CSDJ - F05001110200020150143701ADJUNTA20190401095443-2019

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SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., 28 de marzo de 2019 Aprobado según Acta de Sala No. 17 de la misma fecha.

Magistrado Ponente: Doctor Camilo Montoya Reyes Radicado N° 050011102000201501437 01

ASUNTO Procede la Sala a resolver el recurso de APELACIÓN interpuesto por el abogado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID, contra el fallo proferido el 31 de octubre de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia1, mediante el cual lo sancionó con cuatro (4) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente para el año 2015, al hallarlo responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 1 del artículo 372 de la Ley 1123 de 2007, calificada a título de culpa. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL Hechos. La presente investigación disciplinaria se originó en la queja interpuesta por el señor Camilo Antonio Correa, quien refirió haber contratado los servicios del abogado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID, para que iniciara y tramitara hasta su culminación proceso de pertenencia contra Mariela Fernández Gómez. Según indicó, a pesar de haberle cancelado los honorarios al disciplinado, éste demoró en la iniciación del proceso un año y 5 meses, y presentada la demanda ante el Juzgado

1 Sala dual conformada por los Magistrados Claudia Roció Torres Barajas y Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez. 2 ARTÍCULO 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional: 1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

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M.P. CAMILO MONTOYA REYES Radicado N° 050011102000201501437 01

Referencia: Abogado en Apelación Promiscuo Municipal de San Gerónimo el 28 de mayo de 2014, no subsanó los requisitos para su admisión, por lo que fue rechazada.

Actuación procesal. 1.- Calidad de disciplinable. La Secretaría del Seccional de Instancia, remitió certificado No. 079952015 expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, donde se acreditó la calidad de abogado de MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID identificado con la cédula de ciudadanía No. 3620317 y tarjeta profesional No. 19822, vigente. 2.- Apertura de investigación. Verificada la condición de sujeto disciplinable del inculpado, la Magistrada de instancia Claudia Roció Torres Barajas mediante auto de 29 de julio de 2015, conforme al artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el abogado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID y fijó fecha para la realización de la audiencia de pruebas y

calificación provisional para el 9 de febrero de 2016. La cual no pudo realizarse por inasistencia del investigado 3.- Audiencia de pruebas y calificación provisional. El 10 de agosto de 2015 se dio inicio a la mencionada audiencia, asistieron el investigado abogado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID y el quejoso. La Magistrada instructora procedió a escuchar en ampliación y ratificación de la queja al señor Camilo Antonio Foronda Correa. 3.1.- Ampliación de la queja. Según el quejoso, celebró contrato de prestación de servicios con el investigado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID, el 28 de diciembre de 2012 a fin de que el profesional iniciara y llevara hasta su terminación proceso de pertenencia sobre un inmueble ubicado en el municipio de San Jerónimo 2

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Referencia: Abogado en Apelación – Antioquia. Según el quejoso le hizo entrega al togado de la suma de $1.000.000 por concepto de honorarios, y la documentación requerida en el asunto, sin embargo el togado se demoró en iniciar la actuación. El togado nunca le manifestó de algún inconveniente presentado en la actuación encomendada.

Acto seguido, la Magistrada de instancia corrió traslado al encartado, a fin de solicitar las pruebas pertinentes y conducentes. 3.2.- Decreto y Práctica de Pruebas. Fueron decretadas por el a quo las siguientes:

• Al Juzgado Promiscuo Municipal de San JerónimoAntioquia, informara si aparece radicada demanda de pertenencia, siendo demandante el señor Camilo Antonio Foronda Correa y demandado Mariela Fernández Gómez y otros, en caso afirmativo certificara si el investigado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID obró como apoderado. - Fecha de presentación de la demanda, para lo cual debía allegar copia de la misma, las actuaciones realizadas, y si hubo inactividad atribuible al investigado. - Certificara si se adoptó decisión de fondo, allegar copia de la misma y su ejecutoria. - A la Oficina de Planeación del Municipio de San Jerónimo certificara si la edificación construida por el señor Foronda cumplía con el retiro obligatorio respecto al rio Aburrá y si en caso negativo mantendría la vigencia de la licencia otorgada para la construcción.

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Referencia: Abogado en Apelación - Se incorporó como prueba copia del poder otorgado por el quejoso al

abogado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID.

El 7 de marzo de 2017 se continuó con la audiencia de pruebas y calificación provisional, asistió el profesional encartado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID. La Magistrada de instancia le corrió traslado al investigado para que rindiera su versión libre.

3.3.- Versión libre. Según el investigado, asumió la representación del señor Camilo Antonio Foronda Correa, para adelantar un proceso especial de pertenencia ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jerónimo, sobre un inmueble cuyo valor comercial superaba los $120.000.000 millones, pactando como honorarios la suma de $2.000.000; es decir, el 1.6%, cuando la tarifa legal autoriza hasta el 20%. Señaló que los honorarios fueron fijados al tener en cuenta la capacidad económica de su poderdante, quien no tuvo reparo alguno. Consideró el encartado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID haber cumplido con el compromiso adquirido hasta cuando el quejoso le revocó el poder, frente a una contingencia la cual permitía presentar la demanda nuevamente. Según indicó, con las pruebas allegadas se demostraba que presentó la demanda y con ella 17 traslados con sus respectivos anexos; además de haber retirado los oficios que debía ser entregados a algunas entidades del estado, algunos de los cuales fueron contestados, razón por la cual fue requerido, sin que fuera una actuación a su cargo, pies dicha competencia radica en el juez del asunto. 4

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Referencia: Abogado en Apelación Según el togado, en alguna ocasión le informó al quejoso de su deseo de renunciar al poder, pero éste no accedió. Una vez se declaró el desistimiento tácito de la

actuación el 25 de agosto de 2015, el encartado contaba con dos alternativas, presentar nuevamente la demanda y apoyarse en el material ya recopilado, pero su mandante le revocó el poder, y la segunda no presentar demanda, por cuanto estaba llamada a fracasar, pues el inmueble se encontraba en zona de alto riesgo, situación no conocida por el encartado al momento de aceptar la gestión. A pesar de dicha circunstancia le fue otorgada al quejoso, licencia de construcción; sin embargo éste se extendió hasta la zona de retiro con el rio Aburra. Reiteró que fue ante la revocatoria del poder que no pudo volver a adelantar actuación alguna, pese a haber sido quien realizó algunas gestiones para obtener los documentos pertinentes, lo cual justifica los honorarios entregados por el querellante. El 7 de septiembre de 2016 se allegó con destino a las diligencias disciplinarias, respuesta al oficio No. 773 de 23 de agosto de 2016 por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de San Jerónimo – Antioquia, donde informó las actuaciones realizadas en el proceso de pertenencia Radicado No. 2014-00084, en el que fungió como demandante el señor Camilo Antonio Foronda Correa y demandada Mariela Fernández Gómez y otros. Según el despacho de conocimiento en el mismo fungió como apoderado del demandante, hoy quejoso el investigado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID (fls. 48 – 52 C.O). Así mismo, el 16 de septiembre de 2016 la Secretaría de Planeación del municipio de San JerónimoAntioquia, allegó certificación respecto a la licencia de construcción

otorgada al quejoso, en el predio objeto del proceso de pertenencia. 5

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Referencia: Abogado en Apelación 3.3.- Formulación de cargos. El 4 de mayo de 2017 la Magistrada de instancia con la presencia del quejoso y el investigado procedió a calificar la conducta del encartado, endilgándole al profesional investigado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID la posible incursión en la falta descrita en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007 y la vulneración del deber consagrado en numeral 10 del artículo 28 ibídem, conducta calificada a título de culpa. Por cuanto no solo demoró la iniciación del proceso de pertenencia, sino además, no procuró subsanar las exigencias y requisitos exigidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de San JerónimoAntioquia, por lo que la demanda fue rechazada el 25 de agosto de 2015. 3.4.- Ampliación de práctica de pruebas. La Magistrada de instancia de acuerdo con la petición elevada por el investigado, ofició al Hospital Pablo Tobón Uribe, certificara cuantas intervenciones quirúrgicas se le practicaron al abogado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID durante el año 2013 y a cuantas sesiones de terapia asistió. Respuesta allegada el 17 de mayo de 2017.

4. Audiencia de Juzgamiento. Se dio inició el 4 de agosto de 2017, asistió el

investigado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID y el quejoso. Sin más pruebas que practicar la Magistrada de instancia corrió traslado al disciplinado a fin de que rindiera sus alegatos de conclusión. 4.1 Alegatos de Conclusión. Según el investigado, la queja interpuesta no es más que una retaliación del señor Foronda Correa, quien pretendió intimidarlo, confiado en que el togado no sabría representarse a sí mismo, producto de la ignorancia y manipulación de otro profesional del derecho. 6

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Referencia: Abogado en Apelación Cuestionó los cargos endilgados en su contra. En cuanto a la demora en iniciar la actuación, adujo no existir norma alguna que indique cual es el lapso empleado por un abogado para presentar una demanda, pues cada caso es diferente. Según indicó, la gestión encomendada por el quejoso tenía cierto grado de dificultad debido a los documentos que debían reunirse para instaurar la respectiva demanda. Manifestó haber realizado actuaciones previas a instaurar la demanda tales como, la expedición del certificado de Libertad y Tradición del inmueble objeto de pertenencia, averiguar el nombre y dirección de los herederos a quienes se pretendía demandar; además, durante el año 2013 fue sometido a varias cirugías y debió realizar sesiones de fisioterapia, y no pudo percatarse de los requerimientos efectuados por el Juzgado de

San JerónimoAntioquia, pues era el único asunto que adelantaba en ese despacho; por lo tanto indicó no podérsele endilgar la presunta inactividad. Según indicó el investigado, la decisión de rechazar la demanda por no subsanar algunos requisitos, se basó en una norma derogada, esto es el C.P.C, pues para la fecha de la decisión ya se encontraba en vigencia el C.G.P. y el Juez del caso debió haber proferido sentencia en el proceso de pertenencia en los 6 meses siguientes a la presentación de la demanda. Por lo tanto la decisión adoptada una vez vencido dicho lapso se consideraba ilegal, no pudiendo ser sancionado por esa situación. Una vez rechazada la demanda, el quejoso procedió a revocarle poder, por lo tanto no pudo continuar con su representación, a pesar de haber obtenido los documentos necesarios para iniciar el proceso de pertenencia. Por lo anterior refirió que su conducta no se encuentra prevista en la Ley como falta disciplinaria y por ende debe ser declarado no responsable. En la misma audiencia interpuso recusación contra los doctores Claudia Rocio Torres Barajas y Gustavo Adolfo Hernández Quiñones, de acuerdo con lo consagrado en los 7

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Referencia: Abogado en Apelación numerales 1 y 5 del artículo 613 de la Ley 1123 de 2007, en razón a que la

Magistrada ponente ordenó compulsar copias contra el investigado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID para que fuera disciplinariamente, (sin aclarar en qué asunto), con lo cual quedaba demostrado un interés directo por parte de la funcionaria, sumado al hecho de que con su compañero de sala Gustavo Adolfo Hernández Quiñones conoce de la queja interpuesta por el abogado contra el Juez Promiscuo del Circuito de Dabeiba sin que haya proferido decisión alguna. Por lo tanto solicitó que en aras de la imparcialidad y a fin de proferirse una sentencia justa aceptaran la recusación propuesta contra los mencionados Magistrados. En auto de 31 de agosto de 2017 la Magistrada Gladys Zuluaga Giraldo resolvió declarar infundada la recusación propuesta por el investigado contra los Magistrados Claudia Roció Torres Barajas y Gustavo Adolfo Hernández Quiñones, quienes el 29 de agosto de esa anualidad no aceptaron la solicitud interpuesta por el investigado. la Magistrada Claudia Roció Torres Barajas señaló que la compulsa de copias no configuraba un interés directo en el asunto, además no había sido vinculada a ninguna investigación, ni proferido resolución de acusación o formulación de cargos por denuncia o queja presentada por alguno de los intervinientes, por lo tanto no acepto la mencionada recusación. En cuanto al Magistrado Gustavo Adolfo Hernández Quiñones, tampoco aceptó la mencionada recusación, habida cuenta que sus actuaciones se dieron en cumplimiento de sus funciones. Además no tenía trató directo con el disciplinado,

inclusive éste no podía aportar pruebas de la presunta enemistad grave. 3 ARTÍCULO 61. CAUSALES. Son causales de impedimento y recusación, para los funcionarios judiciales que ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes: (…) 1. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. (…) 5. Tener amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los intervinientes. 8

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Referencia: Abogado en Apelación En virtud de lo antes mencionado la Magistrada Gladys Zuluaga Giraldo, resolvió declarar infundada la recusación propuesta, por cuanto no aparecía demostrado cual era el interés de los funcionarios en el proferimiento de la decisión en el proceso de la referencia, causal la cual no encontraba respaldo alguno. Así como tampoco se podía derivar enemistad grave por el hecho de proferir decisiones judiciales que vayan contra las pretensiones de los intervinientes en las distintas actuaciones sometidas a su conocimiento, y menos por compulsar copias por hechos ajenos a los investigados; actuaciones que responden simplemente al cumplimiento de un deber legal.

Conforme a lo expuesto, para la Magistrada de instancia no se constituían los

requisitos esenciales para la procedencia de la aceptación de los argumentos esbozados en la recusación. SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN El Seccional de instancia mediante providencia de 31 de octubre de 2017, declaró disciplinariamente responsable al abogado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID, por su incursión en la falta descrita en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 a título de culpa y lo sancionó con suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio de la profesión y multa de un (1) salario mínimo legal mensuales vigentes para el año 2015. Para la Sala de instancia fue evidente la incursión del investigado en la falta a la debida diligencia descrita en el artículo 37 numeral 1 de la Lay 1123 de 2007, por cuanto de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario como lo era copia del proceso Radicado No. 2014-00084, el investigado fue contratado el 28 de septiembre de 2012 para iniciar y llevar hasta su terminación proceso de pertenencia, fecha en la 9

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Referencia: Abogado en Apelación cual además se le hizo entrega de $1.000.000 de pesos por concepto de honorarios; sin embargo el togado demoró la presentación de la demanda encomendada por el quejoso, pues instauró la misma el 28 de mayo de 2014. Indicó el seccional de

instancia, que además el togado no subsanó los requisitos necesarios para la admisión de la demanda, esto era determinar la cuantía del asunto, clase de proceso y aportar los registros civiles de nacimiento de 12 herederos; razón por la cual le fue revocado poder por parte del quejoso, con posterioridad al rechazo de la demanda el 25 de agosto de 2015. Así las cosas consideró la Sala, encontrar en grado de certeza la materialidad de la falta cometida por el abogado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID, por lo tanto se encontraba incurso en la falta prevista en el artículo 37 No. 1 de la ley 1123 de 2007, además de haber faltado al deber de diligencia profesional, razón por la cual fue sancionado disciplinariamente. RECURSO DE APELACIÓN Inconforme con la sentencia de 31 de octubre de 2017 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, el investigado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID interpuso recurso de apelación solicitando revocar la decisión de primera instancia, por cuanto en la misma no se tuvo en cuenta la exculpación presentada por el encartado con base en la historia clínica allegada al plenario, y con la cual quedaba acreditado que la demora en instaurar el proceso y el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Juzgado donde se tramitaba el asunto no eran imputables al profesional del derecho. Según indicó, la gestión encomendada por el quejoso tenía cierto grado de dificultad, máxime cuando el ordenamiento jurídico no ha establecido un término para la presentación de la

demanda en cuestión. 10

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Referencia: Abogado en Apelación Cuestionó el hecho que en la Providencia de primera instancia no se haga mención a la recusación interpuesta contra los Magistrados Claudia Roció Torres Barajas y

Gustavo Adolfo Hernández Quiñones. Concesión del recurso. La Magistrada de instancia concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de 12 de febrero de 2018 quien funge como ponente, avocó conocimiento de las diligencia, ordenó correr traslado al Ministerio Público y requirió a la Secretaría Judicial de esta Corporación, informar si contra el profesional investigado cursaban otros procesos por los mismos hechos. Concepto del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público fue notificado el 13 de marzo de 2018, y el 20 de ese mismo mes y año emitió concepto solicitando confirmar la decisión de primera instancia al considerar que no le asistía razón al investigado en su recurso de apelación, pues la Magistrada ponente no tenía la obligación de referirse a la recusación presentada en contra suya y de su compañero de Sala. Señaló además que si bien la ley no asigna o terminó para la presentación de la demanda en cuestión, el togado debe actuar en un término

prudencias para evitar afectar los derechos e intereses de su cliente. Para el representante del Ministerio Público, el investigado efectivamente incurrió en la falta a la debida diligencia profesional, y no puede excusarse en el hecho de estar 11

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Referencia: Abogado en Apelación incapacitado para no adelantar la gestión encomendada, pues advertida tal situación debió sustituir o renunciar al poder y ante la dificultad de obtener ciertas pruebas debió manifestarlo a su mandante.

Antecedentes disciplinarios. La Secretaría Judicial de esta Sala emitió certificación N° 283971 de 12 de abril de 2018, a través de la cual hizo constar que no aparecen registradas sanciones contra el abogado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID. Informó igualmente no cursar en su contra otras investigaciones por los mismos hechos. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de Administración de Justicia-, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.”, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de

la Ley 1123 de 2007 - Código Disciplinario del Abogado-. Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Corporación, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. 12

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Referencia: Abogado en Apelación Transitoriedad avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por el H. Corte Constitucional, que dispuso “6 De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de

la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda. Asunto a resolver. En este caso, corresponde a esta Corporación resolver el recurso de apelación instaurado contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2017 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual se sancionó con cuatro meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente al abogado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID, al hallarlo responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 1 del artículo 37 de la ley 1123 de 2007, que al tenor literal reza: “ARTÍCULO 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional: 13

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Referencia: Abogado en Apelación

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.” Planteó el investigado su recurso de apelación bajo dos aspectos los cuales serán

estudiados con la finalidad de determinar si le halla razón o no. De la recusación. Cuestionó el togado investigado que en la sentencia de primera instancia no se hubiese hecho referencia a la recusación presentada por éste contra los Magistrados Claudia Roció Torres Barajas y Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez. Frente al anterior planteamiento es importante indicar que interpuesta la petición por parte del investigado en la audiencia de Juzgamiento al rendir sus alegatos de conclusión, la Magistrada sustanciadora procedió a darle el trámite pertinente, por lo que ésta en auto de 29 de agosto de 2017 no aceptó la recusación propuesta por el Investigado con fundamento en el inciso 2 del artículo 64 de la ley 1123 de 2007, por cuanto los presupuestos para apartarse del conocimiento del asunto no se encontraban reunidos. Según la Funcionaria la compulsa de copias no implicaba interés directo en la actuación, sumado al hecho de no haber sido vinculada a una investigación disciplinaria en que se hubiese proferido resolución de acusación o formulado cargos por denuncia o queja instaurada por cualquiera de los intervinientes del presente asunto. El Magistrado Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez, de igual manera no aceptó la recusación propuesta en su contra por cuanto a su consideración no conocía al investigado, pues nunca había tenido trato directo con éste. Señaló que sus actuaciones han sido desarrolladas en el cumplimiento de sus deberes y no tenía interés en esta causa; además el togado no tenía ni podía aportar prueba alguna la 14

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Referencia: Abogado en Apelación cual demostrara la supuesta enemistad con el Magistrado, por lo tanto se trataba de afirmaciones subjetivas que no correspondían a la realidad. Consideró no existir causal alguna por la cual se debiera apartar del asunto.

Cumplido el trámite anterior la Magistrada Gladys Zuluaga Giraldo en auto de 31 de agosto 2017 declaró infundada la recusación presentada por el investigado MARIO ALFONSO JIMÉNEZ CADAVID, pues las causales invocadas por el encartado no se encontraban debidamente sustentadas. Para la Magistrada, el recusante no determinó cual era el interés de los funcionarios en el procedimiento de la decisión al interior del proceso disciplinario, además de no derivarse enemistad grave por el hecho del proferimiento de decisiones judiciales y menos por la compulsa por hechos ajenos al proceso de la referencia que corresponden a un simple cumplimiento del deber legal. Resuelta la solicitud de recusación presentada por el encartado y al no encontrarse causal alguna de impedimento contra los Magistrados de instancia, la Sala de instancia procedió a proferir fallo, sin que en el mismo fuera obligación pronunciarse sobre la solicitud expuesta por el togado, pues como se indicó, ya había sido resuelta. De la inexistencia de responsabilidad disciplinaria. Señaló el encartado en su recurso de apelación, no haber sido valorado por la Magistrada de primera instancia

lo relacionado con la historia clínica allegada al proceso disciplinario; además de no tener en cuenta sus justificaciones presentadas, en cuanto a la complejidad del proceso de pertenencia. Es importante destacar que si bien fue allegada al proceso disciplinario certificación expedida por el Jefe del Departamento Jurídico del Hospital Pablo Tobón Uribe en la cual se hizo un recuento de la historia clínica del disciplinado durante el año 2013, lo 15

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Referencia: Abogado en Apelación cierto es que tales justificaciones no son de recibo para ésta Sala. Observadas las diligencias disciplinarias y de conformidad con las demostrado en las misma, es claro que al investigado le fue otorgado poder desde el 28 de diciembre de 2012 para iniciar y llevar hasta su terminación proceso de pertenencia a favor del quejoso, para lo cual le fue cancelada la suma de $1.000.000 de pesos por concepto de honorarios..

Por lo tanto no puede el profesional del derecho excusarse en su dificultades de salud y en el hecho de haber recaudado algunos documentos para instaura la demanda, cuando según se observó, presentada ésta fue inadmitida y luego rechazada por no contar con los elementos de prueba necesarios, para su prosecución. Tal como lo manifestó el seccional de instancia el investigado demoró en instaurar la gestión encomendada 1 año y 5 meses, y si bien no existe un término legal perentorio

para interponer dicha acción, lo cierto es que desde un punto de vista ético, un profesional del derecho no puede iniciar la actuación encomendada en el tiempo que le parezca, sino debe actuar en un término prudencial y así evitar perjudicar los derechos e intereses de su cliente. Cuando un ciudadano acude a u