CSJ - SL1932-2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrado ponente SL1932-2023 Radicación n.° 89746 Acta 19 Bogotá D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de anulación que el apoderado de la UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – UTA interpuso contra el laudo arbitral de 12 de febrero de 2021, que el Tribunal de Arbitramento convocado emitió en el conflicto colectivo de trabajo que se suscitó entre la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A. y la recurrente.

I. ANTECEDENTES El 18 de noviembre de 2019 la Organización Sindical UTA presentó un pliego de peticiones a la empresa Alpina Productos Alimenticios S. A., el cual dio origen a un proceso de negociación colectiva, desarrollado en los términos de los artículos 432 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.

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Radicación n.° 89746 La etapa de arreglo directo dispuesta por ley se llevó a cabo entre el 27 de noviembre y el 16 de diciembre de 2019, sin que las partes lograran algún acuerdo en torno a los puntos materia de concertación. En virtud de lo anterior, por decisión del Sindicato, a través de la Resolución n.º 2585 del 26 de noviembre de 2020, el Ministerio de Trabajo ordenó la convocatoria e integración de un tribunal de arbitramento, para que le diera una resolución definitiva al diferendo colectivo. El Tribunal se instaló legalmente el 2 de diciembre de

2020, posteriormente, se dispuso a escuchar la posición de las partes en torno a cada uno de los puntos del pliego de peticiones y las requirió para que aportaran toda la documentación que consideraran pertinente. Asimismo, después de las respectivas deliberaciones y de que, por autorización de las partes, le fuera prorrogado el término para fallar, profirió laudo arbitral el 12 de febrero de 2021. El apoderado de UTA presentó una solicitud de aclaración y corrección del laudo arbitral, que fue negada mediante decisión del 1. ° de marzo del mismo año.

II. LAUDO ARBITRAL El Tribunal de Arbitramento comenzó por esbozar la realidad y las particularidades del conflicto colectivo y

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Radicación n.° 89746 advirtió, para tal efecto, que el Sindicato había presentado a la empresa un pliego con 43 peticiones, así como que esta última denunció 7 artículos del laudo arbitral del 11 de abril de 2018, respecto de todo lo cual no se logró algún acuerdo por medio de la autocomposición. También destacó que en el ámbito de la empresa regían otros instrumentos normativos, como la Convención Colectiva suscrita con los sindicatos USTA y UTA 2012-2015; el Pacto Colectivo de Trabajo 2018-2021, para trabajadores no sindicalizados; y la Convención Colectiva de Trabajo suscrita con la organización sindical Sintralpina. Dicho esto, estimó que era viable referirse a materias incluidas dentro de la denuncia planteada por la empresa, en virtud de que fue discutida durante la etapa de arreglo

directo y se cumplían todas las condiciones fijadas por la jurisprudencia de esta Corporación para tal fin. Por último, para informar su decisión en la equidad, indicó lo siguiente: Es menester acudir entonces a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que promueven el criterio de equidad y proporcionalidad a saber SL4529-2020 M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz, en donde señala que el Tribunal de Arbitramento regido por el criterio de equidad, bien puede en su ejercicio de ponderación; o que para ese momento sobre los intereses de las partes en conflicto acceder a unos beneficios, reducir los solicitados en su monto o medida, o en definitiva negarlos por encontrar que pueden afectar la equidad; o que para ese momento es aconsejable mantener lo previsto en la ley, o que sencillamente están previstos exclusivamente para el marco legal, o que es suficiente lo establecido por las mismas partes en otros instrumentos que rigen sus relaciones de trabajo.

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Radicación n.° 89746 Lo anterior promueve el hecho de que este Tribunal decida modular algunas de las garantías sindicales otorgadas a la organización sindical, con el objeto de acompasarlas con la realidad del tamaño de la organización sindical, y su posición frente a las demás organizaciones sindicales, sobre todo aquella mayoritaria dentro de la realidad sindical minoritaria. En todo caso, para este Tribunal es relevante el instar a las partes del presente conflicto colectivo para que a futuro busquen el camino natural de la negociación para resolver los conflictos colectivos, toda vez que de la concertación lograda en esas instancias es que se logrará un ambiente adecuado de trabajo y

la tan anhelada paz laboral. Por lo anterior, el Tribunal resolvió que no era competente para conocer respecto de los siguientes puntos del pliego de peticiones: «[…] 2, 3, 4, 7, 8, 9 (numerales 9.1, 9.2, 9.3), 10, parágrafo de la petición 11, 12, 14, 15, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41 y 42». Asimismo, negó con fundamento en la equidad las peticiones «[…] 6, numeral 9.4 de la petición 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (incluyendo 26.1), 28, 40 y 43». Y, finalmente, concedió todas las demás reclamaciones de la Organización Sindical, con las modificaciones, precisiones y modulaciones que consideró pertinentes.

III. RECURSO DE ANULACIÓN Fue interpuesto por el apoderado del Sindicato UTA y concedido por el Tribunal de Arbitramento.

El recurso está estructurado sobre cinco puntos a partir de los cuales se requiere lo siguiente:

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Radicación n.° 89746 (i) En primer lugar, que se devuelva la actuación al Tribunal para que se pronuncie integralmente respecto de la petición 1 (incremento salarial), pues, a través de la misma, la Organización Sindical reclamó la incorporación de todos los beneficios económicos consagrados en otros acuerdos colectivos vigentes, por aplicación del principio de igualdad,

y los árbitros omitieron analizar de manera completa esta legítima reivindicación. (ii) Que se devuelva el laudo y se requiera al Tribunal para que emita un pronunciamiento «motivado y sustentado», a partir del cual explique las razones por las cuales tuvo en cuenta el incremento salarial con fundamento en el salario básico, o que, en su defecto, corrija ese yerro y disponga que en el ajuste están incluidos todos los factores salariales. (iii) Frente a este mismo punto, que se devuelva el laudo al Tribunal para «[…] que se le otorgue el efecto retroactivo al incremento salarial». (iv) Que se devuelvan las diligencias al Tribunal para que se pronuncie frente a todos los puntos respecto de los cuales se abstuvo de conocer, por falta de competencia, teniendo en cuenta la función creadora de la negociación colectiva y la necesidad de atender la equidad. (v) Que se reenvíe el laudo al Tribunal para que los árbitros modifiquen el término de vigencia y tengan en cuenta las disposiciones del Decreto 089 de 2014.

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Radicación n.° 89746 La Corte analizará las anteriores súplicas, en el orden en el que fueron expuestas. Asimismo, por cuestiones de método, se integrarán en un mismo capítulo los tres primeros tópicos expuestos, por recaer todos sobre la petición 1 del pliego (incremento salarial) y requerir al mismo tiempo la devolución de las actuaciones al Tribunal. Por otra parte, en cada sección se describirán los artículos del pliego de peticiones a los que se refiere el

recurso, junto con los planteamientos del recurrente y de la oposición presentada ante la Corte.

IV. PETICIÓN 1 – INCREMENTO SALARIAL La petición 1 del pliego fue estructurada por la

organización sindical en los siguientes términos:

INCORPORESE [sic] INTEGRALMENTE LA CONVENCION [sic]

COLECTIVA AL LAUDO ARBITRAL Y ATENDIENDO EL

PRINCIPIO DE IGUALDAD SE CONCEDAN TODOS LOS

BENEFICIOS ECONOMICOS [sic] DE LOS ACUERDOS

COLECTIVOS EXISTENTES.

INCREMENTO SALARIAL.

La empresa Alpina incrementará los salarios de los trabajadores beneficiarios de la presente convención colectiva un porcentaje del 15% sobre el salario básico ordinario más comisiones incentivas y demás factores constitutivos de salario a partir del 1ro. de enero del año de vigencia. Por su parte, el Tribunal estimó pertinente conceder esta súplica así:

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Radicación n.° 89746 ARTÍCULO PRIMERO. INCREMENTO SALARIAL. A partir de la expedición del presente Laudo Arbitral, la Empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. (en adelante Alpina S.A. o la Empresa) incrementará el salario básico de los trabajadores afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores de Productos Alimenticios (en adelante UTA o la Organización Sindical o el Sindicato) así: a. A partir del 18 de noviembre de 2019, para aquellos trabajadores sindicalizados beneficiarios del presente Laudo Arbitral, que durante el año 2019 solo hayan tenido un incremento del índice de Precios al Consumidor IPC, un

incremento adicional de dos y medio por ciento (2.5%). b. A partir del 1º de junio de 2020, para aquellos trabajadores sindicalizados beneficiarios del presente Laudo Arbitral que durante el año 2020 sólo hayan tenido un incremento del IPC, un incremento adicional del uno por ciento (1%). c. A partir del 1º de junio de 2021, un incremento del IPC más cero punto veinticinco (IPC+0.25%). d. A partir del 1º de junio de 2022, un incremento del IPC más medio punto (IPC+0.5%). El IPC será el señalado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), o la entidad que haga sus veces, para el periodo comprendido entre los meses de junio y mayo del periodo inmediatamente anterior a aquel en que se va hacer el incremento. • Argumentos del recurrente Como ya se advirtió, son básicamente tres los reproches del recurrente sobre este punto. En primer lugar, aclara que, en el marco de la petición del pliego, la Organización Sindical aspiraba a que se incorporaran al texto del laudo arbitral dos grandes grupos de normas: i) las materias no denunciadas de la convención colectiva 2012-2015 y ii) los beneficios económicos consagrados para otros trabajadores en el pacto colectivo de

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Radicación n.° 89746 trabajo y la convención colectiva de Sintralpina, todo por razones de igualdad. Asimismo, indica que, a pesar de la claridad de la petición, el Tribunal no emitió pronunciamiento alguno. A lo anterior, añade que con todo y que el Tribunal

explicó que resolvió íntegramente estas materias, en sentido negativo, en el momento de decidir la petición de aclaración y corrección, lo cierto es que no efectuó un pronunciamiento «[…] fiel y motivado, donde se expresen las razones por las cuales no se accedió a dicha solicitud […]», pues no era posible para las partes simplemente presumir que la reclamación sindical no fue concedida. Subraya también que el Tribunal sí tenía competencia para decidir sobre este tipo de cláusulas, orientadas a fortalecer las capacidades de representación y negociación colectiva del sindicato, pues, entre otras cosas, el «Comité de Libertad Sindical» ha señalado que la celebración de pactos colectivos con mejores beneficios a los de los trabajadores sindicalizados es contraria a la libertad sindical. Insiste en que en este caso existe un trato desigual para los trabajadores afiliados al Sindicato, respecto de lo establecido en otros instrumentos normativos, como el pacto colectivo, de manera que se hacía necesario un pronunciamiento motivado y fundado por parte del Tribunal de Arbitramento.

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Radicación n.° 89746 En segundo lugar, el recurrente se queja de que los Árbitros dispusieron el incremento del salario básico de los trabajadores, pese a que se había pedido un aumento del «[…] del 15% sobre el salario básico ordinario más comisiones incentivas y demás factores constitutivos de salario […]». Aduce, con tales fines, que la decisión de tener como base del incremento el salario básico da lugar a diferentes interpretaciones, con lo que la empresa le puede imprimir un alcance restrictivo y excluir los elementos del artículo 127 del

Código Sustantivo del Trabajo. Tras ello, agrega que se produciría un trato desigual, pues en otros instrumentos como el pacto colectivo y la convención colectiva de Sintralpina sí se hace referencia al concepto de salario, con todos sus componentes. En virtud de lo anterior, advierte que es necesario un pronunciamiento del Tribunal en donde aclare las razones por las cuales decidió tener como parámetro el salario básico o que, en su defecto, «corrija el yerro». Señala que el literal A de la decisión arbitral transgrede la «igualdad y la equidad», al prever el primer incremento para el 18 de noviembre de 2019, pues con ello se generan tratos desiguales y desequilibrios económicos en relación con otros instrumentos colectivos, que sí previeron aumentos salariales durante los años 2018, 2019 y 2020, y en porcentajes mayores.

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Radicación n.° 89746 Aclara, en tal sentido, que la jurisprudencia de esta Sala ha admitido la posibilidad de impartirle efecto retroactivo a las disposiciones salariales, con el fin de corregir desequilibrios económicos. • Argumentos del opositor Expone que no es cierto que el Tribunal dejara de pronunciarse frente a la petición de incremento salarial, pues, de hecho, su decisión en torno a tal tema quedó consignada en el artículo 1. ° del laudo. Arguye, además, que no era obligatorio para los árbitros conceder las demandas de la manera textual o literal en la que habían sido planteadas por la Organización Sindical, ya que, al haber

tomado como marco de referencia la equidad, podía evaluar múltiples variables y tener en cuenta diferentes parámetros. En el mismo sentido, estima que tampoco es procedente la devolución del laudo para que el Tribunal emita el pronunciamiento que el recurrente aspira, frente a la expresión salario básico, pues la única causa legal que autoriza esa devolución está dada en la omisión de la resolución de algún punto frente al que los árbitros sí tenían competencia, lo que no sucedió en este caso. En torno a la retroactividad de los incrementos, sostiene que no es claro si el reclamo del Sindicato se refiere a trasgresión de derechos del sindicato o a la equidad, pero que, en todo caso, no está acreditada la inequidad que

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Radicación n.° 89746 presuntamente se denuncia, ni se quebranta derecho sindical alguno.

V. CONSIDERACIONES De acuerdo con los planteamientos expuestos en su recurso, el apoderado de la Organización Sindical exige la devolución del laudo al Tribunal de Arbitramento, con el fin de que emita un pronunciamiento de fondo frente a la petición 1 del pliego (incremento salarial), bien porque no resolvió de manera completa y motivada todos sus contenidos o porque lo que decretó es insuficiente y ambiguo, además de que genera tratos diferenciados entre trabajadores, contrarios a la igualdad y la equidad.

En ese sentido, a la Corte le corresponde determinar si en este caso se dan las condiciones legales y jurisprudenciales necesarias para ordenar la devolución de las actuaciones de los Árbitros, con el fin de que emitan un

pronunciamiento de fondo y en equidad respecto de esta petición 1 - incremento salarial. Para tales efectos, la Corte considera prudente reiterar que dentro del ámbito del recurso extraordinario de anulación sí es posible ordenar la devolución del laudo al tribunal de arbitramento, básicamente cuando se omite la resolución de algún punto del pliego de peticiones que, por ley, los árbitros estaban obligados a resolver.

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Radicación n.° 89746 Sin embargo, según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala, para que se pueda dar curso a esta alternativa, es imprescindible tener en cuenta varias condiciones: i) En primer lugar, es necesario verificar que el Tribunal hubiera omitido efectivamente el pronunciamiento de fondo y en equidad frente a la respectiva petición del pliego o que se inhibiera para resolver. En tal sentido, si se logra establecer que la reivindicación fue decidida, bien positiva o negativamente, ya no es procedente la devolución, pues lo contrario implicaría un juzgamiento solapado sobre la conveniencia de la decisión arbitral, que resulta improcedente en el marco del recurso de anulación (CSJ SL4302-2022 y CSJ SL4315-2022, entre muchas otras). ii) Como correlato de lo anterior, la opción de devolución del laudo no puede ser instrumentalizada por el recurrente para pretender que la Corte juzgue materialmente las decisiones arbitrales o la medida de equidad allí dispuesta, de manera que, por ejemplo, aclare, corrija o adicione la decisión, o que adopte una decisión de reemplazo, de acuerdo

con el querer de las partes o su propia concepción de la equidad del caso concreto (CSJ SL4319-2022, CSJ SL4337-2022, CSJ SL4345-2022, CSJ SL4293-2022, entre otras). Lo anterior bajo salvedad, eso sí, de la posibilidad excepcional con la que cuenta la Sala de modular las disposiciones del laudo, con el ánimo de remediar alguna irregularidad sin sacrificar en lo posible la voluntad arbitral

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Radicación n.° 89746 y los derechos concedidos a los trabajadores (CSJ SL32512022, CSJ SL4312-2022). iii) En el anterior examen, la Corte ha explicado que las determinaciones arbitrales deben ser analizadas con cautela, optando para ello por un factor material y no solo formal, de manera que se revise detenidamente si una decisión desestimatoria, que es aparentemente de fondo, en realidad encubre una resolución inhibitoria, que autorice la devolución. Por ello, la Sala ha dicho que es preciso: […] practicar una especie de test tendiente a determinar: i) si la decisión del Tribunal es una decisión de fondo, justificada en la equidad, o comporta, materialmente, una resolución inhibitoria; y ii) si, en este último caso, el Tribunal tenía razones válidas para abstenerse de decidir o, contrario a ello, resulta dable devolverle el expediente a fin de que emita una decisión definitiva en equidad (CSJ SL4785-2020). iv) Si se logra determinar que el Tribunal dejó de pronunciarse frente a la respectiva petición planteada en el

pliego, o que su decisión es materialmente inhibitoria, corresponde a continuación establecer si tenía competencia para resolverla. En este punto, en esencia, la Corte ha dicho que los árbitros están en la obligación de decidir en equidad sobre todos y cada uno de los aspectos que integran el decreto de su convocatoria; pero que, con todo y ello, puede que algunas de las materias abordadas en el pliego de peticiones escapen de su competencia, por involucrar debates jurídicos ajenos por

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Radicación n.° 89746 completo al conflicto de intereses, por afectar derechos y facultades reconocidos exclusivamente a las partes o contravenir disposiciones de orden público imperativas, no sometidas a la negociación o que, cuando menos, deberían ser sujeto de autocomposición. v) Por último, verificando el binomio de decisión inhibitoria y competencia del Tribunal, resulta procedente la devolución del laudo al Tribunal, para que se pronuncie de fondo y en equidad. Teniendo en cuenta las anteriores reglas, en este caso se puede advertir fácilmente que el Tribunal asumió el estudio de la petición 1 del pliego y, luego de haber concebido que sí tenía competencia para pronunciarse, decidió concederla, pero no en los precisos términos en los que fue planteada por la Organización Sindical. En efecto, dentro de las actas correspondientes a la deliberación del Tribunal nunca se consideró que la justicia arbitral careciera de competencia para referirse a estas materias, a diferencia de lo que sucedió con otros puntos, y lo cierto es que los árbitros emitieron la decisión que

estimaron más ajustada a la equidad, teniendo siempre presente que tenían la facultad de, en un ejercicio de ponderación, reducir los montos o medidas de lo solicitado, o, en definitiva, negarlos. De allí que no sea cierto, como el recurrente lo aduce, que el Tribunal hubiera omitido pronunciarse de fondo y en

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Radicación n.° 89746 equidad, pues, se repite, dicha Corporación no solo infirió que tenía competencia para resolver, sino que concedió los incrementos salariales solicitados, solo que no en los estrictos términos en los que fueron suplicados. Tras ello, por lógica conclusión, las materias concretas que no quedaron incluidas dentro de la decisión arbitral deben entenderse negadas por razones de equidad. Específicamente respecto a la incorporación de normas a la que, según el recurrente, la Organización Sindical aspiraba, el Tribunal no se inhibió, sino que negó su reconocimiento, por cuestiones de equidad. Así lo reiteró dicha Corporación cuando resolvió las solicitudes de aclaración y corrección, momento en el que precisó que «[…] el Tribunal de Arbitramento se pronunció de fondo frente a este punto, otorgando el incremento salarial sin que se haya omitido resolver el punto, ya que es claro y no ofrece verdadero motivo de duda que esa parte del texto no fue otorgada por el Tribunal» (Resalto fuera del texto). Y, al tratarse de una decisión desestimatoria, que en todo caso es de fondo, ya no es procedente la devolución, como se explicó al inicio de estas consideraciones. Resta decir que, como lo aduce el opositor, los árbitros

no estaban en la obligación de conceder las aspiraciones de la organización sindical en los estrictos términos en los que le fueron presentadas, pues bien podían, guiados por la concepción de la equidad aplicada al caso concreto, reducirlas o modificarlas de manera que se adaptaran al

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Radicación n.° 89746 marco de las relaciones laborales o resultaran más ecuánimes. En tal medida, el hecho de que los árbitros concedieran «menos de lo pedido», como se queja el recurrente, no constituye motivo legal válido para la anulación ni mucho menos para la devolución de la actuación. En lo que tiene que ver con la insuficiente sustentación del laudo arbitral, de la que el recurrente se queja, la Corte ha explicado que, en el escenario propio de las decisiones arbitrales, las razones en derecho son diferentes de las razones en equidad, de manera que la motivación del fallo arbitral no debe ser jurídicamente calificada y son admisibles, en ese sentido, las motivaciones sobrias o sencillas, como sucedió en este caso (CSJ SL2283-2014, CSJ

SL3258-2019, CSJ SL4302-2022, CSJ SL4274-2022, CSJ SL43152022).

De igual manera, según lo ha precisado la Corte, en escenarios de pluralidad de instrumentos normativos colectivos, los árbitros pueden consultar y tener como referente otros estatutos colectivos vigentes, pero, no están en la obligación de hacerlo, o de copiar mecánicamente sus contenidos, pues bien pueden adaptarlos, modificarlos o

superarlos, teniendo en cuenta sus especiales reflexiones frente a la equidad del caso concreto (CSJ SL1398-2022, CSJ SL2694-2022, CSJ SL2881-2022, CSJ SL3042-2022, CSJ SL32512022, CSJ SL3384-2022, entre otras).

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Radicación n.° 89746 En este punto vale la pena advertir, que el Tribunal sí reconoció incrementos salariales iguales e incluso superiores a los previstos en el Pacto Colectivo y en la Convención Colectiva de Sintralpina, pues, por ejemplo, para el año 2019 y 2020, estos instrumentos previeron el IPC más 1 punto, mientras que en este caso el Tribunal dispuso el IPC más 2.5 puntos, para el 2019, e IPC más 1 punto para el año 2020. De cualquier manera, se repite, al emitir el Tribunal una decisión de fondo, no están dadas las condiciones jurídicas necesarias para la devolución del laudo arbitral. En lo que tiene que ver con el segundo reparo del recurrente, tampoco resulta procedente la solicitud de remisión del laudo pues, a fuerza de resultar la Corte demasiado reiterativa, el Tribunal sí emitió decisión de fondo y en equidad respecto de los incrementos salariales pedidos, y dentro de las finalidades del recurso de anulación no está que esta Corporación corrija una determinación de esos contornos, de manera que la adapte al querer de la peticionaria. Además, el Tribunal contaba con total libertad y autonomía para fijar los montos y los parámetros técnicos de los incrementos salariales anuales, como en este caso al

asumir reajustes sobre el salario básico, teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor y algunos puntos adicionales.

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Radicación n.° 89746 De otro lado, esta Corte ha determinado que las dudas interpretativas que resalta el recurrente deben ser resueltas por las mismas partes y no a través del recurso de anulación. En la sentencia CSJ SL4315-2022 se dijo al respecto: Los aspectos grises, las dudas o indeterminaciones suscitadas por casos excepcionales, deben ser solucionados a través de los métodos y principios de la hermenéutica jurídica, los cuales deben servir de guía en la interpretación de las normas laborales para lograr soluciones justas y equilibradas (CSJ SL5295-2018), de suerte que deben ser resueltas por las propias partes, en uso de su autonomía colectiva y en una cultura de diálogo y cooperación, mas no a través del litigio, vía recurso de anulación (CSJ SL5887-2016, CSJ SL14879-2016, CSJ SL12219-2017 y CSJ SL4458-2018), pues nada impide a los interlocutores sociales crear de común acuerdo comisiones paritarias u otras que estimen pertinentes, encargadas de la función de emitir decisiones interpretativas en cuanto al sentido y alcance de una o varias cláusulas de la convención colectiva o laudo arbitral (CSJ

SL938-2022). (CSJ SL4315-2022).

Por último, en torno al tercer motivo de reparo del recurrente, basta con reiterar que los árbitros pueden

otorgarle efectos retrospectivos a sus decisiones en materia de salarios, con el ánimo de corregir algún desequilibrio económico y abarcar periodos durante los cuales estuvo vigente la negociación; pero, lo que no puede hacer es establecer algún efecto retroactivo, de manera que las disposiciones del laudo abarquen indiscriminadamente periodos anteriores a la presentación del pliego de peticiones, como parece sugerirlo el recurrente (CSJ SL3076-2022). En este caso, además de que la aplicación de los efectos retrospectivos a las disposiciones salariales no resultaba obligatoria, según la jurisprudencia lo ha determinado (CSJ SL1703-2021), el Tribunal sí proyectó retrospectivamente los

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Radicación n.° 89746 ajustes de salario hasta la fecha de presentación del pliego de peticiones, esto es, el 18 de noviembre de 2019, con lo que abarcó en equidad aquellos periodos en los que se había sostenido la negociación colectiva. Es decir que el Colegiado sí utilizó su facultad excepcional de aplicar efectos retrospectivos a sus disposiciones salariales, en beneficio de los trabajadores al sindicato y, en tal medida, el reclamo sobre este punto no es admisible. Como conclusión, los Árbitros sí se pronunciaron de manera integral, de fondo y en equidad respecto de la petición 1 del pliego, de manera que no es procedente la devolución de la actuación para que la reivindicación sindical sea concedida en los precisos términos queridos por el recurrente. Por lo anterior, se negará la petición de devolución del laudo arbitral frente a esta materia.

VI. PUNTOS DEL PLIEGO RESPECTO DE LOS QUE

SE ALEGA QUE EL TRIBUNAL SÍ TENÍA COMPETENCIA • Argumentos del recurrente Señala que el Tribunal se abstuvo de resolver sobre las peticiones 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41 y 42, porque se referían a

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Radicación n.° 89746 derechos o facultades contemplados en la ley o a temas reglados en ella; por tratarse de asuntos que correspondía resolver a la justicia ordinaria; o porque afectaban el ámbito de decisión del empleador propio de su poder subordinante. Luego, afirma que el Tribunal sí tenía competencia para fallar respecto de todos estos temas, y sostiene que la decisión inhibitoria constituye una inequidad manifiesta, pues las reclamaciones del sindicato se referían a derechos fundamentales ligados a la libertad sindical y tenían su base en los Convenios 87 y 98 de la OIT, así como en los artículos 38 y 39 de la Constitución Política, «200 del CP y 354 y 376 del CST». Subraya que, de acuerdo con la jurisprudencia emanada de esta Corporación, los árbitros no pueden dejar de resolver sobre un específico asunto por el hecho de que esté reglado en la ley, pues precisamente el propósito de la negociación colectiva es superar esos contenidos mínimos, y que la función arbitral es precisamente creadora, de manera que, repite, todas estas reivindicaciones sí estaban inmersas

dentro de las competencias del Tribunal. Para soportar su argumentación cita la sentencia de esta Sala CSJ SL58872016. Indica también que, al analizar la Constitución Política, así como la ley sustantiva y procedimental, se puede determinar que las peticiones del pliego no desconocen los derechos y facultades del empleador.

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Radicación n.° 89746 • Argumentos del opositor Expone que el Tribunal no tenía competencia para decidir estos puntos, como efectivamente lo resolvió, por tratarse de cuestiones que hacen parte del exclusivo resorte de la autocomposición y que no le podían ser impuestos a la empresa por un tercero. También destaca que en el recurso se hace una mixtura de motivos de ataque, que lo torna inviable, ya que la Corte no puede analizar de oficio si el Tribunal actuó o no sin competencia o si las decisiones resultaban manifiestamente inequitativas. Advierte, en ese sentido, que el recurrente no precisa las razones por las cuales los árbitros sí tenían competencia frente a cada uno de los 12 puntos materia de recurso. Agrega que esa mixtura genera insalvables incoherencias, pues, por ejemplo, el hecho de que el Tribunal tenga facultades para crear derechos extralegales no lo autoriza para imponer reintegros o modelos de contratación, como lo ha señalado esta Sala en su jurisprudencia, de manera que, insiste, no es aceptable una argumentación genérica del recurso.

VII. CONSIDERACIONES Aunque al opositor le asiste razón al poner de presen