CSJ - SL2338-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2338-2023 Radicación n.° 96473 Acta 033 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por INDUSTRIAS MUSSGO LTDA., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 29 de octubre de 2021, en el proceso que instauró en su contra HENRY LAITON FONSECA.

I. ANTECEDENTES Henry Laiton Fonseca llamó a juicio a Industrias Mussgo Ltda., con el fin de que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo, verbal a término indefinido, que se prolongó entre el 5 de septiembre de 2000 y el 12 de diciembre de 2016.

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Radicación n.° 96473 En consecuencia, que se condenara a la demandada, al pago indexado de cesantías, junto con la sanción por su no consignación en un fondo; intereses a estas con la correspondiente sanción por su no pago; primas de servicios; vacaciones compensadas; aportes al sistema de seguridad social en pensiones, mediante cálculo actuarial, con destino a Colpensiones; indemnizaciones de que trata el artículo 65 CST y la que se genera por el no suministro del vestido y calzado de labor; reintegro de sumas asumidas por él por aportes a salud y pensiones; y, devolución de dineros descontados por retención en la fuente.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó con la demandada como pintor, para prestar sus servicios de manera personal, con las herramientas que le eran suministradas y en sus instalaciones, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m., mientras que los sábados la labor se extendía entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. Refirió que en su momento fue objeto de llamados de atención por parte del representante legal de Industrias Mussgo Ltda. y de su jefe directo, por llegadas tarde o por algunos trabajos no ejecutados de la manera esperada. Expuso que su salario ascendía a la suma de $3.749.190 y se cancelaba mediante cheque, luego de lo cual agregó que la expiración de la relación tuvo lugar al haber renunciado de manera libre y voluntaria, sin que le hubieren sido canceladas prestaciones sociales, sin disfrutar de

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Radicación n.° 96473 vacaciones, ni afiliarse a la seguridad social y debiendo asumir el pago de su dotación. Finalmente puntualizó que, durante la existencia del contrato, cotizó como independiente a salud y pensiones, además de que se le descontó mes a mes, la retención en la fuente. Al dar respuesta a la demanda, la accionada presentó oposición frente a las pretensiones incluidas en el libelo genitor. En cuanto a los hechos, negó la existencia del contrato de trabajo, al estimar que se trataba de un vínculo eminentemente civil, lo que le llevó a afirmar que no tenía

que suministrar dotación, para luego explicitar que los demás supuestos no eran ciertos. En su defensa, propuso las excepciones que denominó inexistencia de la relación laboral y de la obligación, falta de causa, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá D.C., al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 18 de febrero de 2021, declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, a partir de lo cual absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., al resolver el recurso de apelación presentado por la parte actora, mediante sentencia emitida el 29 de octubre de 2021, dispuso revocar la decisión objeto de revisión, para en su lugar declarar la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, que se desarrolló entre el 5 de septiembre de 2000 y el 12 de diciembre de 2016. En consecuencia, impuso condena a conceptos tales como: auxilio de cesantía, intereses a estas, junto con la sanción por su no pago oportuno; primas de servicios; vacaciones; indemnización moratoria del artículo 65 del CST; sanción por no consignación de las cesantías; reembolso de valor pagado por aportes a salud y pensiones; además del

reajuste de los aportes al sistema de seguridad social. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal empezó por exponer que para que se configurara un contrato de trabajo, debían estar presentes los 3 elementos del artículo 23 CST, para luego advertir, de cara al 24 ibídem, que a quien busca su declaratoria, le basta acreditar la prestación personal del servicio, para que sea la demandada quien deba desvirtuar el trabajo subordinado. Explicó que la parte actora planteó un vínculo entre el 5 de septiembre de 2000 y el 12 de diciembre de 2016, frente a lo cual la accionada reconoció que se prestó el servicio, pero bajo una relación de carácter civil, luego de lo cual destacó

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Radicación n.° 96473 la presencia en el plenario de un contrato de prestación de servicios y un otro sí, así como certificaciones que daban cuenta de ello. A partir de lo anterior, precisó que estaba acreditada la labor del actor, lo que invertía la carga probatoria, sin que la demandada hubiere satisfecho esta tarea, al afirmar: En ese orden, teniendo en cuenta los anteriores parámetros legales, jurisprudenciales y de índole internacional, considera la Sala que Industrias Mussgo Ltda. no logró derruir la presunción legal de que la prestación del servicio fue subordinada, pues los testimonios recabados y de cargo de la parte demandada, solo dan cuenta de generalidades, y en lo que interesa a cómo se dio la relación laboral empleador - trabajador en el caso de Jaqueline Guzmán solo dio cuenta de la manera cómo se realizaba el pago

de los honorarios, pues labora en la parte administrativa, y por ello su dicho solo se concretó en explicar que el demandante presentaba las cuentas de cobro respecto a las piezas pintadas y a la pintura preparada, última actividad que correspondía a $8.000 por cada color; asimismo que el demandante no tenía control (sic) de entrada y salida como si (sic) lo tenía ella quien era de "nomina" en la entidad; que el demandante nunca radicó solicitud de permiso y que tampoco se enteró de llamados de atención, tesituras que a juicio de la Judicatura no desvirtúan la subordinación, pues en lo relacionado con la manera como se realizan los pagos por el servicio prestado, de vieja data la Corte Suprema de Justicia ha adoctrinado que: "tampoco se desnaturaliza el contrato de trabajo porque la remuneración no sea pagada mensualmente'; "tampoco se desnaturaliza el contrato de trabajo porque quien[...] paga [la remuneración] impute contablemente el pago a otros rubros de su contabilidad. Adicionalmente, estimó que el hecho de que el personal de nómina firmara planilla, tanto de entrada como de salida y no lo hicieran los contratistas, no desvirtuaba la subordinación, desatendiendo lo planteado por el testigo Gelman López. Sustentó la decisión además en las sentencias CSJ SL3345-2021 y CSJ SL1439-2021.

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Radicación n.° 96473 Anotó, que no podía pasarse por alto que el actor prestó el servicio por 16 años, en locales o lugares definidos por el beneficiario del servicio y con el suministro de herramientas

y materiales, para luego destacar: Estos indicios plurales, concordantes y convergentes, valorados en conjunto, conducen a la certeza de la existencia del hecho desconocido que se pretende establecer, esto es, la existencia de una relación laboral entre las partes en litis, por ende, al ser los indicios medios probatorios conforme a los estipulado en el art. 165 del CGP y al encontrarse acreditados los requisitos del art. 260 del mismo estatuto, no queda otro camino que declarar su existencia, advirtiendo que si bien la defensa de la entidad empleadora estuvo encaminada a demostrar que el actor fungió como contratista independiente, considera la Sala que conforme a la Jurisprudencia. sobre este tópico, lejos está el actor de ser considerado como tal, no solo por lo dicho en precedencia, sino también porque "la jurisprudencia de/trabajo ha dicho que el contratista debe tener «estructura propia y un aparato productivo especializado» (CSJ SL467-2019), es decir, tratarse de un verdadero empresario, con capacidad directiva, técnica y dueño de los medios de producción, y con empleados bajo su subordinación'; lo que se itera, ni de asomo se configura tal calidad en el actor, muy a pesar de que en el plano formal el contrato de prestación de servicios en su clausulado haga referencia a ''su calidad de profesional independiente en el área de alistamiento y pintura automotriz" (Fol. 54 vuelto). Pasó luego a puntualizar que, de los medios de prueba se lograba determinar como hito inicial el 5 de septiembre de 2000 y como fecha final de la relación el 12 de diciembre de 2016. También, para la determinación del salario, concepto

que se puede determinar a partir de las documentales que enseñaban valores sufragados al actor pero ante su ausencia, acudió al mínimo legal, para lo cual tomó como soporte la sentencia CSJ SL16528-2016.

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Radicación n.° 96473 Procedió luego con el estudio de la prescripción, cuya ocurrencia como fenómeno, la encontró presente con relación a los intereses a la cesantía y la prima de servicios causadas con anterioridad al 21 de agosto de 2016. Con relación a las primeras, tuvo la excepción como no probada y frente a las vacaciones, dijo que operó con relación a las exigibles antes del 21 de agosto de 2015. A continuación procedió con la liquidación de los mencionados derechos laborales, luego de lo cual indicó en torno a la indemnización moratoria y la sanción por no consignación de las cesantías, que si bien como sanciones no operaban automáticamente, para el caso concreto sí tenían lugar, al advertir que no existía ninguna razón para entender que el actuar de la accionada estuvo revestido de buena fe, debido a que encontró insuficiente esgrimir el pacto de un contrato de prestación de servicios, cuando las pruebas daban cuenta del ocultamiento indebido de una relación laboral. En consecuencia dispuso el pago de un día de salario por cada día de recargo. Con relación a los aportes a seguridad social en salud y pensiones cuyo reintegro reclamaba el actor, explicó que el empleador estaba llamado a asumir un porcentaje, por lo que ordenó la devolución de esta porción a la demandada. Finalmente, en cuanto a los que están a cargo del

empleador, en primera medida habló de su carácter imprescriptible, además de la condición de obligatorio tanto para salud como pensión. Se valió entonces, de lo dicho en

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Radicación n.° 96473 las decisiones CSJ SL13207-2015 y CSJ SL1064-2018, para disponer el reajuste de las cotizaciones, conforme la diferencia entre el IBC reportado y el real.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Industrias Mussgo Ltda., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia atacada, para que, en sede de instancia, confirme la decisión de primer grado.

En subsidio, que la case parcialmente y en sede de instancia, se abstenga de condenar a la indemnización moratoria prevista por el artículo 65 CST, a la sanción prevista por el 99 de la Ley 50 de 1990, al reembolso de cotizaciones en salud y pensiones, que sufragó el actor, así como a reliquidar y pagar estos aportes con destino al sistema. Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, que no son replicados y se resuelven de manera conjunta, en consideración a que realmente presentan un mismo hilo conductor y están concatenados, pues tienen como fuente, la declaratoria de un contrato de trabajo.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa a la sentencia impugnada de ser violatoria, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de: […] los artículos 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 64, 65, 127, 128, 132, 144, 186, 187, 189, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo

(con la modificación introducida por los artículos 29, 52 de la Ley 789 de 2.002 y 14 y 15 de la Ley 50 de 1.990); 99 de la Ley 50 de 1.990; 1 de la Ley 52 de 1.975; 2 y 4 de la Ley 15 de 1.959; 8 de la Ley 153 de 1.887 y 17 y 204 de la Ley 100 de 1.993; 23 del Decreto 1703 de 2.002; 10 de la Ley 1122 de 2.007; 2 y 6 de la Ley 1562 de 2.012; 1625, 1626, 1627 y 1631 del Código Civil; 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y 165, 167, 191, 194, 196, 197 y 260 del Código General del Proceso. Propone, como indebidamente apreciados, el contrato de prestación de servicios, las certificaciones dirigidas a terceros por ella, las cuentas de cobro por honorarios, los certificados de retenciones y de aportes a seguridad social, la reclamación de prestaciones, el interrogatorio de parte de su representante legal, los testimonios de Jaqueline Guzmán y Gelman López. Además, destaca una falta de apreciación del

interrogatorio de parte absuelto por el demandante. A partir de estas pruebas, subraya como errores manifiestos, los siguientes:

1. Considerar en contra de la evidencia, que por el contrato de prestación de servicio y por las certificaciones dirigidas por la sociedad demandada a terceros, esa situación conducía indefectiblemente a dar por acreditado el primer elemento de un contrato de trabajo.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la pasiva no logró verificar la existencia de un contrato de prestación de servicio.

3. Considerar en contra de la evidencia, que no se puede aceptar una relación de tipo civil extendida entre el 5 de septiembre de 2.000 al 12 de diciembre de 2.016, es decir, por espacio de 16 años en la actividad de pintor y preparador de pintura.

4. Considerar en contra de la evidencia, que de ninguna manera

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Radicación n.° 96473 se puede aceptar que el cargo de alistador o pintor de vehículos y preparador de pintura se considere ajeno a la estructura interna de los cargos de la demandada.

5. Deducir sin ser del caso, que sin el cargo de pintor y preparador de pintura, no tendría razón de ser el funcionamiento de un taller de reparación de autos colisionados y de allí el motivo por el cual se extendió la relación por espacio de 16 años.

6. Deducir con profundo error, que el cargo de pintor y preparador de pintura es un empleo de la estructura de la demandada y que de no ser así el servicio hubiese sido temporal y/o esporádico para una obra determinada o específica.

7. Dar por demostrado, sin serlo, que el hilo conductor

demuestra que la actividad personal del demandante se realizó con las características propias de una relación de trabajo. 8. deducir en contra de la evidencia, que las partes celebraron un pacto de salario a destajo.

9. Dar por demostrado, sin estarlo, que el servicio contratado no se ejecutó con libertad y autonomía técnica, administrativa, científica y directiva.

10. Dar por demostrado, sin estarlo, unas cantidades a título de salario que ni siquiera corresponden a la realidad de los honorarios facturados por el demandante.

11. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante tiene derecho al pago de prestaciones sociales y demás derechos laborales tales como, cesantía, intereses a la cesantía, primas legales y vacaciones.

12. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante tiene derecho al reembolso de aportes a seguridad social y que la demandada debe reajustar y pagar los aportes al sistema integral de seguridad social esto es, pensiones y salud, estos últimos sin solicitud en la demanda.

13. Considerar en contra de la evidencia, que la dadora del laborío quiso utilizar de manera indebida la vinculación del actor a través de la citada forma de vinculación, ocultando que en verdad la relación rigió bajo los elementos constitutivos propios de un contrato de trabajo.

14. Considerar en contra de la evidencia, que la demandada actuó de mala fe al haberse abstenido de realizar el pago de las prestaciones sociales, pues siempre reputó la relación contractual como independiente.

15. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada obró de buena fe, puesto que tenía razones suficientes para abstenerse de considerar una relación de

trabajo.

16. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada arrimó al informativo elementos de juicio contundentes para acreditar su posición de buena fe.

A efectos de demostrar el cargo, empieza por hacer alusión al interrogatorio absuelto por el actor, cuyas

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Radicación n.° 96473 respuestas transcribe, para luego señalar que se trata de una confesión, debido a que los datos suministrados perjudican necesariamente sus intereses, en la medida en que admite su condición de trabajador independiente, la opción ejercida para prestar el servicio de pintura y colorista a través de contrato de prestación de servicios, el conocimiento técnico que posee, que las personas del área eran contratistas independientes, que no se le impuso reglamento, que había diferencias con el personal de nómina, que no tenia que pedir permiso, que no absolvió diligencia de descargos, que no se le impuso sanción disciplinaria, que presentaba cuentas de cobro previo pago de seguridad social como independiente y que nunca presentó reclamación. Explica que, al confrontar esa confesión con los demás medios probatorios documentales antes relacionados, queda al descubierto la mala apreciación ofrecida por el Tribunal a esos apoyos de prueba, comoquiera que consideró en contra de su contenido, la existencia de una relación de trabajo de naturaleza dependiente, es decir, que groseramente desconoció la claridad de esas herramientas. Plantea un indebido estudio por parte del ad quem, sobre los medios de convicción denunciados, que lo condujo a realizar deducciones que son meras especulaciones

carentes de respaldo probatorio, dado que el afán de condenar lo llevó a invadir el principio de la autonomía de la voluntad de los contendientes, al entender que el cargo de pintor pertenecía a la estructura interna de los cargos de la sociedad, a pesar de no contar con prueba de ello, e indicar

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Radicación n.° 96473 que no se podía contratar temporalmente, sin que fuere admisible una relación de tipo civil que se extendiera por 16 años, aun cuando no existe instrucción normativa en ese sentido. Señala que no le era posible al sentenciador alterar el contenido de los documentos que relacionan la facturación de honorarios, los certificados y el propósito de la declaración rentística anticipada, por lo que entiende una pésima apreciación de estos medios de convicción, debido a que dan cuenta de que el actor determinaba el valor a cobrar y liquidaba sus obligaciones tributarias, a lo que agrega que con base en estos elementos no resultaba posible establecer un promedio salarial para cada año y menos razonar que se había acordado un salario a destajo. Indica que también se incurre en un error cuando, respecto de los meses en los que no había información de cuenta de cobro por honorarios, establece un equivalente al salario mínimo legal, aun cuando no existe relación laboral, por tanto, se procede de manera inadecuada al no ser algo alegado por las partes, donde además desconoce las características de la verdadera relación pactada entre ellas. Menciona que del interrogatorio al representante legal no se deduce confesión, debido a que se admitió la prestación del servicio, la facturación por honorarios, el pago de

seguridad social a cargo del actor, las obligaciones tributarias y la coordinación de actividades.

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Radicación n.° 96473 Concluye que queda desbaratado el razonamiento de la sentencia atacada, el cual resalta contradice todo el contenido de los sustentos calificados en casación, a partir de una errónea comprensión sobre las pruebas denunciadas, que condujeron a afirmar la existencia de una relación de trabajo y la consecuente liquidación de prestaciones sociales, incluyendo una reliquidación de aportes para el régimen de salud, aun cuando no hacía parte de las pretensiones. Una vez entiende demostrados los errores manifiestos de hecho, a través de prueba calificada, presenta crítica en torno al estudio de los testimonios de Jaqueline Guzmán y Gelman López, que estima mal valorados, debido a que se concluyó que no ofrecían información de entidad suficiente, datos sólidos y contundencia para descartar la relación laboral, aun cuando dieron cuenta de la modalidad contractual, el procedimiento que se seguía con el contratista independiente, que el equipo de pintura se contrataba en forma independiente, la autonomía en su labor, el conocimiento del arte, la habilidad y destreza en el desarrollo de obligaciones, guardando coherencia con lo señalado por la documental y lo confesado por el demandante. Expone, que de los medios de convicción se logra establecer un comportamiento altruista de la demandada, soportado en el hecho de considerar que no existió relación de trabajo y actuar en consonancia con ese entendimiento, por lo que entiende «se caen, por su propio peso, las

indemnizaciones moratorias de los artículos 65 del C.S.T. y del 99 de la Ley 50 de 1.990 y, de paso, la indexación».

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Radicación n.° 96473 Añade que tampoco surgiría indemnización por mora, porque la controversia se presentó después de transcurridos los primeros 24 meses, lo que implicaría que eventualmente solo procediera el interés causado desde la ejecutoria de la decisión de segundo grado. De allí que entienda sorpresivo que el Tribunal imponga condena, además a la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aun cuando la accionada se comportó en el proceso en concordia con el convenio celebrado con el demandante y no obró, en ningún momento, con la intención de causar perjuicio alguno, luego su conducta es la adecuada y no es incongruente con las pruebas que se recaudaron.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia recurrida, de violar, por la vía directa, en el concepto de aplicación indebida: […] el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo -modificado por el artículo 29en relación con los artículos 13, 14, 19, 20, 21, 23, 64, 127, 128, 132, 144, 186, 187, 189, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo); 99 de la Ley 50 de 1.990; 1 de la Ley 52 de 1.975; 2 y 4 de la Ley 15 de 1.959; 8 de la Ley 153 de

1.887; 17 y 204 de la Ley 100 de 1.993; 2 y 6 de la Ley 1562 de 2.012; 1625, 1626, 1627 y 1631 del Código Civil; 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y 165, 167, 191, 194, 196, 197 y 260 del Código General del Proceso y 53 y 230 de la Constitución Política. Plantea que se impuso condena a la indemnización moratoria entre el 13 de diciembre de 2016 y la misma fecha de 2018, para luego disponer que a partir del día siguiente se causaría el interés moratorio, aun cuando se dio por establecido por el Tribunal que la demanda fue presentada el

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Radicación n.° 96473 2 de diciembre de 2019 y la relación contractual finalizó el 12 de diciembre de 2016, con lo cual se pasa por alto que la intención del legislador es establecer un límite temporal a la indemnización, por no haber acudido a la jurisdicción dentro de los 24 meses siguientes a la expiración del presunto vínculo. Precisa que no habría lugar a la condena de un día de salario por cada día de retardo y que solo eventualmente el interés se debería frente a lo eventualmente adeudado, pero desde la ejecutoria de la decisión que ponga fin a la controversia planteada por las partes, puesto que, solo a partir de esa data, es que se soluciona el conflicto sometido a escrutinio judicial, para lo cual hace referencia a las sentencias CSJ SL, 6 de mayo de 2010, rad. 36577; CSJ SL,

3 de mayo de 2011, rad. 38177; CSJ SL, 25 de julio de 2012, rad. 46385; CSJ SL10632-2014 y CSJ SL3274-2018.

VIII. CARGO TERCERO A través de este embate, acusa la sentencia del Tribunal por violación, por la vía directa, en el concepto de interpretación errónea, de las mismas normas acusadas en el cargo anterior.

Plantea bajo iguales argumentos, que se dio una comprensión desacertada del artículo 65 CST, al fulminar condena a la indemnización moratoria, sin tener en cuenta que se demandó, luego de transcurridos 24 meses de haber

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Radicación n.° 96473 finalizado la relación, lo que conlleva a que no se adeuda una suma equivalente al último salario diario.

IX. CARGO CUARTO Plantea, que la decisión cuestionada incurre en una violación medio por transgredir los artículos 66A y 145 del CPTSS y 281 del CGP. Lo anterior, por cuanto considera que se realiza un indebido análisis de la demanda y del documento de consulta de aportes al sistema general en seguridad social.

A partir de lo anterior, expone como errores de hecho cometidos los siguientes:

1. Dar por demostrado, contra la evidencia, que en el proceso se solicitó el pago de la diferencia de los aportes a seguridad social en pensiones y salud.

2. No dar por demostrado, estándolo, que en el proceso únicamente se solicitó el pago de los aportes a pensión, pero a través de un cálculo actuarial.

3. No dar por demostrado, estándolo, que en el proceso solo se

solicitó el reintegró de las sumas de dinero por aportes de seguridad social en pensión y salud pagadas por el demandante, en la parte que le correspondía al empleador.

4. No dar por demostrado, estándolo, que las cotizaciones del sistema de seguridad social pertenecen al sistema y no es posible ordenar ninguna devolución al demandante.

Para la demostración del cargo, estima que si el Tribunal hubiera analizado adecuadamente los hechos 14° y 15°, habría concluido que la parte actora expresó que la demandada no afilió y que no canceló los aportes durante la vigencia de la relación laboral, es decir, que partió del equivocado entendimiento que entre los partícipes existía una relación de trabajo, intentando desconocer el contrato

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Radicación n.° 96473 de prestación de servicio que celebraron libremente, de modo que en las pretensiones quinta y décima primera implora, respectivamente, pero ante todo en forma excluyente, el pago de aportes a pensiones través de un cálculo actuarial y el reembolso de aportes para pensiones y salud. Destaca que, si el Tribunal hubiese examinado correctamente esas piezas procesales, no hubiese incurrido en el desacierto de ordenar el reembolso al actor de los aportes en salud y pensiones, y sobre todo la orden de reliquidar cotizaciones para pensiones, adicional al hecho que la reliquidación de la cotización para el régimen de salud jamás se imploró en el proceso. De cara al planteamiento anterior, procedió a invocar la violación de normas sustanciales, para lo cual rememoró los

argumentos expuestos en el primero de los cargos, en lo que se refiere al análisis probatorio, cuestionando que no se diera por demostrado, estándolo, que no existe relación laboral entre las partes y, por tanto, no hay obligación de reembolso de cotizaciones y reajuste de aportes al sistema pensional. Además, que no se diera por demostrado, estándolo, que no se solicitó la reliquidación de aportes para pensiones ni el reajuste y pago de cotizaciones al sistema de salud.

X. CONSIDERACIONES Es importante comenzar por destacar, que en los cargos propuestos no se evidencian falencias de índole técnica que

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Radicación n.° 96473 se tornen suficientes para impedir que se aborde un estudio de fondo. Lo anterior, aun cuando en el primero de los cargos, además del planteamiento propio de la vía indirecta, se hace referencia a los argumentos que son expuestos en los restantes y que aluden a la directa, al dar cuenta de la interpretación del artículo 65 del CST. Por tanto, si bien se vislumbra un error en cabeza de la censura, el mismo es posible superarlo bajo la integración de los cargos para su análisis. De esta manera, resalta la sala, en relación con los ataques planteados por la senda fáctica implica, que se admiten discusiones exclusivamente con base en el error de hecho en la apreciación errónea o falta de estimación de los elementos probatorios, mismo que debe ser manifiesto, ostensible y evidente, a efectos de que pueda destruir la presunción de legalidad y acierto que cobija la sentencia.

Conforme lo anterior, la controversia no se precisa en el ámbito jurídico, por lo que resulta fundamental partir de los presupuestos normativos que gobiernan el tema, como son, en principio, los artículos 22 a 24 del CST. En este orden de ideas, a efectos de encontrar presente un contrato de trabajo, es fundamental que concurran los 3 elementos que destacan del artículo 23 ídem, como son la prestación personal del servicio, la dependencia o

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Radicación n.° 96473 subordinación y el salario como retribución de la labor desarrollada. Esta disposición no es posible analizarla en forma aislada, sino de cara al artículo 24 del CST, en el que se presenta una presunción consistente en que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, lo que quiere significar, que, si quien afirma la calidad de trabajador, da cuenta probatoriamente de una prestación personal del servicio, se entiende que le aplica tal precepto y por tanto, será quien se denuncia como empleador, quien debe desvirtuar el elemento subordinación, si pretende que no se concluya la presencia de un vínculo de carácter laboral. Conforme lo anterior, la dependencia toma gran relevancia para el estudio de casos como el presente, de allí que sea fundamental develar su contenido y alcance. La subordinación se ha entendido como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador, para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las f