CSDJ - F11001010200020190152500ADJUNTA20200312091341-2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Magistrado Ponente Doctor ALEJANDRO MEZA CARDALES Radicado No. 110010102000201901525 00 Aprobado según Acta de Sala No. 92 de la misma fecha. ASUNTO Procede la Sala a dirimir el conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria representada hasta este momento por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE IPIALES, y la jurisdicción especial indígena, representada por el RESGUARDO INDÍGENA DEL GRAN CUMBALMunicipio de Cumbal - Nariño, con ocasión del conocimiento del proceso penal contra el señor JORGE HUMBERTO ALPALA ALPALA, por los

delitos de PECULADO POR APROPIACION, CONTRATO SIN

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES y FALSEDAD IDEOLOGICA

EN DOCUMENTO PÚBLICO.

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M.P. Dr. ALEJANDRO MEZA CARDALES Radicado No 110010102000201901525 00

Conflicto de Jurisdicciones HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 1.- Según se desprendió del escrito de acusación, en el municipio de Cumbal, departamento de Nariño, durante el segundo semestre del año 2012

el señor, JORGE HUMBERTO ALPALA ALPALA, en calidad de alcalde municipal, en ejercicio de sus funciones tramitó, celebró y liquidó seis (6) contratos bajo la modalidad de selección de mínima cuantía, cinco (5) de ellos para dar cumplimiento al proyecto de reforestación de las quebradas microcuencas El campanario, El Granizo, Tierra Negra, el Tablón de la vereda Nazate Cuetial, del resguardo indígena del Gran Cumbal, y uno (1) para las micro-cuenca agua Blanca del Resguardo Indígena de Chiles, de los cuales se desprendió la imputación de cargos por los delitos de PECULADO POR APROPIACION, CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES y FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO, que dio origen al proceso penal y que hoy es objeto del presente conflicto de jurisdicciones. 2.- El día 5 de julio de 2019 el Juez Primero Penal del Circuito de Ipiales realizó la audiencia de Formulación de Acusación, en la cual se hizo conocer una petición allegada al Despacho por parte del señor WILLIAM AFRANIO GUADIR TARAPUEZ, en su condición de Gobernador del Cabildo Indígena del Gran Cumbal, en la cual solicitó el traslado del proceso de la Jurisdicción Ordinaria a la Jurisdicción especial Indígena debido a que ya existe un proceso de juzgamiento dentro de la Jurisdicción propia y además abstenerse de realizar procedimientos legales hasta que se dirima dicha competencia, de otro lado indicó que el comunero goza de un fuero especial

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Conflicto de Jurisdicciones ya que además de pertenecer a la comunidad indígena, es exgobernador de la misma. Ante dicha petición el JUEZ PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE IPIALES, ordenó remitir a esta Sala para dirimir el conflicto. ACTUACIÓN EN ESTA INSTANCIA 1.- Quien aquí funge como Magistrado Ponente, previo a elaborar el proyecto de decisión, con fundamento en la sentencia T-196 de 2015, Magistrada Ponente doctora MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, mediante auto del 29 de octubre de 2018, ordenó la práctica de las siguientes pruebas: 1.1. Oficiar a la Coordinadora del Grupo de Investigación y Registro, Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, para que certifique:  La existencia del RESGUARDO INDÍGENA DEL GRAN CUMBAL, ubicado en el Municipio de Cumbal departamento de Nariño.  Su ubicación geográfica, indicando puntualmente cuales son los municipios de circunscripción del Cabildo. República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones

 Quien se encuentra registrado como Gobernador, Cacique, Taita o Capitán Menor del RESGUARDO INDÍGENA DEL GRAN CUMBAL, para el año 2019.  Si el señor JORGE HUMBERTO ALPALA ALPALA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 87.513.057 expedida en Cumbal (Nariño), se encuentra inscrito en los listados y/o censos de la comunidad de los últimos cinco años como comunero del

RESGUARDO INDÍGENA DEL GRAN CUMBAL – Municipio de

Cumbal – Nariño. 1.2. Oficiar al del RESGUARDO INDÍGENA DEL GRAN CUMBAL – Municipio de CumbalNariño, para que informen a este despacho:  Indicar en forma clara y concisa si las conductas (delitos) cometidos por miembros de la referida Comunidad se encuentran consagradas y sancionadas en los planes de vida.  Precisar si existen los delitos de PECULADO POR APROPIACION, CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO, al interior del Cabildo Indígena.  Quién ejerce la función de acusación y juzgamiento en el resguardo. República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones  Cómo se ejerce y a través de quién la defensa de los indígenas

acusados.  Cuáles serían las sanciones para quien incurre en uno de esos delitos.  Cuáles son las formas de coerción para garantizar el cumplimiento de las penas y de las multas impuestas a miembros del RESGUARDO INDÍGENA DEL GRAN CUMBAL –Municipio de CumbalNariño.  Cuáles son las medidas cautelares para garantizar el pago de las multas o el cumplimiento de las penas impuestas a los miembros del CABILDO INDÍGENA DEL GRAN CUMBAL –Municipio de CumbalNariño.  En caso de la reiterada incursión en una conducta por parte de un miembro de su Comunidad, cuál es el procedimiento a seguir y si tal comportamiento está previsto en el reglamento como una situación de agravación.  Quién ejecuta y en qué lugar (sitio de reclusión) se cumple la sanción impuesta a un indígena de su Resguardo.  Cómo están garantizadas las medidas de protección a la víctimas. República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones  Remitir copia del Plan de Vida del RESGUARDO INDÍGENA DEL GRAN CUMBAL –Municipio de CumbalNariño. Lo anterior, con la finalidad de verificar si se cumplían en este evento los elementos exigidos con miras a reconocer el fuero indígena.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto, se ordenó igualmente solicitar colaboración a la Defensoría del Pueblo Regional Nariño y al Personero Municipal de Cumbal - Nariño, para que en el término de diez días, desplegaran las actuaciones necesarias a efectos de dar cumplimiento de lo dispuesto1. 2.- La Coordinadora del Grupo de Investigación y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, informó mediante Oficio OFI19-30338-DAI-2200 del 9 de agosto de 2018, que una vez revisadas las Bases de Datos Institucionales se estableció que la comunidad Cabildo INDÍGENA CUMBAL, se encuentra legalmente constituido por el INCORA (hoy Agencia Nacional de Tierras), mediante Resolución N° 031 del 19 de diciembre de 1991 y Resolución de aclaración N° 1900 del 17 de mayo de 1993. 1 Folios 5-7 del cuaderno original República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones De igual forma mediante el mismo documento se encontró que revisados lo censos aportados por las comunidades indígenas de Colombia el señor JORGE HUMBERTO ALPALA ALPALA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 87513057 si figura como integrante de dicho resguardo.

CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta Colegiatura es competente para dirimir los conflictos de competencia funcional

suscitados entre las diferentes jurisdicciones de conformidad con lo previsto en el artículo 256 numeral 6° de la Constitución Nacional, en concordancia con lo establecido en el numeral 2° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, armonizados por el artículo 54 de la Ley 906 de 2004. En tal sentido si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. De igual manera, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio de 2015 y 372 del 26 de agosto de 2015 para conocer conflictos de jurisdicciones, República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se

encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente ésta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para

ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones conocer de acciones de tutela. Antes de entrar al fondo del asunto, debe precisarse por parte de esta Corporación que la Corte Constitucional en varios pronunciamientos y tratándose específicamente de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, en los cuales están involucrados menores indígenas bien como sujetos activos o pasivos, ha revocado decisiones de esta Sala a través de las cuales en su condición de Corte de cierre para resolver conflictos, ha fijado la competencia en cabeza de la Jurisdicción Ordinaria Penal.

2. Aclaración Previa Esta Corporación teniendo en cuenta lo plasmado en la pluricitada sentencia T-196 de 2015, de la Corte Constitucional, Magistrada Ponente doctora MARÍA VICTORIA

CALLE CORREA, en la cual textualmente se enunció: “Resulta patente entonces que existe un abierto y consistente desconocimiento del precedente constitucional de esta Corte por parte del Consejo Superior de la Judicatura, en relación con la asignación de competencia en causas penales que se sigan por delitos contra la integridad sexual de niños. Si bien la Corte Constitucional ha indicado que es viable para las demás autoridades judiciales apartarse del precedente

constitucional si tienen razones legítimas para ello, en este caso se tiene que los motivos expuestos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria no cumplen con dichos parámetros, toda vez que las mismas han sido rechazadas de forma reiterativa por esta Corporación, por considerarlas discriminatorias, paternalistas y no respetuosas del principio de la diversidad étnica y cultural, así como de la autonomía de las autoridades indígenas”, (rfdt), esta Sala República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones siguiendo dicho pronunciamiento, y en este específico caso, mantendrá su postura respecto a que cuando no se cumplan estrictamente los elementos establecidos para el reconocimiento del fuero indígena, así lo señalará; tal como así lo planteará en apartado posterior. En ese propósito, esta Colegiatura, en aras de armonizar su jurisprudencia con el precedente fundacional de la Corte Constitucional vertido en las sentencias T-254 de 19942; C-139 de 19963; T-523 de 19974; T-266 de 20015; T-1127 de 20116; T-048 de 20027; T-811 de 20048 y las más recientes sentencias, relacionadas con casos de homicidio y delitos contra la libertad sexual T-552 de 20039; T-617 de 201010 ; T002 de 201211;T-196 de 201512 y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema

de Justicia radicados 46.55613 y 34.46114; procede la Colegiatura al análisis de todos los elementos determinantes para definir la competencia objeto de colisión que comporta no sólo el seguimiento de la línea jurisprudencial sobre la materia, sino la verificación mediante la práctica de pruebas en segunda instancia.

3. El objeto de la colisión

2 MP.Eduardo Cifuentes Muñoz 3 MP.Carlos Gaviria Díaz 4 MP.Carlos Gaviria Díaz 5 MP. Carlos GaviriaDíaz 6 MP. Jaime Araujo Rentería 7 MP. Álvaro Tafur Galvis 8 MP. Jaime Córdoba Triviño 9 MP. Rodrigo Escobar Gil 10 MP. Luis Ernesto Vargas Silva 11 MP. Juan Carlos Henao Pérez 12 MP. María Victoria Calle Correa 13 MP.Fernando Alberto Castro Caballero 14 MP. Javier Zapata Ortíz República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones Se pretende definir el presente conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria representada hasta este momento por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE IPIALES, y la jurisdicción especial indígena, representada por el RESGUARDO INDÍGENA DEL GRAN CUMBALMunicipio de Cumbal - Nariño, con ocasión del conocimiento del proceso penal contra el señor JORGE HUMBERTO ALPALA ALPALA, por los

delitos de PECULADO POR APROPIACION, CONTRATO SIN

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES y FALSEDAD IDEOLOGICA

EN DOCUMENTO PÚBLICO.

4. El ámbito de la jurisdicción indígena Para dirimir el conflicto planteado debe examinarse en primer término lo previsto en el artículo 246 de la Carta Política 1991 en los siguientes términos: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República.” El reconocimiento de este fuero especial es producto del derecho fundamental establecido en la Carta Política en su artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”, disposición que implica no sólo el reconocimiento de la necesaria coexistencia pacífica de diferentes pueblos y

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Conflicto de Jurisdicciones etnias, sino además, la protección de los valores culturales que le son propios”. En este panorama, los principios del Estado Social de Derecho y la axiología superior de los derechos humanos, todas las etnias, los pueblos y los hombres se conciben iguales en dignidad y derechos. Bajo estas premisas, tales preceptos determinan el reconocimiento, garantía de la

identidad y salvaguarda del pluralismo étnico cultural que equivale a reconocer, el derecho de los pueblos indígenas a ser gobernados por autoridades conformadas y reglamentadas según los usos y costumbres de sus comunidades, lo que implica así mismo, la aceptación de su cosmovisión y las tradiciones valorativas diversas, que a su vez derivan, en la convivencia con las diferencias que surjan, frente a la ética dominante de la sociedad mayoritaria . Esto explica claramente la razón y naturaleza del fuero indígena, el cual deviene en esencia de la pertenencia a una cultura aborigen y a la posesión de una cosmovisión sujeta a unos valores culturales propios que dan sentido a unas formas reconocidas de gobierno y justicia, aceptada por la cultura mayoritaria como normas jurídicas aplicables por sus propias autoridades en sus respectivas comunidades y territorios.

5. De los criterios de resolución de los conflictos con la jurisdicción indígena.

Conforme a la más reciente jurisprudencia de La Corte Constitucional sobre la materia y fundamentalmente lo plasmado en las sentencias T-617 del 5 de agosto de 2010 y T-002 de 2012, a falta de un desarrollo legislativo, los criterios a tener en República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones cuenta al momento de desatar conflictos como el de autos, son: el personal, el

territorial, el institucional y el objetivo, los cuales deben entenderse así: 5.1. Elemento personal Consiste en pretender que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad, siempre que se mantenga dentro de su particular cosmovisión y sometido a sus usos y costumbres Las sub reglas interpretativas y posibles soluciones frente a dificultades respecto de este elemento, fueron sintetizados en los siguientes cuadros: Cuadro 1 Definición Criterios de interpretación relevantes a. La diversidad cultural y valorativa: “La diversidad cultural y valorativa se erige entonces como un criterio de interpretación ineludible para el juez, cuando el investigado posee identidad El acusado de un hecho punible o indígena o culturalmente diversa” Sentencia Tsocialmente nocivo pertenece a una 617 de 2010 comunidad indígena. b. Cuando un indígena comete un hecho punible por fuera del ámbito territorial de su comunidad, las circunstancias del caso concreto son útiles República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones para determinar la conciencia o identidad étnica del individuo. Cuadro 2: Elemento personal Supuesto de hecho Posible solución

1. El indígena incurre en una a. En principio, los jueces de la República conducta sancionada solamente por son competentes para conocer del caso. Sin el ordenamiento nacional embargo, por encontrarse frente a un

individuo culturalmente distinto, el reconocimiento de su derecho al fuero depende en gran medida de determinar si el sujeto entendía la ilicitud de su conducta.

2. El indígena incurre en una b. Ya que en este caso la diferencia de conducta sancionada tanto en la racionalidades no influye en la comprensión jurisdicción ordinaria como en la del carácter perjudicial del acto, el intérprete jurisdicción indígena deberá tomar en cuenta (i) la conciencia étnica del sujeto y (ii) el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece. Ello en aras de determinar la conveniencia de que el

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Conflicto de Jurisdicciones indígena sea procesado y sancionado por el sistema jurídico nacional, o si corresponde a su comunidad juzgarlo y sancionarlo según sus normas y procedimientos. Además de verificarse dilemas interpretativos que ameritan sub reglas de interpretación y posibles consecuencias de índole penal, aunque desde ya debe decirse que las mismas están llamadas a evaluarse en las decisiones de fondo por los jueces naturales de cada asunto. Cuadro 3: Elemento personal Caso: El indígena incurre en una conducta sancionada solamente por el orden jurídico nacional por fuera del ámbito territorial de la comunidad a la que pertenece. (Ver: Cuadro 2,caso 1.a)

Criterio de interpretación: Para determinar si la persona tiene derecho al reconocimiento del fuero indígena, el juez de conocimiento debe establecer si incurrió en un error invencible de prohibición originado en su diversidad cultural y valorativa Respuesta Subreglas de Posible consecuencia interpretación

a. Afirmativa: Su cosmovisión le impide El intérprete deberá considerar entender la ilicitud de su la posibilidad de devolver al República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones El indígena sí conducta en el individuo a su entorno cultural, incurrió en un error ordenamiento jurídico en aras de preservar su invencible de nacional. especial conciencia étnica prohibición originado en su Se trata entonces de un diversidad cultural y individuo inimputable por valorativa de diversidad cultural, lo que en manera que principio justifica su desplegó una conducta pues habría conducta ilícita de incurrido en un error de forma accidental. prohibición; es decir, en un error derivado de su conciencia cultural y valorativa, de manera que no podría imponérsele un juicio de reproche desde el Estado b. Negativa: El indígena entiende que su La sanción, en principio, estará conducta es sancionada por determinada por el sistema El indígena no el ordenamiento jurídico jurídico nacional. incurrió en un error nacional invencible de prohibición

originado en su diversidad cultural y República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones valorativa. De las anteriores consideraciones se perfilan como criterios orientadores útiles en la tarea de definir la competencia: (i) las culturas involucradas, (ii) el grado de aislamiento o integración del sujeto frente a la cultura mayoritaria y (iii) la afectación del individuo frente a la sanción. Estos parámetros deberán ser evaluados dentro de los límites de la equidad, la razonabilidad y la sana crítica. Además, siempre que el juez conozca de casos que involucren la diversidad cultural, su actuación tendría la siguiente orientación: “a) [perseguir] un propósito garantista, al permitir la exoneración de responsabilidad del inimputable, cuando se demuestre la atipicidad de su conducta o la existencia de una causal de justificación o inculpabilidad. b) Establecer un diálogo multicultural, para explicarle la diversidad de cosmovisión y la circunstancia de que su conducta no es permitida en nuestro contexto cultural. Este diálogo tiene fines preventivos, pues evita posibles conductas lesivas de los bienes jurídicos. c) Permitir que las “víctimas” del delito, tengan la oportunidad de ejercer sus derechos constitucionales y legales, y d) Durante el transcurso del proceso, el inimputable por diversidad sociocultural no podrá ser afectado con medida de aseguramiento en su contra, ni

con ninguna de las medidas de protección para inimputables”15. Así entonces, en torno al elemento personal y de cara a los medios de prueba allegados al informativo, desde ya observa esta Colegiatura cómo salta a primera vista que este elemento si se satisface en el presente caso, 15Sentencia C-370 de 2002. Énfasis fuera de texto República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones pues obra en el dossier el informe emitido por la Coordinadora del Grupo de Investigación y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, mediante Oficio OFI19-30338-DAI-2200 del 9 de agosto de 2018, que una vez revisadas las Bases de Datos Institucionales se estableció que la comunidad Cabildo INDÍGENA CUMBAL, se encuentra legalmente constituido por el INCORA (hoy Agencia Nacional de Tierras), mediante Resolución N° 031 del 19 de diciembre de 1991 y Resolución de aclaración N° 1900 del 17 de mayo de 1993. De igual forma mediante el mismo documento se encontró que revisados lo censos aportados por las comunidades indígenas de Colombia el señor JORGE HUMBERTO ALPALA ALPALA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 87513057 si figura como integrante de dicho resguardo. Por lo anterior, acorde a los tópicos y circunstancias examinadas, esta Superioridad

considera que si se cumplen los elementos que integran el elemento personal, ante lo cual no se realizará un análisis detallado de los demás elementos. 5.2. Elemento territorial o geográfico Superando el concepto rigurosamente geográfico de la ocurrencia de los hechos dentro o fuera del resguardo indígena, la Corte amplió el concepto, para extenderlo al de “ámbito territorial de una comunidad”, entendido como “el espacio donde se ejercen la mayor parte de los derechos relacionados con la autonomía de las comunidades indígenas y cuya titularidad deriva de la posesión ancestral por parte República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones de éstas, incluso por encima del reconocimiento estatal”16. Se trata entonces de una noción la cual no se agota en el aspecto físico-geográfico sino que abarca el aspecto cultural, ello implica que excepcionalmente, pueda tener un efecto expansivo. En consecuencia, una conducta punible ocurrida por fuera de los linderos que demarcan el territorio colectivo podría ser remitida a la jurisdicción especial indígena en virtud de sus connotaciones culturales. El siguiente cuadro es útil para sintetizar los componentes del elemento territorial: Cuadro 4: Elemento territorial Definición Criterios de interpretación 16 Corte Constitucional, sentencia T-496/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz “(…) No es cierto, entonces, como lo afirma el Juzgado Penal del Circuito de La Plata, que la actividad de las

jurisdicciones indígenas esté condicionada a que "hayan ocurrido los hechos dentro de su ámbito territorial". Como se ve, las posibilidades de solución son múltiples y atendiendo a las condiciones particulares de cada caso, las comunidades indígenas podrán también entrar a evaluar la conducta de un indígena que entró en contacto con un miembro de otra comunidad por fuera del territorio. En otras palabras, no sólo el lugar donde ocurrieron los hechos es relevante para definir la competencia, si no que se deben tener en cuenta las culturas involucradas, el grado de aislamiento o integración del sujeto frente a la cultura mayoritaria, la afectación del individuo frente a la sanción, etc. La función del juez consistirá entonces en armonizar las diferentes circunstancias de manera que la solución sea razonable (…)”. República de Colombia Rama Judicial

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Conflicto de Jurisdicciones Siguiendo el artículo 246 de la a. La noción de territorio no se agota en la Constitución Política, las comunidades acepción geográfica del término, sino que indígenas pueden ejercer su debe entenderse también como el ámbito autonomía jurisdiccional dentro de los donde la comunidad indígena despliega su límites que demarcan sus territorios. cultura. b. El territorio abarca incluso el aspecto cultural, lo cual le otorga un efecto expansivo. Esto quiere decir que el espacio vital de las

comunidades no coincide necesariamente con los límites geográficos de su territorio, de modo que un hecho ocurrido por fuera de esos límites puede ser remitido a las autoridades indígenas por razones culturales. Ahora bien, en torno al elemento territorial y de cara a los medios de prueba allegados al informativo, nuevamente resulta palmario y evidente que este elemento si se satisface en el presente caso, pues obra en el dossier el informe emitido por la Coordinadora del Grupo de Investigación y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, mediante Oficio OFI19-30338-DAI-2200 del 9 de agosto de 2018, que una vez revisadas las Bases de Datos Institucionales se estableció que la comunidad Cabildo INDÍGENA CUMBAL, se encuentra en la jurisdicción del municipio de Cumbal departam