CSJ - SL259-2024

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL259-2024 Radicación n.°92247 Acta 03 Bogotá, D. C., cinco (05) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por SOLUCIONES INDUSTRIAL AAA SAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró PAOLA ANDREA QUINTERO GARCÍA en representación de su hija menor de edad DMBQ, así como a SENCO COLOMBIA SAS, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A. y al que se llamó en garantía a SEGUROS GENERALES

SURAMERICANA S. A.

Téngase a los doctores Gustavo José Gnecco Mendoza y Ugo Ricardo Flórez Posada con T. P. n.°44.192 y 158.19 del C. S. de la Judicatura como apoderados de Seguros Generales Suramericana S. A. y Paola Andrea Quintero

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Radicación n.° 92247 García respectivamente, en los términos de los poderes que reposan en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES Paola Andrea Quintero García en representación de su hija menor de edad DMBQ llamó a juicio a las referidas sociedades, con el fin de que se declarara que: i) John Alexander Bernal Arenas y Soluciones Industriales AAA SAS sostuvieron un contrato de trabajo a término fijo inferior a

un año; ii) el nexo inició el 20 de agosto de 2013; iii) devengó un salario mensual de $649.500; iv) desempeñó el cargo de oficios varios; vi) adelantó en el municipio de Rionegro; vii) la atadura finalizó por muerte del servidor como consecuencia de un accidente de origen laboral; viii) Senco Colombiana SAS sostuvo un vínculo de prestación de servicios con aquella para el desarrollo de actividades propias del giro ordinario de su negocio y, por tanto, era solidaria de todas las condenas que se le impusieran a la primera, al igual que la ARL Positiva S. A. Consecuencia de lo anterior, requirió que fueran condenadas al pago de la indemnización plena de perjuicios y las costas. Fundamentó sus peticiones, en que: i) John Alexander Bernal Arenas sostuvo una relación de naturaleza laboral con Soluciones Industriales AAA SAS desde el 20 de agosto de 2013; ii) como remuneración percibió $649.500; iii) ocupó la posición de oficios varios que implicaba la

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Radicación n.° 92247 manipulación de soldadura, herramientas, laminas y trabajo en alturas. Aseguró que Senco Colombiana SAS celebró un acto jurídico con la empleadora para la instalación de una claraboya en su locación, que se dirigió a cumplir el 17 de abril de 2014, «momento en el cual cayó de cuatro o cinco metros de altura lo que le causó la muerte». Expuso que, la actividad económica de Soluciones Industriales AAA SAS consistía en la «fabricación de

productos metálicos para uso estructural y actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica», mientras que, la de Senco Colombiana SAS era «fabricación de materiales de arcilla para la construcción y otras industrias manufactureras». Anotó que, John Alexander Bernal Arenas estaba afiliado a la ARL Positiva S. A., que esta calificó el insuceso como laboral; que la menor DMBQ es hija de aquel; que en su nombre reclamó las prestaciones sociales y vacaciones adeudadas motivo por el cual se le cancelaron $714.379 y que tiene derecho al reconocimiento de la indemnización plena de perjuicios (f.°3-8 Primera Instancia_CuadernoPrincipal_Expediente _2022125216937). Las enjuiciadas se opusieron a las pretensiones y, en cuanto a los hechos:

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Radicación n.° 92247 ARL Positiva S. A. aceptó la existencia del contrato de trabajo entre John Alexander Bernal Arenas y Soluciones Industriales AAA SAS, la ocurrencia del accidente, su calificación de índole laboral, las actividades comerciales de las compañías llamadas a juicio, el parentesco de la menor de edad con aquel, el pago de la liquidación de las prestaciones sociales y las vacaciones en favor de aquella. Resaltó que, le otorgó pensión de sobrevivientes en un 100 % con una mesada pensional de $616.000 y un retroactivo de $3.367.467; respecto de los demás dijo que no le constaban o que no se trataban de tales (f.°109-121 ibidem).

Soluciones Industriales AAA SAS, reconoció el nexo, las condiciones de este; el negocio jurídico celebrado con Senco Colombiana SAS, el acaecimiento del incidente, así como la condición de hija de la menor DMBQ; pero subrayó que, fue consecuencia de la imprudencia del trabajador ya que se «soltó de la línea de vida y se dirigió a un techo contiguo» y que siempre cumplió con las obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone en materia de salud y seguridad en el trabajo; frente a los demás anotó que, no eran verídicos o que los desconocía (f.°141-155 Primera Instancia_CuadernoPrincipal_Expediente _2022125216937). Senco Colombiana SAS dio fe de la contratación con Soluciones Industriales AAA SAS; no obstante, dijo que fue bajo la modalidad de una orden de servicio para el mantenimiento de sus instalaciones ajena al objeto social; reconoció la existencia de la descendiente menor de edad y

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Radicación n.° 92247 en relación con los otros supuestos fácticos expuso que eran apreciaciones subjetivas o que no tenía conocimiento de ellos (f.°1-16 Primera Instancia_CuadernoPrincipal_Expediente _2022125304828). En su defensa propusieron los siguientes medios exceptivos de fondo: ARL Positiva S. A. «inexistencia de la obligación, ausencia de causa para demandar, buena fe, prescripción, y la genérica» (f.°109-121 ibidem). Soluciones Industriales SAS «inexistencia de culpa, culpa exclusiva de la víctima, la genérica» (f.°141-155

Primera Instancia_CuadernoPrincipal_Expediente _2022125216937). Senco Colombiana SAS «falta de legitimación en la causa, cobro de lo no debido, hecho exclusivo de la víctima, la innominada» (f.°1-16 Primera Instancia_CuadernoPrincipal_Expediente_2022125304828), además, llamó en garantía a Seguros Generales Suramericana S. A. (f.°127-129 ib) quien se opuso a las pretensiones formuladas en el escrito inicial y respecto de los pedimentos de su convocatoria a juicio dijo que los aceptaba en los términos estipulados en la póliza. En su amparo elevó los mecanismos perentorios de prescripción, inexistencia de la obligación, pago,

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Radicación n.° 92247 compensación, inexistencia de perjuicios y de culpa, subrogación, límite del valor asegurado, deducible pactado, ausencia de obligación a indemnizar y, disponibilidad de la suma asegurada (f.°255-261 ibidem). II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro, por decisión del 11 de febrero de 2020, admitió el desistimiento presentado por el apoderado de la promotora a juicio respecto de las pretensiones elevadas en contra de Positiva

S. A, absolvió a las demás llamadas a juicio e impuso las costas a la reclamante (f.°417-421 Segunda Instancia_ApelaciónSentencia_Expediente

_2022010624996).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, mediante fallo del 7 de mayo de 2021, resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada para en su lugar, DECLARAR que hubo culpa plena del empleador SOLUCIONES INDUSTRIALES AAA SAS en la ocurrencia del accidente de trabajo en el cual perdió la vida el trabajador JOHN

ALEXANDER BERNAL ARENAS.

SEGUNDO: CONDENAR a la empleadora SOLUCIONES INDUSTRIALES AAA SAS a pagar a favor de la niña DMBQ, representada por su progenitora PAOLA ANDREA QUINTERO,

los siguientes conceptos y valores: 2.1. Por concepto de LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Y FUTURO la suma de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES

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Radicación n.° 92247 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON 52/100 ($319’954.609,52) 2.2. Por concepto de PERJUICIOS MORALES una suma equivalente a 30 SMLMV, suma que deberá ser indexada al momento efectivo del pago. En lo que interesa al recurso extraordinario, estimó como fundamento de su decisión, que el problema era esclarecer si «hubo una deficiente preparación para el trabajo en alturas y si se configuraron las carencias presentadas por el apoderado de la parte actora, en particular, si se incumplieron los artículos 22, art. 23 numerales 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 11, 12 y 14 y art. 24 numeral 14, de la Resolución 1409

de 2012; para iguales efectos». Para dar respuesta a tal planteamiento precisó que contrario a lo afirmado en «los alegatos de conclusión de las codemandadas» era desacertado afirmar que, en el escrito inicial no se hubiese exigido la declaratoria de la culpa patronal, pues si bien no se hizo de forma expresa si se reclamó la indemnización plena de perjuicios, pero además, aquellas presentaron defensa en ese sentido de manera que se trató de un tema que «sí fue objeto del debate probatorio» motivo por el cual podía ser analizado por el juez singular. En igual norte advirtió que, la actividad que condujo a la muerte de John Alexander Bernal se produjo en el «marco de la orden de servicios contratados por Senco Colombiana SAS»; por consiguiente, para el cambio de claraboyas era necesario que previamente se repusiera la teja, aseveración

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Radicación n.° 92247 que subrayó no podía ser desestimada por lo dicho por los testigos. Aclaradas tales cuestiones prosiguió al análisis del asunto en el siguiente orden:

1. De la culpa plena.

Trajo a colación el artículo 216 del CST con sustento en el cual indicó que para que resultara próspera la indemnización plena de perjuicios se requería que la parte actora demostrara:

1. Que sufrió accidente de trabajo o enfermedad profesional.

2. Que el accidente o la enfermedad profesional ocasionaron un daño.

3. Que en la ocurrencia del daño concurrió la culpa del empleador.

Señaló que, en el sub lite se encontraban acreditados

los dos presupuestos iniciales y, frente al tercero expuso: El contrato de trabajo impone obligaciones para el trabajador y el empleador. En punto a la seguridad y salud en el trabajo, el primero tiene la obligación de portar y usar adecuadamente los elementos que se le brindan para el ejercicio de su labor, así como de seguir las instrucciones y cumplir protocolos necesarios para cuidar su integridad física y obrar dentro de los parámetros del sentido común y auto cuidado. En correspondencia, el segundo está obligado a suministrar equipo de protección, capacitar, velar y exigir que el trabajador use el equipo y cumpla las instrucciones, todo ello para garantizar que el trabajo se realiza en un ambiente seguro. Ello se desprende, de los numerales 1° y 2° del artículo 57 del CST, en punto al empleador y respecto del trabajador, de los numerales 7° y 8° art. 58 ibidem.

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Radicación n.° 92247 Tanto así, que, si el TRABAJADOR que contraviene gravemente, las disposiciones de los numerales citados, incurre en justa causa de despido, de acuerdo con lo establecido en el art. 6263 literal a) numeral 6° del C.S.T Resaltó que, en estos casos el dador del empleo responde hasta por culpa leve acorde lo dispuesto en el canon 63 del CC, por lo que debía comprobar que «siguió todos los parámetros y manuales dirigidos a proteger la salud y seguridad de sus trabajadores». Subrayó que, así se acreditara el actuar «negligente o

imprudente del trabajador» si se prueba que «el empleador obró de igual manera» no se exime del pago de la indemnización, ya que en materia laboral no aplica la figura de la concurrencia de culpas, escenario que se examina a la luz de la labor específica que desempeñaba, pues era lo que permitía concluir «cuáles eran las pautas y precauciones que debía seguir el empleador para que la tarea se desempeñara con unos estándares de higiene y seguridad, así como el control efectivo del cumplimiento de las mismas». En ese contexto memoró que el apelante cuestionaba dos premisas respecto del fallo de juzgado, así: i) De la deficiente valoración probatoria relacionada con la integración del COPASO y la demostración del plan de manejo de trabajo en alturas y matriz de riesgo. Recordó la finalidad del comité paritario, así como la forma como debía conformarse y, expuso:

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Radicación n.° 92247 [al] examinar el contenido de las actas de conformación del comité paritario de salud ocupacional (Fs. 181184) si bien es cierto que el señor John Alexander Bernal nunca asistió al mismo, y puede colegirse que no formaba parte de este, en tanto no aparece excusa de inasistencia y aparece un número igual de representantes tanto por la parte trabajadora como por el empleador (dos por cada parte). Más esto por sí solo no es un elemento que lleve a concluir la culpa plena del empleador. Llamó la atención sobre el hecho de que se hubiese aportado la actualización de la matriz de riesgos en junio de 2014, cuando el accidente ocurrió en abril de dicho año, sin

que existiera soporte de su realización en una data previa a ese momento y dijo: […] al examinar el contenido de la matriz de riesgo, así como el plan de manejo de alturas, de cuyo precario manejo también se queja el apelante, se encuentra que, en la misma, si bien hay una definición acertada sobre lo que comprende esta labor, y hay incluso varios gráficos e instructivos en el manejo de línea de vida; no se profundiza en uno de los conceptos descritos en dicho plan consistente en las medidas pasivas de protección, establecidas en el numeral 1° art. 22 de la Resolución 1409 de 2012; creadas para prevenir accidente de trabajo, sin que sea necesaria la intervención directa del trabajador en su puesta en funcionamiento. Con lo cual, para esta Corporación la primera falla en el actuar del empleador, y que, nos conduce al examen de los deberes específicos de cuidado en la tarea que desempeñaba el señor John Alexander Bernal, en el segundo acápite: ii. De las vulneraciones a los artículos 22 a 24 de la Resolución 1409 de 2012. Luego de hacer alusión al Acto Administrativo n.°2413 de 1979, a la sentencia CSJ SL5154-2020, al literal e) del artículo 24 del Decreto 614 de 1987 procedió a analizar «los aspectos enlistados por el abogado en su recurso», así:

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Radicación n.° 92247 a) De la capacitación deficiente. Acudió a los preceptos 8º y 9º de la Decisión n.°1409

de 2012 para examinar el certificado de trabajo seguro en alturas nivel avanzado (f.°143), la capacitación en temas generales de salud y seguridad en el trabajo(f.°269), la de manejo seguro de herramientas y trabajo en equipo (f.°271, 272), la existencia del COPASO y el comité de convivencia laboral (f.°270); para advertir que de esos documentos no era posible inferir «la omisión relacionada con la capacitación en manejo de trabajo de alturas, pero sí se evidencian carencias por los temas anteriormente descritos, consistentes en la capacitación sobre manejo seguro de herramientas y trabajo en equipo», ya que esta última no contaba con la firma del trabajador. b) De la adopción de medidas de protección y compensatorias. Numerales 3º, 4º y 16 de la Resolución n.°1409 de 2012. Destacó que al estudiar los medios de convicción allegados al plenario (f.°142), se tenía que «dentro de los elementos de protección solo está el letrero de señalización. No existen otras medidas […].» razón por la cual coligió que: […] el cumplimiento de las medidas colectivas de prevención se dio parcialmente, con la imposición de letreros y señalizaciones, pero no aparece demarcación de la zona en la que se podía trabajar sin protección, ni mucho menos el manejo de desniveles y orificios, que se señala en el literal f.; y ello se corrobora con la ya mencionada lista de chequeo a folio 142, donde a la pregunta ¿el área está señalizada? Se chequeó NO.

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Radicación n.° 92247 Indicó que, lo mismo sucedía con las «medidas compensatorias» cuyo objetivo era «evitar un desenlace fatal cuando el trabajador por cualquier razón debe prescindir del uso de las medidas colectivas de prevención: como quiera que no hay claridad en qué consistieron las mismas y, en consecuencia, tampoco, si fueron utilizadas». c) Del entorno laboral: equipo de trabajo, supervisión de la labor, acompañamiento en su realización y calidad de los implementos. Numerales 5°, 6°, 11, 12 artículo 3º de la Resolución n.°1409 de 2012. Expuso que, acorde a la «lista de chequeo» realizada por el encargado y ejecutor de la obra John Edwin Rodríguez las medidas de precaución tomadas para dar el permiso para adelantar la obra fueron «precarí[as]» lo que extrajo de la Recomendación dada por Positiva S. A., el 20 de mayo de 2014 (f.°154), dado que no existía evidencia de: […] la asignación de funciones de coordinación y asistencia, y al acompañamiento de un trabajador que esté en capacidad de poner en marcha el plan de emergencias. Tanto porque no fue aportada documentación que, demostrara que previa la instalación de claraboyas en la empresa Senco Colombiana, se estableció un plan de trabajo con tal asignación de tareas, como porque, del informe de reporte de accidente de trabajo, en el anexo 2, de lo informado allí por John Edwin Rodríguez, se lee: “… yo le pregunté la hora, quitamos la teja, pusimos la otra teja

la subimos y yo le estaba dando la espalda, él decía que no había necesidad de asegurarse, yo le decía que no se parara en las tejas de Eternit, que se parara en los empates que era más seguro, ya después sentí un estruendo y volví a mirar y ya no estaba(…)” (f.°279). Probanzas de las que infirió la falta de supervisión en la actividad adelantada.

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Radicación n.° 92247 d) De la activación del plan de emergencia. Numeral 14 del artículo 3º y precepto 24 de la Resolución n.°1409 de 2012. Afirmó que, en el plenario no existía prueba de la adopción del plan de emergencia para el momento de la ocurrencia de incidente mortal y, que además, toda la documental relativa a «los manuales de capacitaciones y matrices de riesgo» tenían una data posterior a ese momento, así mismo que se desconocía quién los había elaborado, toda vez que « los campos correspondientes a revisión y aprobación, […] es[ban] vacíos», de forma tal que no eran auténticos lo que no sucedía con «los formularios de capacitación y las actas de Copaso», pues estos si contaba con la rúbrica de los asistentes. En ese sentido esgrimió que, no existía certeza si la enjuiciada de forma previa al incidente mortal identificó de manera correcta el factor de riesgo, lo que a su vez: […] implica[ba] que el empleador no cumplió con su deber de prevenir los riesgos a que se podía ver abocado el trabajador, quien si bien, sí recibió la capacitación de trabajo en alturas,

como se explicó al inicio de esta sentencia, no tuvo capacitación sobre trabajo en equipo, ni pautas de auto cuidado, que se implementaron, después de su deceso.

Corroboró que: […] fue deficiente el manejo que se le dio por parte del empleador en los aspectos de medidas pasivas de control y organización del equipo de trabajo, ya que, quien firma como encargado de realizar la labor, y compañero de labores de John Alexander, John Edwin Rodríguez (f.°142) no tuvo un adecuado manejo de la situación, en razón de tal calidad, ni ejerció la

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Radicación n.° 92247 supervisión debida. Pero, además, hay que decirlo, no existe claridad que al mismo se le haya asignado la función de supervisión, lo que nos lleva no a una supervisión deficiente, si no inexistente; tampoco se desplegaron medidas pasivas de protección, como, lo precisa el apoderado de la parte actora, la implementación de una malla de seguridad, de conformidad con el art. 22 de la Resolución 1409 de 2012 y mucho menos, se acreditó la elaboración de un plan de emergencias y de una matriz de riesgos, previo al accidente del señor John Alexander Bernal […]. Concluyó que, si bien acorde con la investigación del suceso, había mediado culpa del trabajador al no haber usado los implementos de seguridad, lo cierto era que, esa circunstancia no exoneraba de responsabilidad al empleador, tesis que soportó en la sentencia CSJ SL51542020, por lo que resultaba «inviable sostener la valoración que hizo la primera instancia» y lo procedente era declarar la

existencia de culpa patronal. En ese norte procedió a establecer la cuantía de los perjuicios irrogados a la menor DMBQ, así:

1. Perjuicios materiales. 1.1. Lucro cesante.

Dijo que para su imposición debía probarse la culpa del empleador y que el laborante sufrió una disminución en sus ingresos; que su vez incumbía analizarse: 1.1.1 Lucro cesante consolidado, que se genera entre la terminación del vínculo y la emisión de la decisión judicial.

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Radicación n.° 92247 1.1.2 Lucro cesante futuro, ocasionado desde la calenda en que se profirió la sentencia y hasta «el cumplimiento de la edad, conforme a la expectativa de vida probable del trabador».

2. Daños morales. 2.1 Daño a la vida en relación.

Entendido como «el […] que afecta la aptitud y disposición a disfrutar de la dimensión de la vida en cualquiera de sus escenarios sociales»; anotó que se extendía a los familiares y que no era cuantificable mediante fórmulas matemáticas, aunque si requería su comprobación carga que no había cumplido la demandante. 2.2 Perjuicios morales. 2.2.1 Objetivados, «resultantes de las repercusiones económicas de las angustias o trastornos síquicos que se sufren a consecuencia de un hecho dañoso». 2.2.2 Subjetivados, «los que exclusivamente lesionan aspectos sentimentales, afectivos, y emocionales que originan angustias, dolores internos, síquicos». Refirió que la hija menor de edad del trabajador

fallecido al momento de su deceso tenía dos años, es decir que:

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Radicación n.° 92247 […] no tenía noción de la existencia de la figura paterna, ni uso de razón para experimentar la falta de él; si es necesario tener en cuenta que la presencia física y mental de un padre que acompaña a su hija en cada etapa de su vida como sus primeros pasos, el inicio de su etapa escolar, la asistencia a eventos familiares y sociales, festividades tradicionales, paseos y demás actividades propias de su quehacer infantil y juvenil, es de gran importancia en la estructuración de su personalidad. Con lo cual, en criterio de esta Corporación, la carencia de John Alexander en la vida de la niña Dulce María Bernal Quintero sí debe compensarse […]. ii. De la responsabilidad solidaria. Acudió al canon 34 del CST, así como a los objetos sociales de Senco Colombiana S. A y Soluciones Integrales AAA coligiendo que, no existía concordancia entre uno y otro, motivo por el cual no había lugar a declarar la solidaridad entre tales compañías. iii. Del llamado garantía. Explicó que como la contratante de la obra había sido exonerada de ser solidariamente responsable igual decisión se impartía frente a Seguros Generales Suramericana S. A. Finalmente, dijo: […] se concluye que el examen probatorio realizado en primera instancia fue incompleto, en la medida que solo examinó la imprudencia del trabajador, sin ir más allá y advertir que si bien esa conclusión es acertada, es parcial, puesto que, al examinar la conducta del empleador, encontramos que fue

negligente al no realizar de manera eficaz la supervisión del desarrollo de las labores, amén de no haber adecuado el lugar de trabajo con las medidas de seguridad debidas como quedó explicado (f.°42-89 SegundaInstancia_ApelaciónSentencia_Constanciasecretarial_2 023011007820).

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Radicación n.° 92247

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Soluciones Industriales AAA SAS, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se confirme la del juez singular (f.°12 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital).

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica excepto por Senco Colombiana SAS, los que se proceden a estudiar a continuación.

VI. CARGO PRIMERO Acusa a la decisión del juez plural de violar la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los «los artículos 63, 56, 57 y 348 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 3° numerales 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 11 y 12 y los artículos 22 y 23 de la Resolución 1409 de 2012, lo que condujo a la infracción del artículo 216 del

Código Sustantivo del Trabajo».

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Radicación n.° 92247 Esgrime que, la transgresión denunciada se debió a

que el fallador incurrió en los siguientes yerros fácticos:

1. Dar por establecido sin estarlo que hubo culpa plena de la sociedad Soluciones Industriales AAA SAS, en la ocurrencia del accidente de trabajo en el cual perdió la vida el señor John

Alexander Bernal Arenas.

2. No dar por demostrado estándolo que el empleador Soluciones Industriales AAA SAS., actuó con plena diligencia y cuidado en la labor encomendada y que el accidente en el cual perdió la vida el señor John Alexander Bernal Arenas tiene como causa eficiente y exclusiva, la conducta imprudente y descuidada de la propia víctima.

Los que se cometieron por la equivocada apreciación de: -La matriz de riesgos y peligros (Folios 231 a 255). - El manual de trabajo en alturas (Folio 285 a 301). - Procedimiento para trabajo en alturas y control de caídas (Folios 331 a 356). - La lista de chequeo (Folio 142). - Manual de capacitación y matriz de riesgo. - La certificación de aprobación del curso de trabajo en alturas nivel avanzado del señor Jonn Alexander Bernal Arenas (Folios 143). - La investigación de accidentes e incidentes de trabajo realizado por Marta Isabel Pérez Giraldo para Soluciones Industriales AAA SAS (Folio 149 a 152). Y, por la ausencia de estimación de: -Historia Clínica Ocupacional (Folios 358 a 360). -Cuenta de cobro (Folio 162). -Certificaciones de afiliación al Sistema de Seguridad Social integral (Folios 163 a 165).

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Radicación n.° 92247 - Comunicación reconocimiento de la pensión de Sobrevivientes a cargo de la ARL Positiva (Folios 147 a 148). - Auto de Archivo de Averiguación preliminar Ministerio del Trabajo (Folios 368 a 369). - Cotización 644 (Folio 461). - Plan para la prevención de desastres y emergencias (Folio 189 a 230). - Manual para riesgo público y de tránsito (Folios 301 a 307). - Manual para el trabajo en caliente (Folios 308 a 318). - Manual para el trabajo en espacios confinados (Folios 319 a 329). Para desarrollar el embate expresa que, el Tribunal se equivocó frente a:

1. La matriz de riesgos y el plan de manejo de alturas exigió un «desarrollo exhaustivo de las medidas de prevención» a pesar de el numeral 1º del artículo 22 de la Resolución n.°1409 de 2002 no lo dispone y que, además, aquella tenía «contemplados los diferentes riesgos evaluados en la empresa y entre ellos se contempla el trabajo en alturas para la instalación de estructuras».

2. El plan de manejo de alturas, en primer lugar, porque en el expediente no existe documento alguno así denominado; por lo resalta que debe corresponder al «manual de procedimiento para trabajo en alturas y control de caídas» (f.°331 a 356) y señala que, la obligación de contar con aquel se encuentra regulada en el canon 8º del Acto Administrativo n.°1409 de 2012 y no, en el numeral 1º del precepto 22 ibidem como lo señaló el sentenciador, que

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Radicación n.° 92247 la disposición inicialmente mencionada «nada se dice en torno al contenido de este manual» razón por la cual afirma que «carece de soporte normativo la exigencia que hace el fallador» puesto que lo que pretende «el juez colegiado [es]crear pautas para la elaboración de este manual no contempladas en la legislación vigente» pero que, además en el numeral 3.31 de la aludida documental se estableció el «concepto de medida pasivas de protección», así «Están diseñadas para capturar o detener al trabajador en el trayecto de su caída al vacío, sin permitirle impactos contra estructuras o elementos, requiere poca o nula intervención del trabajador que realiza el trabajo» razón por la que asegura que «[…] es evidente que el referido manual sí se incluyó lo indicado en el numeral 1° del artículo 22 de la Resolución n.°1409 de 2012». En igual sentido resalta que según el inciso 2º del artículo 8º ib: […] el procedimiento para el trabajo seguro en altura es un documento dirigido al trabajador, de ahí que no solo le debe ser comunicado, sino que deber contener un lenguaje sencillo que facilite su comprensión, pues es él quien debe ponerlo en práctica. En cambio, las medidas de prevención pasivas requieren un mínima o nula intervención del trabajador, por lo que no tienen la misma relevancia para el trabajador que las medidas de protección personal, ampliamente desarrolladas en el manual. En razón a lo previo, refiere que se evidencia el yerro en la apreciación que hizo del Tribunal de los aludidos elementos de convicción, pero que, más importante aún es

«el hecho de que las carencias de carácter documental que se le achacan al empleador no tuvieron relación causal con el

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Radicación n.° 92247 accidente, pues el hecho ocurrió debido al no uso por parte del trabajador de los elementos y medidas de seguridad implementadas por la empresa».

3. La certificación obrante a folio 145, deja constancia que los días 28, 29, 30 de junio y 1° de julio de 2013, el señor John Alexander Bernal Arenas, cursó y aprobó el curso de «Trabajo Seguro en alturas. Nivel avanzado» de donde reluce que el juzgador se equivocó cuando señaló que incumplió con las obligaciones previstas en los numerales 8º y 9º de canon 3º de la Resolución n.°1409 de 2012, luego como lo ordenan esas disposiciones existe prueba que le suministró «capacitación al trabajador sobre el manejo de herramientas y trabajo en equipo» sin que fuera dable que se le exigiera haberlo reentrenado porque cuando ocurrió el accidente no había transcurrido un año, vencido el cual es cuando surge para el empleador tal obligación.

Resalta que, de esas preceptiva