CSJ - SL2979-2023

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrados ponentes SL2979-2023 Radicación n.° 93747 Acta 31 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide los recursos de anulación que el

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL

SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR, LA COMPENSACIÓN Y LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRALSINALTRACOMFASALUDy la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR –COLSUBSIDIOinterpusieron contra el laudo arbitral de 11 de marzo de 2022, aclarado, complementado y corregido el 28 y 31 de marzo siguiente, con ocasión del conflicto colectivo que se suscitó entre los recurrentes.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 93747 Previa denuncia de la Convención Colectiva de Trabajo 2018–2021 que SINALTRACOMFASALUD presentó el 16 de febrero de 2021, esta formuló pliego de peticiones a Colsubsidio (Documentos allegados por la empresa, respuesta solicitud pruebas, pliego de peticiones, Documentos Tribunal), lo que dio origen al proceso de negociación colectiva. Finalizada la etapa de arreglo directo sin que las partes llegaran a un acuerdo total, se constituyó e integró Tribunal de arbitramento obligatorio (Resolución n.º 2549 de 22 de septiembre de 2021, archivo A, Documentos Tribunal), que se instaló el 4 de octubre de 2021 (archivo B) y, una vez las partes

autorizaron prorrogar el término legal, el 11 de marzo de 2022 se profirió laudo (archivo F), que previo sendas solicitudes que ambas partes presentaron, fue aclarado y complementado el 28 del mismo mes y posteriormente corregido el 31 de marzo siguiente (archivo F, respuesta solicitudes de aclaración y recurso de anulación, archivos a y b). Las partes presentaron recurso de anulación, que el Tribunal concedió y la Corte avocó su conocimiento. Al correr el traslado de ley, ambos presentaron réplica. Por metodología, la Sala resolverá de forma conjunta los recursos de anulación.

II. RECURSOS DE ANULACIÓN Como cuestiones previas, Colsubsidio inicialmente solicita una audiencia con la Corte «para explicar de forma directa, ya sea de forma presencial o virtual, lo grave que

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Radicación n.° 93747 resulta para la Caja y en general para el Subsidio Familiar, los beneficios concedidos (...)», y se cite a cinco testigos que menciona. Posteriormente, pretende que la Corte «estudie, analice, modifique y decida sobre los artículos» 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 29 del laudo arbitral, para lo cual plantea 16 subtítulos, de los cuales excluyó el subtítulo noveno al recurrir las decisiones que complementaron el laudo arbitral. Al respecto, cabe destacar que únicamente al sustentar

los subtítulos 10 y 11 del recurso, Colsubsidio especifica que solicita la anulación de cláusulas del laudo arbitral -artículos 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 29 del laudo arbitral-. Por tanto, la Sala tendrá como argumentos genéricos del recurso los presentados en los subtítulos 1 a 8 y 12 a 16, y como acusación concreta a los artículos del laudo los subtítulos 10 y 11 del recurso de anulación. Por su parte, SINALTRACOMFASALUD en su recurso solicita la «anulación» y «devolución» de los artículos 6.º parágrafos 1 y 2, 33 y 34 del pliego de peticiones, así como de los artículos 9, 10, 29 y 30 del laudo arbitral; y la anulación parcial de los artículos 14, 15 parágrafo, 16 parágrafo 5, 17 parágrafo y la expresión «superior a 10 horas», 18 parágrafos 1 y 2, 20 parágrafo 4, 21 parágrafo 2, 22

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Radicación n.° 93747 parágrafo 5, 23 parágrafo 2, 25 parágrafo 2, 26 parágrafo 2 y 27 parágrafo 2. Para resolver estos planteamientos, la Sala (1) hará unas consideraciones preliminares y (2) se pronunciará

sobre las cuestiones previas y argumentos genéricos planteados por Colsubsidio, para luego abordar los cuestionamientos concretos al laudo que presentan los recurrentes, así: (3) Cláusulas del laudo arbitral respecto de las cuales Colsubsidio solicita anulación total y SINALTRACOMFASALUD anulación parcial: artículos 4permiso por muerte de familiares, 5 -permiso por matrimonio-, 6permiso para asistir a EPS, ARL-, 11 -carteleras-, 12 -incremento salario-, 14 -auxilio para anteojos y cambio de lentes-, 15 -auxilio por muerte de familiares-, 16 -auxilios educativos-, 17 -auxilio de alimentación-, 18 -bonificación de retiro por pensión-, 20 parágrafo 4 -prima de antigüedad-, 21 -primas semestrales adicionales-, 22prima de vacaciones-, 23 -prima por nacimiento, adopción plena o aborto de un hijo del trabajador-, 24 -seguro de deudores, incapacidad total o permanente-, 25 -beneficios en salud-, 26 -fondo rotatorio para vivienday 27 -fondo educativo para trabajadores-. (4) Cláusulas del laudo respecto de las cuales ambas partes solicitan su anulación total: 9 -procedimiento disciplinario-, 10 -edicióny 29 -beneficios percibidos por multiafiliación.

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Radicación n.° 93747 (5) Por último, se estudiarán las cláusulas del laudo que únicamente cuestiona el sindicato recurrente y no la

empresa (artículos 30 a 32 del laudo arbitral). Esto se abordará así: (5.1) puntos del pliego de peticiones que el Tribunal consideró que no tenía competencia: artículo 33 -bienestar socialy 34 -día de la familiadel pliego de peticiones; (5.2) petición del pliego que el Tribunal negó en equidad: artículo 6 parágrafos 1 y 2 -gastos de papeleríadel pliego, y (5.3) la cláusula restante del laudo -artículo 30 vigencia. Para el efecto, se seguirá el siguiente orden de exposición: (i) lo solicitado en el pliego de peticiones, (ii) lo decidido por el Tribunal, (iii) los argumentos que soportan la solicitud de los recurrentes y (iv) sus réplicas, y (v) las consideraciones de la Corte. (1) CONSIDERACIONES PRELIMINARES Conforme a los artículos 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 458 del Código Sustantivo del Trabajo, el recurso de anulación que se interponga ante esta Corte tiene el fin de verificar la regularidad del laudo, esto es, si el Tribunal extralimitó el objeto para el que fue convocado o afectó los derechos fundamentales o facultades que les asisten a los interlocutores sociales. En esa dirección, esta Sala ha afirmado que al resolver un recurso extraordinario de anulación solo puede adoptar algunas de estas resoluciones: (i) anular, (ii) no anular, (iii) devolver el expediente a los árbitros, o (iv) excepcionalmente

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Radicación n.° 93747 modular la decisión arbitral (CSJ SL8157-2016, CSJ SL34912019 y CSJ SL5506-2021). La devolución solo es procedente cuando se verifica que los árbitros de forma explícita o implícita se abstuvieron de resolver de fondo una petición del pliego a pesar de ser competentes. En consecuencia, si emitieron una decisión de mérito respecto a un punto del pliego, bien sea negándolo o concediéndolo, total o parcialmente, no es admisible solicitar su anulación con el objetivo de devolver el expediente al Tribunal para que emita un nuevo pronunciamiento y menos aún pretender que esta Corte tome una decisión de reemplazo, pues ello sería tanto como usurpar las competencias asignadas a los árbitros (CSJ SL3491-2019, CSJ

SL3116-2020 y CSJ SL5117-2020).

En ese mismo sentido, cuando la Corte anula una disposición del laudo, bien sea porque el Tribunal extralimitó su competencia o desconoció las facultades o derechos fundamentales que le asisten a las partes, hasta ese punto se extingue su competencia, sin que pueda adelantar gestiones posteriores. Además, es importante tener presente que la negativa de un punto del pliego debe estar fundada mínimamente en razones de equidad, de modo que si lo que en realidad hicieron los árbitros fue abstenerse de resolver, implícitamente se entenderá que consideraron su falta de competencia. Esto implica que un punto aparentemente negado, pero que en realidad no fue decidido en equidad bajo

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Radicación n.° 93747 un argumento de no competencia, pueda ser susceptible de devolución, siempre que el recurrente cumpla la carga argumentativa que exige el recurso extraordinario de anulación, pues recuérdese que su carácter excepcional y rogado demanda una exposición de argumentos convincentes y pertinentes que rebatan la decisión arbitral, y la Corte debe ceñirse a ellos. Con base en estas consideraciones, procede la Sala a resolver las cuestiones previas y argumentos genéricos que plantea Colsubsidio, para luego abordar los cuestionamientos que ambos recurrentes realizan al laudo arbitral. (2) CUESTIONES PREVIAS Y ARGUMENTOS GENÉRICOS DEL RECURSO 2.1. Argumentos del recurrente Colsubsidio Como se indicó, el recurrente solicita una audiencia con la Corte «para explicar de forma directa, ya sea de forma presencial o virtual, lo grave que resulta para la Caja y en general para el Subsidio Familiar, los beneficios concedidos (...)», y se cite a cinco testigos que menciona. Así mismo, sin concretar su petición -anular o modular alguna cláusula del laudo arbitral-, en los subtítulos 1 a 6, 8, 12, 13 y 14 de su recurso de anulación plantea los siguientes argumentos genéricos:

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Radicación n.° 93747 Explica su naturaleza jurídica y objetivos legales, así como la destinación específica de sus recursos que financian el sistema de protección social conforme a la Ley 21 de 1982, los cuales provienen principalmente de los aportes de nómina de los empleadores afiliados, de los cuales

legalmente solo el 8% puede ser destinado a gastos de administración, instalación y funcionamiento de las cajas. Al respecto, destaca que la Superintendencia de Subsidio Familiar en la Circular 23 de 2003 señaló que no podía excederse bajo ninguna circunstancia del valor asignado, y que «todas las actuaciones de las Corporaciones y en especial las obligaciones que se deriven de las convenciones colectivas deberán ajustarse a dichos valores», esto, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 633 de 2000, sobre el manejo financiero en los servicios de salud y mercadeo social en aras de buscar su autosostenibilidad. En línea con lo anterior, aclara que dichos recursos son «parafiscales atípicos» que están sujetos a los principios de reserva de ley en materia tributaria y destinación sectorial, conforme lo indicaron las sentencias CC-575-1992, C-1831997 y C-473-2019, lo que ratifica que no puedan destinarse a finalidades distintas a las previstas en la ley ni generar una contraprestación individual para sus destinatarios. Y agrega que por no tener ánimo de lucro, no percibe utilidades ni remanentes, pues quedan en reserva para atender dicha destinación específica, de ahí que cada movimiento financiero lo vigilen «las diferentes superintendencias».

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Radicación n.° 93747 Por tanto, cuestiona «las cuantiosas sumas que sin causa alguna» otorgó el laudo, pues su capacidad económica es limitada. Por otra parte, cuestiona que los beneficios otorgados no están en la convención colectiva de trabajo celebrada

entre Colsubsidio y Sinaltracomfasalud, ni en el pacto colectivo vigente. Afirma que lo anterior viola el principio de igualdad, en tanto esos acuerdos deben ser iguales o guardar correspondencia y equidad, de modo que «de ninguna manera» puede reconocer beneficios que «superan sustancialmente los (...) reconocidos en la convención» o pacto vigente, además porque estos se ajustan a la realidad económica y financiera de la entidad, máxime que el último se expidió con la intervención de una comisión designada por los trabajadores no sindicalizados. En apoyo menciona apartes de las sentencias CC C-221-1991, CC SU-342-1995 y CC C-1491-2000, y CSJ «SL-53118 de 2012». En relación con lo anterior, destaca que hace dos décadas en Colsubsidio existe un pacto colectivo de trabajo, con 14.335 trabajadores adheridos a marzo de 2022, de los 16.845 empleados que tiene a esa misma fecha, por lo que corresponden a una «inmensa mayoría» en comparación con los que pertenecen a los sindicatos «SINALTRACOMFASALUD,

SABOC y SINALTRACAMACOM».

Posteriormente, refiere fechas de creación de los sindicatos, instrumentos extralegales celebrados, afiliados y multiafiliados de dichas organizaciones, así como las

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Radicación n.° 93747 personas que participaron en las comisiones negociadoras, para argumentar que si bien el Sindicato Unión de Trabajadores de las Cajas de Compensación Familiar -UTCFtambién hace presencia en la entidad desde el 2019, lo cierto

es que fue creado con trabajadores afiliados a SINALTRACOMFASALUD, lo que ocasiona que de los 229 trabajadores que están multiafiliados en ambas organizaciones, solo 18 tengan «afiliación única» en UTCF -de 247 afiliados a este sindicatoy 161 en SINALTRACOMFASALUD -de 391 afiliados. Por tanto, salvo los 18 afiliados únicos a UTCF, los demás están con SINALTRACOMFASALUD y han gozado de los beneficios convencionales. Considera que lo anterior es un abuso del derecho, figura que define en los términos de los artículos 95 de la Constitución Política y 830 del Código de Comercio, así como de las sentencias CC T-1166-2004, CC T-1317-2005, CC T215-2006, CC SU631-2017, CSJ STL519-2015, CSJ STL12382-2015, CSJ STL6230-2017, CSJ STL7943-2017, CSJ STL11552-2019 y de las Resoluciones 1286 de 2005, 4320 de 2005 y 4319 de 2006 del Ministerio del Trabajo. Aduce que en el contexto sindical esto se ha denominado «carrusel sindical», asociado a la constitución sucesiva de sindicatos en los que los miembros se organizan con finalidades distintas a las que deben cumplir, como conservar el empleo con la creación de fueros, por ejemplo sindicales o el circunstancial por presentación de pliegos sin límite o regulación legal, lo cual afirma que se intensificó tras las sentencias CC C-567 y C-797-2000.

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Radicación n.° 93747 Expone que los multiafiliados ya «tenían beneficios generosos» desde el 2018 y los miembros de la comisión negociadora del pliego que originó este conflicto «en su mayoría» son los mismos que integraron la que negoció el pliego de UTCF, incluido su asesor externo, de ahí que sean «conflictos colectivos abiertos, de forma paralela», que buscan «cada una lograr beneficios adicionales que desestabilicen económicamente a la Corporación haciéndola inviable» y evitar que el empleador ejerza su facultad de despedir sin justa causa. Y menciona que intentó ante el Ministerio del Trabajo integrar las dos negociaciones, conforme al Decreto 017 de 2016, sin resultado favorable, lo que generará dos laudos arbitrales con diferencias de beneficios. Agrega que el derecho de asociación es limitado y no debe ampararse en contraposición de quienes deciden no agremiarse, ni permitir diferencias, desigualdades o inequidades entre afiliados a sindicatos minoritarios o mayoritarios, o entre sindicalizados y no sindicalizados. Por otra parte, señala que la pandemia del Covid-19 la llevó a una «enorme crisis», pues la obligó a «frenar sus actividades en varias ubicaciones por periodos de seis a nueve meses durante el año 2020», lo que ha impactado negativamente el desempeño financiero y liquidez en los últimos dos años. Esto lo explica tomando como referente los remanentes esperados al cierre de 2021, pues reflejan los

recursos disponibles de cada programa (ingresos, costos y gastos asociados), «que son reinvertidos anualmente para financiar inversiones futuras requeridas». Así, realizó las

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Radicación n.° 93747 proyecciones del costo del pliego en la planta de personal y únicamente para los sindicalizados, así: Asevera que aún «existe una gran incertidumbre» sobre las afectaciones «que rodea el desarrollo futuro del brote», por lo que creó un modelo que describe «el impacto potencial estimado de las restricciones y regulaciones de COVID-19 y las respuestas propuestas por la administración e incluye los beneficios de las acciones ya tomadas por la administración para mitigar los impactos», tomando como base «la posición de liquidez de la Corporación a la fecha de autorización» de los estados financieros a 2020, sin que evidencie un panorama diferente para el 2021. Explica que la volatilidad de los precios en los mercados afectó los valores razonables de activos, que se miden en la fecha de presentación de la información financiera -2020. Destaca que durante el 2020 se reconocieron en el Estado de Resultados pérdidas en valoración de activos financieros por

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Radicación n.° 93747 «$43.874 millones», lo que implicó «soportar los gastos operacionales en el recurso obtenido por la venta de un lote que estaba ubicado en la Avenida Américas con calle 68, que está reportado como ingreso extraordinario». Refiere que por la pandemia tuvo que tomar decisiones de reacción inmediata para: (i) proteger el empleo, por lo cual

no canceló ningún contrato de trabajo por causa de la pandemia y garantizó estabilidad a más de 15.000 empleados; estableció trabajo en casa, trasladó los equipos necesarios, fortaleció y capacitó sobre habilidades en esta modalidad, activó el auxilio de conectividad de cerca de 2000 trabajadores y realizó reubicaciones temporales; y (ii) salvaguardar la salud y bienestar de los trabajadores y usuarios, por lo que activó 11 protocolos de bioseguridad en servicios esenciales que debían permanecer abiertos y cerró temporalmente los que eran fuente de propagación del virus, como los clubes, hoteles y el teatro; brindó acompañamiento a la salud física y mental, con aislamientos preventivos, campañas de autocuidado, generó canales de atención que garantizaron la accesibilidad de servicios a los diferentes grupos poblacionales. Entre otras acciones, destaca las de la IPS Colsubsidio en cuanto al número de atenciones y hospitalizaciones, así como los esfuerzos operativos, técnicos, tecnológicos y humanos de las áreas de medicamentos, supermercados, educación, vivienda y crédito, que permitieron crear las herramientas que garantizaron los suministros y atenciones exigidos por los usuarios, enfrentar los retrasos en las obras

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Radicación n.° 93747 y ofrecer productos financieros y subsidios para el mejoramiento de la calidad de vida, los cuales describió. En el anterior contexto, afirma que los artículos que cuestiona del laudo le generan «inestabilidad financiera», trasgreden la equidad laboral y la pone en riesgo de incumplir la ley por falta de recursos, dado que estos son «restringidos»

y «no sería posible que Colsubsidio otorgara esos mismos beneficios al otro 100% de trabajadores no sindicalizados», sumado a que los costos otorgados son extremadamente elevados y la ubican «en una difícil situación económica, más aún existiendo una pluralidad de acuerdos colectivos». Adicionalmente, en lo que denomina «Motivación insuficiente del laudo arbitral, carencia de razonabilidad y proporcionalidad de la decisión» -subtítulo 7 del recurso-, aduce que esta es «superficial», pues los árbitros no analizaron ampliamente el pliego a la luz de los beneficios existentes en la ley, convención y el pacto colectivo vigentes, y reconocieron beneficios sin atender la realidad fáctica, jurídica, económica, social y financiera de la entidad, su naturaleza especial ni la de sus recursos, de modo que desconoció la coordinación económica y equilibrio social de las relaciones laborales. En apoyo, menciona las sentencias CSJ SL86932014, CSJ SL10204-2016 y CSJ SL5093-2020. Reprocha que el laudo carece de parte considerativa, fundamento, cálculos, proyecciones matemáticas, sustentos financieros y simulaciones que determinen «de dónde provienen los derechos y valores reconocidos». Por tanto,

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Radicación n.° 93747 considera que la decisión no es razonable ni proporcional, pues no obedece a criterios objetivos, económicos y sociales. Y que si bien puede concederse lo requerido en el pliego, ello no puede ser una reproducción fiel, pues también pueden

modificar, variar montos o negar beneficios. En cuanto al subtítulo 15 -«Violación al derecho del debido proceso por desconocimiento de la totalidad de los salvamentos de voto por parte de Colsubsidio»-, aduce que se le violó esa garantía constitucional, dado que el laudo arbitral no se le notificó en su integridad y no se adjuntó el salvamento de voto enunciado al final del artículo 12incremento de salarios-, pese a ser parte integral del laudo. Afirma que esto viola su derecho a la contradicción y configura una indebida notificación. Por último, en el numeral 16 del recurso simplemente destaca que presentó aclaración y complementación del laudo arbitral y reitera la supuesta desigualdad que la concesión de beneficios genera entre sindicalizados y no sindicalizados. 2.2. Argumentos de la oposición El sindicato indica que la Corte no puede estudiar, analizar y modificar un artículo del laudo, porque ello sería inmiscuirse en la competencia de los árbitros, y que lo concedido no crea ninguna desigualdad o desequilibrio.

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Radicación n.° 93747 Asimismo, explica que Colsubsidio es la caja más grande del país de las 43 existentes, que no solo se dedica al subsidio familiar, pues cuenta con varias clínicas, centros médicos, colegios, ciudadelas, droguerías, más de 100 supermercados que, contrario a lo que sugiere la recurrente, «tuvieron más trabajo y más utilidades», y entre otros bienes y «grandes negocios» que destaca para indicar que la entidad

no solo se sostiene con el 4% del pago de nómina de las empresas. Pone de presente que solo 450 trabajadores de 14355 empleados de Colsubsidio son sindicalizados, de modo que los derechos reconocidos por el Tribunal no ponen en peligro las finanzas de la compañía. Destaca los fines de la negociación colectiva conforme lo expuesto en la sentencia CSJ SL1309-2022 y que es válido que los sindicalizados obtengan mejores beneficios que los que se adhieren a un pacto colectivo de trabajo, sin que esto trasgreda el derecho a la igualdad, dado que ello es una obligación legal. 2.3. Consideraciones de la Corte Como se explicó en las consideraciones preliminares, la competencia que se le asigna a la Corte está limitada a verificar si el Tribunal al laudar una determinada cláusula extralimitó o no el objeto para el que fue convocado o afectó los derechos fundamentales o facultades de las partes. De este modo, por regla general cuando el recurso de anulación

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Radicación n.° 93747 lo plantea la empleadora, la competencia de la Sala se sustrae a anular o excepcionalmente modular una cláusula en caso de que se acredite que incurrió en alguno de aquellos defectos que, por ende, la apartan del orden jurídico. En ese sentido, la Corte no está habilitada para resolver en equidad el conflicto colectivo que suscitan los interlocutores sociales, pues tal ejercicio le corresponde exclusivamente a los árbitros, únicos facultados para pronunciar una decisión de aquella naturaleza, la cual debe

consultar las condiciones particulares de cada caso, la realidad económica de las partes, el estado de las relaciones laborales, entre muchos otros factores (CSJ SL713-2021). Ha de anotarse que el recurso de anulación, por su carácter extraordinario, no puede verse como un mecanismo que permite renovar el campo probatorio o crear una nueva etapa en la que las partes puedan continuar alegando y defendiendo los criterios que a su juicio inciden en la definición equitativa del conflicto, a fin de que esta Corte lo decida nuevamente, pues se reitera, ello sería tanto como usurpar la competencia de los árbitros. Conforme lo anterior, es evidente que las solicitudes de audiencia ante la Corte y de decreto de la prueba testimonial que eleva el recurrente deben rechazarse de plano, dado que son abiertamente ajenas al recurso de anulación. Adicionalmente, y tal como lo pone de presente el sindicato opositor, no son admisibles las pretensiones del

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Radicación n.° 93747 recurso dirigidas a que la Corte «estudie, analice, modifique y decida sobre los artículos» 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 29 del laudo arbitral, pues se insiste, los árbitros son los únicos competentes para tomar decisiones en equidad. Adicionalmente, se advierte que en los numerales o subtítulos 1 a 8 y 12 a 16 del recurso de anulación,

Colsubsidio simplemente plantea argumentos genéricos que pretenden demostrar que en su conjunto dichos artículos del laudo arbitral afectan su sostenibilidad o estabilidad financiera; sin embargo, no especifican si su intención es anular o modular el laudo, lo cual no puede ser anticipado ni inferido de oficio por la Corte, tal y como se explicó. Por último, el recurrente tampoco le explica a la Sala cómo la falta de presentación de un salvamento de voto en el laudo arbitral puede ajustarse en una causal legal o constitucional de nulidad ni la norma que lo contempla, ni precisa la incidencia jurídica de haber solicitado aclaración y complementación contra la decisión arbitral. Por tanto, se rechaza lo solicitado.

(3) CLÁUSULAS DEL LAUDO ARBTIRAL RESPECTO

DE LAS CUALES COLSUBSIDIO SOLICITA

ANULACIÓN TOTAL Y SINALTRACOMFASALUD

ANULACIÓN PARCIAL

3.1. PERMISO MUERTE DE FAMILIARES (ARTÍCULO

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Radicación n.° 93747 4 DEL LAUDO) 3.1.1. Texto del pliego de peticiones

ARTÍCULO 10°. PERMISO EN CASO DE MUERTE DE

FAMILIARES.

COLSUBSIDIO: reconocerá permiso remunerado por ocho (8) días hábiles al trabajador beneficiario de la presente Convención Colectiva de Trabajo en los términos dispuestos en la Ley 1280 de 2009, contados de manera inmediata a partir de la fecha de fallecimiento del causante. El trabajador deberá presentar las

pruebas que se le exijan para justificar estos permisos Parágrafo: El trabajador intermitente tendrá derecho a este permiso, contado desde el día de la muerte de los familiares relacionados en la Ley, si fueran días laborables para dicho trabajador. 3.1.2. Decisión del Tribunal Consideró «aumentar un día más de permiso del ya establecido en el artículo 10 del pliego de peticiones (sic), conservando en todo lo demás del texto contenido de dicho artículo de la convención colectiva de trabajo vigente». Por tanto, dispuso: ARTÍCULO 4º.- PERMISO POR MUERTE DE FAMILIARES: COLSUBSIDIO reconocerá un permiso remunerado por muerte de familiares de siete (7) días hábiles, al trabajador beneficiario del presente Laudo Arbitral en los términos dispuestos en la Ley 1280 de 2009, contados de manera inmediata a partir de la fecha de fallecimiento del causante. El trabajador deberá presentar las pruebas que se le exijan para justificar estos permisos.

Parágrafo: El trabajador intermitente tendrá derecho a este permiso, contado desde el día de la muerte de los familiares relacionados en la Ley, si fueran días laborables para dicho trabajador. 3.2. PERMISOS POR MATRIMONIO (ARTÍCULO 5

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Radicación n.° 93747 DEL LAUDO) 3.2.1. Texto del pliego de peticiones ARTICULO 11°. PERMISOS POR MATRIMONIO: COLSUBSIDIO reconocerá por una única vez a los beneficiarios

de la presente Convención Colectiva de Trabajo, un permiso remunerado y por motivo de matrimonio hasta por ocho (8) días hábiles, siempre que este sea solicitado oportunamente por el trabajador, previa y debidamente autorizado por la Corporación. Parágrafo 1°: Al personal intermitente se le reconocerá un permiso remunerado por este motivo, equivalente a un fin de semana. 3.2.2. Decisión del Tribunal Consideró que se apartaría de lo solicitado en el pliego y concedería un día de permiso más del ya establecido en el artículo 6.º de la convención de 2018, conservando lo demás. Por tanto, dispuso: ARTÍCULO 5º.- PERMISOS POR MATRIMONIO: COLSUBSIDIO reconocerá por una única vez a los beneficiarios del presente Laudo Arbitral, un permiso remunerado y por motivo de matrimonio que no podrá exceder de SEIS (6) días hábiles, siempre que este sea solicitado con una antelación de 30 días por el trabajador, previa y debidamente autorizado por la Corporación. Parágrafo 1°: Al personal intermitente se le reconocerá un permiso remunerado por este motivo, equivalente a un fin de semana.

3.3. PERMISOS PARA ASISTIR A EPS, ARL

(ARTÍCULO 6 DEL LAUDO) 3.3.1. Texto del pliego de peticiones

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Radicación n.° 93747 ARTICULO 32°. PERMISOS PARA ASISTIR A EPS, ARL Y PAGO DE INCAPACIDADES: La EMPRESA concederá permiso remunerado a todos y cada uno de sus TRABAJADORES para

obtener y cumplir citas médicas y odontológicas y someterse a tratamientos en la EPS y/o ARL, siendo obligatoria la comprobación del tiempo utilizado y sin obligación de reponer tiempo. Durante los primeros 180 días de incapacidad de origen común que sea debidamente expedida por la EPS a la cual se encuentre afiliado el TRABAJADOR la EMPRESA reconocerá y pagará a este la diferencia entre el 100% de su salario reportado en el mes anterior a la fecha de expedición de la correspondiente incapacidad y lo que efectivamente reconozca la EPS. La EMPRESA pagará todas las incapacidades expedidas a sus TRABAJADORES, en su totalidad, previo endoso de ellas. 3.3.2. Decisión del Tribunal El Tribunal concedió el permiso solicitado, sin embargo, dispuso que «se abstiene de conceder o imponer esa carga a la empresa», o bien que «no es competente» para resolver sobre el pago de la diferencia por incapacidades de origen común, pues la modificación de esa obligación legal de la seguridad social le corresponde a las partes. En apoyo mencionó la sentencia CSJ SL4039-2017. Por tanto, dispuso: ARTÍCULO 6º.- PERMISOS PARA ASISTIR A EPS, ARL: La CAJA concederá permiso remunerado a todos y cada uno de sus TRABAJADORES para obtener y cumplir citas médicas y odontológicas y someterse a tratamientos en la EPS y/o ARL, siendo obligatoria la comprobación del tiempo utilizado y sin obligación de reponer tiempo. Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo establecido en los artículos 33 al 35 del Reglamento Interno de Trabajo.

3.4. CARTELERAS (ARTÍCULO 11 DEL LAUDO)

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Radicación n.° 93747 3.4.1. Texto del pliego de peticiones ARTÍCULO 28°. CARTE