CSDJ - F11001110200020150105101ADJUNTA20190314121531-2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., trece (13) de marzo de dos mil diecinueve (2019) Magistrada Ponente: Doctora MAGDA VICTORA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 110011102000201501051 01 Aprobado según Acta Nº 14 de la misma fecha. ASUNTO A TRATAR Procede esta Superioridad a pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto, a través de apoderado, parte del disciplinado, CESAR AUGUSTO LONDOÑO MOLINA, contra la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá1, el 12 de septiembre de 2017, mediante la cual resolvió declararlo DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE de las faltas contempladas en el numeral 9 del artículo 33 y numeral 4 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 y sancionarlo CON SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE TRES (3) AÑOS HECHOS La presente actuación tuvo origen en la queja interpuesta el 24 de febrero de 2015 (F. 1-9 c.o.), por la señora LUZ STELLA OSPINA GÓMEZ contra el abogado CÉSAR AGUSTO LONDOÑO MOLINA, donde manifestó que el disciplinado le entregó a la quejosa y a ALEXANDRA INÉS RODRÍGUEZ ANDRADE la suma de $7.700.000.00

en mutuo, el cual fue respaldado con la firma del pagaré P-77628668 a favor de la empresa GRUPO ADU E.U, representada legalmente por el profesional denunciado. Relató que pagaron en su totalidad las cuotas correspondientes a la obligación, las cuales consignaba, en la cuenta de ahorros Nº 20365594524 del Banco de 1 Sala compuesta por los Magistrados MARTÍN LEONARDO SUÁREZ VARÓN (Ponente) y ANTONIO SUÁREZ NIÑO. República de Colombia Rama Judicial

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M.P. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS RADICADO NO. 110011102000201501051 01

ABOGADOS EN APELACIÓN Colombia, de lo cual tiene comprobantes habiendo cancelado en total la suma $19.000.000.00. Adujo, que a pesar que honraron sus obligaciones, el disciplinado inicio un proceso ejecutivo contra ellas, utilizando, como título el pagaré P-77628668, sin informar al Juzgado de conocimiento sobre los pagos efectuados. El citado juzgado libró mandamiento de pago, el cual fue objetado por el doctor LONDOÑO MOLINA y modificado el 1 de agosto de 2010, ordenando que se pagara el capital y los intereses moratorios pero se negó el cobro de una cláusula penal, el cobro pre jurídico y los honorarios del disciplinado. Afirmó que el disciplinado, mediante engaños, consiguió que junto con la otra demandada, comparecieran ante el Juzgado con el pretexto de retirar la demanda,

haciéndoles firmar unos documentos, que en realidad era la notificación personal de la demanda, sin que les explicaran lo que estaba ocurriendo o les dieran copia del proceso. Puntualizó que dada su falta de conocimientos jurídicos, convencida que había cumplido con la obligación y que el proceso había terminado, no contestó la demanda, ni presentó excepciones y solo se enteró de la realidad, en la diligencia de embargo y secuestro del inmueble de su propiedad, momento en el cual le otorgó poder al abogado DAGOBERTO PÉREZ PRADA, quien procedió a solicitar copias del proceso, para posteriormente allegar comprobantes de pago de la deuda por la suma de $19.000.000.00 y solicitar la terminación del proceso, por pago total de la obligación, solicitud que fue denegada por el funcionario de conocimiento, por considerarla extemporánea. Sostuvo que estando su vivienda a punto de ser rematada, por parte del señor Álvaro Enrique Becerra (cónyuge de la otra demandada), a quien el abogado denunciado cedió los derechos litigiosos, en el mes de diciembre de 2014 la señora Alexandra Rodríguez Andrade (la otra ejecutada), le solicitó la suma $10.000.000.00, por cuanto había tenido que pagarle al profesional del derecho investigado la suma de $20.000.000.00, para que retirara los embargos que pesaban en su contra. República de Colombia Rama Judicial

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ABOGADOS EN APELACIÓN Cuestionó los posibles arreglos realizados entre el disciplinado y ALEXANDRA INÉS RODRÍGUEZ, con la finalidad de defraudar su patrimonio, pues habiéndole pedido el recibo de los $20.000.000.00, nunca se lo mostró. Por todo lo anterior, solicitó investigar disciplinariamente a CESAR AUGUSTO LONDOÑO MOLINA, y que se suspendiera el proceso civil hasta tanto se definiera si los pagos realizados eran válidos. Finalmente aportó con su queja una serie de documentos para que fueran tenidos como pruebas dentro del proceso disciplinario (F. 10-91 c.o). ACTUACION PROCESAL El 23 de abril de 2015, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, con ponencia del Magistrado RAFAEL VÉLEZ FERNÁNDEZ, avocó conocimiento del proceso y ordenó acreditar la calidad de abogado del disciplinado (F. 93 c.o.). Según consulta web de la página del Consejo Superior de la Judicatura, se acreditó la calidad de abogado del disciplinado y su dirección de notificaciones (F. 95 c.o.). El 23 de abril de 2015 se ordenó abrir proceso disciplinario contra el abogado CESAR AUGUSTO LONDOÑO MOLINA y se señaló el 4 de junio de 2015 para la realización de la audiencia de pruebas y calificación (F. 94 c.o.). Mediante certificado 149277, emitido el 6 de mayo de 2015, se acreditaron los antecedentes disciplinarios del disciplinado, el cual fue sancionado el 13 de

octubre de 2011 con suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión (F. 107-108 c.o.). El 4 de junio de 2015 no fue posible realizar la audiencia citada debido a la inasistencia del disciplinado (F. 109 c.o.). República de Colombia Rama Judicial

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ABOGADOS EN APELACIÓN El 27 de julio de 2015, mediante auto suscrito por el Magistrado RAFAEL VÉLEZ FERNÁNDEZ, se declaró al disciplinado persona ausente, ya que habiéndose realizado edicto emplazatorio, este no compareció al proceso, por lo que se le designó un defensor de oficio (F. 112-114 c.o.). El 11 de septiembre de 2015 se instaló la audiencia de pruebas y calificación, a la cual asistieron la quejosa, su abogado, el Ministerio Público y la defensora de oficio de la disciplinable (F. 138-139 c.o.). La quejosa realizó la ampliación de su queja, en la cual manifestó todo estaba dicho en el documento contentivo de la denuncia que lo que buscaba era que se le solucionara la situación del embargo de su inmueble. A su turno, el apoderado de la quejosa señaló que la denuncia demostraba que al disciplinado se le pagaron $18.400.000.00 por una deuda de $7.700.000,00, embargó el apartamento de la quejosa y que la otra deudora, pagó $20.000.000.00 al

disciplinado para que levantara el embargo de los remanentes. Agregó que, el abogado ha recibido en total $41.000.000.00 por la obligación generada y que la otra deudora nunca exhibió el recibo del dinero que supuestamente le pagó al disciplinado. A su turno la defensora de oficio manifestó que no pudo comunicarse con el disciplinado por lo que se abstenía de solicitar pruebas, pero que pedía rechazar las pruebas aportadas por cuando eran impertinentes al no poder desvirtuar el ejercicio de buena fe realizado por su prohijado. Solicitó que se diera por terminado el procedimiento, resaltando que lo disciplinario no era un escenario para controvertir lo ocurrido en el proceso civil, como era la intención de la quejosa. La diligencia continuó el 29 de enero de 2016 (F. 179-180 c.o.), con la presencia de la quejosa, su abogado y la apoderada de oficio del disciplinado, pero no se pudo avanzar por la inasistencia de los testigos citados. Se ofició al banco Bancolombia con la finalidad de determinar si las demandadas consignaron dineros a favor del disciplinado. El 5 de abril de 2016 no se pudo instalar la audiencia debido a la inasistencia del disciplinado y de su defensora de oficio (F. 224 c.o.). Se continuó con el trámite el 26 de abril de 2016, con el conocimiento del proceso ahora en cabeza del Magistrado República de Colombia Rama Judicial

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ABOGADOS EN APELACIÓN WILFREDO HURTADO DÍAZ, día en el que se hicieron presentes la quejosa, su abogado y la defensora de oficio del disciplinado, quien pidió que se escuchara la versión de su representado, con el cual no pudo comunicarse y solicitó la suspensión de la diligencia. El Despacho instructor adujo, que no ordenaría la terminación anticipada del procedimiento ya que tenía que valorar los elementos aportados, como las consignaciones, teniendo en cuenta la gravedad de lo denunciado. Fue así como se escuchó el testimonio de ÁLVARO ENRIQUE BECERRA BARRETO, quien dijo ser el esposo de ALEXANDRA INÉS RODRÍGUEZ, y que conocía al disciplinado ya que su esposa fue a su oficina con la intención de obtener un préstamo. Afirmó que tenía entendido que el préstamo era de su esposa junto con la quejosa que su cónyuge pagó su parte, pero que no le constaba el monto inicial como tampoco el monto pagado. Refirió que como consecuencia de ese negocio jurídico perdió su casa, ya que la tenía hipotecada, y que se dio cuenta de que tenía el remanente embargado por el proceso iniciado por el disciplinado. Indicó que aproximadamente en junio de 2015 puso en venta ese inmueble, y ahí se percató del embargo del remanente, pero que la compradora le dio el dinero para levantar los dos gravámenes que pesaban sobre este.

Adujo que con el dinero dado por la compradora fue directamente donde el disciplinado y le consignó $15.000.000.00, que correspondía a lo de su esposa y a lo de la quejosa, pero que al pedirle un comprobante el disciplinado le indicó que le cedería los derechos del crédito. El testigo aportó los documentos que sustentaban estas afirmaciones, y argumentó que el disciplinado le dijo que la deuda total era de $24.000.000.00 pero que si le daba $15.000.000.00 podían conciliar la situación. Señaló que desde la cesión ha pedido que se le pague el 50% de lo que le entregó al disciplinado más los intereses, ya que esto es lo que le adeuda la quejosa. Enfatizó que sabía que su esposa y la quejosa eran amigas porque trabajaron juntas, pero que realmente no conoce a la quejosa. Puntualizó que designó un abogado en el proceso ejecutivo, pero que no conocía los avances del mismo ya que este le indicó que los Juzgados, para esa época estaban en paro. Acto seguido se escuchó a la señora ALEXANDRA RODRÍGUEZ ANDRADE, quien dijo que conocía al disciplinado ya que fue con la quejosa a obtener un préstamo de República de Colombia Rama Judicial

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ABOGADOS EN APELACIÓN él, por valor de $7.700.000.00. Señaló que firmaron un pagaré el cual estaba en

blanco, y el disciplinado les dijo que debían pagar en diciembre, pero pagaron más de un año después. Sostuvo que el día que le pagaron, en el 2011, el profesional del derecho las llevó al Juzgado de conocimiento para “parar” la demanda, pero que realmente no se trataba de un acto para terminar el proceso, como ellas creían, sino para embargarlas. Añadió que cuando se enteró de que el proceso seguía enfrentó al disciplinado, quien le manifestó que el proceso debía continuar porque ellas no pagaron cuando debían. Aclaró que el embargo de su apartamento fue en 2012, y que ante esto habló con la quejosa para que le pagaran al disciplinado el dinero que pedía, pero que la quejosa se negó. Reconoció que tanto ella como la quejosa estaban pagándole intereses al disciplinado, pero que no le cancelaron monto alguno por el capital y que una de las consignaciones que aparecía en el expediente no correspondía al préstamo de $7.700.000.00 sino de otro préstamo que la testigo tenía con el disciplinado. Aclaró que la consignación del 2010 correspondía a un crédito tomado por ella con el disciplinado en abril 2009, y que cuando este las embargó reunieron todas las consignaciones pero que esa “se fue” en el paquete. Informó que la quejosa y ella eran pensionadas, y que cada vez que les pagaban le consignaban al disciplinado, pero que el error fue que no pagaron en diciembre y que dejaron el respaldo del título valor en blanco, pagándole al disciplinado un interés del 5%, lo que por su parte correspondía a $200.000 mensual, y que al final –en julio de 2011se pagó el valor

del capital, dividido en $3.500.000 y $4.000.000, pero el disciplinado nunca le entregó el título valor firmado,. Concluyó que pagó dos veces la obligación porque faltaban 7 días para que le remataran su inmueble y tenía mucha urgencia, por lo que pensó que podía pagar y después reclamar. Con posterioridad a esta declaración, se compulsaron copias contra los Jueces que conocieron el proceso civil, ante la jurisdicción disciplinaria y al disciplinado ante la especialidad penal. República de Colombia Rama Judicial

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ABOGADOS EN APELACIÓN El 21 de julio de 2016 se continuó con el trámite, siendo este adelantado por el Magistrado MARTÍN LEONARDO SUÁREZ VARÓN, con la asistencia de la quejosa, su abogado, el disciplinado y su defensora de oficio. Se recibió testimonio de LUZ STELLA OSPINA GÓMEZ, quien manifestó que el disciplinado le dio un crédito el 20 de octubre de 2009, por un valor de $7.700.000,00 de los cuales ella tomó $3.000.000.00 y firmó un pagaré. Añadió que pagó de manera puntual los intereses y el capital, hasta que el 6 de junio se terminó de cancelar en su totalidad, momento para el cual ya habían sido demandadas por el disciplinado quien las invitó a que

fueran al Juzgado de conocimiento con el fin de terminar el proceso porque estaban a paz y salvo, que al dirigirse a este lugar el disciplinado les pidió las cédulas e ingresó, solo, al Juzgado y después las llamaron a firmar, sin que les explicaran lo que estaban firmando, y que salieron de allá con el convencimiento de que el proceso terminó, teniendo en cuenta que el disciplinado les dio un paz y salvo. Expuso que tiempo después la llamó la otra demandada para comentarle que el disciplinado le embargó el remanente de su inmueble, enterándose que también su apartamento se encontraba embargado. Relacionó que enfrentó al disciplinado quien le pidió que le diera $3.000.000.00 a lo cual se negó, y nombró un apoderado en lo civil que aportó la prueba de las consignaciones las cuales no fueron tenidas en cuenta por el Juez de conocimiento. Sostuvo que lo que motivó a denunciar al profesional del derecho investigado fue que a su amiga le iban a rematar su inmueble, y el disciplinado le pidió $20.000.000.00 para arreglar la situación, y ahora la otra demandada le pide que pague la mitad de ese dinero que presuntamente le entregó al disciplinado a lo cual se negó porque no tenía por qué pagar dos veces lo mismo, que en definitiva se le ha entregado más de $38.000.000.00 al disciplinado por la obligación y que el proceso ejecutivo continúa. Aclaró que ella pagó $150.000.00 y la otra demandada $225.000.00 mensuales al disciplinado, hasta el 6 de julio de 2011, donde pagaron $4.725.000.00 y

$3.150.000.00 terminando con el pago de la obligación y que no contrajo República de Colombia Rama Judicial

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ABOGADOS EN APELACIÓN obligaciones diferentes los $7.700.000 con el disciplinado o con su empresa, pero que la otra demandada si tenía un crédito diferente. Posteriormente se le recibió versión libre al disciplinado, quien dijo que para el momento de la queja las presuntas infracciones se encontraban prescritas y que no era sujeto disciplinable ya que actuó en calidad de representante de una persona jurídica. Puntualizó que las demandadas llegaron a su despacho y se realizó un préstamo por $7.700.000,00 el cual no fue cancelado, y que tenía una fecha de vencimiento que no coincidía con ninguno de los soportes allegados al despacho, que la prueba documental se desprendía claramente que la obligación no se pagó y que si bien existían consignaciones, esas correspondían al pago de otras obligaciones de las demandadas con él. A su juicio, los jueces de conocimiento aplicaron el derecho procedimental civil, y si la quejosa no contestó la demanda era porque no tenía manera de probar la excepción de pago, a pesar de que su esposo, quien la representa, tenía grandes conocimientos de derecho. A su parecer tanto ÁLVARO BECERRA como su esposa obraron correctamente, ya que pudieron sumarse a la queja para sustraerse de la obligación, aclarando que

estos realizaron la cesión de derechos litigiosos con el fin de tener como cobrarle a la quejosa el dinero que pagaron por lo que le correspondía a esta. Sostuvo que el supuesto pago se realizó a una cuenta que no aparecía en el pagaré, situación que iba en contra del principio de literalidad de los títulos valores y demostraba que las consignaciones correspondían al pago de otros créditos. Concluyó señalando que él podía presentar la demanda incluso si no fuera abogado y cedió los derechos litigiosos el 3 de junio de 2014. El 8 de febrero de 2017, no se pudo continuar la diligencia ya que el disciplinado no acudió, llevándose a cabo el 20 de febrero siguientes y a la misma asistieron la defensora de oficio, el abogado del quejoso y el Ministerio Público se prosiguió con el trámite. República de Colombia Rama Judicial

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ABOGADOS EN APELACIÓN En esta oportunidad la primera instancia procedió a calificar el mérito de la investigación, puntualizando que el disciplinado si era objeto del proceso disciplinario ya que actuó dentro del proceso ejecutivo como representante judicial de una persona jurídica y que indujo en error a las demandadas, con el fin de evitar que ejercieran acto de defensa alguno al interior del mismo, cercenando sus derechos en el mencionado trámite. Puntualizó que cuando por fin las demandadas advirtieron que tenían un proceso en

su contra, designaron un abogado, para que alegara el pago de la obligación pero que el Juzgado consideró que ya había pasado el momento procesal para hacerlo y no lo admitió, ante lo cual el disciplinado continuó impulsando el trámite hasta el 2014, cuando cedió el crédito. Narró que la presión del disciplinado llevó a ALEXANDRA RODRÍGUEZ ANDRADE a efectuar un segundo pago para levantar el embargo, convirtiendo a su esposo en el nuevo acreedor de la deuda, lo que revelaba una pretensión engañosa por parte del disciplinado, hacia las partes y hacia los Juzgados de conocimiento, por lo que sustrajo del deber contenido en el artículo 28 numeral 6 de la Ley 1223 de 2007, y lo hacía incurso en la falta del numeral 9 artículo 33 de la misma legislación, la cual consideró dolosa. Agregó que existía un segundo cargo, relacionado con la diligencia profesional ya que el disciplinado en su versión libre admitió que alguno de los pagos recibidos por las demandadas podía corresponder a la obligación, pero que no tenía claridad al respecto y que a pesar de ser consciente de que las demandadas realizaron consignaciones relacionadas con la obligación, prosiguió con el proceso, y nunca informó de esto a los Juzgados de conocimiento. Incluso, enfatizó que se opuso a las alegaciones relacionadas con el pago por parte de las demandadas, y propendió porque los pagos alegados por su contraparte en el proceso ejecutivo no fueran reconocidos. Por lo anterior, consideró la primera instancia que el disciplinado cometió infracción al deber del numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1223 de 2007, lo que

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ABOGADOS EN APELACIÓN eventualmente lo hacía incurso en la falta contenida en el numeral 4 del artículo 37 de la misma legislación, situación que también estimó dolosa. Finalizó formulándole cargos en los términos anteriormente descritos, ante lo cual la defensa de oficio manifestó que no solicitaría pruebas adicionales a las ya contenidas en el expediente. El 31 de marzo de 2017 se instaló la audiencia de juzgamiento, a la cual asistieron el disciplinado y el apoderado de la quejosa. Sin que restaran pruebas por practicar, el disciplinado presentó sus alegatos de conclusión, en los cuales manifestó que con la prueba documental era posible observar que todo versó sobre un proceso ejecutivo adelantado de conformidad con lo normado en la legislación procesal civil. Reiteró que el esposo de la quejosa, a quien conoció en la diligencia de embargo y secuestro, la representó en el proceso ejecutivo, pero que para cuando alegó el pago, ya no era la oportunidad procesal. Sostuvo que las demandadas si fueron notificadas y nunca pagaron la obligación, y que él siempre actuó de manera correcta porque, al no presentarse excepciones en el proceso ejecutivo por parte de las demandadas, lo procedente era continuar con la ejecución. Acotó que la sentencia proferida dentro del proceso ejecutivo estaba revestida de la presunción de legalidad, por lo que no era el proceso disciplinario el escenario para

controvertir esta situación y que no era verosímil que tanto él, como el secretario del Juzgado hubieran realizado actividades irregulares con el fin de cobrar un monto de dinero tan pequeño. Narró que no consideraba loable que la otra demandada, como se indica en la queja, se confabulara con el disciplinado para defraudar en a la quejosa, y que era falso que recibió $20.000.000.00 de manos del esposo de la otra demandada pues el valor de la cesión fue de $15.000.000.00. Puntualizó que los abonos correspondían a otra obligación, que las demandadas si pagaron, y respecto de la cual el desistió ante el Juzgado de conocimiento dentro del República de Colombia Rama Judicial

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ABOGADOS EN APELACIÓN término conciliado, aunado a que, de conformidad con el Código Civil, tenía la facultad, como acreedor, de imputar los pagos a la obligación que el disciplinado quisiera. Concluyó que los dos créditos, el que fue retirada su demanda por pago y el que nunca se canceló, ascendían a valores similares, teniendo en cuenta sus intereses, pero que concilió el segundo por $15.000.000.00 teniendo en cuenta que en el mandamiento de pago le negaron la cláusula penal. Enfatizó que entre las versiones de las demandadas existía una contradicción, lo que generaba duda, ya que una

decía que todo se hizo bien hecho, y la otra era la quejosa. Finalizó diciendo que a las demandadas les realizó unos 4 o 5 préstamos en total, algunos a nombre propio y otros a nombre de la persona jurídica, y que, si bien no negaba que algún pago podía ser de la obligación ejecutada, existía la posibilidad de que fueran de otros préstamos. De otra parte, sostuvo el disciplinado que, al tratarse las faltas endilgadas de conductas de ejecución instantánea, estaban prescritas. Por todo lo anterior, solicitó su absolución de los cargos endilgados. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Mediante providencia dictada el 12 de septiembre de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, DECLARÓ DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE de la comisión de las faltas estipuladas en el numeral 9 del artículo 33 y del numeral 4 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 al abogado CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO MOLINA, imponiéndole la sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de tres (3) años. En cuanto a la prescripción de la acción disciplinaria alegada por el investigado sostuvo el colegiado de primera instancia que en el asunto bajo estudio no había República de Colombia Rama Judicial

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ABOGADOS EN APELACIÓN

operado porque la primera falta disciplinaria imputada, que era de ejecución instantánea, se consumó el 3 y 4 de junio de 2014, cuando ALEXANDRA RODRÍGUEZ y su esposo realizaron un pago para lograr el levantamiento del embargo sobre su vivienda, y el disciplinado radicó un memorial ante el Juzgado de conocimiento solicitando levantar este embargo y cediendo el crédito y en cuanto atañe a la segunda falta preciso que era una conducta de ejecución permanente, y se cometió mientras el disciplinado omitió informar los pagos de las demandadas al Juzgado de conocimiento, situación que cesó el 4 de junio de 2014 con la cesión del crédito. Concluyó que desde esas fechas hasta la emisión de la sentencia de primera instancia no transcurrieron los 5 años necesarios para que se consolidara el fenómeno prescriptivo. En lo que atañe a los cargos imputados y luego de efectuar un recuento de las actuaciones del disciplinado y de la quejosa en el proceso ejecutivo, el juez colegiado de primera instancia manifestó que era evidente que el disciplinado, de manera fraudulenta, había logrado que ÁLVARO ENRIQUE BECERRA le pagara la suma de $15.000.000.00, por la obligación que sus demandadas habían contraído mediante el pagare objeto de la ejecución y liego de ello cedió el crédito en detrimento de las demandadas, una de las cuales todavía tenía su inmueble embargado producto del proceso. Sostuvo el A quo, que el disciplinado a pesar de conocer que en su cuenta bancaria se realizaron varias consignaciones correspondientes al título valor cobrado, y a estar

enterado que las demandadas consideraban pagado el préstamo, inició un proceso ejecutivo por la totalidad del monto de la obligación, mediante el cual presionó a una de las demandadas para que le pagara la suma de $24.000.000.00 para levantar el embargo, pero que a la postre le pagaron $15.000.000.00, pago que efectuó el señor RODRIGUEZ ANDRADE y su esposa no porque admitieran que debían dinero alguno al disciplinado, sino porque requerían que se levantara el embargo para vender su propiedad, por lo que, bajo la presión del disciplinado, accedieron a darle el dinero. República de Colombia Rama Judicial

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ABOGADOS EN APELACIÓN A juicio del juez disciplinario de primera instancia estos comportamientos se encuadraban en la falta del numeral 9 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, ya que el disciplinado participó en actos fraudulentos como la ejecución del crédito, la recepción de otro pago por la misma obligación y la cesión del crédito, en detrimento de los intereses de los demandados dentro del proceso civil En lo que atañe a la falta a la diligencia profesional contemplada en el numeral 4 del artículo 37 de Lay 1123 de 2007, sostuvo el colegiado de primera instancia que se había configurado, pues de los elementos probatorios, en especial las 34 consignaciones efectuadas por las señoras OSPINA GÒMEZ y RODRIGUEZ

ANDRADE, a la cuenta del abogado investigado, las cuales reconoció con su firma el 13 de julio de 2011, en constancia de aceptación de las mismas, era claro que el abogado tenía conocimiento y era consciente del pago de estos dineros, efectuados por sus deudoras desde el 9 de noviembre de 2009, hasta el 6 de julio de 2011, los cuales ascendían a la suma de $ 18.550.000.00, sin embargo omitió mencionar dicha circunstancia tanto al impetrar la demanda como en el trascurso del proceso ejecutivo que se adelantó con base en la obligación contenida el pagare P-77628668. Agregó, que si bien es cierto cuando desistió de la demanda acumulada respecto del pagare P-778110913 suscrito a su favor, dicha obligación había sido cancelada mediante tres consignaciones, pero no dijo nada respecto de los otros depósitos en su cuenta bancaria.. Lo anterior aunado al reconocimiento por parte del disciplinado que algunos de esos pagos correspondían al primer crédito, prueban a juicio de la Sala de primera instancia, que el disciplinado desatendió su deber profesional de llevar con celosa diligencia sus encargos profesionales, por lo que también era objetivamente comprobable la falta contenida en el numeral 4 artículo 37 de la Ley 1127 de 2007. En cuanto al aspecto subjetivo de los comportamientos reprochados al doctor LONDOÑO MOLINA y los argumento defensivos de este, no fueron de recibo por parte del magistrado de Primera Instancia, al considerar era irrelevante si los créditos fueron tomados con el disciplinado como persona natural o con la persona República de Colombia

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ABOGADOS EN APELACIÓN jurídica que este representaba, ya que estaba demostrado que fueron solo dos créditos, uno pagado en su totalidad, y que el disciplinado nunca informó al Juzgado de conocimiento que recibió pagos correspondientes al otro crédito, a pesar de conocer esta situación. De igual forma descartó que los testimonios de las demandadas fueran contradictorios, ya que las dos relataron los hechos de la misma manera y coincidiendo en cómo se dieron los eventos. Adujo que respecto al argumento esgrimido por el quejoso relacionado con la cesión del crédito, resultaba inadmisible que el profesional del derecho investigado siguiera afirmando que el pago de los $15.000.000.00, correspondían al crédito