CSDJ - F05001110200020150089001ADJUNTA20190513120339-2019

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Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019) Magistrado Ponente: Doctor ALEJANDRO MEZA CARDALES Radicado No. 050011102000201500890 01 Aprobado según Acta de Sala No. 026 de la misma fecha. ASUNTO Procede esta Sala a pronunciarse en torno al recurso de alzada incoado contra la sentencia1 dictada en noviembre 30 de 2017 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó con SUSPENSIÓN del ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses y multa equivalente a un (1) S. M. M .L. V. al abogado ROLANDO DE JESÚS ROLDAN JIMÉNEZ, tras hallarlo responsable de cometer la falta descrita en el numeral 6º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de DOLO. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 1 Ponencia de la Mg. CLAUDIA ROCIO TORRES BARAJAS en sala dual con el Mg. GUSTAVO ADOLFO HERNÁDEZ QUIÑÓNEZ, decisión vista en folios 90 a 100 del c.o. de 1a Inst. 2

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Radicado No. 050011102000201500890 01 Apelación de Sentencia 1.- La presente actuación tiene su génesis en la queja allegada en abril 30 de 2015 ante el Seccional de Primera Instancia, por la señora SANDRA MOLSALVE MUÑOZ quien puso de presente las eventuales irregularidades de orden disciplinario cometidas por el abogado ROLANDO DE JESÚS ROLDAN JIMÉNEZ, pues a finales del mes de octubre del 2014 acudió a su oficina para que le llevara un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, para lo cual le dio un anticipo de $500.000, pero no le expidió el recibo correspondiente. DE LA CONDICIÓN DE ABOGADO Se llegó el certificado2 correspondiente, expedido por el Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por el cual se expuso que el doctor ROLANDO DE JESÚS ROLDAN JIMÉNEZ, se identifica con la cédula de ciudadanía N° 8.407.519 además es portador de la Tarjeta Profesional vigente N° 52.530 del Consejo Superior de la Judicatura la cual se encuentra vigente para la fecha del certificado, asimismo se informó sus datos de contacto. ACTUACIONES PROCESALES 2 Certificación de condición de abogado vista en folio 5 del c.o. de 1a Inst. 3

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Radicado No. 050011102000201500890 01 Apelación de Sentencia 1.- Una vez demostrada la condición de abogado de ROLANDO DE JESÚS ROLDAN JIMÉNEZ, el a quo mediante proveído3 fechado junio 2 de 2015 dispuso la apertura de investigación disciplinaria, convocando al disciplinable, a la quejosa y demás intervinientes, a la audiencia de pruebas y calificación provisional que trata el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, para lo cual señaló la hora de las 8:30 a.m. de octubre 22 de esa misma anualidad. Audiencia de pruebas y calificación provisional. Esta etapa procesal se surtió efectivamente en las siguientes sesiones: mayo 27 de 20164, diciembre 14 del 20165 y julio 13 del 20176, destacándose que en ésta última se calificó provisionalmente la actuación, considerando el a quo la necesidad de terminar y archivar definitiva y parcialmente el proceso así como imputar cargos al disciplinable. Aunado a ello, en ésta etapa también concurrieron como jurídicamente relevantes los acontecimientos que continuación se relacionan: Ratificación y/o ampliación de la queja 3 Auto de apertura visto en folio 7 del c.o. de 1a Inst. 4 Acta de audiencia vista en folios 26 a 27 del c.o. de 1a Inst. Audio en CD N° 1. 5 Acta de audiencia vista en folio 55 del c.o. de 1a Inst. Audio en CD N° 2 6 Acta de audiencia vista en folios 87 a 88 del c.o. de 1a Inst. Audio en CD N° 3

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Apelación de Sentencia En desarrollo de la audiencia de pruebas y calificación provisional adiada mayo 27 de 2016, se confirió uso de la palabra a SANDRA MOLSALVE MUÑOZ para que, bajo gravedad de juramento se pronunciara en torno a todo lo esbozado en su escrito inicial, ratificándose en lo allí mencionado, aunado a ello, agregó lo siguiente: Acudió al disciplinable una vez se lo recomendaron para que le tramitara la cesación de efectos civiles de matrimonio católico, sin suscribir contrato de prestación de servicios al respecto, por lo cual procedió a incoar la demanda, la cual se adelantó con radicado N° 2012-01278 del Juzgado Primero de Familia del Circuito de MedellínAntioquia, pero decidió desistiría en el año 2012 por motivos personales. Para octubre del 2014 buscó nuevamente al disciplinable a fin de retomar el caso, otorgándole nuevo poder para poder instaurar la demanda, pagándole un anticipo de $500.000, sin expedirle el recibo correspondiente, pasado ello, le buscó y llamó con el objetivo de saber del estado del proceso, recibiendo como respuesta que a causa del cambio normativo, el asunto se demoraría más de lo normal, y que debía tener en cuenta la lentitud propia de esa clase de litigios, asimismo, en otra ocasión le dijo que los juzgados se encontraban en

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Apelación de Sentencia paro, pero se enteró de lo falsa de esa situación, por tanto requirió el dato concreto al investigado, quien le adujo no haber presentado el libelo pues en su sentir no era lo más acertado, así que le regresaría el dinero de los honorarios. Luego de ello, no ha recibido el reintegro del dinero, y el abogado insiste en que era ella quien le debía alrededor de $3'000.000 por la asesoría que le había brindado y la supuesta presentación de una denuncia por violencia intrafamiliar, lo cual no era cierto ya que fue ella quien la incoó personalmente sin asesoría del letrado. Versión libre. En desarrollo de la audiencia de pruebas y calificación provisional de diciembre 14 del 2016, se escuchó la declaración libre de apremio y juramento al disciplinable, quien básicamente adujo lo siguiente: Indicó que no suscribió ningún contrato pero que todo acuerdo con la quejosa fue verbal, que la tarea encomendada por ella se dividió en tres partes, iniciar un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, realizar la consecuente disolución y liquidación de la sociedad conyugal, y teniendo en cuenta las gestiones que se fueran 6

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Apelación de Sentencia realizando, se miraría la tarifa de honorarios a pagar, por lo cual cobró $6'000.000,oo con el fin de dar inicio al proceso. La tercera gestión consistía en instaurar una denuncia penal por violencia intrafamiliar pues su esposo la vivía agrediendo físicamente, y en unas de esas agresiones fue capturado en flagrancia, pero ella tuvo lástima de él y no instauró la denuncia como correspondía pues existía la posibilidad que no lo dejaran en libertad por la fecha de la denuncia, es decir, agosto del 2014. Aludió que no es cierto que la señora Monsalve Muñoz le hubiera dado un anticipo $500.000, pues únicamente recibió de su parte un anticipo de $300.000 pero no le expidió el recibo pues ella no se lo quiso recibir. Pruebas incorporadas en esta etapa procesal.

1. Se incorporó de oficio, pantallazo de la página web de la Rama Judicial denominada Consulta de Procesos, en cuanto a la demanda de cesación de efectos civiles de matrimonio católico de Sandra Monsalve Muñoz contra Juan Felipe Cossio Lopera, del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Medellín -Antioquia, radicada N° 2015-00845-00, denotándose que el asunto estaba culminado por sentencia de marzo 3

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Apelación de Sentencia de 2016, la cual avaló acuerdo de las partes. (Folio 28 y reverso del c.o. de 1a Inst.).

2. Se incorporó de oficio, pantallazo de la página web de la Rama Judicial denominada Consulta de Procesos, en cuanto a la demanda de cesación de efectos civiles de matrimonio católico de Sandra Monsalve Muñoz contra Juan Felipe Cossio Lopera, del Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Medellín - Antioquia, radicada N° 2012-0127800, denotándose que el asunto estaba culminado por retiro del libelo de parte del abogado en mayo 10 de 2013. (Folio 29 y reverso del c.o. de 1a Inst.).

3. El disciplinable aportó copia de la demanda, del poder y anexos de la primera demanda por él radicada, igualmente allegó copia de una denuncia incoada en agosto 15 de 2014 por la posible comisión del punible de violencia intrafamiliar, contra Juan Felipe Cossio Lopera.

(Folios 30 a 41 del c.o. de 1a Inst.).

4. Por oficio N° 859 de junio 21 de 2015, el Juzgado Primero de Familia de Oralidad del Circuito de Medellín - Antioquia, informó que el investigado no actuó como apoderado de ninguna de las partes en el proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico de

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Apelación de Sentencia Sandra Monsalve Muñoz contra Juan Felipe Cossio Lopera, radicado N° 2015-00845-00. (Folio 44 del c.o. de 1a Inst).

5. Por oficio N° 1808 de junio 21 de 2015, el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito de Medellín - Antioquia, informó que el investigado actuó como apoderado de la parte demandante en el proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico de Sandra Monsalve Muñoz contra Juan Felipe Cossio Lopera, radicado N° 2012-01278-00, asimismo envió copias parciales del dosier. (Folios 45 a 49 del c.o. de 1a Inst.).

Calificación provisional. En desarrollo de la sesión de junio 13 de 2017 de la presente audiencia, y una vez recaudado el anterior acopio probatorio, la Magistratura a quo consideró que era del caso calificar provisionalmente la conducta desarrollada por el investigado, iniciando con un breve resumen de los hechos de la queja y sus anexos, el acervo probatorio arrimado al infolio hasta ese instante, así como los argumentos de los intervinientes, procediendo de la siguiente manera: Terminación parcial. 9

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Apelación de Sentencia Inicialmente, el a quo consideró pertinente terminar y archivar definitiva y parcialmente el proceso en cuanto una posible indiligencia de parte del togado, ya que existía duda en su favor en lo referente a las directrices dadas por la cliente, de quien se pudo evidenciar al parecer le pedía suspender la presentación del libelo, por lo cual el togado consideró que mejor se debía llegar a un acuerdo conciliatorio, lo que generó diferencias que desembocaron en la ruptura de la relación cliente-abogado. Pliego de cargos. Frente al deber de obrar con honradez en sus relaciones profesionales, plasmado en el artículo 28 numeral 8o de la Ley 1123 de 2007, se imputó cargos por la eventual comisión de falta contenida en el numeral 6o del artículo 35 ibídem, el cual reglamenta lo siguiente: "...6. No expedir recibos donde consten los pagos de honorarios o de gastos...". La anterior imputación jurídica obedeció a que el investigado recibió de parte de la quejosa en octubre de 2014 la suma de $500.000, para instaurar en su favor proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, sin expedir el recibo correspondiente. El anterior comportamiento se imputó a título de DOLO, pues consideró el a quo, que el letrado desarrolló esa conducta conscientemente, es decir, sabía que con ese proceder podía 10

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Apelación de Sentencia contravenir el estatuto deontológico de los abogados, y aun así decidió hacerlo. Audiencia de juzgamiento. Esta etapa procesal se surtió efectivamente en agosto 24 del 20177, destacándose que en ésta última se alegó de conclusión. Alegatos de conclusión. Sin mediar pruebas por practicar, el a quo recaudó los alegatos de conclusión de los intervinientes, lo cual se desarrolló así: El disciplinable. En su sentir se había configurado una nulidad ya que al momento de imputarse cargos no se especificó la gravedad de la conducta desplegada tal y como lo exigía el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, además aparentemente no se había explicado de forma clara la conducta en cuanto al tiempo, modo y lugar en que se desplegó. Finalmente deprecó la terminación del proceso ya que el hecho atribuido no existió. Concluida la anterior intervención, sin haber más por escuchar, se ordenó registrar proyecto de sentencia. 7Acta de audiencia vista en folio 88 del c.o. de 1a Inst. Audio en CD N° 4. 11

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Apelación de Sentencia

DE LA SENTENCIA CONSULTADA Por medio de providencia dictada en noviembre 30 de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, sancionó con SUSPENSIÓN del ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses y MULTA de equivalente a un (1) S.M.M.L.V. al abogado ROLANDO DE JESÚS ROLDAN JIMÉNEZ, tras hallarle responsable de cometer la falta descrita en el numeral 6o del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007. El Seccional de Primera Instancia negó la nulidad peticionada, y consideró que de las pruebas obrantes en el plenario se podía concluir con grado de certeza que el investigado en verdad adecuó su comportamiento al tipo disciplinario previsto en el antedicho precepto legal, no encontrando de recibo los argumentos de su defensa, insistiendo integralmente en los hechos de la imputación, pero en esta oportunidad con certeza. Finalmente, se consideró que las sanciones impuestas, que consistieron en SUSPENSIÓN del ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses y MULTA de equivalente a un (1) S.M.M.L.V., fueron dadas, teniendo en cuenta que con su actuar quebrantó su deber de actuar con lealtad en sus relaciones profesionales, además socavó la 12

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Radicado No. 050011102000201500890 01 Apelación de Sentencia percepción que de la profesión de la abogacía se tenía en el colectivo, igualmente se sopesó la ausencia de antecedentes disciplinarios, la modalidad dolosa de la conducta reprochada y la gravedad de la misma; reiterándose que las sanciones impuestas se hacían necesarias, congruentes y ponderadas, ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007. DE LA APELACIÓN Notificada en debida forma la sentencia de primera instancia, el disciplinable incoó recurso de alzada contra la misma, argumentado en síntesis que debía ser absuelto de la responsabilidad disciplinaria. Adujo que al momento de imputarse cargos no se delimitaron los elementos de tiempo, modo y lugar en cuanto a la comisión de los hechos supuestamente cometidos, por tanto, se generó una nulidad en su favor. Aunado a ello, expuso que no mediaba elemento de prueba alguno que cimentara la tesis sancionatoria del a quo, por ende, su presunción de inocencia se mantenía incólume, debiendo ser absuelto del cargo único imputado. 13

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Apelación de Sentencia Finalmente adujo que en su caso había acaecido la prescripción de la potestad sancionadora del Estado, pues cualquier actuación

desarrollada en favor de la quejosa se dio en noviembre de 2012. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1.- Competencia Conforme a las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3° de la Constitución Política; 112 numeral 4° de la Ley 270 de 1996, 256 numeral 3 de la Constitución Política de Colombia, esta Superioridad es competente para conocer el recurso de apelación impetrado contra la providencia dictada en noviembre 30 de 2017 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó con SUSPENSIÓN del ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses y multa equivalente a un (1) S.M.M.L.V. al abogado ROLANDO DE JESÚS ROLDAN JIMÉNEZ, tras hallarlo responsable de cometer la falta descrita en el numeral 6° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007. Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales 14

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Apelación de Sentencia Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. 15

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Radicado No. 050011102000201500890 01 Apelación de Sentencia Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Es sabido que, el ejercicio de la abogacía conlleva al cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones las cuales estructuran en términos generales el Código Ético al cual se encuentran sometidos los abogadas en el litigio, donde el incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que las infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el Legislador como disciplinarias, 16

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Apelación de Sentencia según el quebrantamiento o la transgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción atribuible de acuerdo con las pruebas recaudadas en el respectivo proceso disciplinario. En virtud de lo anterior, y, sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir. De la apelación. Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de Segunda Instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el Legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta Corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión 17

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Apelación de Sentencia impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente.8 De la nulidad alegada. Deprecó en su escrito de apelación el investigado la nulidad de todo lo actuado en el presente asunto desde la formulación de cargos, pues no se delimitaron los elementos de tiempo, modo y lugar en cuanto a la comisión de los hechos supuestamente cometidos. Frente a lo anterior se debe negar de plano la petición de nulidad planteada, pues la petición hecha no fue debidamente presentada, ya que determinó la causal explícita de las que están contenidas en el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, situación que deja sin piso jurídico la petición del recurrente, pues las nulidades son taxativas, y mal hizo en enunciar una situación que en su sentir nulitaba la actuación, sin proceder a encajarla en alguna de las causales específicas de la normatividad previamente expuesta. Aunado a lo anterior, tampoco encuentra esta Superioridad que deba decretarse de oficio alguna nulidad, pues si bien así nos faculta el artículo 99 ibídem, no es menos cierto que el actuar del a quo no está enmarcado como violatorío del derecho fundamental al debido proceso 8Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26129. 18

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Apelación de Sentencia en relación con la defensa del togado, debiéndose precisar que, en virtud del principio de trascendencia, surge la necesidad de acreditar que en realidad exista una irregularidad sustancial que afecte realmente las garantías del disciplinable o vulnere las bases fundamentales del juicio, de manera tal que su declaratoria rogada u oficiosa deba tener siempre por finalidad la de corregir los errores prominentes en la tramitación del proceso y en el asunto sub examine el tratamiento del disciplinable. Así mismo, ésta Corporación ha sostenido que, en virtud del principio de residualidad, la declaratoria de nulidad sólo debe efectuarse cuando la grave inconsistencia procesal no pueda corregirse sino rehaciendo parte del trámite, por lo que, a fin de modular los alcances del postulado en cita, se hace necesario plasmar las siguientes acotaciones modulando la acertada jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: ".. .La nulidad [como] consecuencia del principio de legalidad del proceso, busca establecer la intanqibilidad de las formas propias de cada juicio, por ser éstas el marco dentro del cual puede ejercer el Estado su derecho de sancionar, y por cuanto constituyen la garantía de la persona respecto de la salvaguarda de su libertad y del 19

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Radicado No. 050011102000201500890 01 Apelación de Sentencia aseguramiento de oportunidades y medios idóneos para su defensa9...". Es por lo anterior, y, entrando a determinar si se presentan o no irregularidades procesales que vulneren el debido proceso en punto del derecho de defensa técnica del togado, se inicia por determinar que el inciso quinto de la Ley 1123 de 2007 prevé que la formulación de cargos se hará expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica, así como la modalidad de la conducta, es decir, debe contener clara y concisamente los elementos jurídico-fáctico de la conducta y la normatividad presuntamente transgredida por el profesional del derecho, asimismo le impone al operador judicial el deber de motivar esa imputación, entendiéndose que es aquí donde surge el punto de inflexión del recurrente, pues en su sentir la motivación y la delimitación de los elementos de hecho no ha sido suficiente y por tanto violatoria de su derechos fundamentales. Sobre la ausencia de motivación de las providencias judiciales, la Honorable Corte Constitucional ha previsto lo siguiente: "...La jurisprudencia constitucional, a partir de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005, estableció la falta de motivación de las decisiones judiciales, entendiendo aquella como la ausencia de 9 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 15 de febrero de 1990, MP. Jorge Carreño Luengas. 20

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Apelación de Sentencia sustento argumentativo o la irrelevancia de las consideraciones aplicadas para dirimir la controversia, como un criterio específico autónomo de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Ahora bien, la Corte ha sostenido que la comprobación de la ausencia de motivación de las decisiones judiciales está estrechamente ligada a la complejidad del asunto, las materias alegadas y los hechos del caso. De esa forma, mientras que en algunos casos unas breves consideraciones bastarán para dirimir el caso; en otros es indispensable que el juez argumente de manera exhaustiva la decisión que va a adoptar. En todo caso, siempre habrá de emitirse pronunciamiento sobre los asuntos entorno de los cuales gira la controversia y si es del caso, aducir la razón jurídica por la cual el fallador se abstendrá de tratar alguno de los puntos sometidos a su consideración...". (Lo subrayado es nuestro). Es decir, no es necesario que la motivación de alguna decisión judicial sea necesariamente extensa a fin de satisfacer los deseos garantistas de los derechos de las partes, pues vale que sea sucinta pero concreta, o dicho de otro modo, aquí es perfectamente aplicable aquél adagio popular que reza que "...vale más la calidad que la cantidad..."; nótese que el a quo al momento de imputar cargos provisionales especificó el tiempo, octubre de 2014, así como las partes, quejosa y el abogado, y la conducta, valga reiterarlo, la no expedición del recibo una vez

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Apelación de Sentencia recaudó los honorarios parciales, con lo cual en verdad pudo transgredir la norma en cita, es decir, con esos argumentos quedó más que clara la imputación, y por más que se insista de parte del disciplinable que su sumariedad raya con la ausencia de motivación, no es cierto, pues extensión en argumentos no es per se garantía de sus derechos. Es por lo anterior, que no se evidencia vulneración del derecho fundamental del debido proceso del togado en relación con su defensa, y por el contrario, lo que se observa es que de forma al parecer fraudulenta y desleal para con la administración de justicia, representada en el despacho de primera instancia, acude únicamente luego de emitida la sentencia sub examine, con el fin de deprecar una nulidad que evidentemente no se presenta, pues el Despacho a quo no vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. En este punto, es importante destacar que para que exista una efectiva violación del derecho fundamental del debido proceso del disciplinable en relación con el de la defensa, ésa causal, o sea, la violación de su derecho, debe ser ostensible e insuperable, situación que en el presente asunto no sucede, ya que como se dijo previamente, la supuesta causal aducida en la alzada no tiene la entidad suficiente de viciar el curso del proceso disciplinario bajo estudio.

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL