CSDJ - F73001110200020150039203ADJUNTA20191212120021-2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \

MERGEFORMATINET

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D. C., octubre dos de dos mil diecinueve Magistrado Ponente: CARLOS MARIO CANO DIOSA Radicado No. 730011102000201500392 03 Aprobado Según Acta de Sala No. 072 de la fecha ASUNTO Resuelve esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por LA Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima1, el 18 de julio de 2018, mediante la cual sancionó al abogado ORLANDO JIMMY BULLA OBANDO con sanción de SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES, como responsable de la falta prevista en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, en modalidad DOLOSA. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL Hechos.-La presente actuación se originó en auto del 23 de abril de 20152, en el que la doctora Ligia Aguilar Gómez en calidad de Procuradora Provincial de Ibagué, ordenó compulsar copias al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima contra el abogado ORLANDO JIMMY BULLA 1 Sala integrada por Magistrado Jorge Enrique Osorio Mastrodoménico (ponente) y Mg. Jorge Eliécer Gaitán Peña. 2 Folios 1-56 c.o. OBANDO, teniendo en cuenta que como apoderado del señor Jorge Eliecer

Sierra Alarcón al interior de un proceso disciplinario, pudo haber incurrido en faltas a la ética profesional. Indicó la Procuradora Provincial que al analizar el proceso disciplinario se tiene que a partir del auto del 17 de septiembre de 2014, mediante el cual se dispuso el cierre de la investigación, el proceso no siguió su curso normal, ya que el señor Jorge Eliecer Sierra Alarcón presentó recurso de apelación el 1° de octubre de 2014, el cual fue decidido en forma negativa a través del auto del 8 de octubre de la misma anualidad; posteriormente, le otorgó poder al abogado ORLANDO JIMMY BULLA OBANDO el 6 de noviembre siguiente, quien propuso el día 19 del mismo mes y año incidente de nulidad, siendo resuelto en forma negativa un mes después. Sin embargo, el 17 de febrero de 2015, el encartado presentó nuevamente incidente de nulidad, siendo resuelto el día 19 siguiente; el 3 de marzo interpuso recurso de reposición, resuelto negativamente el 7 de abril del 2015. Aunado a lo anterior, el 15 de abril de 2015 presentó recurso de apelación contra el auto del 7 de abril, manifestando que en caso de ser negado interponía el de queja, que sustentó mediante escrito del 20 de abril de esa anualidad. Actuación procesal. 1.- Calidad de disciplinable: Se allegó certificado expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia de ORLANDO JIMMY BULLA OBANDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.303.933 y portador de la tarjeta profesional No. 63603 expedida por el

Consejo Superior de la Judicatura (vigente).3 De igual manera se allegó el certificado de antecedentes disciplinarios N° 411954 en el que indican que el abogado disciplinado no registra sanciones disciplinarias.4 2.- Apertura de proceso. Verificada la condición de sujeto disciplinable del inculpado, el Magistrado de instancia mediante auto del 28 de mayo de 20155, ordenó apertura de proceso disciplinario señalándose el 14 de julio de la misma anualidad para adelantar audiencia de pruebas y calificación provisional, fecha en la cual no se realizó por inasistencia del disciplinado6. 3.- Audiencia de pruebas y calificación provisional. El 3 de septiembre de 2015, el Instructor de instancia instaló la Audiencia de Pruebas y Calificación provisional, a la cual hizo presencia el disciplinado, a quien se le dio traslado del escrito de compulsa y un recuento de la actuación procesal disciplinaria. Acto seguido le concedió el uso de la palabra a fin de que rindiera su versión libre.7 3.1Versión libre. El investigado manifestó que dentro del proceso disciplinario adelantado en la Procuraduría General de la Nación donde fungió como apoderado del disciplinado, interpuso a partir de su posesión recursos y nulidades planteados, toda vez que, existió indebida notificación de las providencias, mismas que se realizaron por estado. 3 Folio. 59 c.o. 1ª inst. 4 Folio 208 c.o. 1° INST. 5 Folio. 60 c.o. 1ª inst. 6 ? Folio 71 y Cd c.o 7 Folio 780-81 y Cd c.o.

3.2Decreto y práctica de pruebas. Se ordenó por parte del Magistrado sustanciador decretar las pruebas señaladas:  Solicitar a la Procuraduría Provincial de Ibagué remitir copia del proceso disciplinario IUS 2012-278936 a partir de los estados de diciembre de 2014; mismas que fueron aportadas mediante oficio N° 3868 del 18 de septiembre de 20158  Escuchar en diligencia de declaración juramentada a la doctora LIGIA AGUILAR GÓMEZ, en calidad de Procuradora Provincial de Ibagué.  Escuchar en diligencia de declaración juramentada a la señora MARIA TERESA DÍAZ NARANJO. 3.3. Continuación Audiencia de pruebas y calificación provisional: El 10 de noviembre de 20159, previa declaratoria de persona ausente al disciplinado y nombramiento de defensor de oficio10, se dio continuación a la audiencia de pruebas y calificación, en esta oportunidad el Magistrado instructor dio traslado de la documental aportada y procedió a la práctica de pruebas, siendo evacuadas las siguientes: - Declaración juramentada de la señora MARIA TERESA DÍAZ NARANJO quien manifestó ser la abogada sustanciadora de la Procuraduría Provincial de Ibagué, y que como secretaria fijó un estado el 29 de diciembre de 2014; que con posterioridad en el mes de abril, volvió a ese cargo en virtud de una incapacidad de su titular, oportunidad en la cual notificó a BULLA OBANDO de un auto que resolvió un recurso de reposición el 15 de abril de 2015, que 8 Folios 90-112 c.o.

9 Folio 126-127 y Cd c.o. 10 Folios 113, 123 y Cd c.o. la titular del proceso le comentó que el disciplinable interpuso un recurso contra una notificación por estado, sobre la cual la Procuraduría se pronunció de fondo; adicionó que los estados se hacen conforme a un formato donde se pone la clase, número de proceso y la decisión que se va a notificar, fijándolos en una cartelera que está en la Procuraduría. - Declaración juramentada de la señora LIGIA AGUILAR GÓMEZ, en calidad de Procuradora Provincial de Ibagué, para la época de los hechos, manifestó que el disciplinado dilató el proceso, interponiendo recurso frente a decisiones contra las cuales no procedían; indicó que el proceso actualmente sigue en trámite y el doctor Bulla renunció al mismo, que no tiene ninguna animadversión ni amistad con el profesional investigado. Refirió que el disciplinado nunca le manifestó de forma directa el motivo por el cual recurría las decisiones, ya que existe una directriz del nivel central que señala que las partes en el proceso solo tienen relación con los Procuradores cuando se va a realizar la práctica de pruebas o declaraciones. Agotada la etapa probatoria, el magistrado instructor procedió a calificar la actuación. 3.4. Calificación Jurídica. El Magistrado sustanciador luego de hacer un recuento de los hechos y pruebas allegadas al plenario, procedió a formular cargos contra el abogado ORLANDO JIMMY BULLA OBANDO, el a quo encuadró la conducta cometida por el profesional del derecho, de la siguiente

manera: La falta contra la recta y leal realización de la justicia establecida en el artículo 33 numeral 8 de la Ley 1123 de 200711, en concordancia con el deber establecido en el artículo 28 numeral 6º de la misma norma, por haber interpuesto incidentes de nulidad y recursos manifiestamente encaminados a dilatar el trámite del proceso disciplinario en el que tenía la calidad de apoderado, seguido ante la Procuraduría Provincial de Ibagué, siendo tales la radicada el 19 de noviembre de 2014, de cuya decisión se notificó por estado del 29 de diciembre y la solicitada el 17 de febrero de 2015, así como el recurso de reposición radicado el 3 de marzo de 2015 contra la decisión que le negó la segunda nulidad impetrada y la apelación presentada el 15 de abril contra el auto del 7 de abril, que resolvió la reposición, a pesar de que la Ley 734 de 2002 no contempla este recurso. La falta endilgada se atribuyó a título de dolo. 3.5. Pruebas. En la misma audiencia el Magistrado sustanciador abrió el ciclo probatorio y corrió traslado al defensor de oficio con la finalidad de solicitar pruebas, quien no realizó solicitud probatoria. El magistrado de instancia declaró cerrada la etapa y fijó fecha para llevar a cabo audiencia de juzgamiento el 25 de enero de 2016.

4. Solicitudes cambio de radicación. El abogado disciplinado en memorial del 18 de noviembre de 2015 solicitó el cambio de radicación del proceso. 11 "Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(…)

8. Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad" Fundamentó su solicitud en que se le están vulnerando las garantías procesales, evidenciando la presencia de un inusitado e incomprensible afán por fallar el proceso.

Afirmó que al interior de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima existieron circunstancias que amenazan sus garantías procesales, diciendo que el Honorables Magistrado GUARNIZO NIETO que conforma la Sala, fue sancionado por hechos relacionados con el disciplinado, motivo por el cual el magistrado se declaró impedido; no obstante, aunque impedido goza del aprecio y respaldo de los Conjueces que eventualmente cumplen sus funciones en los casos que vinculan al abogado. Por lo anterior, consideró que el principio de imparcialidad de la administración de justicia se ve afectado, pudiendo influir negativamente en la decisión judicial, con lo cual se le podrían vulnerar sus derechos fundamentales.12 Con providencia del 27 de enero de 2016, esta Superioridad rechazó la solicitud al considerar que no se encontraba demostrada causal alguna de las relacionadas en el artículo 46 de la Ley 906 de 2004.13 Una vez devuelto el expediente, el magistrado instructor señaló fecha para audiencia del juzgamiento el 21 de junio de 2016, sin embargo, el 20 del

mismo mes y año el disciplinado nuevamente solicitó cambio de radicación del proceso, argumentando en síntesis los mismos hechos de la primera 12 Folios 135-137 c.o. 13 Folios 6-17 cuaderno segunda instancia cambio de radicación 01. solicitud; motivo por el cual con proveído del 19 de octubre de 2017 esta Corporación no accedió al cambio solicitado.14

5. Audiencia de Juzgamiento. Se instaló el 31 de mayo de 2018, con la presencia del disciplinado y su apoderado, a quienes el Magistrado de instancia les concedió la palabra a fin que rindieran alegatos de conclusión. 5.1. Alegatos de Conclusión.

Disciplinado. En alegatos de conclusión solicitó la absolución de los cargos, atendiendo al artículo 84 de la Ley 1123 de 2007, por no encuadrar su conducta en ninguna falta disciplinaria, señalando que proponer un recurso no constituye abuso del derecho, puesto que su intervención en la Procuraduría obedeció a su interés de defender el debido proceso, que asegura estaba siendo vulnerado a su representado por la falta de defensa técnica y luego por la indebida notificación de la providencia que negaba la nulidad, siendo notorio que desde la apertura hasta el cierre de la investigación, el disciplinable estuvo desprovisto de abogado para que asumiera dicha defensa, pues a pesar de la obligación funcional de la procuraduría de suminístrasela de oficio, no actuó en tal sentido Resaltó que no pretendía entorpecer el proceso disciplinario, puesto que de actuar de manera diferente, podría haber incurrido en una falta contra la

debida diligencia profesional; y con la negativa de la Procuraduría para conceder la nulidad alegada, se vulneró a su cliente el derecho a la segunda instancia, pues en un periodo de vacancia judicial se le notificó de manera irregular, enviándosele un oficio, sin constancia de su recibo con el propósito de notificar mediante estado y evitar que interpusiera recursos, en razón de 14 Folios 9-16 cuaderno segunda instancia cambio de radicación 02 lo cual solicitó la nulidad por la indebida notificación, sin abusar del derecho, pues al disciplinable le asistía un proceso justo, estando su actuación guiada por sus deberes profesionales de abogado. Precisó que la nulidad alegada respecto de la notificación por estado , se hizo porque omitía las disposiciones del artículo 321 del C.P.C., y que, a pesar de decírsele en el auto que la resolvió que tenía razón, le fue negada, motivo por el cual interpuso el recurso de reposición, mismo que también fue negado, interponiendo en consecuencia el recurso de apelación, no con el objeto de torpedear el debido proceso, sino para que el proceso transitara por los cauces de la legalidad, derecho de defensa y debida notificación. Afirmó que las dos nulidades fueron por eventos diferentes, la primera por falta de defensa técnica, la segunda por indebida notificación. Apoderado de confianza. Señaló que al analizar cada actuación realizada por el disciplinable, todas estuvieron revestidas de legalidad, pues tanto la nulidad como los recursos se encuentran previstos en la Ley 734 de 2002 y lo que pretendía con ellos el disciplinable era garantizar la defensa y el

debido proceso, siendo los mecanismos señalados los utilizados por el abogado cuestionado. Refirió que la dilación no se le puede endilgar al disciplinable, pues su intención no fue entorpecer el trámite del proceso, ya que independientemente del resultado, interpuso recursos e incidentes previstos en la ley, que al tomarse las decisiones sobre el particular, no fueron vueltos a presentar y en tal sentido lo único que hizo fue cumplir con el mandato que le habían conferido, pues de no hacerlo hubiera podido incurrir en falta contra la diligencia. Citó jurisprudencia del H. Consejo Superior de la Judicatura para señalar que se configura la falta cuando se interponen recursos contra recursos y que se requiere la existencia de verdaderos abusos del derecho o su uso contrario, desconociendo el marco jurídico establecido para defender los intereses de su mandante, de donde concluyó que el cargo se encuentra desvirtuado, por lo que solicitó su exoneración, pues no se demostró la configuración de la falta disciplinaria.15 Agotado lo anterior, El instructor de instancia ordenó la remisión del expediente a su despacho para el fallo respectivo. SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN La Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante providencia de 18 de julio de 2018, sancionó al abogado ORLANDO JIMMY BULLA OBANDO con sanción de SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES, como responsable de la falta prevista en el numeral 8º del artículo 33 de la

Ley 1123 de 2007, a título de dolo16 Indicó el Seccional de instancia, que al profesional del derecho se le irrogaron cargos por cuanto dentro del proceso disciplinario adelantado en la Procuraduría Provincial de Ibagué, realizó en calidad de defensor de confianza del disciplinable actuaciones encaminadas a entorpecer el curso del proceso. Refirió que en cuanto a la solicitud de nulidad presentada el 17 de febrero de 2015 y el recurso de reposición, no se encontraba que el abogado hubiere realizado actuaciones 15 Folio 207y cd. C.o. 16 Folios 209-240 c.o encaminadas a entorpecer el curso del proceso en el entendido que los mismos eran procedentes y se encontraban debidamente fundamentados. Respecto de la solicitud de nulidad planteada el 19 de noviembre de 2014 indicó que el profesional en el escrito adujo que ésta consistía en que la notificación del auto que ordenaba investigación disciplinaria, a pesar que se indicó a su defendido el derecho que tenía a designar un defensor, el operador disciplinario no le nombró defensor de oficio, violando con ello el principio a la defensa técnica; concluyó el seccional de instancia que el sustento de la nulidad planteada fue el derecho de defensa, derecho cuya vulneración, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, constituye causal de nulidad; no obstante ésta sola circunstancia no es razón suficiente para descartar la existencia de la falta, pues como lo precisó la Jurisprudencia del H. Consejo Superior de la

Judicatura, ésta supone el uso de los mecanismos establecidos en la ley, siendo menester determinar si la solicitud en lo que a su aspecto sustancial se refiere, se acompasa con lo establecido en ella. Trayendo a colación jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuso que desde el año 2003, ésta al decidir la constitucionalidad de varios artículos del Código Disciplinario Único, estableció que la designación de un defensor técnico, resulta facultativa en procesos de carácter sancionatorio, por lo que a diferencia del de naturaleza penal, su ausencia, ante una decisión en tal sentido, no vulnera el artículo 29 de la Constitución; criterio que el abogado ORLANDO JIMMY BULLA OBANDO desconoció, pues el mismo señaló en el escrito de nulidad, que el ente disciplinario informó a su defendido la posibilidad de designar un defensor, sin que lo solicitara y sin que se encontrara en alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 17 de la Ley 734 de 2002, para su designación, a pesar de lo cual decidió alegar la configuración de una nulidad, lo que evidencia un propósito más allá de lograr el respeto por los derechos de su cliente, pues resultaba evidente que la afectación al derecho de defensa en la forma planteada, no se presentaba, a pesar de lo cual alegó lo contrario, solicitando una nulidad inexistente; encontrando por tanto la falta configurada. Respecto al aspecto subjetivo de la conducta, la encuadró en la modalidad dolosa, en el entendido que la interposición de la nulidad se guio por la

voluntad final de demorar la decisión de fondo del asunto. En cuanto a la interposición del recurso de apelación contra la decisión del 17 de abril de 2015 que resolvió el recurso de reposición en el cual se negó la nulidad del estado del 19 de febrero de 2015; en criterio del seccional la decisión que resuelve la reposición no es objeto de recurso de apelación, a pesar de lo cual el disciplinable la promovió, lo que configuró el segundo verbo rector establecido en el numeral 8 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 -interponer recursosadvirtiéndose igualmente la configuración del ingrediente subjetivo del tipo, esto es que tal recurso estaba encaminado a entorpecer o demorar el normal desarrollo del proceso, pues no de otra manera se explica su interposición, pues bastaba una lectura desprevenida de las disposiciones del artículo 115 de la Ley 734 de 2002, para darse cuenta que no era procedente el recurso de apelación contra la decisión que resolvió la reposición; actuación que sólo admite la modalidad de dolo; siendo indudable que el abogado por los hechos anteriormente descritos, incursionó, en la falta relacionada en el artículo 33 numeral 8 de la Ley 1123 de 2007, afectando el deber consagrado en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, el cual le impone a los abogados colaborar leal y legalmente con la administración de justicia y los fines del Estado. En cuanto al argumento del abogado en el sentido que estas actuaciones se enmarcaron dentro del deber de diligencia que debe preceder a todas sus

actuaciones, el a quo consideró que éste deber le exige al profesional del derecho conocer los mecanismos que el ordenamiento jurídico consagra para la defensa de los intereses de su cliente y abstenerse de hacer uso de los improcedentes pues la pericia propia de la diligencia profesional, no implicaba el ejercicio de la profesión de cualquier forma, sino únicamente bajo los parámetros legalmente definidos. No encontró eco la tesis del disciplinado respecto que obró con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, ya que: …” la alegación de las anteriores causales eximentes, bastan para que la Sala descarte la existencia del error, la colisión deber-deber y deberderecho, implican en el disciplinable el conocimiento de la vulneración de un deber profesional y la decisión de actuar en tal sentido para salvaguardar otro deber de mayor jerarquía o un derecho de igual magnitud, lo que descarta la convicción errada e invencible de que el actuar no constituye falta disciplinaria…” En cuanto a la culpabilidad, sostuvo el a quo que el abogado realizó la conducta en la modalidad dolosa, toda vez que a pesar de conocer que la Nulidad impetrada por no contar su poderdante con defensor técnico en el proceso disciplinario, no existía y que el recurso de apelación contra la decisión que resolvió la reposición era improcedente, y en tal sentido interponer estos entorpecerían el desarrollo del proceso, no obstante decidió promoverlos, apartándose de los deberes y prohibiciones que le impone el Código Deontológico de los Abogados.

Finalmente agregó que atendiendo lo normado en los artículos 43 y 45 de la ley 1123 de 2007, y bajo las consideraciones que la conducta desplegada por el abogado, aunado a que no registra sanciones disciplinarias anteriores y que la conducta no afectó derechos humanos ni fundamentales, siendo la modalidad de las conductas enrostradas a titulo doloso, pues emprendió acciones que afectaron el proceso disciplinario en el cual actuó como defensor de confianza, en la medida que retrasó el mismo siete meses, dio lugar a la imposición de sanción de SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES. RECURSO DE APELACIÓN Disciplinado. En argumentos similares a los vertidos en la versión libre y escrito de alegaciones agregó que el a quo al momento de imponer sanción, no tuvo en cuenta que respecto de la nulidad presentada el 19 de febrero de 2015 y el recurso de reposición, no encontró que el abogado hubiere realizado actuaciones encaminadas a entorpecer el curso del proceso. Refirió que interpuso recurso de apelación contra la decisión del 17 de abril de 2015 que resolvió el recurso de reposición en el cual se negó la nulidad del estado del 19 de febrero de 2015, con el fin de garantizar el principio de la doble instancia sin que su intención fuera entorpecer el proceso, todo lo contrario, buscaba el reconocimiento de la ilegalidad plasmada en el estado atacado. Reiteró que sus actuaciones se enmarcaron dentro del deber de diligencia que

debe preceder a todas sus actuaciones, así como que obró con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria. Bajo los anteriores argumentos solicitó la revocatoria de la sanción impuesta.17 17 Folios 245-258 c.o. Defensor de confianza. Expuso que en las actuaciones desplegadas por el disciplinado no hubo la más mínima intención de entorpecer el normal desarrollo del proceso disciplinario, porque bajo su responsabilidad y en defensa de los intereses de su cliente presentó dos incidentes de nulidad sobre aspectos diferentes, permitidos por la ley y unos recursos procedentes y viables para el caso objeto de análisis disciplinario, situación que desvirtúa la falta contenida en el numeral 8º del artículo 33 de la ley 1123 de 200718 Concesión del recurso de apelación. El a quo, por medio de auto del 28 de agosto de 2018, concedió el recurso y ordenó enviarlo a esta instancia para resolver los puntos de inconformidad del disciplinado.19 CONSIDERACIONES DE LA SALA De la competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 256 de la Constitución Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la Ley” (Subrayado de la Sala), norma desarrollada por el numeral 4 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que al establecer las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la

Judicatura, le defirió “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejo 18 Folios 259-261 c.o. 19 Folio 263 c.o. Seccionales de la Judicatura” (Negrilla fuera de texto), concordante con lo preceptuado en el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, pues la alzada “procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia” Esta facultad constitucional y legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable. En razón de lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, el cual dispuso: “…Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial...” Transitoriedad avalada mediante Auto 278 del día 9 de julio de 2015 proferido por la Honorable Corte Constitucional, que dispuso “De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina

Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda. Límites de la apelación. Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de Segunda Instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el Legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta Corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por la recurrente20. Sobre el particular, necesario también se hace insistir en que la sustentación del recurso constituye carga ineludible del apelante, e irrumpe como

presupuesto imprescindible para acceder a la segunda instancia, pero a su vez, se erige en límite de la competencia del ad quem, el cual sólo puede revisar y pronunciarse acerca de los aspectos reprochados, salvo si percibe una nulidad que es de naturaleza oficiosa. El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los 20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26129. asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia. El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional. De la Calidad de abogado del Disciplinable: La Secretaria de i