacto con aquel se dio en septiembre de

cual ya están prescritos los términos para decretar una sanción en mi contra”.

Precisó que en noviembre de 2020 el quejoso no le entregó nuevos dineros y que el último contacto con aquel se dio en septiembre de 2018 cuando le propuso un negocio y recibió $ 18.000.000, hechos por los cuales admitió su responsabilidad, por lo que al haber transcurrido más de cinco años desde esa data, no podía proferirse sentencia en su contra, por lo que solicitó revocar la sentencia sancionatoria al haber acaecido la prescripción.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

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Las diligencias arribaron a segunda instancia y correspondieron por reparto del 29 de octubre de 202420 a quien funge como ponente.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Competencia.

Es competente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para conocer del presente asunto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política, modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024, que señala que esta Corporación será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión y conocer de los recursos de apelación incoados en contra de los procesos adelantados por las

encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión y conocer de los recursos de apelación incoados en contra de los procesos adelantados por las Salas Jurisdiccionales Discipl inarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, hoy Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

Conforme al principio de limitación enunciado en el artículo 234 de la Ley 1952 de 2019 21, aplicable por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 200 7, l a competencia de esta Corporación, en virtud del recurso de apelación incoado por el disciplinable, se dirige a analizar los aspectos censurados y aquellos que resulten inescindiblemente vinculados a su objeto. De acuerdo con los hechos de relevancia s e encuentra que el abogado EDWIN FRANCISCO GÓMEZ RODRÍGUEZ , fue llamado a responder disciplinariamente porque en el marco de la relación profesional con el señor Orlando de Jesús Bermúdez Cadavid, recibió

20 001Acta 21 Artículo 234: “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.A - 16233

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diversas sumas de dinero con el fin de beneficiarse de la adquisición

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diversas sumas de dinero con el fin de beneficiarse de la adquisición de vivienda en asuntos judiciales donde se efectua ron remates de bienes, sin que una vez surgido un conflicto con ocasión del incumplimiento de uno de los contratos de cesión de crédito, que desató la ruptura de la relación, regresara a la brevedad la suma de $ 117.815.000 a su cliente.

Las pruebas recaudadas permitieron establecer no solo la gestión profesional en cabeza del abogado desde el año 2010 en diversos negocios donde el quejoso resultó ser cesionario de derechos en asuntos jur isdiccionales, sino que luego de un conflicto por incumplimiento de uno de los contratos, para enero de 2017 los contratantes llegaron a un acuerdo en los siguientes términos:A - 16233

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Según las manifestaciones ratificadas con los apremios del juramento por el quejoso, luego de que el jurista hiciera unos abonos por $ 38.795.000 y $ 5.000.000, el pacto fue incumplido por el profesional, quien lo ubicó en septiembre de 2018 y le propuso un nuevo negocio, celebrando un nuevo contrato de cesión por valor de $ 80.000.000, de los cuales , Bermúdez Cadavid entregó $ 18.000.000 para hacer

quien lo ubicó en septiembre de 2018 y le propuso un nuevo negocio, celebrando un nuevo contrato de cesión por valor de $ 80.000.000, de los cuales , Bermúdez Cadavid entregó $ 18.000.000 para hacer postura para un remate, pero el negocio tampoco prosperó.A - 16233

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Fue así como el quejoso decidió poner en conocimiento de esta jurisdicción los hechos, anunciando que para la fecha de la que ja, el jurista le adeudaba un total de $ 117.815.000, situación que fue reconocida y confesada por el profesional del derecho, señalando que en efecto adeudaba dicho valor a su cliente y que asumía la responsabilidad.

Concretado el marco fáctico y las con secuencias de la confesión de la falta, fue reprochado su comportamiento , imponiéndosele sanción de suspensión del ejercicio profesional de cuatro (4) meses , por incurrir en la falta a la honradez prevista en el artículo 35 numeral 4 del CDA, y la inobserv ancia del deber descrito en el artículo 28 numeral 8 ibidem, en la modalidad dolosa . El disciplinado, en la oportunidad legal, interpuso recurso de apelación en el que solicitó se revocara la sentencia en su contra, argumentando como único pilar la ocurren cia de la prescripción, dado que su último acto fue en septiembre de 2018

legal, interpuso recurso de apelación en el que solicitó se revocara la sentencia en su contra, argumentando como único pilar la ocurren cia de la prescripción, dado que su último acto fue en septiembre de 2018 cuando recibió del quejoso el rubro de $ 18.000.000, por lo que , a la fecha, en su sentir, ha brían transcurrido más de cinco años y en consecuencia operó la prescripción de la acción disciplinaria.

Pues bien, para abordar el problema jurídico que en esta oportunidad concita la atención de esta Colegiatura, conviene precisar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1123 de 2007, constituye causal de extinción de la acción disciplinaria “2. La prescripción”. A su turno, el artículo 24 de la misma preceptiva señala que el ius puniendi estatal fenece en el plazo de cinco (5) años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.A - 16233

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Así lo refiere la norma:

“Artículo 24. Términos de prescripción. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma.

cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas”.

La Corte Constitucional, en sentencia C-556 del 31 de mayo de 2001, con ponencia del honorable magistrado Álvaro Tafur Galvis, refirió sobre el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria:

“La prescripción de la acción es un instituto de orden público, por virtud del cual el Estado cesa su potestad punitiva -ius puniendipor el cumplimiento del término señalado en la ley. (…) Dentro del proceso disciplinario, la prescripción permite tener certeza de que a partir de su declaratoria la acción disciplinaria iniciada deja de existir. En este sentido, la necesidad de un equilibrio entre el poder sancionador del Estado, y el derecho del servidor público a no permanecer indefinidamente sub judice y el interés de la administración en ponerle límites a las investigaciones, de manera que no se prolonguen indefinidamente, justifica el necesario acaecimiento de la prescripción de la acción (…)”.

De cara a la jurisprudencia traída a colación, debe señalarse que el comportamiento desplegado por el abogado EDWIN FRANCISCO GÓMEZ RODRÍGUEZ es de carácter permanente que se mantiene latente en el tiempo hasta tanto no cese, esto es, cuando se cumpla con la entrega del bien a su destinatario, por lo tanto, persiste mientras no se produzca la entrega efectiva y no se puede predicar

latente en el tiempo hasta tanto no cese, esto es, cuando se cumpla con la entrega del bien a su destinatario, por lo tanto, persiste mientras no se produzca la entrega efectiva y no se puede predicar que el acto concluyó.A - 16233

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No. 110011102000 2019 04783 01

REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA

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Y pese a que en la sentencia, la magistrada hizo alusión a la fecha de noviembre de 2020 fue para referir que luego del contrato suscrito en septiembre de 2018 que el profesional incumplió, según el quejoso, reapareció en noviembre de 2020 a proponerle nuevos inmuebles, esta data nada tuvo que ver con la imputación fáctica referida al impago del valor del acuerdo de enero de 2017 y a la cifra de $ 18.000.000 entregada por el quejoso en septiembre de 2018, por lo que esta imprecisión no desvirtúa la improcedencia de la prescripción alegada por el jurista en su alzada.

En ese sentido, comoquiera que incluso al momento de la confesión de la falta en sesión de audiencia de pruebas y calificación profesional de 6 de octubre de 2021, el profesional admitió que adeudaba a su cliente el valor de $ 117.815.000, se colige que no han transcurrido a la fecha los cinco años consagrados por la norma para determinar el fenecimiento de la acción disciplinaria.

Por esa razón, pese a que la prescripción es una garantía que permite evitar que las investigaciones se prolonguen indefinidamente en el

la fecha los cinco años consagrados por la norma para determinar el fenecimiento de la acción disciplinaria.

Por esa razón, pese a que la prescripción es una garantía que permite evitar que las investigaciones se prolonguen indefinidamente en el tiempo, conllevando la pérdida de competencia del Estado para ejercer la potestad investigativa y sancionatoria en el plazo previamente señalado por la ley, en el presente caso no ha transcurrido el plazo normativo, por lo que el argumento de prescripción con sustento en que la fecha de ejecución del acto se dio el último día en que el jurista recibió dinero del cliente, no está llamado a prosperar.

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