CSDJ - F11001010200020190135300ADJUNTA20191021155009-2019

REPÚBLICA DE

COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA SALA

JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019) Magistrado Ponente: Dr. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL Radicación No. 110010102000201901353 00

Aprobado: Sala No. 77 de la misma fecha ASUNTO Dirime la Sala el conflicto negativo de competencias suscitado entre el la jurisdicción ordinaria representada en este caso por el JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO de la misma ciudad y el TRIBUNAL SUPERIOR SALA MIXTA DE DECISIÓN y la jurisdicción Contenciosa Administrativa, representada por el JUZGADO TREINTA UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, con ocasión a la demanda ordinaria laboral incoada por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, por intermedio de apoderado judicial, contra la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema de

Seguridad Social en Salud –ADRES-.

I. SITUACIÓN FÁCTICA Y ANTECEDENTES PROCESALES El conflicto de competencia entre las jurisdicciones anteriormente citadas, se presentó con ocasión de la demanda ordinaria laboral (fls. 1 al 77 del cuaderno principal) radicada el 7 de diciembre de 2018 por el apoderado judicial de la Empresas Públicas de Medellín, contra la Entidad

Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud – ADRESen la que se solicitó el reconocimiento y pago de los costos, gastos o erogaciones como resultado de la cobertura y suministro efectivo de los servicios y odontológicos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, que ascienden a la suma de trecientos cincuenta y seis millones, cuatrocientos treinta mil ochenta y tres pesos M/cte ($356.430.083), los cuales fueron negados de forma injustificada mediante glosas. Presentada la demanda, por reparto correspondió al JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, dependencia judicial que mediante providencia de 13 de diciembre de 2018 (fl. 118) declaró incompetencia por falta de jurisdicción para conocer del proceso y, en consecuencia, lo remitió al turno de los Juzgados Civiles del Circuito de esta misma ciudad para su reparto, argumentando: «En el presente Proceso ordinario, seguido por la EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP en contra de la ADMINÍSTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES, en vista de que lo pretendido con la demanda está orientado a obtener el reconocimiento y pago del valor por servicios de salud (medicamentos, procedimientos, intervenciones o elementos no incluidos en el PLAN DE BENEFICIOS - POS, prestados a personas afiliadas a la entidad accionada, es necesario retomar el tema de la competencia para conocer, tramitar y definir este asunto. Al respecto debe indicarse que en principio la competencia para conocer sobre la declaratoria y/o ejecución de obligaciones emanadas de las relaciones de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no

correspondan a otra autoridad, la ostentaba la jurisdicción ordinaria en sus especialidades de laboral y de seguridad social, esto acorde a la cláusula general de competencia contenida en el numeral 5° del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con el artículo 100 ídem. Sin embargo, recientemente la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, efectuó un nuevo análisis y varió el criterio señalando que en lo sucesivo las demandas provenientes de las relaciones laborales y del sistema de seguridad social entre las entidades prestadoras de salud y sus afiliados o beneficiarios que estén garantizadas con un título valor, de contenido eminentemente comercial, serán de conocimiento de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. Así se pronunció la alta Corporación al resolver un conflicto de competencia en un caso similar al que ahora nos ocupa, en auto APL2642 del 23 de marzo de 2017, expedido dentro del expediente 110010230000201600178-00, con ponencia de la Magistrada PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR, del cual se reproduce el siguiente aparte: (…) Por tanto, siendo entonces que la competencia para conocer del presente asunto radica en los Juzgados Civiles de este Circuito, habrá de disponerse la remisión del expediente a la Oficina de Apoyo Judicial para que sea asignado a uno de dichos Despachos Judiciales» Al efecto, una vez remitida la demanda, correspondió por reparto al JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, despacho Judicial que a través de proveído de 20 de febrero de 2019 (fls 121 al 122) declaró la

falta de competencia por jurisdicción y en consecuencia ordenó remitir el proceso al Tribunal Superior de Medellín Sala Mixta de Decisión al considerar: «Como se desprende de la norma en comento, será competencia del Juez Laboral aquellos asuntos donde exista discusión, en este caso, entre una entidad administradora y otra prestadora, sobre la existencia de un obligación surgida de la prestación de servicios de salud con la salvedad de no mediar contrato al tratarse de servidos excluidos del POS, Corolario de lo anterior, se impone la necesidad de declarar la incompetencia de esta agencia judicial para conocer del presente asunto, y en consecuencia habrá de proponerse conflicto de competencia para lo cual se dispondrá la remisión del expediente al Tribunal Superior de Medellín - Sala Mixta, para que lo decida. Esto en atención a lo dispuesto en el artículo 139 del CGP» Arribada la actuación, correspondió al TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA MIXTA DE DECISIÓN, agencia judicial que mediante auto interlocutorio del 20 de marzo del año en curso (fls. 4 al 8), ordenó remitir a los Jueces de lo Contencioso Administrativo – reparto para lo de su competencia al señalar: «Conforme al anterior precedente jurisprudencial, se concluye sin lugar a dudas que las controversias suscitadas con ocasión de la devolución, rechazo o glosas de las facturas o cuentas de cobro por servicios, insumos o medicamentos del servicio de salud NO incluidos en el Plan obligatorio de Salud -NO POS-, corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por así disponerlo la ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, por lo que la competencia para conocer de esta demanda no es ni del Juzgado Doce Laboral ni del Undécimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, Antioquia, sino de los Jueces Administrativos del Circuito de Medellín (Reparto), máxime que la demandada, es una entidad especial del nivel descentralizado del orden nacional, asimilada a una Empresa Industrial y Comercial del estado, adscrita al Ministerio de Salud y de la Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, siendo su objeto administrar los recursos destinados a la inversión social en salud, por lo tanto, no es una entidad administradora ni prestadora de servicios de salud» Así las cosas, una vez remitido el asunto correspondió al JUZGADO TREINTA UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, despacho que igualmente mediante providencia del 20 de mayo de esta anualidad (fls. 13 al 17), declaró la falta de competencia por jurisdicción para conocer del referido proceso y, ordenó remitir el proceso a esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria para dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones planteado, al considerar: «Se trata entonces, de una controversia referente al sistema de seguridad social integral, que se suscitó entre las Empresas Públicas de Medellín ESP y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, las cuales hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a lo dispuesto en el artículo 155 de Ja Ley 100 de 1993. Bajo ese entendimiento, el servicio que pretende ser cobrado a través de

esta demanda, tuvo su origen en una prestación de servicio de seguridad social, específicamente el de salud, que en virtud de un mandato constitucional y legal pueden ser cobrados al Estado; mas no, por la existencia de una relación contractual ó extracontractual. Así, y teniendo en cuenta que la Jurisdicción Contencioso Administrativa no es competente para conocer de la demanda incoada por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en contra de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), el Despacho suscitará el conflicto negativo de competencia y remitirá el expediente al Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, órgano competente, de acuerdo a los artículos 256, numeral 6 de la Constitución Política y 112, numeral 2 de la Ley 270 de 1996»

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia. Conforme al numeral 61 del artículo 256 de la Constitución Política, y en concordancia con el mandato que consagra el numeral 22 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les ha atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 33 del artículo 114 de la Ley 270 de 1996. Del mismo modo, la Corte Constitucional en el auto de Sala Plena No. 278 del 9 de julio de 2015, al interpretar lo dispuesto en los artículos 14 al 19 del

Acto Legislativo 02 de 2015 sostuvo que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura continuará ejerciendo sus funciones, hasta tanto no se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 1 Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: (…) Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones (…)” 2 Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional. 3 Corresponde a las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura: (…) Dirimir los conflictos de competencia que dentro de su jurisdicción se susciten entre jueces o fiscales e inspectores de policía. 2.- Problema jurídico a resolver y metodología a seguir para solucionarlo Le corresponde a esta Sala definir si le compete a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, o por el contrario, en este caso a la Jurisdicción Ordinaria en su Especialidad Laboral, atendiendo el precedente horizontal de la Sala y de conformidad al principio de economía procesal, conocer, tramitar y definir la controversia suscitada a partir del recobro a la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud –ADRES de lo pagado por las EMPRESAS

PÚBLICAS DE MEDELLÍN por concepto de prestaciones de salud que se encuentran por fuera del Plan Obligatorio de Salud –POSque fueron efectivamente prestadas a sus usuarios y pagadas por la demandante a sus Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud. La Sala precisa que el problema jurídico planteado, se resolverá aplicando la normatividad que guía el asunto, así como el precedente horizontal de esta Corporación sobre la materia, vertido en la providencia del 11 de agosto de 2014, radicación No. 110010102000201401722 004, en la que se decidió el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado 34 Administrativo Oral y el 31 Laboral del Circuito de Bogotá, en un tema análogo del que ocupa ahora la atención de esta Superioridad y atendiendo al principio de economía procesal establecido en el artículo 29 de la Constitución Política. A partir de ese momento y hasta la actualidad esta Sala ha seguido su precedente horizontal5, el cual deberá mantenerse, mientras no se presente 4 Con ponencia del Magistrado Néstor Javier Iván Osuna Patiño. 5 Sobre el seguimiento del citado precedente, puede consultarse, entre otras, las siguientes providencias; septiembre 30 de 2015 Sala No. 082, radicado No. 201502400 00, MP Julia una nueva posición cumpliendo con los requisitos de transparencia y de razón suficiente, esto es, indicar expresamente la tesis anterior y explicar las razones infirmantes o de derrotabilidad a partir de nuevos criterios reinterpretativos de las normas constitucionales y legales6 3.- Del precedente horizontal de la Sala, en esta materia. En la providencia mencionada que sirve de precedente horizontal, esta Sala

se refirió expresamente al marco normativo aplicable, (i) examinó la cláusula general o residual de competencia de la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social; (ii) hizo referencia al criterio exclusivo y excluyente con la asignación a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de los litigios en materia de seguridad social de los empleados públicos, cuando su régimen sea administrado por una persona de derecho público y, (iii) enfatizó Emma Garzón de Gómez; noviembre 19 de 2015 Sala No. 094, radicado No. 201503689 00, MP José Ovidio Claros Polanco; agosto 18 de 2016 Sala No. 079, radicado No. 2016001738 00, MP María Lourdes Hernández Mindiola; marzo 8 de 2017 No. 020, radicado No. 201603647 00, MP María Lourdes Hernández Mindiola. 6 Sobre el tema, la Corte Constitucional en las sentencias T-1625 de 2000, T-698 de 2004, T683 de 2006 y T-766 de 2008 y, T-161 de 2010, sostuvo: “Para efectos de separarse del precedente (…) son necesarios dos elementos. De una parte referirse al precedente anterior y, por otra, ofrecer un argumento suficiente para el abandono o cambio. El primer requisito es respuesta al principio de interdicción de la arbitrariedad, pues sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia. El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus

decisiones no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y que han definido rationes decidendi, que los ciudadanos legítimamente siguen. A partir de la referencia al precedente anterior, es posible entrar a ofrecer argumentos suficientes que justifiquen su abandono o revisión. No se trata, en este orden de ideas, simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta indispensable demostrar que los argumentos que soportan el precedente no son válidos, suficientes, correctos, etc. El juez tiene la obligación de motivar sus decisiones. Ello implica el justificar su postura frente a otras consideraciones que han sido base de decisiones anteriores. Sólo este proceso permite superar la barrera que el derecho a la igualdad impone en la aplicación e interpretación del derecho. Sin dichas razones, el cambio de jurisprudencia será simplemente la introducción de un acto discriminatorio, incompatible con la Constitución. En el fundamento 10 b) de esa sentencia se han presentado razones que hacen válido y admisible el cambio o separación del precedente”. en la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud al ejercer funciones jurisdiccionales, para conocer de conflictos generados de las devoluciones o glosas a las facturas entre las entidades del Sistema de Seguridad Social en Salud. Señaló además que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la

Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), la Jurisdicción Ordinaria “conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción”. De la misma forma, que en el numeral 4º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), se asignó a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, conocer de “las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administrativas o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”. En la providencia que viene mencionándose, se efectuó una interpretación armónica e integral de lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 2º numeral 4º del CPT, de los cuales se advierte la cláusula general de competencia de la Jurisdicción Ordinaria, que en lo atinente a la especialidad laboral y de seguridad social, es competente para conocer, en primer lugar, de los litigios originados en la prestación de los servicios de seguridad social, suscitados entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradores o prestadores, con excepción de la responsabilidad médica y los relacionados con contratos y, en segundo lugar, de los asuntos que no hayan sido asignados por el Legislador a una de las jurisdicciones especiales. Ahora bien, se señaló que como el conflicto negativo de competencias se

presentó entre la Jurisdicción Ordinaria Laboral y la Contencioso Administrativa, era preciso verificar los asuntos que en materia de seguridad social taxativamente asignó el Legislador a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, particularmente en lo regulado en el artículo 104 en sus numerales 1º y 4º, valga decir, (i) debe tenerse en cuenta que, prima facie, no se trate desde la óptica sustancial o material de un litigio surgido de un acto, contrato, hecho, omisión u operación sujeto al derecho administrativo y en el que se encuentren involucradas entidades públicas o particulares en ejercicio de función administrativa y, (ii) la Jurisdicción Contenciosa Administrativa conoce en materia laboral y de seguridad social de los procesos relativos a “la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público” (negrillas en la providencia citada). De tal manera que según la providencia que sirve como precedente, los procesos judiciales referidos a la seguridad social de los servidores públicos, cuando su régimen sea administrado por una persona de derecho público, son los únicos litigios en materia de seguridad social asignados de forma privativa y excluyente a la Jurisdicción Especial de lo Contencioso Administrativo, por ello surge claro que cuando las pretensiones de la demanda sobre otras controversias que puedan generarse al interior de los actores del sistema general de seguridad social, corresponderán, siguiendo la cláusula general de competencia, a la Jurisdicción Ordinaria Laboral.

En la citada providencia, se recordó que de acuerdo con lo dispuesto en el litera l f) del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, adicionado por e l artículo 126 de la Ley 1438 de 2011, a la Superintendencia Nacional de Salud cuando ejerce funciones jurisdiccionales se le asignó la competencia para conocer de los “conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud” , función que ejerce a prevención , en relación con la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de Seguridad Social y, que tiene segunda instancia ante la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social . De la misma manera, recordó la Sala en esa oportunidad que “no es el nomen juris de la demanda lo que determina la jurisdicción a tramitar el proceso, sino la real pretensión y objeto del litigio”, de allí que esta Superioridad como juez del conflicto está autorizada para efectuar una hermenéutica vinculante sobre las normas que atribuyen competencia a las jurisdicciones trabadas en el conflicto, labor que está íntimamente ligada al examen del caso concreto, consistente en la verificación de la realidad procesal identificable con la pretensión de la demanda, “integrando para ello las circunstancias de hecho y de derecho que la rodean o condicionan”. Enfatizó especialmente en que (i) la nueva redacción del artículo 2.4 del Código General del Trabajo y de la Seguridad Social, con ocasión de la entrada en vigencia del artículo 622 del Código General del Proceso, “nunca puede interpretarse como la decisión del legislador de inaplicar, restringir, ni

mucho menos derogar la cláusula general y residual de competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, cuya fuente es prevalente por ser ley estatutaria”; (ii) la interpretación armónica y coherente del enunciado normativo del artículo 2.4 del CPT a la luz de la cláusula general y residual de competencia del artículo 12 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), muestra claramente que “los recobros al Estado son una controversia, sino directa, al menos indirecta, que se desprende necesariamente de la prestación de servicios de salud a los afiliados, beneficiarios o usuarios, por parte de una E.P.S. en tanto que administradora de un régimen de seguridad social en salud” y, (iii) “las demandas judiciales ocasionadas por el no pago en sede administrativa de recobros, en virtud de devoluciones o glosas a las facturas acompañadas a la solicitud de recobro, son una especie de litigio propio del sistema actual de seguridad social en salud, que se da entre un administrador del sistema de salud y el Estado, como garante último de los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social, en razón de la atención a los usuarios del mismo sistema”, que no pueden confundirse con casos “de responsabilidad médica, ni con litigios basados en contratos, ni con el medio de control de reparación directa por hechos, omisiones u operaciones del Estado”. 3.1. Aplicación del precedente horizontal de la Sala al caso concreto. En el caso examinado y en aplicación del criterio consistente en que no es el rótulo o nombre jurídico de la demanda lo que determina la jurisdicción que debe conocer, tramitar y decidir el proceso, sino la pretensión real objeto del

litigio, se tiene lo siguiente: Las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN busca demostrar que con base en órdenes proferidas por jueces de tutela y en autorizaciones del Comité Técnico Científico, efectuó una serie de prestaciones en salud, valoradas en trecientos cincuenta y seis millones, cuatrocientos treinta mil ochenta y tres pesos M/cte ($356.430.083), consistentes en prestación de servicios médicos y odontológicos no provistos en el Plan Obligatorio de Salud a sus usuarios. Al efecto, la EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN presentó al Consorcio administrador varias solicitudes de recobro, junto con los correspondientes soportes, para el trámite administrativo por parte del Estado por el valor que debió asumir al prestar servicios de salud que presuntamente no estaban cubiertos por los recursos destinados a cumplir con el Plan Obligatorio de Salud, no obstante, la mayoría de solicitudes fueron glosadas, generando un perjuicio económico grave para la mismo. De tal modo agotado el trámite administrativo del recobro, se acudió a la administración de justicia para que declare que el Estado, mediante ADRES, tiene la obligación de pagar a la demandante dichos valores, junto con los intereses moratorios a que hubiese lugar. Luego de verificada la situación fáctica y el marco jurídico aplicable, es claro que no se trata de un proceso relativo a la seguridad social de los servidores públicos cuyo régimen sea administrado por una persona de derecho público, único litigio que taxativamente y de manera privativa y reservada se asignó a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual debe

entenderse que en aplicación de la cláusula general y residual de competencia de la Jurisdicción Ordinaria, de acuerdo con lo regulado en el numeral 4º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), tratándose del recobro al Estado por prestaciones NO POS, el conocimiento, trámite y decisión del asunto, corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, además lo anterior se confirma con el ya citado artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 literal f) adicionado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011; en el que se le asignó a la Superintendencia Nacional de Salud la competencia para conocer de los “conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, función que ejerce a prevención, en relación con la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de Seguridad Social. Así lo reiteró la Corte Constitucional en Sentencia C-119 de 2008, mediante la cual se hizo el estudio de constitucionalidad de ese mismo artículo 41, al manifestar: "Ahora bien, para determinar cuáles son las autoridades judiciales que originalmente tuvieron la competencia asignada a la Superintendencia, cuyo superior jerárquico está llamado a tramitar el recurso de apelación respecto de las decisiones judiciales asignadas por la norma bajo examen, debe tenerse en cuenta lo siguiente: Lo anterior significa que en el caso de las atribuciones judiciales asignadas en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 a la Superintendencia Nacional de Salud

(conflictos de la seguridad social en salud relacionados con coberturas del POS, reembolso de gastos de urgencia, multiafiliación y libre elección y movilidad dentro del sistema), dicha entidad desplaza, a prevención, a los jueces laborales del circuito (o civiles del circuito en los lugares en que no existen los primeros), cuya segunda instancia está asignada a la Sala Laboral de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. En orden de ideas, las decisiones judiciales de la Superintendencia Nacional de Salud serán apelables ante las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial” (Subrayado y negrilla fuera de texto) Destaca la Sala que frente al tema relacionado con el Sistema de Seguridad Social y la forma de ejecución de los recursos que lo conforman esta Corporación unificó su jurisprudencia desde la providencia identificada con el radicado No. 110010102000201402763 00 (10033-21), M.P. JULIA EMMA GARZON DE GÓMEZ, aprobada en Sala No. 99 del 3 de Diciembre de 2014, y hoy con el proveído de radicado No. 1100101020002019012299-00, M.P. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS, aprobado en Sala No. 62 del 4 de Septiembre de 2019. Conforme a lo anterior, el presente conflicto se dirimirá asignando de competencia a la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de Seguridad Social, representada por el JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE

MEDELLÍN.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo

Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE: PRIMERO: DIRIMIR el conflicto negativo de competencia, suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, representada en este caso, por el JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y la jurisdicción Contenciosa Administrativa, representada por el JUZGADO TREINTA UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, asignando el conocimiento del asunto a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, representada por el JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, procédase al envío inmediato del expediente a ese Despacho Judicial.

SEGUNDO: REMITIR copia de esta providencia al JUZGADO TREINTA UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, TRIBUNAL SUPERIOR SALA MIXTA DE DECISIÓN y al JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO de la misma ciudad para su información.

TERCERO: Por Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones de ley.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

CAMILO MONTOYA REYES MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidente Magistrada

CARLOS MARIO CANO DIOSA FIDALGO JAVIER ESTUPIÑÁN CARVAJAL

Magistrado Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ ALEJANDRO MEZA CARDALES

Magistrada Magistrado

YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial