CSJ - SL1483-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1483-2023 Radicación n.°92893 Acta 08 Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por NOÉ DE JESÚS PARRA ARANGO y MANUEL INOCENCIO MURILLO MORENO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021) en el proceso que le promovieron a INGENIO PICHICHÍ S. A.

I. ANTECEDENTES Los demandantes llamaron a juicio a Ingenio Pichichí S.

A. (en adelante Ingenio), para que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido; que fueron enviados en misión por la cooperativa de trabajo asociado Fe y Esperanza a fin de que prestaran sus servicios como corteros de caña a favor de la llamada al proceso.

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Radicación n.° 92893 Como consecuencia, pretendieron que la demandada fuera condenada al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, el auxilio de transporte, las vacaciones, los aportes al sistema de seguridad social integral, lo que se causó respecto del primer demandante desde el 22 de noviembre de 2005, mientras que en relación con el segundo, a partir del 21 de igual mes y año; para ambos casos hasta el 29 de febrero de 2012; la indemnización por despido sin justa causa, las sanciones moratorias, los perjuicios morales generados en una suma

equivalente a 500 SMLMV, todo debidamente indexado. En igual sentido, solicitaron que se les concediera todo aquello a lo que tuvieran derecho acorde con las facultades ultra y extra petita, así como que se impusieran las costas procesales. Para sustentar sus peticiones afirmaron que prestaron sus servicios a favor de la convocada a juicio como trabajadores asociados de la CTA Fe y Esperanza, la que los envió en misión a Ingenio para ejecutar la labor de corteros de caña bajo la continua subordinación y dependencia de la enjuiciada; que esta no les reconoció ningún derecho laboral; que el salario que se les canceló fue inferior al que devengaban sus empleados de planta; que al estar vinculados a través de la cooperativa se les realizaron diferentes deducciones para el pago de compensación anual y semestral, intereses así como descanso anual. Agregaron que, desarrollaron la misma actividad en los predios de Ingenio ubicados en los municipios de Guacarí y

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Radicación n.° 92893 Buga; que su jornada laboral era de 6:00 am a 3:00 pm de lunes a domingo sin interrupción; que como salario Noé de Jesús Parra Arango devengó la suma de $742.833,33 y Manuel Inocencio Murillo Moreno percibió $839.333,33. Afirmaron que siempre recibían órdenes de la llamada a juicio a través de Jair Ortiz, Adán Díaz, José León Bermúdez, William Calvo y Lizman Bejarano quienes eran supervisores, cabos o monitores de corte encargados de

vigilar el cumplimiento del horario y la ejecución de las labores; que la demandada «elaboró la información de cada trabajador […]»,que era remitida a la supuesta empleadora para que realizara las respectivas planillas de pago semanal. Expresaron que la accionada condicionó su relación contractual a que se afiliaran a la cooperativa y que aunque mostraron su inconformidad por no ser vinculados directamente por la compañía, nunca se accedió a ello y, como respuesta, se les insinuaba que renunciaran. Anotaron que su supuesto empleador no tenía autonomía técnica, pues no era propietario de las herramientas de trabajo necesarias para prestar los servicios; que la labor consistía en el corte de caña, que era recogida por una máquina alzadora de la accionada luego se transportada hacía sus instalaciones, con el fin de realizar el pesaje y al día siguiente un cabo, apuntador o supervisor adscrito a la enjuiciada entregaba el dato del peso de la caña cortada por cada trabajador.

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Radicación n.° 92893 Adujeron que fue la convocada al proceso la que ordenó la disolución y liquidación de la compañía a través de la cual adelantaron sus labores y que dicha sociedad fue la que pagó los costos y los honorarios que ello causó; además que, nunca les reintegraron sus aportes como cooperados. Estimaron que la finalización de su vinculación laboral fue producto de un despido indirecto y no de una renuncia voluntaria, pues de no proceder en ese sentido no hubiesen sido vinculados posteriormente a Pichichí Corte S. A. (f.°6-47

primera instancia cuaderno principal, expediente digital). El Ingenio se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Precisó que la relaciones que sostuvo con las «COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FE Y ESPERANZA, [fueron] netamente de carácter comercial […]» (mayúsculas del texto original). En su defensa, propuso las excepciones de mérito de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la parte demandada, prescripción, pago y compensación, ilegitimidad de personería sustantiva de la parte demandada y la innominada (f.º 165-182 primera instancia cuaderno principal, expediente digital).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 92893 El Juzgado 1º Laboral del Circuito de Buga, mediante sentencia proferida el 3 de diciembre de 2019, absolvió a Ingenio (f.º 446y ss. primera instancia cuaderno principal, expediente digital).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, por fallo dictado el 20 de mayo de 2021, confirmó el del primer grado (f.°1-14, segunda instancia, apelación sentencia, 006 sentencia n.° 075, expediente digital).

En lo que interesa al recurso extraordinario, luego de

advertir que su decisión se sujetaría a las materias objeto de litigio y apelación, analizando el acervo probatorio allegado al proceso bajo los lineamientos de la sana crítica y en aplicación de los principios de congruencia y consonancia delimitó el problema jurídico a dilucidar en «si entre los demandantes y el Ingenio Pichichí S. A., existieron verdaderos contrato de trabajo, teniendo en cuenta la tercerización laboral que se alega entre esta sociedad y la cooperativa de trabajo asociado Fe y Esperanza». Ello por cuanto el recurso de alzada se fundamentó en alegar que la CTA no actuó de forma autogestionaria. Para resolver el anterior planteamiento, memoró los argumentos expuestos en el recurso vertical y luego trajo a colación el artículo 35 del CST, así como diferentes

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Radicación n.° 92893 providencias de esta Corporación para memorar que las CTA no pueden ser utilizadas con el propósito de encubrir una verdadera relación laboral. Seguidamente examinó el acervo probatorio allegado, en los siguientes términos:

1. Certificado de existencia y representación legal de Ingenio, del que transcribió su objeto social para acotar que dentro del mismo no se relacionaba como actividad la de corte de caña.

2. Reportes de semanas cotizadas a favor de cada uno de los demandantes, de los que resaltó identificaban como empleador a la CTA Fe y Esperanza para el periodo de tiempo en que aquellos afirmaron se dio la relación laboral reclamada, esto es, 2005 a 2012.

3. Documento dirigido al señor Luis Fernando Londoño

Capurro, representante de Asocaña, en el que se solicitó iniciar un proceso de diálogo con el fin de hacer seguimiento a los Acuerdos de 2008 celebrados con diferentes Ingenios dentro de los cuales se encontraba la sociedad demandada, respecto del que esgrimió no relacionaba a los petentes.

4. Acta de Acuerdo del 21 de junio de 2005, celebrado entre un grupo de directivos del Ingenio Pichichí S. A. y representantes de los asociados a la CTA, en los que se estipuló que la accionada no contrataría de forma directa las

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Radicación n.° 92893 labores de corte manual de caña, así mismo se comprometía a brindar capacitación en cooperativismo.

5. Documentos acerca de: i) «verificación cumplimiento de acuerdo» del 28 de agosto de 2010 y del 23 de febrero de 2011; ii) otras cooperativas no relacionadas con el proceso; iii) convenios de trabajo asociado suscritos con diferentes personas jurídicas.

6. Elementos probatorios relativos a ofertas mercantiles, sus aceptaciones; otrosíes; contratos de prestación de servicios que acreditan relación comercial entre la accionada e Ingenio.

7. Medios de convicción que daban cuenta del acto jurídico pactado con Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo para que estas adelantaran el proceso de disolución y liquidación de las CTA Fe y Esperanza, Practicaña, Fuerza Interactiva y Serviasociado del Valle SAS, entre otras.

8. Estatutos, actas de asambleas, juntas directivas, consejos de administración, régimen de trabajo asociado,

recibos de pago de honorarios, facturación de la CTA presentadas a Ingenio por concepto de labores agrícolas y estado del proceso de liquidación.

9. Documentos relacionados con la historia laboral de cada uno de los demandantes.

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10. Declaraciones de parte del representante legal de Ingenio, en el que se aceptó que la sociedad sí contrató a Amparo López para que adelantara el proceso de disolución y liquidaciones de las diferentes CTA, pero precisó que fue porque estas así lo solicitaron.

11. Testimonios de William de Jesús Calvo Acevedo, director operativo desde 2015 y de Nancy Beatriz Franco Ocampo, jefe de relaciones laborales.

Con sustento en todo la anterior, coligió que efectivamente los promotores del juicio «prestaron sus servicios como corteros de caña dentro de los predios del demandado, pudiéndose configurar la presunción contenida en el artículo 24 del CST». No obstante, estimó que «ese mismo material desvir[tuaba] la presunción, demostrando que los servicios se prestaron para la CTA Fe y Esperanza a la que los mismos actores en libelo introductorio comentaron haberse asociado y no para el ingenio demandado». Explicó que el acervo probatorio develaba que la vinculación de los petentes a la CTA estuvo libre de vicios del consentimiento; que dicha compañía prestó sus servicios mediante contratos de naturaleza civil, sin que se desprendiera de ello la tercerización alegada en el proceso. En otras palabras, acotó que «no quedó desvirtuada esa relación cooperativa ni la subordinación que se ejercía por

parte de esta».

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Radicación n.° 92893 Manifestó que solo era posible tener en cuenta la prueba documental toda vez que los actores no citaron ningún testigo y los que comparecieron de la contraparte no dieron cuenta de las condiciones bajo las cuales se desarrollaron las labores por parte de aquellos, como tampoco hicieron referencia a alguna circunstancia que permitiera declarar la existencia de los contratos de trabajo pretendida. Esgrimió que, si bien en las historias laborales de los actores se podía constatar que ejecutaron la actividad de corte de caña, ello «correspondía a la contratada entre las entidades mediante contrato de prestación de servicios [la]que […], no correspondía directamente al objeto social del ingenio»; motivo por el cual estimó que «no se comprobó una verdadera relación laboral entre los actores y el ingenio pasivo, si no la existencia de verdaderos acuerdos cooperativos». Aseguró que la labor de la parte convocante se dirigió a demostrar que «las cooperativas de trabajo asociado eran administradas, o mejor prácticamente propiedad del Ingenio» no obstante lo que relució fue que «la participación del demandado, las donaciones, subsidios, dotaciones en incluso asistencia en el mantenimiento de vehículos, obedeció a los mismos acuerdos a los que se llegó con motivo del cese de actividades en el año 2005 y 2008». Adujo que las aseveraciones contenidas en la demanda no contaban con soporte probatorio «contundente» mientras que la enjuiciada «aportó dos declaraciones, las de William Calvo y Nancy Beatriz» que explicaron «todo lo referente a los

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Radicación n.° 92893 acuerdos logrados mediante los bloqueos de los años 2005 y 2008, indicaron que las cooperativas eran autónomas y autogestionarias […] y, negando cualquier clase de subordinación». En relación con la prueba que «el apoderado de los actores» señaló como «reina», esto era, la contratación de las liquidadoras de las CTA por parte de Ingenio, expuso que de acuerdo al Acta n.° 16 del 17 de abril de 2001 de asamblea general ordinaria de socios (f.°103 cuaderno 2pruebas), se observaba que «fueron los mismos trabajadores asociados quienes decidieron no solo disolver la cooperativa, sino también nombrar a dichas liquidadoras (f.° 109 ib) fijándose además unos honorarios», motivo por el que estimó «no se logró acreditar con total certeza cuál fue la intervención del Ingenio en el proceso en mención aunado a que en el interrogatorio de parte la representante legal aseguró que dicho pago se efectuó por un acuerdo entre Ingenio y la CTA ». Por lo precedente concluyó que «contrario a lo indicado por los recurrentes, no se comprobó una verdadera relación entre los actores y el Ingenio pasivo […]».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 92893 Pretenden que se case el proveído controvertido, para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y,

en su lugar, se acceda a lo solicitado en la demanda (f.º 18 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital). Con tal propósito formulan cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica y se estudia a continuación el cargo primero y, de ser necesario, se procederá al análisis de los restantes.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia del colegiado de transgredir los preceptos sustantivos por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de «los artículos 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988, 1°, 5°, y 6°, del Decreto 468 de 1990, 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006, 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CN, 22, 23, 24, 36, 65, 127, 186, 249, 253, 254 y 306 del CST, 1°, 2°, 99 de la Ley 50 de 1990».

Explican que lo anterior se debió a que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: 1.- Dar por demostrado sin estarlo, que revisada la totalidad de las pruebas surge con suficiente transparencia, que el servicio prestado como corteros de caña que efectuaron los demandantes no lo fue directamente para el INGENIO PICHICHÍ S. A. sino para la CTA FE Y ESPERANZA. 2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que revisado con detenimiento el punto nodal del asunto, la subordinación que

dicho elemento no se presentó entre las partes en contienda.

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Radicación n.° 92893 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la prestación personal del servicio no se encuentra propiamente determinada en el tiempo indicado por los actores en su demanda en relación con la actividad agroindustrial de la empresa demandada. 4.- Dar por demostrado, sin estarlo, que dicha cooperativa ofreció los servicios a través de contratos civiles y no se desprende de ese acto la tercerización que alegan los demandantes. 5.- Dar por demostrado, sin estarlo, que no se acredita algún vicio del consentimiento en la contratación de los demandantes a través de convenios cooperativos. 6.- No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes estuvieron bajo una relación laboral subordinada por el INGENIO. 7.- No dar por demostrado, estándolo, que la CTA no fue autogestionaria. 8.- No dar por demostrado, estándolo, que el INGENIO fue quien ordenó la disolución y liquidación de la CTA. Refieren que los yerros denunciados se debieron a que el juez de segundo grado valoró equivocadamente: Las de folios 30 a 40 del cuaderno principal que dijo el Tribunal: “Lo primero que salta a la vista son los reportes de semanas cotizadas a favor de cada uno de los demandantes que se pueden apreciar, en cada uno de estos reportes se puede apreciar que la CTA FE Y ESPERANZA efectuó las cotizaciones para el subsistema pensional a favor de los demandantes y dentro de lo interregnos que se denunciaron en la demanda, esto es entre los

años 2005 a 2012”. Las de folios 44 al 53 cuaderno principal, que dijo el Tribunal: “reposan documentos denominados “verificación cumplimiento de acuerdo” uno de fecha 28 de agosto de 2010, otro del 26 de agosto de 2010 y otra del 23 de febrero de 2011; en estos documentos se efectúa seguimiento a unos convenios y se advierte la presencia de todas las CTAs y S.A.S. que prestaban servicio de corte a la demandada. Folios 265 a 326 cuaderno principal, el Tribunal verificó, pero que en verdad corresponde a los (folios 121, 126, 127, 135, 146, 147, 152, 153), en la contestación de la demanda el INGENIO aportó lo correspondientes a las ofertas mercantiles y aceptaciones a las mismas, otrosí, y contratos de prestaciones de servicios, hechas por la CTA FE Y ESPERANZA al ingenio

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Radicación n.° 92893 demandado y demás documentos que dan cuenta de la relación comercial suscitada entre las mencionadas empresas por los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 en dichas ofertas las cooperativas se obligan a prestar el servicio corte manual y labores inherentes al corte de caña, como siembra, riego y limpieza, en predios propios de INGENIO PICHICHÍ S. A., o de terceros, en los sitios y de acuerdo con la programación que el ingenio dispusiera. Las de folio 179 a 183 cuaderno principal se aprecian documentos relativos al contrato de prestación de servicios suscritos entre la empresa demandada y las señoras LICENIA

GALINDO JIMÉNEZ y AMPARO LÓPEZ ESPEJO; en ellos, las mencionadas se comprometen a prestar servicios en la disolución y liquidación, de las CTA FE Y ESPERANZA, CTA PROGRESEMOS, NUEVO HORIZONTE, CTA PRACTICAÑA, PROGRESEMOS, FUERZA INTERACTIVA Y SERVIASOCIADOS DEL VALLE SAS, entre otras, también reposa otrosí a dicho contrato. Las de los cuadernos 2 al 4 de pruebas el primero de ellos da cuenta de información relativa a la CTA accionada, datos tales como estatutos, actas de asambleas, de juntas directivas, de consejos de administración; el régimen de trabajo asociado; copia del contrato con la abogada Amparo López Espejo, recibos de pago por honorarios de la abogada, facturación de la CTA presentada al ingenio por concepto de labores agrícolas prestadas y recibos de pago y el estado de liquidación de la CTA. Las de folios 246 en adelante del cuaderno principal, las actas de acuerdo de los años 2005 y 2008, resultados de las huelgas, las actas de verificación del cumplimiento de esos pactos todo en 113 folios. El interrogatorio de parte a la representante legal de la demandada Paula Andrea García Cifuentes (min 4: 00 CD fol. 367) en dicha declaración [sic] que el ingenio sí firmó un contrato con Licenia Galindo y Amparo López para la liquidación de las

CTAs y SAS.

WILLIAM CALVO. Explicó que dentro de esos acuerdos estaba la entrega de dotaciones a favor de la CTA así mismo el transporte,

ayudas en cuanto a vivienda, educación y trámites ante entidades de seguridad social; que sí hubo pago de dos meses de seguridad social. Las de folios fol. 103 vto cuaderno 2-, 109 pruebas que señala el apoderado de los actores, fue la prueba reina en este asunto, la contratación de las liquidadoras por parte del Ingenio Pichichí, las señoras Amparo López Espejo y Licenia Galindo, debe advertirse que en el acta 16 del 17 de abril de 2011 de asamblea general ordinaria de socios, (fol. 103 vto cuaderno 2pruebas)

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Radicación n.° 92893 queda evidenciado que fueron los mismos trabajadores asociados quienes decidieron no solo disolver la cooperativa, sino también nombrar a dichas liquidadoras (fol. 109 ibídem). Las de folios 24 al 28 del cuaderno principal sobre el certificado de existencia y representación que descolla el Tribunal: “Es de resaltar que en puridad de verdad, en dicho certificado no está incluido como parte del objeto social de la empresa, el corte o cosecha de la caña, que es la labor que aseguraron los demandantes haber realizado. Y por la falta de apreciación de «la de folios 3 al 23 la demanda, que prueba que los demandantes laboraron continuamente realizando las actividades misionales del

INGENIO».

Para sustentar el ataque, plantean que el juez de segunda instancia se equivocó al concluir que de los medios probatorios documentales que reposaban en el expediente se demostraba que la CTA actuó de forma autogestionaria, pues, en oposición a ello, de los elementos de convicción

analizados lo que reluce es que no contaba con autonomía técnica, administrativa, ni financiera. Lo anterior, por cuanto de las ofertas mercantiles, sus aceptaciones, los contratos de prestación de servicios así como las modificaciones que se les efectuaron (f.° 265 a 326 del cuaderno principal) en armonía con la documental de folios 121-153 ibidem se evidencia que el Ingenio celebró dichos negocios jurídicos entre los años 2007 a 2011, para el desarrollo de labores que son propias del giro ordinario de su negocio (corte de caña, siembra, riego, limpieza y otras labores inherentes), pues estas aparecen dentro del «objeto social» según el certificado de existencia y representación

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Radicación n.° 92893 legal de la compañía (f.°24 a 28 del cuaderno principal) que fue apreciado equivocadamente por el operador judicial. Explican que «[…] contrario a lo concluido por el Tribunal, [allí se] indica que el objeto o la actividad permanente del INGENIO PICHICHÍ es la siembra de caña, cultivo, riego, control de malezas y todas las actividades inherentes (cosecha, cortes de caña) a éste para obtener mieles», de forma tal que al ser «una actividad propia no podía contratarse por intermedio de CTA porque entonces se da la prestación personal del servicio y la subordinación laboral». Anotan que, adicionalmente, en las referidas documentales (ofertas mercantiles, aceptaciones, contratos de prestación de servicios y modificaciones) puede observarse que la CTA se obligó a suministrarle a Ingenio un «registro de

asociados, su identificación, antecedentes judiciales y disciplinarios; brota de la prueba que era el INGENIO quien imponía las sanciones, resultando ser el verdadero empleador y la CTA fue mera intermediaria o ente simulado». Igualmente, que de ellas brota que era la accionada la que pagaba los servicios del cabo quien era el que le daba órdenes a los coteros, de la abogada, las incapacidades, la bonificación por productividad, las deudas asumidas por la cooperativa que no fueran cubiertas por esta. Acotan que tales elementos de convicción evidencian que la demandada efectuó donaciones para el fondo de solidaridad y de vivienda en dinero con el que se pagó su seguridad social; que la accionada tenía la facultad «de exigir

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Radicación n.° 92893 el retiro o prohibir el ingreso de los socios a la CTA»; la que suministraba la dotación y las herramientas de los asociados. Por otro lado, alegan conforme a esas mismas probanzas que el servicio contratado y adelantado por la CTA fue el de «suministrar personal de corte de caña, siembra, riego, control de malezas, saque de piedra y labores varias», lo que estiman conduce a concluir que la cooperativa operó como una ESE al enviar trabajadores en misión, sin tener autorización para ello, es decir que actuó como una simple intermediaria y, por tanto, Ingenio es su verdadero empleador. Refieren que en el Anexo n.°1 al contrato de prestación de servicios entre la demandada y la CTA (f.°172 y ss. del

cuaderno principal), se pactó que la primera autorizaba a la segunda a utilizar el transporte que tenía para sus trabajadores directos; que en las ofertas mercantiles que suscribieron (f.°121y ss. ibidem), consta que, la accionada tenía la facultad «de exigir el retiro o prohibir el ingreso de los socios a la CTA». Seguidamente hacen alusión a las Actas de junio de 2005, agosto de 2010 y febrero de 2006 (f.°246 y ss del cuaderno principal), en las que consta el acuerdo suscrito entre los corteros e Ingenio, así como que se observa que este «suministró las dotaciones a los asociados en CTA, como también limas, machetes y guantes, pagó la seguridad social, incapacidades, entregó donaciones a la CTA por más

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Radicación n.° 92893 $317.000.000 para educación, VIVIENDA; Se obligó a dar capacitación en báscula y en Cooperativismo». Además, traen a colación el contrato de prestación de servicios entre el Ingenio, Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo en virtud del cual estas se comprometieron a adelantar la disolución y liquidación de diferentes CTA incluida Fe y Esperanza, siendo aquel quien canceló sus honorarios por un valor de $159.000.000, es decir, fue la demandada la que ordenó adelantar tal proceso, razón por la cual se equivocó el colegiado al concluir que la cooperativa actuó de forma autogestionaria. Mencionan que el juez plural examinó equivocadamente las historias laborales (f.°30 a 40 ibidem), pues de ellas era

posible inferir las labores por ellos ejecutadas eran propias del giro ordinario del Ingenio, lo que también fue aceptado por el accionado cuanto contestó la demanda (f.°103-119 ibidem), lo que no fue tenido en cuenta por el operador judicial (f.°1829 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital).

VII. RÉPLICA De forma inicial plantea que si la Sala profiere sentencia de instancia debe tenerse en cuenta que, como la condición de Ingenio es de deudor solidario respecto de la CTA, lo cancelado por esta bajo su régimen de compensaciones corresponde a los derechos laborales regulados en el CST y, por tanto, debe declararse las excepciones de pago y

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Radicación n.° 92893 compensación que propuso oportunamente la entidad; además que, como lo reconocido a los actores respetó los derechos mínimos no puede estimarse que se obró de mala fe motivo por el cual no hay lugar a condenar por concepto de sanción moratoria. Puntualmente frente al cargo, anota que el artículo 2° del Decreto 2025 de 2011 fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia del 19 de febrero de 2018 motivo por el que no pudo ser transgredido por el colegiado. Respecto de los errores de hecho denunciados afirma que el relacionado en el numeral 3º constituye una premisa falsa y que los demás no se encuentran demostrados. Expone que la demanda solo es prueba hábil en casación cuando contenga confesión por lo que los convocantes al juicio no pueden denunciarla como un elemento de convicción para edificar una falencia fáctica del

Tribunal. Plantea que el colegiado no incurrió en la equivocada valoración del certificado de existencia y representación de la sociedad, pues de allí no se desprende que dentro de su objeto social este la actividad de corte de caña, pero que, de todas formas, actualmente no existe prohibición para las empresas de contratar procesos misionales permanentes; que, tal actividad se encuentra expresamente autorizada por el artículo 13 del Decreto 4588 de 2006 y que, el corte de caña se trata de una etapa de la cadena productiva que según

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Radicación n.° 92893 lo afirmaron los testigos no es prestada por los trabajadores directos de la compañía. En lo que tiene que ver con la siembra, riego, limpieza y oficios varios que los actores afirmaron haber prestado, recordó que el juzgador tildó dicha circunstancia como un hecho nuevo y por tal razón no lo analizó en su sentencia. En cuanto a la facultad de supervisión que conforme a las ofertas mercantiles tenía Ingenio, refiere que de ello no puede concluirse que este estuviese ejerciendo poder disciplinario y que, en consecuencia era el verdadero empleador; que el hecho de que aquel pudiese concurrir eventualmente al pago de los compromisos adquiridos por la CTA, no implica que esta no actuara de forma autogestionaria; que en nada incide el hecho de que la accionada tuviese la posibilidad de impedir el ingreso o exigir el retiro de los socios a sus instalaciones o a predios bajo su responsabilidad, ya que esto no quiere decir que tuviese ese mismo poder respecto de los asociados a la cooperativa en el

desarrollo de su relación con ésta. Esgrime que, si bien suministró dotación, subsidios y transporte, como lo advirtió el juez plural, se debió al cumplimiento de unos acuerdos que se suscribieron que no puede leerse como un control del Ingenio respecto de la CTA, si no que se trató de «una imposición de los trabajadores asociados, que lo llevaron a una situación grave de inminente

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Radicación n.° 92893 cierre de la planta […] » como lo corroboraron los testigos. Acota que de la apreciación por parte del Tribunal de los referidos acuerdos no puede derivarse ninguna violación de la ley sustancial puesto que, ellos no denotan que la llamada al litigio ejerciera control sobre la CTA « como se quiere hacer ver», ya que, antes bien, «[…] ellos son la consecuencia de las imposiciones ejercidas por los trabajadores asociados, mediante el bloqueo de las instalaciones de la Empresa por más de 54 días en los años 2005 y 2008, que la llevaron al borde de la quiebra». En lo que tiene que ver con la contratación de las liquidadoras de las CTA, advierte que el cargo no discutió la conclusión del juez de la alzada en el sentido de que, acorde con el Acta n.°16 de la asamblea general de asociados fue la propia cooperativa la que tomó tal decisión procediendo a su nombramiento y, que el pago por parte de Ingenio se debió a un acuerdo entre las partes (f.°1-16 recurso extraordinario, oposición, expediente digital).

VIII. CARGO SEGUNDO Le endilgan a la sentencia del colegiado ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del: […] artículo 24 (subrogado por el