CSJ - SL392-2024

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL392-2024 Radicación n.° 92569 Acta 06 Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte los recursos de casación interpuestos

por ALFREDO ABELLO CEPEDA, ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESPELECTRICARIBE S.A. ESP EN LIQUIDACION y FIDUPREVISORA S.A., en calidad de

vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL

DE PASIVO PENSIONAL Y PRESTACIONAL DE LA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP EN LIQUIDACIÓN - FONECA, contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el impugnante persona natural contra la sociedad recurrente, actuación en la cual se hizo parte la Fiduprevisora S.A. en virtud de lo ordenado en la providencia proferida por esta Sala de la Corte el 4 de mayo de 2022.

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 92569

I. ANTECEDENTES El señor Alfredo Abello Cepeda llamó a juicio a la Electrificadora del Caribe S.A. ESP - Electricaribe S.A. ESP. hoy en liquidación, como sustituta de la Electrificadora de la Costa Atlántica -Electrocosta S.A. ESP-, en razón de la unidad de empresa que existió «entre el 16 de agosto de 1998 y el 31 de diciembre de 2007», a fin de que se

declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido que se ejecutó entre el 20 de julio de 1980 y el 5 de abril de 2013, fecha en que terminó sin justa causa. En subsidio de lo anterior, solicito se declarara que trabajó para la demandada por un tiempo discontinuo de 27 años, 6 meses y 22 días. Adicionalmente, pidió que se condenara a la demandada a reintegrarlo al cargo de «analista compensación y beneficios» o a otro de igual o superior categoría, y al pago de salarios, vacaciones y aportes a la seguridad social, para lo cual se debía tener en cuenta el salario integral que no podía ser inferior a $11.632.604 o en la cuantía que se pruebe, junto con los incrementos legales y convencionales. Subsidiariamente al reintegro, reclamó:

1. La cancelación de $616.661.006, o lo que corresponda al mayor valor por reajuste de la indemnización por despido sin justa causa, teniendo en cuenta todo el

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 92569 tiempo servido y la tabla de indemnización contenida en el artículo 6 de la convención colectiva de trabajo suscrita en 1983, monto que debería ser debidamente indexado.

2. El reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en el artículo 12 de la convención colectiva de trabajo suscrita en 1985 y en el artículo 51 de la CCT celebrada el 18 de septiembre de 2003, prestación que debería ser cancelada a partir del 6 de abril de 2013, cuya cuantía no puede ser inferior al 75% del salario

del último año causado, ni menor a la suma de $8.186.553. 2.1. «En subsidio de la petición inmediatamente anterior», y con fundamento en el art. 476 del CST solicitó que se condene a la demandada a indemnizar al actor por los daños y perjuicios morales y materiales causados por el incumplimiento de lo pactado en materia pensional, es decir, a las mesadas de jubilación que dejó de percibir desde el despido hasta cuando se le reconozca la pensión de vejez, así como la diferencia que hubiera entre las dos prestaciones. 2.2. Como petición subsidiaria de la pensión convencional, deprecó se condene a la accionada a «EXONERAR al actor de la prestación de servicio personal por un término fijo desde el despido

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 92569 hasta cuando COLPENSIONES o la entidad de seguridad social en pensiones […] le reconozca la pensión de vejez». Igualmente, requirió que la accionada fuera condenada a pagarle el reajuste del salario integral desde el 26 de diciembre de 2005 hasta el 5 de abril de 2013, teniendo en cuenta el factor prestacional existente en la enjuiciada, lo cual arrojaba una suma total de $289.109.196, o el mayor valor que se pruebe en el litigio, cantidad que igualmente deberá ser indexada. También reclamó la cancelación de los auxilios de energía, educación, bonificaciones extralegales, aportes a salud a cargo de la empresa, alimentación y transporte causados desde 26 de diciembre de 2005.

Del mismo modo, deprecó el pago de los aportes que la Electrificadora del Atlántico S.A. dejó de realizar en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 1997 al 15 de agosto de 1998, con destino a Colpensiones, más la sanción moratoria prevista en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, así como «las cotizaciones a la seguridad social en pensiones correspondientes a la diferencia dejada de pagar» entre el salario mínimo integral de Electricaribe y el salario mínimo legal integral que recibía y que comprendía el lapso que va desde el 26 de diciembre de 2005 hasta el 5 de abril de 2013, con la correspondiente sanción moratoria; de igual forma, pidió la devolución de los valores descontados por concepto de aportes a salud del 1 de enero de 1999 al 5 de abril de 2013, en cuantía no inferior de $25.222.089, debidamente indexada.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 92569 Por último, reclamó el pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, más lo que se encuentre probado extra o ultra petita y las costas del proceso. En respaldo de sus pretensiones, en síntesis, sostuvo que celebró un contrato de trabajo con la Electrificadora del Atlántico a partir del 20 de julio de 1980; que desde el 16 de agosto de 1998 Electricaribe S.A. sustituyó como empleador a la primera electrificadora, lo que significa que no hubo solución de continuidad; que para la fecha efectiva de dicha sustitución desempeñaba el cargo de jefe de

unidad administrativa con funciones de «Jefe de la Unidad de Nómina y Salarios», mismo puesto de trabajo que pasó a desempeñar en Electricaribe S.A. Expuso que se acogió al plan de retiro voluntario propuesto por la accionada y que celebró conciliación con la Electrificadora del Caribe S.A el 18 de diciembre de 1998, en la que se acordó la terminación del contrato de trabajo que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de igual año; y que se le canceló la indemnización por despido sin justa causa, junto con el pago de prestaciones sociales. Arguyó que la convocada a juicio le solicitó que continuara prestando sus servicios personales en el mismo cargo que venía desempeñando con anterioridad a la celebración de la conciliación, lo que efectivamente hizo a partir del 1 de enero de 1999, hasta el 25 de diciembre de

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 92569 2005, pero a través de diversas empresas de servicios temporales y cooperativas de trabajo asociado, como «SESPEM LTDA.», «A TIEMPO LTDA.», «SERVICIOS

EMPRESARIALES», la «COOPERATIVA DE TRABAJO

ASOCIADO DE COLOMBIA AMIGA» y la «COOPERATIVA DE

TRABAJO ASOCIADO DE VANGUARDIA».

Explicó que la tercerización señalada anteriormente se produjo mediante contratos comerciales celebrados entre la demandada y las mencionadas empresas de empleo temporal y cooperativas, sin contar con su participación. Puso de presente que el 26 de diciembre de 2005 lo vinculó directamente mediante contrato de trabajo a término

indefinido, para desempeñar el cargo de «Analista Pensiones Grupo II Banda 4», para ser desempeñado en Barranquilla, estableciendo como salario mensual la cuantía $4.959.500, correspondiendo al mínimo integral. Destacó que el factor prestacional utilizado por la demandada para calcular el salario mínimo integral legal era del 30%, siendo, que ese factor prestacional de la empresa calculado para el año 2001 ascendía a 97,33%, que servía para determinar la cuantía del salario mínimo integral de Electricaribe desde 1999 a 2013, por lo tanto, la demandada entre el 26 de diciembre de 2005 y el 5 de abril de 2013, dejó de cancelarle la suma de $289.109.196 por concepto de diferencias en el salario integral. Narró que el salario integral percibido al momento de la terminación del contrato de trabajó ascendió a la suma

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 92569 de $11.632.604; que las vacaciones entre el 26 de diciembre de 2005 y el 5 de abril de 2013 fueron liquidadas con los salarios mínimos legales integrales y no con los salarios mínimos integrales de la demandada, lo mismo ocurrió con las cotizaciones a los riesgos de invalidez, vejez y muerte, que en dicho periodo no se realizaron con los salarios mínimos integrales de Electricaribe S.A. Adujo que las funciones de analista compensación y beneficios que desempeñaba para el 5 de abril de 2013 en la demandada, fueron iguales a las que desarrolló cuando estuvo vinculado a las empresas temporales o las cooperativas de trabajo asociado.

Manifestó que nació el 25 de agosto de 1958; que es beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo pactadas con el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, conforme se consignó en la CCT de 1987; que, no obstante consagraba que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud eran asumidas en su totalidad por la empresa, el promotor del litigio asumió las cuotas correspondientes desde el periodo comprendido del 1 de enero de 1999 al 5 de abril de 2013. Esgrimió que, desde el 1 de enero de 1987, fue beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo pactadas por el sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, e hizo énfasis en algunas cláusulas de las convenciones de 1983, 1985, 1987, 1989 y 2003, expresando que ni los acuerdos extralegales, ni las

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 92569 convenciones, ni los laudos arbitrales no tenían cláusula de exclusión de ninguno de los trabajadores de la empresa y que el demandante nunca renuncio a los beneficios convencionales. Expresó que el 25 de agosto de 2006 cumplió los 48 años de edad, y de contarse el tiempo de servicio continuo del 20 de julio de 1980 al 25 de agosto de 2006, se tenía que en esta última fecha cumplió más de los 70 puntos exigidos por la convención colectiva de trabajo de 1985 para obtener la pensión; que, de todos modos, si no se

contabilizara el tiempo de servicio a través de las empresas de empleo y cooperativas, el 25 de febrero de 2007 reunió los 70 puntos entre el tiempo de servicio y edad que se requería en la CCT de 1985; y que con la presentación del reclamo del 3 de julio de 2013 interrumpió la prescripción extintiva. Electricaribe S.A. ESP. en liquidación, al dar respuesta a la demanda se opuso a todas las pretensiones formuladas en su contra. En cuanto a los hechos, aceptó los referidos a la celebración de la audiencia de conciliación, el salario integral con el cual fue contratado el actor a partir de 2005 y la finalización de la relación laboral en el año 2013, sobre los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban. Como razones y fundamentos de la defensa, puso de presente que el vínculo laboral inició en 1980, y finalizó en legal forma a través de un acta de conciliación que hizo tránsito a cosa juzgada; que desde ese momento y hasta el año 2005, su vinculación fue en razón a distintas e

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 92569 independientes relaciones jurídicas entre la demandada y el demandante, y precisó que el contrato de trabajo que unió a las partes se ejecutó entre diciembre de 2005 y el 5 de abril de 2013. Propuso como excepciones previas las que denominó: cosa juzgada, prescripción, la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios, «excepción previa subsidiaria prescripción de la acción de reintegro»; y de fondo

las de existencia de relaciones civiles respecto de las cuales cualquier reclamación prescribió e independencia de los vínculos existentes; inaplicabilidad de las convenciones colectivas referidas en la demanda al demandante; acuerdo válido de salario integral y ausencia de salario integral mínimo en Electricaribe S.A.; ausencia del derecho al reintegro; el demandante alega su propia culpa; pago y cobro de lo no debido; terminación del contrato de trabajo conforme a derecho; buena fe de la compañía e improcedencia de la indemnización moratoria; subrogación del derecho pensional; inexistencia de solidaridad laboral y de responsabilidad como empleador; indemnidad; el demandante con su conducta vulnera la denominada doctrina de los actos propios; mala fe del demandante; el accionante no prueba los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones; cosa juzgada; prescripción; y la genérica. En subsidio propuso la excepción de compensación.

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 92569 El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 31 de octubre de 2016, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el señor ALFREDO ABELLO CEPEDA y ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. hoy ELECTRICARIBE, existió un contrato a término indefinido desde el 20 de julio de 1980 hasta el 6 de abril de 2013, y que el mismo terminó sin justa causa.

SEGUNDO: DECLARAR que el señor ALFREDO ABELLO

CEPEDA no fue un trabajador de dirección y confianza y por tanto es beneficiario por extensión de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre ELECTRICARIBE S.A. y los sindicatos SINTRAENERGÍA Y SINTRAELECOL desde el año 1985 hasta el momento de su retiro, 05 de abril de 2013.

TERCERO: CONDENAR a la demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., a pagar al señor ALFREDO ABELLO CEPEDA, a título de reliquidación de indemnización por despido injusto con aplicación de la tasa de indemnización dispuesta en el literal e) del artículo 109 de la compilación de los convenios colectivos vigentes, debidamente actualizada en el acta final del acuerdo marco sectorial, correspondiente al cuarto pliego único nacional 1998-1999, ratificada en la actual convención COLECTIVA la suma de $327.270.750, suma que indexada a la fecha, arroja la suma de $383.060.230.

CUARTO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COMPENSACIÓN PROPUESTA POR ELECTRICARIBE, debiéndose del total de la liquidación de indemnización pagada por esta empresa que a su momento histórico fue la suma de $179.713.105, cifra que indexada a la fecha arroja la suma de $417.280.620 el valor de la indemnización adeudado que lo fue la suma (327.270.750) que debidamente indexada, se obtiene un valor de $383.060.230,38, que establece una DIFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICARIBE de $34.220.390, que deberán ser descontados de las condenas impuestas.

QUINTO: CONDENAR a ELECTRICARIBE S.A., a reconocer y pagar al señor ALFREDO ABELLO CEPEDA una pensión de jubilación en un 75% del SALARIO DEVENGADO EN EL ÚLTIMO AÑO, consagrada en el artículo 109 de la compilación de los convenios colectivos vigentes, debidamente actualizada con el acta final del acuerdo marco sectorial, correspondiente al cuarto pliego único nacional 1998-1999 y ratificada en la actual convención 2011-2015, estableciéndose una mesada pensional inicial de $4.421.250, a partir del 06 de abril de 2013.

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 92569

SEXTO: CONDENAR a ELECTRICARIBE S.A. a reconocer y pagar al señor ALFREDO ABELLO CEPEDA por concepto de retroactivo pensional causado desde el 06 de abril de 2013 hasta el 31 de octubre de 2016, incluyéndose esa mesada la suma de $198.634.275,51

SÉPTIMO: CONDENAR A LA EMPRESA DEMANDADA a reconocer a partir de la fecha el descuento del 85% del servicio de luz contemplado en el artículo 102 de la compilación de los convenios colectivos vigentes debidamente actualizada con el acta final del acuerdo marco sectorial correspondiente al cuarto pliego único nacional 1998-1999, y ratificada en la actual convención 2011-2015.

OCTAVO: DECLARAR que el factor prestacional en la empresa ELECTRICARIBE S.A. es la suma de 35,54%.

NOVENO: CONDENAR a la empresa ELECTRICARIBE S.A.

ESP., a pagar al demandante la suma de $23.768.122 por concepto de factor prestacional no cancelado, de conformidad a parte motiva de la presente decisión.

DÉCIMO: CONDENAR a la empresa demandada ELECTRICARIBE S.A. ESP a pagar al señor ALFREDO ABELLO CEPEDA por concepto de indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del CST y de conformidad con la parte motiva de esta decisión, la suma de $141.480.000 y a partir del 06 de abril de 2015 intereses moratorios tal como lo establece la norma en mención.

UNDÉCIMO: CONDENAR a la demandada al pago del 4% de salud que se le descontó al demandante por ser beneficiario de la convención colectiva y declarar probada parcialmente la excepción de prescripción con respecto a dichos factores que se generaron con anterioridad al 05 de abril de 2010, tal como se estableció en la parte motiva de la presente decisión […].

DUODECIMO: CONDENESE en costas a la parte vencida, estableciéndose como agencias en derecho del 7% de las cifras y condenas anteriormente establecidas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien conoció del presente proceso en virtud del recurso de apelación interpuesto por

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 92569 ambas partes, puso fin a la segunda instancia mediante sentencia del 30 de octubre de 2020, en la que resolvió: MODIFICAR la sentencia apelada, proferida por el Juzgado

Doce laboral del Circuito de Barranquilla, el día 31 de octubre de 2016, en el proceso adelantado por ALFREDO ABELLO

CEPEDA contra ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.

ESPELECTRICARIBE S.A. E.S.P., la cual quedará así: PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de declarar probada la excepción de compensación propuesta por ELECTRICARIBE S.A. EPS., debiendo el actor reintegrá[r]le a la sociedad demandada la suma $150.549.230,58 que recibió, por concepto de bono de retiro. Dicha suma deberá ser indexada desde el 18 de diciembre de 1998 y hasta la fecha de su pago efectivo, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente fallo.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral Décimo de la parte resolutiva de la sentencia apelada y en su lugar, absolver a la demandada de la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del

CST.

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás.

CUARTO: RECONOCER personería […] QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia por no haberse causado durante su trámite.

La Sala debe precisar que sobre los temas contenidos en la decisión recurrida se hará énfasis únicamente en los que son materia de los recursos de casación. En ese orden, el fallador de segundo grado consideró que el debate jurídico puesto a su consideración por las dos partes, estaba encaminado a determinar los siguientes tópicos fundamentales: i). Si entre el actor y la demandada, existió un único contrato de trabajo desde el 20 de julio de

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 92569 1980 hasta el 5 de abril de 2013, o si por el contrario existieron varios contratos entre las partes; ii). Cuáles eran los efectos del acuerdo conciliatorio suscrito entre el accionante y la sociedad Electricaribe S.A. ESP en el año 1998; iii). Si las convenciones colectivas suscritas entre Sintraenergía y Sintrelecol y la empresa Electricaribe S.A. ESP son aplicables al demandante, en caso de ser así, debe establecerse si cumple con los requisitos de la convención colectiva de trabajo para obtener la pensión de jubilación, incluido todos los demás derechos extralegales para los jubilados; iv). Si había lugar a declarar probada la excepción de compensación; v). Si Abello Cepeda es beneficiario del factor prestacional establecido por el juez de primer grado o a uno superior; y vi). Si era procedente la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST. Previamente a desatar tales cuestionamientos, se refirió al contenido y alcance del principio de la primacía de la realidad contenido en el artículo 53 de la CP y a la presunción de las relaciones subordinadas establecidas en el artículo 23 del CST; luego de lo cual sostuvo que conforme al acervo probatorio obrante en el expediente, se podía determinar que el vínculo laboral que unió a las partes, inició el 20 de julio de 1980; que el actor se acogió a un plan de retiro voluntario que propuso la demandada y celebró conciliación con la Electrificadora del Caribe S.A. ESP. ante el Ministerio de la Protección Social – Inspección

de Trabajo Barranquilla, el día 18 de diciembre de 1998, a través de la cual se dio por terminado el contrato de trabajo hasta el 31 de diciembre de 1998, y se pagó al trabajador la

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 92569 indemnización por despido y los beneficios previstos en la convención colectiva de trabajo vigente. Puso de presente que la accionada alegaba que el demandante en tal periodo suscribió varios contratos con la Electrificadora del Atlántico S.A., con la cual inicialmente el trabajador inicio su relación subordinada. Argumentación que perdía vigor frente al hecho que fue la misma accionada quien en la liquidación de prestaciones sociales, acta de conciliación y anexo No. 1 del convenio de sustitución patronal, que reconoció y aceptó que el vínculo laboral que unió a las partes tuvo como inicio el 20 de julio de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1998. Ahora bien, en cuanto a las relaciones posteriores, esto es las ejecutadas después de la suscripción de la susodicha conciliación, el ad quem consideró que, si bien entre 1 de enero de 1999 y el 25 diciembre de 2005 prestó servicios a través de diferentes empresas de servicios temporales y cooperativas de trabajo asociado, que uno a uno los reseñó junto con las diferentes liquidaciones, lo cierto era que continuó bajo las órdenes y dirección de la demandada. A tal conclusión arribó luego de analizar en detalle los testimonios rendidos por José David Sandoval Lizarazo, Hamilton Barreto Ramírez, Luis Enrique Polifroni Bollery,

Armando de Moya Lengua, Alexis Palacios Tejado y Juan Carlos Velilla Arrieta, quienes, en forma responsiva y concordante y con conocimiento de los hechos, dado que

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 92569 fueron compañeros de trabajo del accionante, manifestaron que este había laborado para la demandada de forma subordinada. Todos los deponentes, explicó, fueron coincidentes en afirmar que siempre distinguieron al promotor de la contienda como trabajador de la empresa Electricaribe S.A. E.S.P, en el área de nóminas, encargado de la liquidación de salarios, liquidación de prestaciones sociales legales y convencionales, reporte de estadísticas, entre otras funciones. Más adelante, se refirió nuevamente a los vínculos del actor con cada una de las empresas de servicios temporales y las cooperativas de trabajo asociado, a la normatividad que los rige y la violación a las disposiciones que las regula, para con ello concluir que era evidente que esa forma de vinculación, se encubrió una verdadera relación subordinada con la demandada. Citó abundante jurisprudencia en su apoyo. Estimó que al quedar demostrada la prestación personal del servicio por el demandante a la sociedad demandada, mediante contratos de trabajo revestidos de la forma de contratos por obra o labor contratada, trabajador asociado, celebrados con terceros intermediarios, y que durante su desarrollo y hasta su terminación se le soslayó su obligación de reconocer el carácter subordinado que le era propio y que, como quedó visto en precedencia, la ejercía sin restricción alguna, pues, toda la evidencia que arroja el plenario es que su control, dirección y poder

subordinante se ejerció por la llamada a juicio, a través de

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 92569 los jefes de áreas y demás personal suyo, a más que todas las funciones realizadas se llevaron conjuntamente con empleados de planta de la empresa. […] Así las cosas, concluyó la Sala, por el análisis integral de las pruebas, que la relación laboral de Alfredo Abello Acosta con Electrificadora del Caribe S.A. ESP se dio sin solución de continuidad desde el 20 de julio de 1980 hasta el 5 de abril de 2013. En cuanto a su naturaleza, indiscutiblemente, corresponde a la de un contrato a término indefinido. A continuación, abordó el punto de la conciliación celebrada entre las partes el 18 de diciembre de 1998, a través de la cual, en principio, se dio por terminado el contrato de trabajo iniciado en 1980 el que arribó hasta el 31 de diciembre de 1998, pagándole al actor la indemnización por despido y las prerrogativas previstas en la convención colectiva de trabajo vigente. Reprodujo apartes de tal conciliación. Esgrimió que a pesar de la celebración del citado acuerdo conciliatorio que ponía fin al vínculo laboral, explicó que en el plenario aparecía plenamente demostrado que la demandada solicitó al accionante que continuara prestando sus servicios personales a partir del 1 de enero de 1999, para evitar traumatismos al plan de retiro voluntario y continuar con el normal procesamiento de las

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 92569

nóminas, lo que estaba autorizado por la gerencia Corporativa de Recursos Humanos, actividades que si bien no son inherentes a lo que constituye su objeto social, sin asomo de duda pueden considerarse conexas, en la medida en que hacen parte de su estructura organizacional, como lo es el área de nóminas, actividades que realizaba el actor desde el inicio de su relación laboral, revelando que las empresas de servicios temporales y las cooperativas de trabajo asociados sirvieron de fachada para ocultar la continuidad del contrato de trabajo entre las partes. Infirió que, por las razones de orden jurídico y fáctico reseñadas, el ad quem encontró fundamentos suficientes para declarar la invalidez de la conciliación celebrada el 18 de diciembre de 1998, en cuanto puso fin al contrato de trabajo sin respaldo legal ni convencional, puesto que la realidad es que desde el 20 de julio de 1980 hasta el 6 de abril de 2013, la relación laboral se dio sin solución de continuidad. De otra parte y en relación con la prosperidad de la excepción de compensación determinada por el a quo, con la cual no estaba de acuerdo el demandante, consideró que la devolución de las sumas recibidas era procedente, en la medida que no es sino la consecuencia de la declaración judicial de nulidad de la conciliación, en lo concerniente a la terminación del contrato de trabajo. Especificó que habiéndose decretado por el a quo la nulidad del acta de conciliación No. 4593, celebrada entre el

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 92569 demandante y la sociedad Electricaribe S.A. ESP. el día 18

de diciembre de 1998, trae como consecuencia la declaratoria de continuidad de la relación laboral, siendo viable reintegrarlo a Electricaribe S.A. ESP, pues los dineros que hubiese recibido con ocasión de la conciliación declarada sin valor jurídico, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 del Decreto 2171 de 1992 deberá devolverlos, pero solo en lo que respecta a la cuantía establecida por concepto de bono de retiro, esto es, la suma de $150.549.230,58. Dicha cantidad deberá ser indexada desde el 18 de diciembre de 1998 y hasta la calenda de su pago efectivo. Por lo antes expuesto, se modificará la sentencia apelada en este aspecto. De otro lado, adujo que el actor solicitó la declaratoria de un contrato de trabajo único desde el 20 de julio de 1980 al 5 de abril de 2013 y en la sentencia proferida por el a quo accedió a tal pedimento y ordenó al trabajador restituir la suma recibida debidamente indexada, lo cual compartía la colegiatura, ya que considera que en casos como el presente, muy especialísimo por cierto, es legalmente procedente la actualización monetaria de la suma de dinero recibidas por el accionante que se ordena reintegrar, dado el fenómeno inflacionario que vive el país continuamente, y dando aplicación al artículo 16 de la Ley 446 de 1998; máxime si se tiene en cuenta el motivo por el cual se le impuso tal obligación, esto es, la declaratoria de la invalidez de la conciliación, razón por la cual, confirmaría la sentencia de primera instancia en este puntual aspecto.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 92569 Posteriormente analizó el punto referido a si el demandante era beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre la demandada y sus sindicatos, pues Electricaribe S.A., sostenía que no lo cobijan los beneficios de las convenciones colectivas de trabajo, por cuanto desempeñaba un cargo de dirección, confianza y manejo al servicio de la empresa. Para dilucidar lo anterior, manifestó que a folios 1406 a 1436, obraba un ejemplar de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la demandada y Sintralecol, con vigencia entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, la que daba cuenta que se aplicaba a todos los trabajadores de la empresa salvo a «las personas que ocupen cargos de dirección y confianza hasta el segundo nivel jerárquico»; igualmente a folios 676 a 679 aparecía el contrato de trabajo suscrito el 26 de diciembre de 2005, que en la cláusula segunda se especificaba que las «funciones a desempeñar por el empleado son de dirección, confianza y manejo», además, en dicho contrato se dijo que el cargo a ejercer era el de «ANALISTA PENSIONES, GRUPO II, BANDA 2 y las anexas y complementarias de la ocupación». Del mismo modo, se detuvo en el estudio de la carta de 25 de junio de 2007 (f.° 680) a través de la cual se le comunicaba al demandante que será asignado a la «UNIDAD

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, Ocupación:

Analista Nomina Grupo II Banda 4 I certificado». Más adelante y luego de reproducir lo previsto por el artículo 32 del CST, consideró que la calidad de trabajador

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 92569 de dirección y confianza puede ser expresamente contemplada en el respectivo contrato de trabajo, pero si así no se hiciese en la realidad, lo que prima no es lo mencionado en el contrato, sino la naturaleza de las funciones que se cumplen; lo que significa que la condición de ser empleado de dirección y confianza no está dada por el contrato en sí, sino por las funciones desempeñadas por el empleado, puesto que así no figure en el convenio contractual, ha sido la voluntad del empleador el asignarle ese tipo