CSJ - SL1181-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL1181-2023 Radicación n.°80829 Acta 16 Bogotá, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por FERNANDO DUQUE SANTA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 2 de marzo de 2018, en el proceso que él instauró contra BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S.

I. ANTECEDENTES Fernando Duque Santa llamó a juicio a la empresa Busscar de Colombia S.A.S. con el fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo a partir del 1 de octubre de 2004. Se declare la invalidez de la justa causa invocada por la empresa para terminar la relación, porque la causal se originó y fue conocida por la empleadora con más de tres años de anterioridad a la fecha en que fue invocada para

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Radicación n.°80829 tramitar el permiso ante el inspector de trabajo, por tanto, la causal carecía de inmediatez y causalidad. Igualmente, el actor solicitó se declare ineficaz el permiso concedido a la pasiva por el inspector de trabajo para dar por terminado el contrato de trabajo, por haberse obtenido con violación al debido proceso y porque se basó en una justa causa que carecía de validez conforme a lo anotado anteriormente. Consecuencialmente, solicitó el reintegro al cargo que ocupaba, o a uno de igual o mejor salario; el pago de los salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social, por el

tiempo que duró la terminación del contrato; junto con la indemnización de los 180 días prevista en el art. 26 de la Ley 361 de 1997. Por otra parte, solicitó la indemnización plena de perjuicios por culpa del empleador en el accidente de trabajo que sufrió. En lo que interesa al recurso extraordinario, las peticiones fueron sustentadas en que comenzó a laborar para la pasiva desde el 1 de octubre de 2004. Desde el 1 de enero de 2012, le fue reconocida la pensión de vejez por cuenta de Colpensiones, fue incluido en nómina y comenzó a recibir la pensión. A pesar de lo anterior, la empresa decidió continuar indefinidamente la ejecución del contrato de trabajo, cuando, para esa fecha, ya el reconocimiento de la pensión constituía justa causa para la terminación del contrato de trabajo.

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Radicación n.°80829 Posteriormente, el 4 de enero de 2013, en ejecución de sus labores, el actor sufrió un accidente de trabajo, cuando se cayó al piso por tropezar con un riel que sobresalía del suelo. El accidente de trabajo le produjo una luxación en el hombro, con el síndrome de abducción dolorosa y síndrome del manguito rotatorio. Desde entonces, ha estado en incapacidad y en continuo tratamiento médico. Por las afecciones de salud mencionadas, el accionante sufre depresión recurrente y se encuentra en tratamiento para ello. Conforme a lo anterior, el actor alegó que es una persona en estado de debilidad manifiesta y, por tanto, beneficiaria de la protección constitucional y legal de

estabilidad laboral reforzada contenida en el art. 26 de la Ley 361 de 1997. También alegó que, desde la ocurrencia del accidente, no ha recibido de la empresa ningún tipo de asistencia social y psicológica que le permitiera llevar su situación en forma digna y sobreponerse a su estado de salud para un regreso laboral normal. Igualmente, afirmó que, desde mediados de 2014, la empresa estuvo empeñada en terminarle el contrato de trabajo, y, como se negó a renunciar, el empleador solicitó al Ministerio de Trabajo permiso para terminar el contrato de trabajo con fundamento en la justa causa del reconocimiento de la pensión de vejez, pero la verdadera razón del despido fue su estado de salud.

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Radicación n.°80829 Relató que el Ministerio de Trabajo inicialmente negó el permiso al empleador, mediante la R. 00054 de 16 de febrero de 2015, pero, mediante la R. 00116 de 19 de marzo de 2015, lo autorizó y no concedió el término para que él pudiese agotar los recursos de ley. De manera abrupta, el 14 de abril de 2015, recibió la comunicación de parte del inspector de trabajo, donde se le dijo que el trámite sería archivado y que no era susceptible de recurso alguno. Frente a lo anterior, manifestó que intentó por vía de tutela que le fuera otorgada la posibilidad de interponer los recursos de ley contra el permiso para despedir, pero le fue negada tal protección. Por otro lado, la empresa le dio por terminado el contrato de trabajo mediante la comunicación

de 17 de abril de 2015, con terminación efectiva desde el 3 de mayo siguiente, fs. 4 al 25. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aclaró que el accionante laboró para ella desde octubre de 2004; informó que, estando vigente el contrato de trabajo del demandante, le fue reconocida la pensión de vejez, lo cual, de conformidad con el art. 64 del CST, literal a) nl. 14 del CST, es justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, causal que se puede alegar en cualquier tiempo sin que opere el fenómeno de la prescripción. Aceptó el accidente de trabajo sufrido por el actor, por el que, según su decir, el trabajador recibió toda la atención de la ARL, además de que ha padecido de otras enfermedades de origen común, las cuales fueron atendidas por la EPS a la que se encontraba

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Radicación n.°80829 afiliado. Refirió que, pese a que no era necesario, solicitó el permiso para despedir y lo obtuvo del Ministerio de Trabajo. Por todo lo antes expuesto, la enjuiciada alegó que no eran procedentes las pretensiones y propuso las excepciones de cobro de lo no debido, culpa exclusiva de la víctima, mala fe del demandante, buena fe y prescripción (fs. 201 al 213).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo de 20 de abril de 2017, declaró que la terminación del contrato de trabajo obedeció al estado de salud del demandante. Consecuencialmente, condenó al reintegro del actor en los términos del art. 26 de la Ley 361 de 1997, a partir del 5 de mayo de 2015, sin solución de continuidad, al cargo que venía desempeñando o uno similar que pueda desarrollar de acuerdo con sus condiciones físicas, con el correspondiente pago de salarios y prestaciones causados a la fecha en que se produzca el reintegro (fls. 446 al 448). Por otro lado, negó la indemnización plena de perjuicios, por no encontrar probada la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo. Ambas partes presentaron recurso de apelación.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión n. 1 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante fallo de 2 de marzo de

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Radicación n.°80829 2018, le dio la razón a la parte demandada y revocó la decisión de primera instancia, para, en su lugar, absolver a la pasiva de todas las pretensiones incoadas en su contra, f.

18. Por otra parte, el recurso de la parte actora con el que persiguió la condena por la indemnización plena de perjuicios no prosperó.

En lo que interesa estrictamente al recurso de casación, se tiene que el juez de la alzada, al resolver la apelación de la demandada, se pronunció sobre tres temas: 1) el reconocimiento de la pensión como justa causa de despido y

su oportunidad para invocarla; 2) «la estabilidad laboral reforzada a trabajadores en situación de debilidad manifiesta por perturbación a la salud» y 3) la terminación del contrato de trabajo de personas en estado de incapacidad con posterioridad al reconocimiento de la pensión de vejez.

1. Sobre el primer tema, el juez colegiado hizo referencia al parágrafo 3 del art. 9 de la Ley 797 de 2003 que prevé el reconocimiento de la pensión como justa causa de terminación del contrato de trabajo o la relación laboral, tanto en el sector privado como en el sector público. De esta causal, resaltó que es una potestad del empleador y este la puede invocar en cualquier tiempo, pues así lo extrajo del contenido mismo del precepto legal en el que legislador acudió al verbo podrá, lo que, para el juzgador, denota que el retiro del trabajador por reconocimiento de la pensión de vejez entra en la facultad discrecional e inextinguible del empleador.

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Radicación n.°80829 Para apoyar su postura, el Tribunal citó la sentencia CSJ SL de 18 de mayo de 1993, no. 5683, referente a la justa causa de despido previsto en el numeral 14 del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, parte a) de los arts. 62 y 63 del CST, consistente en el reconocimiento de la pensión de jubilación. Relató que la Corte indicó en esa sentencia que el transcurso del tiempo no extingue el derecho del empleador para despedir, lo cual estimó explicable, puesto que, como el

reconocimiento de la pensión es de carácter vitalicio, la causal sigue existiendo sin perder actualidad. De la misma sentencia no. 5683 precitada, el colegiado tomó la consideración de la Corte en cuanto a que, si por voluntad del empleador se produce la desvinculación del asalariado algún tiempo después de habérsele reconocido la pensión, no puede decirse que se le vulnera algún derecho al trabajador, pues, por el contrario, se le preservó la estabilidad en el empleo y, además, si la empresa le permitió la continuidad del contrato de trabajo durante varios años con posterioridad a la configuración de la justa causa de despido, ello redundó en beneficio del trabajador, ya que le permitió seguir devengando su salario de forma normal, así como las prestaciones sociales a que tenía derecho, pese a no estar legalmente obligado a ello. Por otro lado, el juez de la alzada mencionó la sentencia CC C-1037-2003, la cual analizó la inconstitucionalidad del parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 del 2003. Extrajo que la Corte Constitucional concluyó, entre otras cosas, que la regulación prevista en esa norma era una expresión de la

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Radicación n.°80829 libertad de configuración legislativa que tiene el Congreso de la República; e igualmente que es objetivo y razonable que se prevea la terminación de la vinculación laboral del trabajador particular o de un servidor público que cumple con los requisitos legales para acceder a la pensión, primero, porque el trabajador no quedará desamparado, pues tendrá derecho

a disfrutar de la pensión; y segundo, porque crea la opción de un relevo en el trabajo que requieren todos los ciudadanos. Por último, el sentenciador de segundo grado anotó que la exequibilidad fue condicionada a que el retiro solo podrá hacerse efectivo cuando se le garantice al trabajador el pago de su mesada pensional con la inclusión en la correspondiente nómina, una vez se haya reconocido su pensión.

2. Sobre el segundo tema que denominó «estabilidad laboral reforzada a trabajadores en situación de debilidad manifiesta por perturbación a la salud» para referirse a la protección contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el sentenciador realizó varias consideraciones.

Comenzó por señalar que este precepto establece la prohibición de considerar la «limitación o discapacidad» de una persona para efectos de prohibir su despido o para dar por terminado su contrato de trabajo, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo, dando lugar a la posibilidad de reclamar una indemnización, cuando ese despido o la terminación del contrato de trabajo se produzca sin reunir el mencionado requisito de la autorización.

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Radicación n.°80829 Agregó que, en virtud de ese mismo artículo, existe una presunción a favor del trabajador en «estado de debilidad manifiesta» que supone que el despido se efectúa por causa de su limitación física y que obliga al empleador a desvirtuarla frente al Ministerio de Trabajo. También sostuvo que, en múltiples pronunciamientos de esa sala de decisión, se ha señalado que dicho precepto

debe entenderse como una acción afirmativa del Estado a favor de las personas con discapacidad o con «limitación» de su capacidad física, definitiva o transitoria, a través de la cual se garantiza un orden social justo de esa parte de la población, y que es una prerrogativa que permite materializar sus derechos de manera más eficiente y compatible con su dificultad. Mencionó que, mediante el artículo 137 del Decreto Ley 19 de 2012, el Gobierno nacional quiso introducir una especie de nota aclaratoria al precitado art. 26, en el sentido de que no se requería de autorización por parte del Ministerio de Trabajo cuando el trabajador con discapacidad incurre en alguna de las causales establecidas en la ley como justa causa para dar por terminado el contrato. Sin embargo, recordó, esta modificación fue declarada inexequible mediante la sentencia CC C7442012, donde se explicó que corresponde al Congreso y no al Presidente de la República el adoptar esa determinación. Luego, sobre la exigencia o no de la venia de la autoridad respectiva para que se pueda despedir o terminar

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Radicación n.°80829 el contrato de una persona con discapacidad, cuando se discute la concurrencia de una justa causa, el sentenciador anotó que, a pesar de haberse declarado inexequible el enunciado normativo antes mencionado, el permiso no era necesario, pues la consecuencia de la presunción de la que se habló algunas líneas atrás se trataba de un aspecto eminentemente probatorio y esa presunción, como cualquier otra, es susceptible de ser desvirtuada mediante prueba en

contrario. Tras lo anterior, el juez de la alzada concluyó que la estabilidad laboral reforzada de las personas con alguna discapacidad constituye un derecho constitucional que comporta la garantía de acceder a un empleo, a permanecer en él y gozar de estabilidad, mientras no exista una causa justificativa del despido.

3. En cuanto al tercer tema sobre la terminación del contrato de trabajo de personas en estado de incapacidad con posterioridad al reconocimiento de la pensión de vejez, el juzgador estimó que debía analizar el caso concreto del accionante.

Así, determinó que el actor siguió vinculado después del reconocimiento de la pensión y que sufrió un accidente de trabajo un año después, a partir del cual no pudo reintegrarse a sus labores y por el cual su capacidad laboral se vio disminuida en un 20.02%, según el dictamen de 11 de septiembre de 2014.

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Radicación n.°80829 Igualmente, el juez colegiado refirió que obraba en el expediente que, inicialmente, Colpensiones le reconoció al accionante una mesada pensional de un salario mínimo a través de la Resolución número 3108 de 1 de enero de 2012 y que, por sentencia judicial, la mesada le fue incrementada a la suma de $3.749.200, mediante R. 248961 de 8 de julio de 2014, e ingresó a nómina a partir del mes de agosto de ese mismo año, fs. 214 y ss. También que, el 11 de diciembre de 2014, como se veía a f. 30, el empleador solicitó al Ministerio

de Trabajo autorización para dar por terminado el contrato de trabajo por el reconocimiento de la pensión y que, mediante R. 00116 de 19 de marzo de 2015, fue concedida la citada autorización. Por último, el sentenciador aludió a la certificación salarial del accionante visible a f. 26. Por otra parte, el juez de la alzada tuvo en cuenta que la pasiva manifestó que aplazó la terminación del contrato de trabajo por el reconocimiento de la pensión hasta el momento en que el actor lograra el reajuste de la mesada. Al respecto, refirió que el representante legal y presidente de la empresa, Roberto Galvis Montealegre, en diligencia de interrogatorio de parte, había dicho que adquirió el interés de terminar el contrato de trabajo desde el momento en que al actor le reconocieron la pensión, pero no tomó la decisión de terminarlo allí, porque el mismo trabajador había solicitado la oportunidad de continuar vinculado hasta que se surtiera el recurso judicial contra el monto de pensión y, una vez fueron informados de que el monto ya lo habían elevado, se tomó la decisión de finalizar el contrato; que, además, el absolvente había enfatizado que el estado de salud del

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Radicación n.°80829 demandante no había influido en la decisión de terminar el contrato de trabajo, pues el demandante, además de ser su amigo, desde la época de estudiante de bachillerato, era un excelente trabajador. El juez colegiado también se apoyó en el testimonio del señor Adrián Octavio Escobar Tovar, jefe de recursos humanos de la empresa. De tal versión, señaló que este había

indicado que, inconforme con el monto de su pensión, el demandante le pidió el favor al doctor Roberto, presidente de la compañía, que le permitiera continuar trabajando hasta tanto se surtiera el trámite judicial de la reliquidación del monto de la mesada pensional, porque él no podía comer con esa plata; que la empresa, en algunos casos, había decidido continuar el contrato con trabajadores pensionados y había mencionado dos casos, el del jefe de seguridad y el de la encargada de nómina, quienes, a pesar de estar pensionados, habían continuado en la empresa por su excelente desempeño, y dijo que, así como ellos, el ingeniero Fernando Duque también había sido un buen trabajador. El Tribunal observó que, ante tal afirmación, la parte actora le pidió al declarante que le explicara por qué, en el caso del señor Duque, sí tomaron la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo si era un excelente trabajador, y el juzgador citó literalmente la respuesta que dio el testigo, así: …nosotros tenemos internamente una planta de sucesión, para los cargos críticos siempre entrenamos a alguien en el caso de que esa persona se ausente por x o y razón; cuando uno contrata

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Radicación n.°80829 un trabajador, uno obtiene a cambio una prestación personal de un servicio, la gerencia de postventa es un cargo crítico, no es como cuando yo tengo 10 operarios y la labor de ellos la puedo hacer con 9; yo no tengo tres gerentes de postventa, solamente tengo uno, y el ingeniero de postventa, el ingeniero Fernando, estaba en un proceso, en un tiempo de incapacidad, y la empresa también tiene que suplir la necesidad, la necesidad estaba

latente, entonces ahí ya se hicieron unos cambios, ya que se requería alguien ahí independiente, si el ingeniero no estaba en la empresa por la razón que sea, alguien tenía que aceptar la función. En el análisis del citado testimonio, el Tribunal asentó que las afirmaciones del señor Escobar Tovar diferían totalmente de las razones aducidas por el representante legal de la empresa para dar por terminado el contrato de trabajo, como bien se había colegido en primera instancia, pues hacía evidente que la empresa tenía la urgencia de nombrar definitivamente en el cargo de postventa a un nuevo gerente, puesto que el demandante llevaba más de dos años en incapacidad. Seguidamente, el juez colegiado anotó que no podía desconocer que, para tomar esa decisión, la empresa tuvo la paciencia de esperar hasta que el pensionado obtuviera una mejor mesada pensional. Con todo, en este caso, estimó evidente la comprobación de dos circunstancias que, en principio, se transponen: por un lado, definitivamente el trabajador fue despedido «estando en incapacidad por enfermedad», lo que, de inmediato, activó la presunción del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en el sentido de que el despido se dio con ocasión de la enfermedad del actor; por otro lado, el demandante tenía el estatus de pensionado a la hora del despido, lo que constituye una justa causa para despedirlo.

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Radicación n.°80829 Para desatar tal confrontación entre la estabilidad laboral reforzada y la facultad del empleador de despedir al trabajador con estatus de pensionado, el sentenciador

consideró que debía definir, en cada caso concreto, cuál de las dos razones debe prevalecer a la hora de imponer las consecuencias jurídicas en los hechos debidamente comprobados, como quiera que, en este asunto, el Ministerio de Trabajo había autorizado el despido del actor y ello activó en el empleador la facultad de despido con justa causa, de conformidad con el mismo artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Así, consideró que, con el reconocimiento de la pensión de vejez no hubo afectación sobre el mínimo vital del trabajador, de modo que no se requiere una especial protección justificada en la acción afirmativa prevista en la referida norma que obviamente busca proteger a las personas «con deterioro de su salud» de las consecuencias económicas del desempleo, condición que estimó no predicable cuando se habla de un pensionado. El precitado razonamiento efectuado por el juzgador lo condujo a revocar la orden de reubicación del demandante y del pago de la indemnización de 180 días de salario, para, en su lugar, absolver a la empresa de esas pretensiones. Sobre la culpa patronal en el accidente de trabajo sufrido por el trabajador que había alegado el accionante en la apelación, el juez colegiado concluyó que el empleador tomó las medidas pertinentes para prevenir el accidente y fue

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Radicación n.°80829 la imprudencia del trabajador la que produjo el siniestro. Así, el resultado del recurso de apelación de la parte actora le fue desfavorable.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto revocó la sentencia de primera instancia que condenó al reintegro del demandante en las condiciones allí señaladas y a la indemnización de 180 días; para que, en sede de instancia, confirme dicha decisión en todas sus partes y se fijen las costas conforme a la ley.

Con tal propósito, formuló dos cargos, por la causal primera de casación y por la vía directa, los cuales fueron replicados por la demandada y serán estudiados por la Corte conjuntamente por cuestión de método.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de haber incurrido en la interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; como consecuencia de la aplicación indebida del 62 del CST, numeral 14, literal a) del artículo 7 de Decreto 2351 de 1965; 2, 13, 47 y 54 de la Constitución.

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Radicación n.°80829 El recurrente dejó en claro que, para los efectos del cargo, no controvertía los siguientes hechos:

1. El 1 de enero de 2012, obtuvo el derecho a una pensión de vejez, (Resolución NO.3108 de 1° de enero de 2012), pero continuó vinculado a la empresa.

2. El sufrió un accidente de trabajo el 4 de enero de 2013, con ocasión del cual su capacidad laboral se

disminuyó en un 20.02% (dictamen de 11 de septiembre de 2014).

3. El 11 de diciembre de 2014 (f.30), la empresa elevó solicitud de autorización al Ministerio de Trabajo para dar por terminado el contrato de trabajo, con base en el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual le fue concedida, según Resolución No. 000116 de 19 de marzo de 2015.

4. La empresa hizo efectivo el permiso a partir del 3 mayo de 2015, fecha en la cual finalizó su contrato de trabajo.

5. El último salario que devengó fue de

$3.853.387.00. La censura señaló que su reparo estaba dirigido a la conclusión del Tribunal que lo llevó a revocar la sentencia de primera instancia, en cuanto a la reubicación y pago de la indemnización de 180 días de salario, la cual trascribió textualmente así:

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Radicación n.°80829 Pues bien, como quiera que en este asunto el Ministerio del Trabajo autorizó el despido del actor, ello activó en el empleador la facultad de despedirlo, de conformidad al mismo artículo 26 de la Ley 361 de 1997, amén de que con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez no hay afectación sobre el mínimo vital, de modo que no se requiere una especial protección justificada en la acción afirmativa prevista en la mencionada norma, lo cual obviamente busca proteger a las personas con deterioro de su salud de las consecuencias económicas de desempleo, condición que no es predicable cuando se habla de un pensionado. (La inclinación es del recurrente).

El recurrente refirió que el art. 26 de la Ley 361 de 1997 dispone que «ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo». En su criterio, el Tribunal incurrió en la interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, al reflexionar que el fin de este artículo era proteger a las personas con deterioro de su salud de las consecuencias económicas de desempleo, y que esta finalidad no es predicable cuando se habla de un pensionado. Acusó la interpretación del sentenciador de segundo grado de ser errónea por discriminar al pensionado activo, pues esta persona no está excluida de la garantía legal y constitucional de no ser irrespetada en su dignidad humana, ya que es sujeto de un trato solidario e igual a los demás trabajadores. Se trata de una garantía Constitucional dirigida a los derechos fundamentales de la persona, independientemente de si se es pensionado o no.

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Radicación n.°80829 En su criterio, así se desprende de la recta interpretación del artículo 26 mencionado, en los casos en que el empleador consiente la permanencia del trabajador jubilado y opta por la continuidad del contrato de trabajo. (Exequibilidad condicionada que hiciera la Corte Constitucional en la Sentencia C-531 de 5 de mayo 2000). Para la censura, sin lugar a duda, fue la discapacidad demostrada y que no era incompatible e insuperable frente al cargo que venía desempeñando el actor, la que motivó su

despido, quien fue discriminado por su estado de discapacidad. Circunstancia que se ha debido poner en conocimiento de ese Ministerio, con el propósito de valorar si dicha limitación era incompatible o insuperable en el desempeño del cargo.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de haber incurrido en la aplicación indebida de los artículos 26 de la Ley 361 de 1997; 62 del CST, numeral 14, literal a) del artículo 7 de Decreto 2351 de 1965; 2, 13, 47 y 54 de la Constitución.

Los argumentos presentados en este cargo son similares a los del anterior, a los que sumó que la aplicación indebida de los textos legales se presentó cuando le restringió el alcance al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, toda vez que la finalidad de la norma es la no discriminación en el empleo a persona en situación de discapacidad.

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Radicación n.°80829 Refirió que la norma prevé que «ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo». Manifestó que, desde el 1 de enero de 2012, cuando ingresó a la nómina de pensionados, la demandada pudo hacer uso de la causal objetiva de terminación del contrato de trabajo, sin embargo, como lo había deducido el ad quem, la empresa mantuvo su continuidad en el empleo. Circunstancia que indicaba que el despido estuvo motivado por la discapacidad que padecía como resultado del accidente de trabajo que le sobrevino posteriormente, el 4 de enero de 2013.

El recurrente manifestó que la misma disposición que regula el asunto controvertido y que fue aplicada indebidamente por el Tribunal señala que «... no se requerirá de autorización por parte del Ministerio del Trabajo cuando el trabajador limitado incurra en alguna de las causales establecidas en la Ley como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo». De allí, la censura colige que la solicitud elevada por el empleador al Ministerio del Trabajo no guardaba relación con el motivo determinante de su desvinculación, ya que, si no se hubiera accidentado con consecuencias en su discapacidad física, el empleador no tendría por qué acudir a la autoridad del trabajo con motivo de una causal autónoma, para solicitar autorización para una terminación del contrato de trabajo con base en una causal contemplada en la legislación laboral como justa causa para el despido.

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Radicación n.°80829 Con base en lo anterior, el recurrente reiteró que el empleador debió motivar la solicitud del permiso para despedir en su discapacidad, con la finalidad constitucional de que no fuera discriminado por su estado de discapacidad tal como aconteció en el presente asunto.

VIII. RÉPLICA La contraparte se opuso a la prosperidad del recurso.

Señaló que los cargos presentan deficiencias de técnica, dado que fueron formulados por la vía directa, pero, en la demostración, conduce a la Sala a que examine las probanzas del expediente, entre ellas la solicitud de permiso elevada a la autoridad del trabajo. Por tanto, lo que correspondía era formular un cargo por eventuales errores

fácticos. Sobre el fondo del asunto, la demandada alegó que el sentenciador de la alzada no se equivocó en la interpretación del art. 26 de la Ley 361 de 1997, pues el legislador lo que persiguió no fue otra cosa que proteger a las personas con deterioro en su salud de las consecuencias económicas del desempleo al quedar cesantes y no disponer de otro medio para su subsistencia primaria. Frente al segundo cargo, anotó que el recurrente confundió la aplicación indebida con la interpretación errónea, como se puede ver en los argumentos presentados en la demostración. Afirmó que esta norma junto con el art. 9 de la Ley 797 de 2003 que utilizó el Tribunal son las normas aplicables al caso.

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IX. CONSIDERACIONES Las deficiencias de técnica anotadas por la parte opositora no impiden estudiar de fondo la acusación, puesto que los argumentos presentados claramente apuntaron a demostrar que la sentencia incurrió en la interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y, en cargo separado, en la aplicación indebida del mismo art. 26 de la Ley 361 de 1997 y del 62 del CST, numeral 14, literal a) del artículo 7 de Decreto 2351 de 1965; 2, 13, 47 y 54 de la

Constitución Política. En vista de que ambos cargos fueron formulados po