CSDJ - F76001110200020140218402ADJUNTA20190625143917-2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., junio diecinueve de dos mil diecinueve Magistrada Ponente: CARLOS MARIO CANO DIOSA Radicación No 760011102000201402184 02 Aprobado según Acta No. 041 de la misma fecha Referencia: Abogado en apelación de sentencia. ASUNTO A TRATAR Procede esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior a resolver recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Valle del Cauca en mayo 30 de 20171, mediante la cual sancionó a la abogada GLORIA ASCENETH CUBILLOS con SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE SEIS (6) MESES, al encontrarla responsable de la falta prevista en el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 en modalidad dolosa. SITUACIÓN FÁCTICA Y ANTECEDENTES PROCESALES 1 Sentencia proferida por la Sala dual integrada por los magistrados Álvaro Acevedo Leguizamón (ponente) y Luis Hernando Castillo Restrepo. La presente actuación tiene origen en queja presentada por la señora LINA MARCELA GARCÍA CASTAÑO en representación de su menor hija V.L.G., en la cual relató que en abril 4 de 2008 contrató a la abogada GLORIA ASCENETH CUBILLOS para que adelantara la gestión pertinente para la

obtención de la pensión de sobreviviente a la que tenía derecho su hija, para lo cual suscribieron un contrato de prestación de servicios profesionales en donde se pactó como honorarios cuota litis inferior al 50%, del cual no le fue entregada copia, así mismo, se pactó que las costas procesales serían para la abogada. La pensión fue reconocida por sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali en septiembre 11 de 2012, modificada por el Tribunal del Distrito Superior de Cali en marzo 22 de 2013, posteriormente, la abogada interpuso demanda ejecutiva laboral, radicado 2013-0506, correspondiéndole su trámite al primero de los despachos mencionados. Ese despacho libró mandamiento de pago por valor de $121399.954 y las costas procesales fueron tasadas en $11639.994, de este dinero la abogada le consignó, en la cuenta de ahorros No. 4-6964-0-040826-1 del Banco Agrario, la suma de $57822.210. En este orden de ideas, la profesional dejó para sí la suma de $75217.738, los que a su juicio superan enormemente la participación obtenida por su hija V.L.G. Al momento de expresar su inconformidad a la abogada, ésta le exhibió un contrato de prestación de servicios profesionales cuya primera página no cuenta con el sello notarial y en el cual consta que los honorarios pactados fueron de 50% de lo recaudado más las costas procesales que fuesen reconocidas.2 Calidad de disciplinable.- Se allegó certificado expedido por la Unidad de

Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia de GLORIA ASCENETH CUBILLOS quien se identifica con cédula de ciudadanía número 38850257 y es portadora de la tarjeta profesional de abogado número 153363 del Consejo Superior de la Judicatura (vigente).3 Apertura de proceso disciplinario.- Mediante auto de abril 21 de 20144, se ordenó apertura de proceso disciplinario señalándose el día 19 de febrero de 2015 para llevar a cabo audiencia de pruebas y calificación provisional, la cual se adelantó en debida forma, como se detallará más adelante. En la sesión de audiencia de pruebas y calificación adelantada en febrero 19 de 2015 se contó con la asistencia de la quejosa quien se ratificó en su escrito de queja y amplió la misma señalando que la abogada le consignó $57.822.210, que al momento en que le entregó este dinero no sabía cuánto era el total reconocido en el proceso, además, que en repetidas ocasiones le solicitó el contrato de prestación de servicios profesionales obteniendo respuestas evasivas, hasta que finalmente le entregó una fotocopia donde solo aparece autenticada la segunda hoja. Manifestó que su queja se circunscribe a que la abogada cobró el 50% de las resultas más las costas, es decir, que recibió más de la mitad de lo que le correspondió como cliente. 2 Fls. 1-6 c. o. 1ª inst. 3 Fl. 45 c. o. 1ª inst. 4 Fls. 48 c. o. 1ª inst. Por otra parte, fue deseo de la investigada rendir versión libre en la cual

manifestó que la quejosa la buscó porque había hecho la reclamación de la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada y solo indemnizaron con $600.000, al exponer el caso con otro colega, encontraron que se podía solicitar la pensión de sobreviviente de la hija quien tenía todo el derecho. Que el caso lo trabajó con Guillermo Jaramillo quien es estudiante de derecho y aun no se ha graduado y compartía los honorarios con este en proporción del 50% de lo que obtuviera. Que el juzgado falló a favor de la menor y de la quejosa, sin embargo, el Tribunal revocó parcialmente dicha sentencia desconociendo la pensión de la señora Ligia y confirmándole el derecho a la menor. Afirmó que al no haber dinero para iniciar las gestiones se pactaron las costas a su favor. También intervino el abogado de confianza de la investigada, señalando que en este caso ya se había negado la pensión y que por tanto implicaba adelantar una labor jurídica tendiente a dejar sin efectos esas resoluciones administrativas y por tanto la quejosa, a través de un acto libre y voluntario, aceptó las condiciones económicas pactadas y en consecuencia, la abogada no ha incurrido en ninguna falta contra la honradez.5 En la sesión de audiencia de pruebas y calificación adelantada en abril 14 de 2015, la investigada solicitó el aplazamiento de la diligencia toda vez que su defensor de oficio no pudo asistir, a lo cual accedió el Magistrado Instructor. 5 Fl. 54-57 c. o. 1ª inst. En junio 3 de 2015 se continuó con la audiencia de pruebas y

calificación provisional con la asistencia de la quejosa, la disciplinable y su abogado de confianza, se verificó que no compareció el testigo citado, señor Guillermo Jaramillo. Pruebas allegadas en esta etapa procesal.- Fueron allegadas al proceso entre otras pruebas, las siguientes:

1. Auto No. 277 de mayo 22 de 2014, proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, en el cual se liquida el crédito así: por concepto de capital $57822.210, por intereses moratorios $58 577.744, como costas de primera instancia $5000.000 y se incluyó la suma de $11639.994 como estimación de las agencias en derecho.

(Fl. 9 c.o. 1º instancia)

2. Auto No. 297 de junio 9 de 2014, proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, en el cual se declara en firme la liquidación de costas y se ordena hacer entrega del título judicial a la abogada GLORIA ASCENETH CUBILLOS (Fl. 10 c.o. 1ª instancia)

3. Comunicación de la orden de pago de depósito judicial de fecha julio 9 de 2014 constituido a favor de GLORIA ASCENETH CUBILLOS por valor de $133039.948 (Fl. 11 c.o. 1ª instancia) Calificación provisional.- En esa misma sesión el A quo procedió a hacer un recuento de la queja, la relación de las pruebas que obran en el expediente y calificó provisionalmente la actuación.

Encontró el Magistrado Instructor que el título cobrado por la abogada era de $133039.948, suma que dividida entre 2 arroja $66519.974 monto hasta el

cual la ley le permitía a la abogada devengar los honorarios, por tanto, al entregar a la quejosa la suma de $57822.210, quedó un rédito insoluto a favor de la quejosa por $8697.764, con lo cual pudo haber inobservado el deber contenido en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 al presuntamente incurrir en la falta de carácter anti ético que consagra el artículo 35 en su numeral 2º de ibídem, conducta imputada a título de dolo. Así mismo, ordenó compulsa de copias para que la abogada sea investigada toda vez que posiblemente patrocinó el ejercicio ilegal de la profesión. El Magistrado Sustanciador negó por inconducente la prueba, solicitada por la investigada, de oficiar al Juzgado y/o a Colpensiones para establecer si aún le adeudan a la quejosa algunas mesadas, al considerar que no conduce a deslegitimar o a afirmar el hecho materia de la investigación. Decisión contra la cual la disciplinable interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, este último fue concedido y mediante providencia de agosto 20 de 20156, esta Superioridad revocó la decisión del A quo y ordenó que dicha prueba fuera decretada en los términos requeridos por la disciplinable. En sesión de marzo 31 de 2016, en atención a lo dispuesto por esta Superioridad, el Magistrado Sustanciador ofició a Colpensiones y al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali con el fin que informen si dentro de la

demanda laboral de LINA MARCELA GARCÍA CASTAÑO contra Colpensiones existen valores pendientes por cancelar a favor de la 6 Según acta No. 069 de la misma fecha, con ponencia del H.M. WILSON RUIZ OREJUELA acompañada por los Magistrados PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO, RAFAEL ALBERTO GARCÍA ADARVE (E), JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ, ANGELINO LIZCANO RIVERA (Con salvamento de voto) y MARIA MERCEDES LÓPEZ MORA demandante y al Banco Agrario para que informe los valores ordenados a pagar y los movimientos de la cuenta de ahorros cuya titular es la quejosa. Posteriormente fueron allegadas las siguientes pruebas:

1. Oficio de abril 12 de 2016, suscrito por la Directora Operativa del Banco Agrario sucursal de Cali, en el cual certifica que: “El día 04/08/2014, el Juzgado Laboral del Circuito de Cali, ordeno el pago del título judicial No. 469030001606822 por valor de $133.039.948, el cual se cancelo en efectivo, adjunto copia.” así mismo, indicó que, verificado el aplicativo de clientes, la señora LINA MARCELA GARCÍA CASTAÑO se encuentra vinculada a esa entidad a través de la cuenta de ahorros No. 469640048261 y que “[v]erificado el movimiento de la cuenta el 04/08/2014, fecha de pago del título, se observa que le consignaron en efectivo $57.822.210, y se le descontó lo siguiente: la comisión por consignación Nacional del 1.09% ($630.262.09) mas el

IVA del 16% sobre a comisión ($100.842 y el GMF 4 x 100 ($2.924).” (Fls. 123-125 c.o. 1ª instancia)

2. Oficio No. 318 de abril 18 de 2016, proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, en el cual señaló que dentro del proceso ejecutivo laboral de LINA MARCELA GARCÍA CASTAÑO contra COLPENSIONES, radicado 203-00506, “no hay valores pendientes por cancelar a la señora LINA MARCELA GARCÍA CASTAÑO” (Fl. 121 c.o. 1ª instancia) Audiencia de juzgamiento.- Ante la renuencia de la disciplinable y su defensor de confianza para acudir a la continuación del proceso disciplinario se le declaró persona ausente y se le designó defensor de oficio con el fin de continuar con el mismo, por lo que en marzo 24 de 2017 se llevó a cabo la primera sesión con presencia del abogado de oficio y el Ministerio Público quien señaló que la conducta anti ética de la abogada ha quedado plenamente demostrada, por otro lado, la defensa solicitó el aplazamiento de la diligencia.

Luego en abril 19 de 2017 se continuó con la audiencia de juzgamiento en la cual el abogado de oficio alegó de conclusión en donde señaló que por parte de la quejosa solicitó la imposición de una sanción disciplinaria y que le fueran devueltos los dineros, no siendo esta la jurisdicción competente para resolver este asunto. Por otra parte, hizo énfasis en que el contrato de prestación de servicios fue consensuado y se pactó como honorarios el 50%

de las resultas más las costas, en este punto, el abogado llama la atención en que los honorarios solicitados siempre fueron tasados en 50% y no se elevó por encima de esto, pues lo que se hizo fue cobrar este monto y lo que invierto en el proceso correspondiente a costas, en consecuencia, no encuentra ninguna falta disciplinaria en la que haya podido incurrir la

abogada GLORIA ASCENETH CUBILLOS.7

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Consideró la Sala dual que “… el pacto celebrado en el contrato de prestación de servicios es plenamente válido como quiera que, la cuota litis del cincuenta por ciento de lo que arrojara el proceso ordinario es práctica común, cuando la persona que pretende acceder a la justicia no tiene lo dineros disponible para cancelar honorarios profesionales a determinado abogado y lo mismo puede predicarse de las agencias en derecho…”.

Pero continuó: “Sin embargo, ocurre que en el presente evento, la sumatoria entre el cincuenta por ciento de lo que arrojo lo reconocido en la sentencia, mas las costas o agencias en derecho, superaron en mas de ocho millones 7 Fl. 278 c. o. 1ª inst. de pesos, la participación de la señora LINA MARCELA GARCÍA CASTAÑO, siendo ese el cargo directo que se le formuló en la calificación jurídica provisional, mismo que a través de las diferentes intervenciones y con la prueba acopiada al legajo, ni la disciplinable, ni el defensor de confianza en los momentos en que intervinieron, ni el defensor de oficio que continuo con su defensa en forma acuciosa, pudieron desvirtuar y más, cuando utiliza

como argumento que ello es perfectamente normal e incluso, precisó, que a la quejosa aun le estaban debiendo dineros, lo que no corresponde a al realidad según lo expuesto por la Directora Operativa de la Oficina del Banco Agrario Sucursal de Cali, obrante a folios 123 y siguientes del cuaderno original, como de la misma manera lo hizo el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, done (sic) se adelantó el proceso ordinario de marras.” En razón a lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Valle del Cauca mediante sentencia proferida en mayo 30 de 2017 sancionó a la abogada GLORIA ASCENETH CUBILLOS con SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE SEIS (6) MESES, al encontrarla responsable de las faltas previstas en el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 en modalidad dolosa.8 DEL RECURSO DE APELACIÓN El abogado de confianza de la disciplinable apeló la decisión de primera instancia al considerar que su prohijada no cometió ninguna falta disciplinaria, para lo cual solicitó que se tuviera en cuenta que el contrato había sido suscrito en Buga y la ejecución del mismo se había dado en Cali, por lo que la abogada había incurrido en gastos para su desplazamiento los 8 Fls. 287-312 c. o. 1ª inst. cuales son a cargo del cliente y “están establecidos en la Ley 1.376/88 art.2”, disposición citada en dos oportunidades. También señaló que no hay duda de la validez y eficacia del contrato de

honorarios profesionales en razón al artículo 1602 del Código Civil. También expuso que de conformidad con la liquidación del crédito la suma del capital reconocido con los intereses moratorios arroja un total de $116.399.954 al cual luego de aplicarle el 50% resulta un valor a pagar de $58.199.977, en consecuencia, lo que objetivamente le debe la abogada investigada a la quejosa es la cifra de $377.767, toda vez que ya se le consignó la suma de $57.822.210 “resultando que por un error involuntario, al verificar que dicho valor era precisamente el 50%, cuando quiera que se trataba exactamente del capital liquidado por el Juzgado, lo que de suyo no puede constituir la obtención dolosa de honorarios por encima de la participación correspondiente al de la cliente.” Aseguró que “todavía falta el ajuste de otras mesadas e intereses que al final por no haber repuesto la providencia no entró en discusión respecto de la liquidación final, lo cual no significa que no se deban al margen de que el Juzgado haya estimado que no existe otra obligación pendiente. Nótese que mi representada desde un punto de vista puramente objetivo no obtuvo remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, aprovechándose de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de esta.” Siguió “[d]e hecho, salvo este error, que de ninguna manera resulta desproporcionado ($377.767 pesos m/cte.), los honorarios de mi representada no superan la participación correspondiente a la cliente, lo que de alguna manera corrigió ampliamente al haber indemnizado integralmente a la supuesta afectada.” Por otro lado citó un aparte de la sentencia del 24 de enero de 1997 de la

sala de casación Civil (sic) de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Rafael Méndez Arango, así: “Ahora bien, el estatuto deontológico no reprime el solo hecho de cobrar honorarios desproporcionados, sino que, de acuerdo con el tipo legal en cuestión, se requiere que ello se haga con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del cliente. En este sentido el legislador es consiente que el mandato constituye un contrato de naturaleza civil, en donde las partes contratantes cuentan con entera libertad de disponer de sus derechos patrimoniales, de manera que el mandatario si así lo quiere, puede comprometerse a la realización de la gestión sin exigir contraprestación de ninguna especie y, de la misma manera, el mandante perfectamente es libre de determinar, si ese es su deseo, que el abogado conserve la totalidad de lo recaudado, esto es, el 100% y entender así cancelados sus servicios…” Por ello, no pueden los juzgadores, sin incurrir en error iuris in iudicando, dejar sin valor una estipulación sobre honorarios acordada por las partes, con la consideración de que violan las tarifas señaladas por los colegios de abogados.” Finalmente concluyó que: “las agencias en derecho en principio se disponen en favor del mandante que ha pagado anticipadamente honorarios profesionales, o antes de la sentencia judicial. Sino (sic) se pagaron honorarios por la gestión encomendada, como en el presente evento, contrario a lo plasmado en el fallo bajo estudio, las agencias en derecho serán a favor del abogado y ello tampoco impide que obtenga como

honorarios un porcentaje sobre las pretensiones logradas…” 9 CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 256 constitucional, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la Ley”, norma desarrollada por el numeral 4 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que al establecer las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le defirió “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura”, concordante con el numeral 1 del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007. Facultad legal que se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278

9 Fls. 323-333 c.o. 1ª instancia del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda. De la Apelación.- Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de Segunda Instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta Corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino

que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente.10 10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26129. Asunto a resolver.- Atendiendo los fines de la apelación, en el asunto bajo escrutinio de la Sala, no se evidencia actuaciones irregulares que afecten la legalidad de la misma, ni de la sentencia. Se cumplieron los principios de publicidad y contradicción, se corrieron los traslados; se notificaron las providencias correspondientes, se practicaron las pruebas solicitadas y en la forma señalada en las normas instrumentales, se garantizaron los derechos de defensa, de contradicción y la oportunidad de interponer recursos para acceder a la doble instancia; por lo que procede la Sala a pronunciarse sobre la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Valle del Cauca en mayo 30 de 2017, mediante la cual sancionó a la abogada GLORIA ASCENETH CUBILLOS con SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE SEIS (6) MESES, al encontrarla responsable de las faltas previstas en el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 en modalidad dolosa. Descripción de las falta disciplinarias.- La abogada fue encontrada responsable por la comisión de la falta contra la honradez descrita en el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, que establece lo

siguiente: “Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado. (…)

2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente del cliente. (…)” De cara a la conducta descrita por el legislador y a efectos de resolver el problema jurídico planteado en el sub examine, referido a la responsabilidad disciplinaria del inculpado en falta contra la honradez y cuyo contenido normativo se transcribió anteriormente, la Sala parte del presupuesto de que el ejercicio de la abogacía a diferencia de otras profesiones, admite la exigencia de mayor rigor en cuanto al comportamiento del profesional en todos los órdenes, en atención a la trascendente función social realizada por los togados como depositarios de la confianza de sus clientes y como defensores del derecho y la justicia, tal como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia C-658 de 1996 .

Necesario mencionar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión. Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que

intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social. Caso concreto.- Se encuentra probada la relación abogado-cliente pues se suscribió contrato de prestación de servicios profesionales entre LINA MARCELA GARCÍA CASTAÑO y la abogada GLORIA ASCENETH CUBILLOS, el cual fue reconocido personalmente en la Notaria 55 del círculo de Bogotá el 8 de abril de 2008. Con ocasión a la relación profesional, la abogada investigada inició las gestiones necesarias y encaminadas al reconocimiento de la pensión de sobreviviente de la señora LINA MARCELA GARCÍA CASTAÑO y su menor hija V.L.G. hasta lograr una sentencia favorable a los intereses de la menor en segunda instancia y, posteriormente promovió un proceso ejecutivo laboral para obtener el pago de lo reconocido mediante sentencia judicial. Hasta este punto como bien lo manifestó el apelante, no existe reproche alguno respecto de la diligencia con que la abogada llevó su gestión, en razón a que la quejosa circunscribió su descontento en el hecho de que la abogada haya obtenido por concepto de honorarios una participación mayor a la recibida por su hija V.L.G. Para desatar el recurso, lo primero será identificar lo convenido por las

partes; según el contrato de prestación de servicios allegado al proceso (Fls. 37 a 38 c.o. 1ª instancia) y lo indicado por la disciplinable en la versión libre se pactó como remuneración de la abogada la modalidad de cuota litis en proporción del 50%, que si bien fue cuestionada por la quejosa no se encontró ninguna prueba encaminada a desvirtuar este porcentaje y, además, se pactó que las costas procesales serían reconocidas en favor de la apoderada. De conformidad con la liquidación del crédito, con base en la cual se pagó el depósito judicial, por concepto de capital se reconoció la suma de $57 822.210, por concepto de intereses moratorios $58577.744 a razón de las costas de primera instancia $5000.000 y se incluyó a las costas la suma de $11639.994 como concepto único de agencia en derecho, pues los gastos se liquidaron en “-0-“.11 De los valores anotados, la investigada entregó a su cliente, mediante consignación bancaria en la cuenta de ahorros No. 469640048261 del Banco Agrario, la suma $57822.210, conservando para sí $75217.738, los cuales dijo haber retenido legítimamente en virtud del contrato de prestación de servicios profesionales. Ahora bien, en cuanto al concepto de costas procesales habrá que decir, que en primer lugar están conformadas por (i) todos los gastos y expensas en los que se incurrió para adelantar el proceso y, por otra parte, (ii) se encuentran las agencias en derecho que representan las erogaciones realizadas por la parte vencedora para contratar a un profesional que ejerciera la

representación jurídica. Ambas, siempre son reconocidas a la parte vencedora como un alivio por las erogaciones en que incurrió, pues, los valores tasados por estos conceptos no corresponden de manera necesaria a los realmente gastados o a lo que debe cobrar el abogado como honorarios profesionales, y que pueden reconocerse en favor del abogado siempre que haya acuerdo expreso en ese sentido. De otra parte, si bien es válido lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil que desarrolla el axioma “el contrato es ley para las partes” y que constituye un desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada, con base en el cual las partes pueden disponer del contenido del negocio jurídico, dicha autonomía tiene límites siendo uno de ellos la norma imperativa, al respecto, Fernando Hinestrosa: 11 Fl. 55 c.o 1ª instancia “El poder que tienen los particulares de dar reglas a sus propios intereses es limitado; además de necesitar previamente una orientación establecida por la sociedad en sus prácticas y por medio del ordenamiento, se encuentra sometido por la prohibición de contravenir los niveles mínimos trazados para la defensa de los asociados. Análogamente a como el derecho penal está compuesto por las prohibiciones fundamentales, en el derecho privado existe también una clasificación de las normas en razón de su importancia general y, dentro de la disciplina de la autonomía privada, el ordenamiento trae prescripciones que son inderogables, cuya transgresión acarrea consecuencias nocivas al autor, quien ve a su actividad desprovista de los efectos a que en condiciones corrientes podría aspirar. Tales normas, denominadas imperativas o cogentes (ius cogens), se refieren a las practicas reprobadas y

señalan la conducta desechable, sancionada con la ineficacia del negocio, salvo el caso de que este pueda sobrevivir una vez depurado (nulidad parcial), del todo ajustado a los dictados fundamentales.”12 Descendiendo al derecho disciplinario, encontramos que uno de los deberes del abogado es obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales en virtud del cual, deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto,13 una de estas normas es la preceptuada en el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1123, la misma por la 12 HINESTROSA, F. Tratado de las obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: negocio jurídico; volumen 1, p. 335, 2015, Ed. Universidad Externado de Colombia 13 Ley 1123 de 2007, artículo 28, numeral 8º, “Deberes profesionales del abogado” que fue acusada y sancionada la abogada GLORIA ASCENETH CUBILLOS, la cual “propende a obtener de honorarios o contraprestación del abogado con criterios de equidad, pues conforme a la razón, no resulta lógico que se beneficie más de un litigio el apoderado, que el propio titular de los derechos en discusión.”14 Este criterio lo ha desarrollado esta Corporación desde mucho tiempo atrás: “Al paso q