CSJ - SL1176-2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1176-2024 Radicación n.° 100383 Acta 16 Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ELMO CASTILLA MARTÍNEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 26 de marzo de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra

CBI COLOMBIANA S. A.

I. ANTECEDENTES

Elmo Castilla Martínez demandó a CBI Colombiana S. A., con el fin de que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo por obra o labor que se ejecutó entre el 14 de agosto de 2012 y el 12 de agosto de 2014, el cual finalizó de manera unilateral e injusta, motivo por el que a su favor se causó el reconocimiento de la indemnización por

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Radicación n.° 100383 despido prevista en el artículo 64 del CST por la suma de $5.000.000. Así mismo, deprecó el pago proporcional «que se hayan generado» y no reclamado durante los extremos temporales antes referidos por concepto de cesantías, los intereses a las cesantías, las primas de servicios y las vacaciones. Además, solicitó la indemnización por falta de pago de las prestaciones adeudadas, en los términos del artículo 65 del CST y, aquella derivada del retardo en el pago de las cesantías, según el numeral tercero del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; lo que resulte probado en uso de las facultades

ultra y extra petita y la indexación de las condenas. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 14 de agosto de 2013, suscribió con la demandada un contrato por obra o labor contratada, que prestó servicios hasta el 12 de agosto de 2014, percibió como salario promedio $5.000.000, en consideración a todas las acreencias y bonificaciones habituales que recibió mensualmente y que lo constituían, de conformidad con lo previsto en la cláusula cuarta del aludido contrato. Dijo que fue vinculado para desempeñar el cargo de ayudante de tubero y que la obra ejecutada era la de realizar funciones inherentes, accesorias, conexas, dependientes y consecuentes al oficio designado en el proyecto de expansión de la Refinería de Cartagena. Y que su relación de trabajo culminó de forma unilateral e injusta

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Radicación n.° 100383 el 12 de «junio» (sic) de 2014, bajo el argumento de que había finalizado la obra. Agregó que al momento de la liquidación de su contrato no se le tuvieron en cuenta todas las acreencias y bonificaciones habituales recibidas, que eran salario; motivo por el que no se le canceló en su totalidad las prestaciones sociales tales como cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la suscripción del contrato de trabajo y sus extremos, el cargo desempeñado, así como que la labor contratada era la de realizar funciones inherentes, accesorias, conexas,

dependientes y consecuentes al oficio designado. De los demás adujo que no eran ciertos. En su defensa indicó que la relación laboral que sostuvo con el actor culminó como consecuencia de la expiración del plazo pactado; decisión que fue preavisada dentro de los términos legales, de ahí que no fuera dable sostener que obedeció a una determinación unilateral e injusta. En cuanto a la base salarial para el cálculo de las acreencias laborales puso de presente que los hechos de la demanda eran «vagos e imprecisos», lo que impedía verificar las operaciones efectuadas por el actor, así como establecer en qué sustentaba que su salario promedio correspondía a

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Radicación n.° 100383 la suma de $5.000.000; razón por la que proferir una condena supondría la indebida reconstrucción del escrito inicial. A pesar de lo anterior, destacó que en los términos de la cláusula cuarta del contrato de trabajo se incluyó como factor salarial la bonificación de asistencia aun cuando en los términos en que se pactó no era salario. Propuso como excepciones las que denominó buena fe; prescripción y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 9 de septiembre de 2015 dispuso:

PRIMERO: ABSOLVER A LA DEMANDADA CBI COLOMBIANA

S.A., DE TODAS LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

INSTAURADA POR EL SEÑOR ELMO CASTILLA MARTÍNEZ. -

BAJO LAS ANOTACIONES DADAS EN ESTA SENTENCIA.

SEGUNDO: CONDENAR AL DEMANDANTE ELMO CASTILLA

MARTÍNEZ AL PAGO DE LAS COSTAS DEL PROCESO Y

DENTRO DE LAS MISMAS SE FIJAN AGENCIAS EN DERECHO

EN LA SUMA DE UN SALARIO MÍNIMOS LEGALES

MENSUALES VIGENTES PARA EL AÑO 2015, QUE

CORRESPONDE A LA SUMA DE SEISCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

($644.350), A FAVOR DE LA DEMANDADA CBI COLOMBIANA

S.A., CONFORME A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 19

DE LA LEY 1395 DE 2010 Y EN EL ARTÍCULO 6° DEL ACUERDO 1887 DE 2003,.- ATENDIENDO LAS MOTIVACIONES DE ESTA SENTENCIA. (Mayúsculas y negrillas corresponde al texto citado)

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Radicación n.° 100383

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte activa, a través de proveído del 26 de marzo de 2021 confirmó la decisión absolutoria de primera instancia e impuso las costas al actor.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural fijó como problema jurídico determinar si la bonificación mensual acordada por las partes en la cláusula cuarta del contrato de trabajo, y que en los volantes de pago figuraba como bono de asistencia constituía salario y, en

caso afirmativo, si era posible suscribir respecto de esta un pacto de exclusión salarial. Con el objeto trazado acotó que de manera preliminar debía establecerse cuál era el alcance o entendimiento que debía dársele al artículo 128 del CST; y si la facultad otorgada en tal disposición era absoluta o si, por el contrario, tenía limitaciones y en qué consistían estas. Expuso que de conformidad con el artículo 127 del CST, modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, era salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibía el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, y que al tenor del artículo 128 ibidem, no lo eran las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibía el trabajador del empleador, no para su beneficio, ni para enriquecer su

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Radicación n.° 100383 patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones y que, conforme a la segunda parte de dicho precepto era dable que se pactara expresamente la exclusión salarial de beneficios, auxilio habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal. Reprodujo apartes de las providencias CSJ SL, 12 feb. 1993, rad. 5481, CSJ SL, 1 feb. 2011, rad. 35771, CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 39475, CSJ SL403-2013, CSJ SL, 14 nov. 2018, rad. 68303, CSJ SL, 17 jul. 2019, rad. 64255,

CSJ SL, 21 en. 2020, rad. 63154 y afirmó que, de conformidad con la línea jurisprudencial cimentada por la Corte, del artículo 128 del CST podía extractarse que: i) el pacto de exclusión salarial no implicaba quitarle el carácter a un pago que constituía contraprestación directa del servicio; ii) que «tal posibilidad» no se podía ejercer de manera absoluta. Además, iii) que no significaba quitarle la naturaleza salarial a un pago que por esencia lo era, no obstante, que nada impedía que el legislador dispusiera que una determinada prestación social o indemnización se liquidara sin consideración al monto total del salario ni que se dispusiera expresamente que determinado beneficio, a pesar de su naturaleza salarial, no tenga incidencia en la liquidación de prestaciones sociales; iv) que no podía atentar contra la remuneración mínima, vital y móvil; y v) no debía desatender el principio de la primacía de realidad sobre las formalidades.

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Radicación n.° 100383 Sostuvo que aun cuando se ha hecho el «mayor esfuerzo» para definir qué constituye contraprestación directa del servicio, la Corte se ha «quedado corta en su tarea para lograr plenitud epistemológica al no haber definido claramente cuándo un pago no es contraprestación directa, o cuál es la parte del salario susceptible de ser excluido como tal»; lo que imponía armonizar los mencionados artículos 127 y 128 del CST con otras disposiciones como lo eran los artículos 1, 13, 14, 16, 18,

27 y 132 ibidem. Aludió a una serie de ejemplos, puso de presente a qué se referían cada uno de los preceptos enunciados y manifestó que: […] conforme con la hermenéutica sistemática que hace la Sala a los artículos 127, 128 y 132, en armonía con los artículos 1, 13, 14, 16, 18 y 27, todos del CSTSS (sic), se pueden desalarizar:

1. Pagos que constituyen contraprestación directa pura del servicio, representados en alimentación, habitación y vestuario, por permitirlo expresamente el legislador laboral, al final del 128, y;

2. Pagos que constituyen contraprestación indirecta del servicio, por cuanto el trabajo efectivamente prestado ya recibió su contraprestación directa, representada en el salario ordinario, y, se itera, por las sobrerremuneraciones derivadas del tiempo suplemementario, trabajo nocturno, trabajo en domingos y festivos, en porcentajes por ventas y comisiones. Esta contraprestación indirecta siempre será extralegal, por encima de los “mínimo” de ley, y se insertan en la segunda parte del artículo 128 actual […] A continuación, descendió al caso en concreto y sostuvo que no existía controversia en torno a que el «bono

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Radicación n.° 100383 de asistencia o bonificación por asistencia» fue ofrecido por CBI Colombiana S. A. al demandante en los términos fijados en la cláusula cuarta del contrato de trabajo, explicándosele en su oportunidad sus condiciones, las cuales fueron aceptadas de manera voluntaria por aquel, de

ahí que no se haya alegado la existencia de un vicio en el consentimiento del trabajador. Afirmó que a folios 31 a 43 del expediente obraba copia del contrato de trabajo suscrito entre las partes, en cuya cláusula cuarta se estableció una remuneración mensual que estaría conformada por dos factores; un salario ordinario que a la terminación del vínculo correspondía a la suma de $1.739.362 y, una bonificación de asistencia condicionada que, para la misma oportunidad ascendía al rubro de $782.708, cuando al inicio de la relación de trabajo sus montos eran de $1.660.586 y $742.273 respectivamente. Puso de presente que, según la referida cláusula cuarta, la bonificación dependía del aporte del trabajador en el cumplimiento del cronograma de su equipo de trabajo y; del desempeño de aquel y su equipo en las disposiciones de HSE. Además, se previó que no hacía parte de la remuneración ordinaria y, por ello, no integraba la base de liquidación de ninguna que tuviera como referencia esta, específicamente los recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y las vacaciones disfrutadas en tiempo; sin embargo, sería tenida en cuenta para efectos del

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Radicación n.° 100383 cálculo de prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social, contribuciones parafiscales, indemnización por despido y vacaciones compensadas en dinero. Así las cosas, consideró que la bonificación de asistencia constituía una «contraprestación indirecta del servicio» de naturaleza extralegal y, en esa medida, por

«encima de los mínimos de la ley» que, adicionalmente, no tenía su causa próxima e inmediata en el trabajo que hiciera o dejara de hacer el demandante «sino que estaba sometida a la ocurrencia de hechos enteramente inciertos y ajenos a la voluntad y trabajo mismo del trabajador, como lo eran las ausencias de “fatalidades”, o con cuestiones previas a la prestación personal del servicio, como “llegar, o llegar a tiempo”». En cuanto a su «doble carácter», esto es, a la vez, factor salarial para liquidar unos derechos y otros no, sostuvo que «quien puede lo más puede lo menos», por ello, si se podía desalarizar un pago en su totalidad, era claro que también se podía optar «para exclusiones en menor medida o parcelables». Lo que era válido por tratarse de un pago extralegal que estaba por encima y por fuera de la remuneración ordinaria; unido a que limitar la posibilidad de que las partes efectuaran este tipo de convenios que no violentaban los mínimos, impediría que los empleadores concedieran prerrogativas superiores a las legales.

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Radicación n.° 100383 Partiendo de lo anterior y atendiendo que la pretensión de la demanda era la reliquidación de diferencias insolutas, por la inclusión del bono de asistencia en la liquidación de las prestaciones sociales y vacaciones, y que el pacto de desalarización era eficaz, precisó que no había lugar a las súplicas de la demanda, por lo que la decisión absolutoria sería confirmada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el

Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia: […] proceda dar prosperidad a las pretensiones consagradas en el libelo demandatorio en los petitum se (sic) reliquidación de las prestaciones sociales y vacaciones del demándate (sic) conforme al salario realidad probado en el proceso. Además, se le entregue prosperidad a la petición de la demanda en el sentido que se le dé aplicabilidad a las sanciones moratorias Consagrada (sic) en el artículo 65 C.S.T. y articulo (sic) 99 de la ley 50 de 1990.

Como consecuencia de lo anterior Case en su totalidad la sentencia del Tribunal Superior y en su lugar proceda a REVOCAR la sentencia emanada del juez de primera instancia, otorgándole carácter salarial a las bonificaciones e incentivos: Incentivo Progreso Convencional, Incentivo Progreso de Tubería Convencional, Incentivo HSE convencional, Prima Técnica Convencional, Hora adicional Convencional, Incentivo por semana Larga, Bono de Asistencia, auxilio de transporte mensual, Bono de alimentación. Igualmente conceda las sanciones moratorias establecidas en el artículo 65 C.S.T. y articulo 99 de la ley 50 de 1990.

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Radicación n.° 100383 Con tal propósito formula seis cargos, por la causal primera de casación, frente a los que no se presenta réplica, los cuales se resolverán a continuación el primero, el segundo y el sexto, de manera conjunta, pues a pesar de

dirigirse por sendas distintas, persiguen el mismo fin; igualmente se hará con el tercero y el quinto, dada la unidad de materia y, finalmente, de haber lugar a ello, se decidirá el cuarto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de segundo grado por la vía directa en cuanto «desconoce de forma inaceptable» los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 26, 53, 93 de la CP; 1, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 43 127, 128, 130 y 65 del CST; el Convenio 95 de la OIT relativo a la protección del salario, ratificado por la Ley 54 de 1992, lo cual condujo a la aplicación indebida de los artículos 127 y 128 del CST y 167 del CGP, «en relación directa con lo artículos precitados, que establece las cargas probatorias».

Sostiene que el sentenciador de la alzada aplicó de manera indebida la normatividad que regula el concepto de salario, en tanto señala que para determinar el carácter salarial o no «de las bonificaciones» se atiende a la formalidad con la que se crearon y «no en la realidad». Pone de presente que el artículo 167 del CGP interpretado en concordancia con las normas que consagran las nociones de salario y, bajo el principio de

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Radicación n.° 100383 interpretación más favorable, se debería entender como lo ha establecido la jurisprudencia, esto es, que la connotación salarial no se determina por lo que las partes hayan establecido en convenciones colectivas o contratos,

sino por la finalidad que tenga el pago, para lo que se remite a las sentencias CC C710-1996 y CSJ SL, 122202017. A más de lo expuesto manifiesta que, si el colegiado hubiera apreciado la postura jurisprudencial referida, no habría descartado el carácter salarial de las bonificaciones convencionales aduciendo que se encontraban pactadas en la convención colectiva de trabajo; en la medida que quien debió demostrar la existencia de un pacto de exclusión salarial y su eficacia, «si pretendía esquilmarse de una sentencia condenatoria» era la demandada, toda vez que los pagos que recibe el trabajador de su empleador dentro una relación laboral se presumen remunerativos de la prestación del servicio y por lo tanto son salario.

VII. CARGO SEGUNDO Ataca la providencia del fallador de segunda instancia por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida del artículo 128 del CST, en relación con los artículos 13, 14, 24, 43, 128, 130 y 65 ibidem; 13 y 53 de la CP; 51, 52, 60, 61, 77 y 145 del CPTSS; 164, 165, 166 y 167 del CGP.

Dice que la equivocación del juez de la alzada consiste en entender que, con el hecho de que las bonificaciones

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Radicación n.° 100383 reclamadas se encontraran en una CCT, se imposibilitaba el estudio de su carácter salarial «colocando por delante la forma de cómo fueron concebidos y olvidado la finalidad que

persiguen» cuando tales prebendas correspondían a la contraprestación del servicio desplegado por el trabajador, como se dijo en la sentencia de fecha 7 de febrero de 2018 proferida por ese mismo Tribunal bajo el radicado 13001310500520150031800, así como en la decisión CSJ SL, sin fecha, rad. 29806. Reproduce un aparte de la providencia CSJ SL51592018 y sostiene que, si en el proceso existían dudas sobre la existencia o no de un pacto de exclusión salarial sobre las bonificaciones percibidas, se debían considerar salario, atendiendo a la regla general a la que se aludió en la sentencia CSJ SL1798-2018. Afirma que al tenor de la providencia CSJ SL82162016 para que un pago se considere salario deben analizarse las condiciones de ese reconocimiento, entre ellas, su habitualidad o periodicidad, así como «su no entrega gratuita o libre y su vocación de acrecentar los ingresos del trabajador», pues tales presupuestos permitían concluir que estaba inequívocamente dirigido a retribuir directa e inmediatamente el servicio prestado. Se refiere a las decisiones CSJ SL12220-2017, CSJ SL, 1 feb. 2011, rad. 35771, CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 39475, CSJ SL16794-2015, CSJ SL, 28 oct. 1998, rad. 1095 y dice se tuvieron en cuenta por parte del juez colegiado, en el

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Radicación n.° 100383 proceso 13001310500320140041000 para «declarar de una vez y por todas, que los incentivos de progreso, Progreso de

tubería, HSE Convencional y prima Técnica Convencional, en realidad Constituyen salario y de tal suerte debe tener totales efectos» en la providencia proferida el 14 de noviembre de 2017. Indica que existen cinco premisas que fundamentan «el petitum de la demanda»: i) la definición de lo que es factor salarial, corresponde a la forma como se desarrolla el vínculo laboral, y no a la existencia de un texto legal o convencional que lo consagre o excluya como tal; ii) su habitualidad o periodicidad, su no entrega gratuita o libre y su vocación de acrecentar los ingresos del trabajador, permiten concluir que estaba inequívocamente dirigido a retribuir directa e inmediatamente el servicio prestado; iii) las partes no pueden desconocer la naturaleza salarial de beneficios que, por ley, claramente tienen tal carácter; iv) se produce la ineficacia jurídica de cualquier cláusula contractual en que las partes nieguen el carácter de salario a lo que intrínsecamente lo es; y; v) la ley no autoriza a las partes para que dispongan que aquello que por esencia es salario, deje de serlo. Insiste en que el único motivo por el cual el sentenciador de segundo grado no «dio prosperidad a las pretensiones», es la existencia convención colectiva en el plenario, aun cuando la carga probatoria no estaba en cabeza de la parte demandante, dada la presunción de salario que reviste los pagos que recibe el trabajador en una

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Radicación n.° 100383 relación laboral. Lo que sustenta en lo dicho en la decisión

CSJ SL1708-2022.

VIII. CARGO SEXTO Combate la providencia de la alzada por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida del artículo 127 del CST, en relación con los artículos 13, 14, 24, 43, 128, 130 y 65 de ibidem; 13 y 53 de la CP; 51, 52, 60, 61, 77 y 145 del CPTSS; 164, 165, 166 y 167 del CGP.

Enlista como errores evidentes de hecho: 1) No dar por demostrado estándolo que los pagos efectuados por la empresa CBI COLOMBIANA S.A a favor del demandante, denominados: Incentivos Progreso Convencional, Incentivo de progreso de tubería convencional, constituyen esencialmente parte del salario. 2) Tener por demostrado sin estarlo que los pagos efectuados por la empresa CBI COLOMBIANA S.A a favor del demandante, denominados: Incentivos Progreso Convencional, Incentivo de progreso de tubería convencional, no constituyen esencialmente parte del salario. 3) No dar por demostrado estándolo que los pagos efectuados por la empresa CBI COLOMBIANA S.A a favor del demandante, denominados: Prima técnica convencional, Incentivo HSE convencional, hora adicional convencional, incentivo en semana larga, movilización convencional y alimentación constituyen esencialmente parte del salario. 4) Tener por demostrado sin estarlo que los pagos efectuados por la empresa CBI COLOMBIANA S.A a favor del demandante, denominados: Prima técnica convencional,

Incentivo HSE convencional, hora adicional convencional, incentivo en semana larga, movilización convencional y alimentación no constituyen esencialmente parte del salario. Para demostrar su inconformidad argumenta que se encuentra demostrado que recibía «estas bonificaciones»

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Radicación n.° 100383 mes a mes, tal como emerge de los desprendibles de nómina allegados, así como de la declaración testimonial rendida por la señora Tatiana Toro Velásquez, quien explicó que estos se recibían de acuerdo al factor de producción que se tuviera. Aduce que probó que los pagos percibidos respondían a la contraprestación del servicio desplegado, como lo estableció el mismo Tribunal en el proceso bajo radicado 13001310500520150031800 y se desprende de las providencias CSJ SL, sin fecha, rad. 29806 y CSJ SL51592018. Reitera que, si en la actuación había dudas sobre la existencia o no de un pacto de exclusión salarial sobre bonificaciones recibidas por el trabajador, estas se debían considerar salario, como se previó en la decisión CSJ SL1798-2018. De manera que resultaba procedente tener como parte integral del salario el incentivo de progreso convencional e incentivo de progreso de tubería convencional. Indica que la convocada no realizó ningún esfuerzo probatorio para acreditar la finalidad no retributiva de los mencionados beneficios, pues no obraba en el plenario ningún pacto de exclusión salarial que rigiera de forma especial estos, aun cuando ello debía ser acordado de manera específica y no a través de cláusulas genéricas.

Reitera aquello que emerge de la sentencia CSJ SL8216-2016, así como de las decisiones CSJ SL12220SCLAJPT-10 V.00 16 Radicación n.° 100383 2017, CSJ SL, 1 feb. 2011, rad. 35771, CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 39475, CSJ SL16794-2015, CSJ SL, 28 oct. 1998, rad. 1095 y dice se tuvieron en cuenta por parte del juez colegiado, en el proceso 13001310500320140041000 e insiste en las cinco premisas que fundamentan sus pedimentos para sostener que: […] como ya se explicó anteriormente que el único motivo por el cual el tribunal (sic) no decidió dar prosperidad a las pretensiones, es la falta de la convención colectiva en el plenario, y como se habiendo (sic) explicando insistentemente esta carga probatoria no estaba encabeza (sic) de la parte demandante, toda vez que los pagos que recibe el trabajador en una relación laboral se presumen remuneratorio (sic). Por lo anteriormente explicado solicito se CASE la sentencia hoy impugnada y en tal sentido se tenga los siguientes incentivos: HSE Convencional, prima Técnica Convencional, hora adicional convencional, incentivo en semana larga, movilización convencional y alimentación Como parte integral del salario del demándate (sic) de acuerdo a las pretensiones de la demanda.

IX. CONSIDERACIONES Pues bien, lo primero que debe señalar la Corte es que el fallador de segundo grado no efectuó pronunciamiento alguno en relación con la connotación salarial de los incentivos HSE convencional, prima técnica convencional,

hora adicional convencional, incentivo de semana larga, movilización convencional y alimentación, como lo expone la censura. Lo anterior en consideración a que tal y como emerge de la providencia combatida y se estableció desde la determinación del problema jurídico, el colegiado solo se

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Radicación n.° 100383 ocupó de estudiar la connotación salarial del bono de asistencia pactado en el contrato de trabajo suscrito entre las partes. Así las cosas y, como el juzgador de la alzada no hizo pronunciamiento alguno sobre los emolumentos antes mencionados, al promotor de la contienda le correspondía, solicitar la aclaración o adición de la sentencia, si quería que hubiese una definición del tema, como lo permite el artículo 287 del CGP. No obstante, como ello no ocurrió, por sustracción de materia, la Sala no puede adentrarse en la confrontación de la providencia de segundo grado con la ley, para verificar si se acogió esta última, propósito del recurso extraordinario; en la medida que, se repite, ese tópico no fue abordado por el Tribunal y, en consecuencia, sobre el mismo no pudo incurrir en ningún error. En esa dirección en la decisión CSJ SL5107-2020 se enseñó: En reiteradas oportunidades ha sostenido la Corte que el recurso de casación, dada su propia naturaleza de ser extraordinario, no está instituido como sucedáneo para corregir yerros que pueden ser subsanados en las instancias mediante otros mecanismos jurídicos especialmente previstos para el caso, como son la aclaración, corrección y adición de las

sentencias, consagrados en los artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en lo laboral por la remisión expresa del artículo 145 del C. de P. L. En sentencia del 8 de septiembre de 1998 (rad. 10967), dijo la Sala, en un caso que era susceptible de ser subsanado mediante la adición de la sentencia, pero que, para el evento de la corrección, resulta igualmente apropiado por existir igual

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Radicación n.° 100383 razón jurídica, lo siguiente: “En segundo lugar y dada la omisión del Tribunal, debe indicarse que el procedimiento correcto a seguir por la parte afectada era solicitar la adición de la sentencia como lo dispone el artículo 311 del C.P.C., aplicable en el procedimiento laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y no, como lo hizo, interponer el recurso de casación, que dada su naturaleza de extraordinario, no está instituido para evitar yerros que pueden subsanarse mediante la utilización de herramientas jurídicas regladas para el caso. “Al respecto dijo la Corte en sentencia del 11 de febrero del año en curso: ‘[...] resulta pertinente reiterar que el recurso extraordinario no puede servir de mecanismo alternativo para subsanar irregularidades en que pudo haber incurrido el fallador al momento de decidir el litigio, y que eran viables remediar a través de las herramientas jurídicas previstas para el efecto, que es lo que ocurre en este caso, cuyo conducto procesal pertinente era el solicitar la adición de la sentencia a fin de que

se dictara una complementaria en donde se pronunciara sobre el punto no resuelto. ‘En efecto, las normas procesales ya señaladas y aplicables por analogía al campo laboral en virtud a lo dispuesto en el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, le exigen al juez al proferir la sentencia definitiva, que sea congruente con la cuestión litigiosa, esto es, que no omita resolver sobre los pedimentos impetrados en la demanda, ni sobre los medios exceptivos de defensa formulados por quien fue convocado al proceso en calidad de contradictor.’ ‘Y es por lo anterior que cuando se dan algunas de las referidas falencias, el mismo artículo 311 del C.P.C., modificado por el artículo 1° numeral 141 del Dcto 2282 de 1989, prevé el mecanismo tendiente a conjurar tales irregularidades bien por actuación de oficio del juez o en virtud de solicitud de parte, a través de una sentencia complementaria donde se resuelva sobre la pretensión o excepción cuyo pronunciamiento fue omitido; instrumento éste que no fue utilizado por el impugnante dentro del término que allí mismo se establece y que ahora pretende revivir a través de un recurso restringido y extraordinario, que supone en quien lo ejerce, haber agotado sin éxito ante las instancias todos los medios de impugnación e instrumentos que el procedimiento establece. Así lo ha precisado ya esta Sala de la Corte, entre otros, en el fallo de octubre 29 de 1997, radicación 9895.” (sentencia de 11 de febrero de 1998, radicación 10115). (Subrayado de la Sala).

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Radicación n.° 100383 Por todo lo expuesto los cargos se desestiman.

X. CARGO TERCERO Ataca la providencia del ad quem «POR INFRACCIÓN

DIRECTA DEL (SIC) LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 127

DEL C.S.T, (SIC) EN LO RELACIONADADO (sic) AL CONCEPTO DE SALARIO – Bono de asistencia», así como por cuanto «desconoce de forma inaceptable las siguientes normatividades» artículos 1, 2, 4, 13, 25, 26, 53, 93 de la CP; 1, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 43, 127, 128, 130 y 65 del CST y el Convenio 95 de la OIT, ratificado por la Ley 54 de 1992. Argumenta que la interpretación realizada por el juez de la alzada, cuando advierte que, aunque