CSDJ - F54001110200020120025702ADJUNTA20190530142105-2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil diecinueve (2019) Magistrado Ponente: MAGDA VICTORÍA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 540011102000201200257 02 Discutido y aprobado en Sala No. 35 de la misma fecha. ASUNTO A DECIDIR Negada la ponencia al Magistrado Camilo Montoya Reyes1, sería del caso que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura entrara a resolver el recurso apelación interpuesto contra la decisión de fecha 14 de julio de 2016, en sentencia emitida en Sala Dual2 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, mediante la cual ordenó declarar disciplinariamente responsables a las abogadas SONIA EDITH PALMA JAIMES y JUDITH CRUZ MOSQUERA, por la comisión de la falta descrita en el artículo 30 numeral 4º agravada por el artículo 45 literal C numerales 4º y 7º de la Ley 1123 de 2007, imputada a título de dolo imponiendo como sanción la EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión, de no ser porque se advierte la existencia de una causal de improceguibilidad de la actuación disciplinaria. HECHOS La queja La presente actuación disciplinaria tuvo origen en la queja3 formulada por los

señores CARLOS ARTURO CABALLERO PÁEZ y PAUSOLINA CELIS

RODRÍGUEZ del 19 de abril de 2012, en la cual manifestaron presuntas irregularidades de carácter disciplinario en las que pudieron haber incurrido las 1 Sala No. 99 del treinta y uno (31) de Octubre de dos mil dieciocho (2018). 2 Martha Cecilia Camacho Rojas (Ponente) y Calixto Cortes Prieto. 3 Fl. 1 – 4 c.o. 1ª Inst. República de Colombia Rama Judicial

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M.P. MAGDA VICTORÍA ACOSTA WALTEROS RADICADO N°. 540011102000201200257 02

REFERENCIA: ABOGADO EN APELACIÓN abogadas mencionadas, por cuanto en un principio le otorgaron poder a la doctora JUDITH CRUZ MOSQUERA, con el fin de interponer una demanda de responsabilidad médica contra la EPS SALUDCOOP, dentro de la cual se debía realizar la etapa de conciliación, por lo tanto, la togada Cruz Mosquera les recomendó los servicios profesionales de SONIA EDITH PALMA JAIMES.

Aludieron que para efectos de tramitar la conciliación, la abogada PALMA JAIMES cobró la suma inicial de $250.000 y $8.000.000 posterior al acuerdo conciliatorio, al interior del cual se llegó a un pacto con la EPS SALUDCOOP, donde se comprometieron a cancelar la suma de $90.000.000, los cuales fueron pagados en tres cuotas a la abogada JUDITH CRUZ MOSQUERA. Sostuvieron los quejosos, que la abogada PALMA JAIMES les ofreció comprar una casa con el dinero recibido, lo cual realizarían por medio de una cesión de

derechos litigiosos al interior de un proceso civil adelantado en el Juzgado 3º Civil Municipal de Cúcuta. Agregaron no tener claridad sobre la propuesta realizada por las togadas, sin embargo, las mismas les informaron que no debían preocuparse, pues se encargarían de todo el trámite al interior del proceso, suscribiendo para brindar una mayor seguridad un documento denominado “COMPROMISO”. Indicaron que como consecuencia de lo anterior, se autorizó a la abogada CRUZ MOSQUERA la entrega de $55.000.000 a la abogada PALMA JAIMES con el fin de comprar los derechos litigiosos, así como la cancelación los $8.000.000 por concepto de la diligencia de conciliación; de otro lado, por su parte la doctora JUDITH CRUZ MOSQUERA cobró por concepto de honorarios la suma de $27.000.000 por la demanda presentada contra la EPS, no obstante nunca se instauró la misma debido a la realización de la conciliación. Señalaron que el bien inmueble a obtener, era objeto de litigio al interior del proceso con radicado No. 2003 – 598, por lo cual, en el año 2012 se reunieron con las togadas donde las mismas manifestaron que se encontraba todo listo para la cesión de derechos litigiosos, pero luego de ello no volvieron a tener contacto con las abogadas. República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA: ABOGADO EN APELACIÓN

Finalizaron esgrimiendo, que debido a lo anterior, se vieron en la necesidad de contratar los servicios de otro profesional del derecho, el cual al revisar el proceso ejecutivo tramitado en el Juzgado 3º Civil Municipal de Cúcuta, evidenció que ni las abogadas ni sus clientes hacían parte del proceso en mención, pues la cesión de derechos litigiosos quedó a nombre de Crear País, quien a su vez lo cedió a la señora Lisbeth Tatiana Marulanda, pero el Juzgado no aceptó dicha cesión; determinándose de igual forma, que el valor del remate estaba por $23.705.000 y no por el monto cobrado por las togadas de $55.000.000. Condición de las disciplinables Demostrada la calidad de abogada de la doctora JUDITH CRUZ MOSQUERA, mediante consulta individual en el Registro de Abogados, quien se identifica con la cédula de ciudadanía N° 60.319.806, además de ser portadora de la tarjeta profesional N° 96894 del Consejo Superior de la Judicatura, junto con lo anterior se allegó el certificado N° 28810 adiado 30 de agosto de 20124, expedido por la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se expuso que la togada investigada no registra antecedentes disciplinarios. Igualmente se demostró la calidad de abogada de la doctora SONIA EDITH PALMA JAIMES, mediante consulta individual en el Registro de Abogados, quien se identifica con la cédula de ciudadanía N° 60.304.703, además de ser portadora de la tarjeta profesional N° 55965 del Consejo Superior de la

Judicatura, junto con lo anterior se allegó el certificado N° 28810 adiado 30 de agosto de 20125, expedido por la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se expuso que la togada investigada no registra antecedentes disciplinarios. 4 Fl. 21 c.o 1ª Inst 5 Fl. 22 c.o 1ª Inst República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA: ABOGADO EN APELACIÓN ACTUACIÓN PROCESAL La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Norte de Santander y Arauca, con ponencia en ese momento de la Magistrada, doctora Martha Cecilia Camacho Rojas, mediante auto del 23 de abril de 2012, una vez acreditada la calidad de las abogadas investigadas; dispuso la apertura de proceso disciplinario6 y fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de pruebas y calificación provisional.

Audiencia de pruebas y calificación provisional La audiencia de pruebas y calificación provisional se llevó a cabo los días 11 de septiembre de 20127, 17 de abril8 y 11 de diciembre de 20139, 18 de julio10, 01 de agosto11 y 26 de septiembre de 201412, donde se adelantaron las siguientes actuaciones. En la primera sesión, la Magistrada Instructora dio lectura de la queja, se escuchó a las profesionales del derecho investigadas en diligencia de versión libre,

igualmente se realizó diligencia de ampliación y ratificación de la queja, así como se decretaron las pruebas de rigor. Versión Libre En desarrollo de las audiencias en cita, el a quo le otorgó el uso de la palabra a las profesionales del derecho investigadas para realizar diligencia de versión libre frente a los hechos expuestos en la queja, por lo cual la jurista SONIA EDITH PALMA JAIMES, sostuvo que la abogada CRUZ MOSQUERA en compañía de los quejosos, la buscaron para solicitar sus servicios como conciliadora, con el fin de adelantar la audiencia de conciliación prejudicial en el proceso de responsabilidad médica contra SALUDCOOP. 6 Fl. 20 c.o 1ª Inst. 7 Fl. 37 c.o 1ª Inst. 8 Fl. 59 c.o 1ª Inst. 9 Fl. 75 c.o 1ª Inst. 10 Fl. 130 c.o 1ª Inst. 11 Fl. 153 c.o 1ª Inst. 12 Fl. 207 c.o 1ª Inst. República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA: ABOGADO EN APELACIÓN Agregó haber realizado la conciliación con la entidad donde la misma se comprometió a realizar el pago de $90.000.000, razón por la cual se expidió y se firmó la correspondiente acta, manifestando que dicho dinero fue consignado en tres cuotas a la abogada JUDITH MOSQUERA; de otro lado, que como honorarios

profesionales por la realización de la conciliación, se había pactado el pago en un primer momento de la suma de $250.000, y luego de realizado el acuerdo conciliatorio el valor de $8.000.000, los cuales fueron cancelados en su totalidad. Adujo que el señor Carlos Arturo Caballero, le manifestó la intención de invertir el dinero obtenido de la conciliación, por ende, le comentó sobre la cesión de derechos litigiosos al interior de un proceso ejecutivo que se tramitaba en el Juzgado 3º Civil Municipal de Cúcuta, el cual tenía un valor de $55.000.000 estando como garantía del crédito, la propiedad objeto del pleito. Señaló que debido a lo anterior, le fue entregada por parte de su colega la suma de $20.000.000, por autorización del señor Carlos Caballero, como parte del pago de la cesión de los derechos litigiosos a efectuarse con el señor Carlos Marulanda, el cual adquirió el crédito a nombre de su hija Lizbeth Tatiana Marulanda. Esgrimió que mediante auto de reconocimiento de la cesión de crédito, efectuada a Crear País, el Juzgado 3º Civil Municipal de Cúcuta desconoció la cesión efectuada por la entidad a la señora Tatiana Marulanda por ser un particular, es decir, no era posible la aceptación de cesiones de crédito de entidades financieras a un particular. - Por su parte, la profesional JUDITH CRUZ MOSQUERA, sostuvo que fue contratada por los señores Carlos Arturo Caballero y Pausolina Celis Rodríguez, para iniciar y llevar hasta su culminación un proceso de responsabilidad medica contra la ESP SALUDCOOP, agregando que al interior del encargo se debía

realizar la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad, la cual fue adelantada por la doctora PALMA JAIMES, donde se aceptó la propuesta presentada de la entidad objeto de demanda, correspondiente en realizar el pago de $90.000.000, dinero que sería consignado en su cuenta en tres contados. República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA: ABOGADO EN APELACIÓN Concluyó manifestando que del dinero recibido, por autorización del señor Carlos Arturo Caballero, entregó la suma de $55.000.000 a la abogada PALMA JAIMES para la realización de la cesión de derechos litigiosos, así como el valor de $8.000.000 por haberse realizado de manera exitosa la diligencia de conciliación prejudicial.

Ampliación y ratificación de la queja En desarrollo de la audiencia en cita, se le otorgó el uso de la palabra a los señores CARLOS ARTURO CABALLERO PÁEZ y PAUSOLINA CELIS RODRÍGUEZ, para llevar a cabo diligencia de ampliación y ratificación de la queja, en donde la señora Rodríguez manifestó que se ratificaba en cada uno de los hechos estipulados en el escrito de queja, agregando que la doctora Judith Cruz Mosquera, cobró como honorarios profesionales para adelantar la demanda de responsabilidad médica la suma de $27.000.000, lo cual era un monto desproporcional; adicionalmente el dinero fue cobrado luego del pago de

SALUDCOOP, pues nunca se realizó un acuerdo de honorarios con antelación. Agregó que era igualmente desproporcional el cobro de $8.000.000 por concepto de honorarios de la doctora Sonia Edith Palma, por la realización de la audiencia de conciliación, pues en la Cámara de Comercio el valor era entre $200.000 y $300.000 para dicha diligencia; además que las dos abogadas fueron las que los aconsejaron para comprar una cesión de derechos litigiosos, con el fin de obtener una casa, inclusive estuvieron presentes las dos en la firma de un documento de fecha 07 de septiembre de 2011 denominado “compromiso”, donde la doctora Sonia Edith Palma se comprometió adelantar la cesión ante el Juzgado 3º Civil Municipal de Cúcuta. Refirió que a raíz del compromiso efectuado, autorizaron entregar la suma de $20.000.000 a la doctora Edith Palma como anticipo para la realización de la cesión, quedando en poder de la abogada Judith Cruz Mosquera el restante de $35.000.000; además que por los hechos objeto de investigación, igualmente presentaron denuncia penal, pues a la fecha no les han regresado el dinero República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA: ABOGADO EN APELACIÓN ($55.000.000), igualmente los engañaron al no realizarse finalmente la cesión de crédito.

• Por su parte, el quejoso CARLOS ARTURO CABALLERO PÁEZ, sostuvo que se ratificaba en los hechos expuestos en la queja, agregando que las dos abogadas actuaron de manera conjunta, tanto en el proceso de responsabilidad médica como en la supuesta cesión de crédito que nunca se realizó.

Al interior de las diligencias de aportaron y se practicaron como pruebas las siguientes: - Copia del proceso ejecutivo número 2003 – 598, adelantado en el Juzgado 3º Civil Municipal de Cúcuta, actuando como demandante la Sociedad Granahorrar Banco Comercial contra Edgar Orlando García Sierra13. - Copia del documento de autorización suscrita por los quejosos, donde se aceptaba entregar la suma de $20.000.000 a la abogada Sonia Edith Palma Jaimes, con parte de pago de la cesión de derechos litigiosos a efectuar con el señor Carlos Marulanda sobre el bien de matrícula inmobiliaria número 260 – 748114. - Copia del poder otorgado por los señores CARLOS ARTURO CABALLERO PÁEZ y PAUSOLINA CELIS RODRÍGUEZ, a la abogada SONIA PALMA JAIMES, para actuar al interior del proceso hipotecario No. 0598 – 0315. - Copia del documento denominado “compromiso” del 07 de septiembre de 201116, suscrito entre los quejosos y la doctora Palma Jaimes, donde la anterior se comprometía a atender el proceso de cesión de manera pronta y eficaz. Acto seguido se procedió a efectuar la calificación jurídica de la actuación de las profesionales del derecho investigadas, formulando cargos a la doctora JUDITH

CRUZ MOSQUERA, por la presunta falta establecida en el numeral 1 del artículo 13 Fl 1 al 173 cuaderno anexo c.o. 1ª Int. 14 Fl 09 c.o 1ª Int. 15 Fl 10 c.o 1ª Int. 16 Fl 11 c.o 1ª Int. República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA: ABOGADO EN APELACIÓN 35 de la Ley 1123 de 2007 en la modalidad dolosa, por cuanto la togada no acordó ningún monto por sus honorarios profesionales y luego de la conciliación cobró el 30% del dinero obtenido, lo cual se tornó excesivo, pues sólo asistió a dicha diligencia, aprovechándose de la condición de necesidad e ignorancia de los quejosos.

Igualmente el a quo determinó que presuntamente habría vulnerado lo estipulado en el artículo 34 litera C de la Ley 1123 de 2007 en la modalidad dolosa, al haber callado la realidad frente a los honorarios que le estaban permitidos cobrar a la conciliadora. Por último, la primera instancia le endilgo la conducta descrita en el artículo 30 numeral 4 del Estatuto del Abogado en la modalidad dolosa, por permitir y coadyuvar a la doctora SONIA EDITH PALMA en el intento de realizar una cesión de derechos litigiosos cuando lo mismo era imposible, agravada por el criterio establecido en el numeral 4 del literal C del artículo 45 y el numeral 7 del mismo

literal. - Igualmente el Seccional de Instancia formuló cargos a la abogada SONIA EDITH PALMA JAIMES, por la posible comisión de la falta estipulada en el artículo 30 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007 en la modalidad dolosa agravada por el literal C del numeral 4º del artículo 45 de la misma Ley y el numeral 7 del mismo literal, por cuanto en su calidad de profesional del derecho se comprometió a lograr la cesión de derechos litigiosos, lo cual no podía realizarse, pues a la fecha de la firma del documento denominado compromiso, estaba claro en el proceso que el Juzgado 3º Civil Municipal de Cúcuta no aceptaba cesiones de una entidad financiera a una persona natural. - Luego de lo anterior, el Seccional de Instancia negó las pruebas solicitadas por la abogada Sonia Edith Palma Jaimes, en relación a oficiar a los Juzgados 1º al 10º Civiles Municipales de Cúcuta y 1º al 7º Civiles del Circuito de la misma Ciudad, por medio de las cuales se buscaba calificar la postura jurídica en relación a la cesión de derechos litigiosos por parte de entidades financieras a particulares, decisión que fue apelada por la abogada en mención, la cual mediante providencia República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA: ABOGADO EN APELACIÓN del 06 de mayo de 2015, con ponencia del Magistrado Angelino Lizcano Rivera fue

confirmada por esta Superioridad por ser las pruebas impertinentes e inconducentes. Audiencia de Juzgamiento Esta etapa procesal, se adelantó en sesiones del 24 de julio de 201517, 08 de marzo18 y 28 de junio de 201619, dentro de las cuales se llevaron a cabo las siguientes actuaciones puntuales: - Declaración de RITA DEL CARMEN CELIS RODRÍGUEZ, quien sostuvo ser hermana de la quejosa e indicó no conocer a las profesionales del derecho investigadas, señalando haber firmado poder a la abogada Judith Cruz Mosquera en enero de 2011 como parte de la demanda adelantada contra SALUDCOOP; agregando que las abogadas se comprometieron a entregar una casa a su hermana y cuñado pero nunca se realizó. - Testimonio de CARLOS OMAR CABALLERO CELIS, quien manifestó ser hijo de los quejosos, igualmente firmó poder a la abogada Judith Cruz Mosquera, con el fin de iniciar un proceso contra SALUDCOOP por los daños ocasionados a su hermana y así lograr una indemnización. - Se efectuó la declaración de MARTHA LUCIA LIZARAZO, quien arguyó ser auxiliar de enfermería, sosteniendo conocer a la abogada Cruz Mosquera desde aproximadamente 8 años por un proceso adelantado contra la clínica, donde no observó ninguna actuación irregular de la misma, pues estuvo presente cuando se explicó de manera completa en qué consistía la conciliación como requisito de procedibilidad. 17 Fl 229 c.o 1ª Int. 18 Fl 366 c.o II 1ª Int. 19 Fl 428 c.o II 1ª Int. República de Colombia

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REFERENCIA: ABOGADO EN APELACIÓN - Igualmente se presentaron los alegatos de conclusión por parte de la togada JUDITH CRUZ MOSQUERA, quien consideró que el cobro de sus honorarios profesionales no fue desproporcionado, teniendo en cuenta las disposiciones del Código Civil, pues se debía respetar el principio de la autonomía y la voluntad privada al momento de la estipulación de los honorarios.

Agregó no haberse celebrado ningún acuerdo con la doctora Palma Jaimes para adelantar el proceso de cesión de derechos litigiosos, pues al interior del mismo no realizó ninguna actuación, solo se limitó a ceder los títulos a nombre de su colega por autorización de los quejosos. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, mediante decisión de fecha 14 de julio de 201620, resolvió declarar disciplinariamente responsables a las abogadas SONIA EDITH PALMA JAIMES y JUDITH CRUZ MOSQUERA, por la comisión de la falta descrita en el artículo 30 numeral 4º agravada por el artículo 45 literal C numerales 4º y 7º de la Ley 1123 de 2007, imputada a título de dolo imponiendo como sanción la EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión, bajo los siguientes argumentos puntuales:

Sostuvo el Seccional de Instancia que a la doctora JUDITH CRUZ MOSQUERA le fue encomendado por medio de un contrato de prestación de servicios adelantar y llevar hasta su culminación una demanda de reparación directa contra Saludcoop, llevándose a cabo diligencia de conciliación entre los quejosos y el representante de la EPS el 11 de febrero de 2011, en la cual figuró como conciliadora de la parte demandante la doctora SONIA EDITH PALMA JAIMES, donde se llegó a un acuerdo entre las partes y se acordó el pago por indemnización el valor de $90.000.000, los cuales fueron consignados en tres cuotas para los días 28 de febrero, 30 de marzo y 30 de abril de 2011. - Respecto a la falta consagrada en el artículo 35 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, se estableció que la abogada CRUZ MOSQUERA cobró de las dos primeras 20 Fl. 430 a 440 1ª Inst. República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA: ABOGADO EN APELACIÓN consignaciones (28 de febrero y 30 de marzo de 2011) realizadas por Saludcoop la suma de $27.000.000 sin haber realizado con anterioridad un pacto de honorarios con los quejosos, sosteniendo el a quo, que a la fecha habían transcurrido más de 5 años desde las datas en las cuales se realizaron los pagos,

por lo tanto, el Estado había perdido su poder sancionador, decretando así la prescripción de esta conducta en favor de la profesional Cruz Mosquera. - De igual forma, decretó la prescripción de la acción disciplinaria respecto a la falta consagrada en el artículo 34 literal C) de la Ley 1123 de 2007, en relación a la conducta de no suministrar información a los quejosos sobre los honorarios que podían llegar a tasar la conciliadora conforme a la tarifa señalada en el Decreto 1829 de 2013, por cuanto la conducta se realizó el 02 de marzo de 2011, fecha desde la cual han transcurrido más de 5 años. - Frente a la conducta descrita en el artículo 30 numeral 4º, agravada por el artículo 45 literal C numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, sostuvo el Seccional que la misma se encontraba probada, pues la doctora Cruz Mosquera asesoró y aconsejó de mala fe a los quejosos para realizar la supuesta cesión de crédito, prueba de ello fue la entrega de la suma de $20.000.000 a su colega como anticipo para realizar el negocio. - Con relación a la doctora Sonia Edith Palma Jaimes, determinó el a quo que la misma contribuyó a la materialización de la falta descrita en el artículo 30 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, pues asesoró a los quejosos para la realización de una cesión de crédito a pesar de la imposibilidad de realizarse el mismo, manteniéndolos engañados pues conocían de la falta de reconocimiento como cesionarios en el proceso ejecutivo. En cuanto a los agravantes determinó el a quo, que como consecuencia del

proceder de las investigadas se apropiaron de $55.000.000, producto de una conciliación que indemnizaría someramente la pérdida de visión de la menor hija de los quejosos quedándose estos sin recibir dinero, resultando aplicable el agravante del numeral 4 del literal C del artículo 45, pues la abogada JUDITH además del provecho propio, no obraba prueba que hubiere entregado todo el dinero a la abogada PALMA, por lo que permitió la utilización a favor de esta de República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA: ABOGADO EN APELACIÓN dineros que había recibido en virtud de la gestión profesional, y por el numeral 7 del mismo literal, pues se aprovecharon las togadas de las conductas de inexperiencia e ignorancia de los quejosos, pues estos no tenían más estudio que unos años de básica primaria, ofreciéndoles una supuesta venta de un inmueble sin explicarles en detalle y con claridad que era posible la cesión de derechos litigiosos, la cual en últimas no se llevó a cabo.

LA APELACIÓN Mediante escrito radicado el día 07 de septiembre de 201621, la doctora JUDITH CRUZ MOSQUERA, interpuso recurso de apelación dentro del término legal, aduciendo que el acuerdo de realizar una cesión de derechos litigiosos fue entre los quejosos y su colega Sonia Edith Palma Jaimes, por lo tanto, no tenía ninguna

responsabilidad frente al mismo. Agregó que el dinero recibido con ocasión al proceso de responsabilidad adelantado contra SALUDCOOP, no lo entregó a los quejosos, pues los mismos le manifestaron que guardara los mismos hasta tanto se definiera la situación del inmueble ofrecido por la doctora Palma, considerando la sanción injusta y contraria al principio de proporcionalidad. Aunado lo anterior el defensor de confianza de la señora CRUZ MOSQUERA, doctor ANGEL SAMUEL SIERRA GONZALEZ, formuló recurso de apelación, el cual fue radicado el día 07 de septiembre de 201622 Por su parte, la doctora SONIA PALMA JAIMES, presentó recurso de apelación mediante escrito radicado el 13 de septiembre de 201623, en el cual referenció que los quejosos faltaban a la verdad, al manifestar el desconocimiento del concepto de cesión de crédito, igualmente adujo que el a quo no realizó un análisis probatorio del expediente de manera integral, vulnerando así el debido proceso. 21 Fls. 456 a 470 1ª Inst. 22 Fls. 471 a 474 1ª Inst. 23 Fls. 477 a 486 1ª Inst. República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA: ABOGADO EN APELACIÓN

CONSIDERACIONES DE LA SALA De la Competencia: Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3° de

la Constitución Política; 112 numeral 4° de la Ley 270 de 1996, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en apelación, las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país. Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina

Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA: ABOGADO EN APELACIÓN y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta

Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. De la condición de sujeto disciplinable La Unidad de Registro Nacional de Abogados certificó que la doctora JUDITH CRUZ MOSQUERA, se identifica con cedula de ciudadanía No. 60.319.806, además de ser portadora de la tarjeta profesional N° 96894 del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se encuentra en estado vigente. Igualmente se certificó que la doctora SONIA EDITH PALMA JAIMES, se identifica con cedula de ciudadanía No. 60.304.703, además de ser portadora de la tarjeta profesional N° 55965 del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se encuentra en estado vigente. Requisitos para sancionar República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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