CSJ - SL5061-2018

RepúbdleCi oclao mbia CortSeu prdeeJm uas ticia Sadleac asaLcaibóonr al SadleaD esconNg:e2 s tión SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistr_ado ponente SL506l-2018 Radicación n. 61 733 º Acta 40 Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

ALIRIO JOSÉ SOSA FÁBREGAS, WILMAN DE ÁVILA

JIMÉNEZ, ADALBERTO ANTONIO CUENTAS BERDUGO, ARNULFO NAVAS RIVALDO y ANTONIO MARÍA MONTENEGRO FONTALVO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012), en el proceso que instauraron a

BAVARIA S. A.

l. ANTECEDENTES

ALIRIO JOSÉ SOSA FÁBREGAS, WILMAN DE ÁVILA

JIMÉNEZ, ADALBERTO ANTONIO CUENTAS BERDUGO,

ARNULFO NAVAS RIVALDO y ANTONIO MARÍA SCLAJPTV-.1D0O Radicación n.º 61733

MONTENEGRO FONTALVO llamaron a JU1c10 a BAVARIA

S. A., con el fin de que se declarara la ineficacia absoluta de la renuncia al cargo que ocupaban en la Cervecería Á ila gu

S. A. hoy BAVARIA S. A., sucursal Barranquilla; que no

operó el fenómeno de la prescripción; que los contratos estaban vigentes y que, como consecuencia de lo anterior, se condenara a la demandada a reinstalarlos al cargo que desempeñaban en el momento de las renuncias ineficaces o a otro de i al o superior categoría; al pago de salarios gu dejados de percibir y las prestaciones legales y convencionales con sus aumentos; además de las cotizaciones para el ase ramiento de los de riesgos de gu invalidez, vejez y muerte, desde el día en que fueren aceptadas las renuncias ineficaces y hasta que sean reinstalados en su trabajo; al pago de la sanción establecida en el parágrafo 1 ºd el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 (f.º 1 a 12 del cuaderno principal). Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que fueron beneficiarios de la CCT 2001-2002, suscrita entre la Empresa Cervecería Á ila S. A. y el Sindicato Nacional de gu Trabajadores de BAVARIA y sus filiales - Sinaltrabavaria; que la Cervecería Á ila S. A., después de la firma de la gu convención, comenzó a incumplirla y a perse ir a sus gu servidores; que cerró 7 plantas en el país; que «despidió a muchos de sus trabajadores para luego presionarlos para que se acogieran a supuestos "Planes de Retiro Voluntario" y de esta fa rma evitar las demandas en procura de la protección de sus derechos laborales»; que los planes de retiro voluntario aplicados a los demandantes nunca fueron

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Radicación n. º 61733 conocidos por escrito n1 por autoridad interna de la empresa que los aprobara; que a partir del 23 de abril de 2002 la Cervecería Águila S. A. puso en marcha un plan sistemático de despido en forma unilateral, sin previa autorización judicial, contra sus trabajadores sindicalizados; que la causal que contenía la carta de despido es la establecida en el artículo 64 del CST; que la empresa intimidó a los trabajadores para que renunciaran, viciando su consentimiento; que fueron presionados para que renunciaran a la CCT y se inscribieran como beneficiarios del Pacto Colectivo del año 2004; que como no lo hicieron, fueron obligados a dejar sus empleos; que la empresa elaboró previamente las cartas de renuncia; que fueron obligados a conciliar; que no conocieron al Inspector de Trabajo que aprobó la conciliación extrajudicial. Al dar respuesta, BAVARIA S,A. se opuso a las pretensiones de la demanda; con respecto a los hechos, adujo que mantuvo una relación contractual a término indefinido con los demandantes; que en algunos periodos fueron afiliados a Sinaltrabavaria y beneficiarios de la CCT, pero en otros no; que nunca ha perseguido a sus trabajadores; que dentro de su proceso de modernización, debía adaptar sus negocios por lo que tuvo que trasladar algunas plantas, pero la planta de Barranquilla, donde laboraron los accionantes, no fue cerrada; que los trabajadores aceptaron libre y voluntariamente el plan de retiro voluntario que se les ofreció, como consta en las actas

de conciliación; que los contratos de trabajo de los actores terminaron por mutuo acuerdo.

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Radicanc.i6ºó1 n7 33 Propuso las excepciones de mérito, de cosa juzgada; prescripción; compensación e inexistencia de la obligación (f.º 49 a 60 del cuaderno principal).

11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Barranquilla, mediante fallo del 28 de octubre de 2011 (f.º 186 a 190 del cuaderno principal), decidió: PRIMEDReOc:l árpersoeb aldaae xcepcdieóP nR ESCRIPCIÓN propuepsotrla a p artdee mandaddaec, o nformciodnal dap arte motidveae stpar ovidencia.

SEGUNDAOB: S OLVaE laRd emandaBdaA VARSIA. Ad.el os cargdoesl ad emandian staureands ousc ontproarl osse ñores,

WILMAN DE AV ILAJI MENEZ;A NTONIOMARIA

MONTENEGROF ONTALVAOR;NU LFON AVASR IVALDO; ADALBEARNTTOO NICOU ENTBAESR DUYGA OL IRJIOOS E SOSFAÁB REGAdSe,c o nformiad laadp artmeo tivdae e sta providencia.

TERCESRIONC: O STAS.

CUARTCOó: p ieNs0iet,i fíyq uCeúsmep lassine o,fu ere apeladlaa presentdee cisióunn,a vez ejecutoriada CONSÚLTcEonSe lSE u per( iNe og rril la en el texto).

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien mediante fallo del 28 de septiembre de 2012, confirmó el del a qua, excepto lo relativo a las costas (f.º 234 a 244 del cuaderno principal).

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Radicación n. º 61733 En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal precisó que se ocuparía de «determisniha urb o violacaildó enb ipdroo cepsoorh aberesmei tisdeon tensciina y haberaslel egaudnoo so ficiaolsp rocesoe,n c onsecuencia lap rocedendcel ioams i smoesn e stian stancia». Así las cosas, aclaró que la oportunidad para pedir pruebas se circunscribía a la demanda, la contestación y la reforma de estas en primera instancia, sobre lo cual el Juez decidiría su decreto; sin embargo, adujo que el sentenciador de segundo grado podía decretar de oficio, en cualquier momento, las pruebas que considerara necesarias. De esta forma, aclaró que la segunda instancia no era el momento procesal para solicitar nuevamente pruebas, [. ..] a menos de que aun habiéndolas pedido en primera instancia, no se hayan practicado sin culpa de quien la solicitó (art. 83 CST). Sin embargo, esta Sala considera que la demandada, mediante su apoderado, tuvo la oportunidad para controvertir el auto que ordenó fecha de juzgamiento sin haberse cerrado el debate

probatorio con los recursos de ley; a pesar de ello dejó pasar la oportunidad procesal para que fuera reabierto el debate probatorio y practicar las pruebas que fa liaren. Por lo anterior, esta Sala no accede a la práctica de la prueba solicitada por la parte demandada. Indicó, que el actuó con la diligencia requerida a qua para que se surtieran las pruebas solicitadas por las partes. Además, [. .. ] en audiencia del 30 de septiembre de 2011, el a quo aunque no cerró el debate probatorio, en miras a que se allegasen los oficios solicitados por los actores, en la demanda y en el transcurso del proceso, si se dejó sentado que se señalaba como 5

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Radicación n. º 61 733 fechdae j uzgamieenldt íoa2 8d eo ctubdree2 011e,s d eciqru e loosf icsieoe ss perarhíaasnte as af echya q uee nt odcoa ssoi n o llegabeasned ías et omaruínaa d ecispioórpn a rtdee Jlu ezA.n te tasli tuacniiónng,u ndae l asp artepsr opusroe curaslog unyo tampocdou ranetlet ranscudrese os et iempsoep resenatlóg ún escrictoonl af inaliddea qdu es er equienruae vamenat lea entiddaedm andapdaar qau ec umplileoro ar denapdoorl aJ uez. Del oq uec onsideesrtaSa a lae,x isatcieóp tacpioórpn a rtdee l os actorneosd ,á ndosvei olacaildó enb ipdroo ceso.

Concluyó, además que las partes poseían la carga de allegar las pruebas dentro de los términos establecidos en el desarrollo del proceso, por lo cual, la parte demandante tuvo «la posibilidad de controvertir el auto que señaló la fecha de juzgamiento, a fin de que se anexaran los oficios fa ltantes».

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por ALIRIO JOSÉ SOSA FÁBREGAS,

WILMAN DE ÁVILA JIMÉNEZ, ADALBERTO ANTONIO

CUENTAS BERDUGO, ARNULFO NAVAS RIVALDO y ANTONIO MARÍA MONTENEGRO FONTALVO, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver º 4 a 8 del cuaderno de la Corte). (f.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que la Corte case la providencia impugnada Y, en sede de instancia, «pro.fiera sentencia, revocando las proferidas y en su lugar, declare prósperas las pretensiones de la demanda».

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Radicna.c6 i1ó7n3 3 º Con tal propósito, formulan un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado y a continuación se estudia. VI.C ARGOÚ NICO Acusan la sentencia materia del recurso [. ..} en la modaliadd de violacóin driecta de la ley, dejando de apliacr el artículo 29 de la Carta Polítiac, 4 º y 177 del Códgio de Procedmiiento Civil.

ERRORMA NIFIESTO: La inobservancai de (si) cdel debiod proceso establecio den la

Constitucóin Polítiac (Art. 29 CP) Hacer inefectiva la ley sustancail establecia den el artículo 4 ºd el Códgio de Procedmiiento Civil. No apliacr el 177 del Códgio de Procedmiiento Civil a favor de la parte demandante. fi1:\la ctel fi o·l\.fi\l"\OL· En la demostración del cargo, manifiesta que «la sentenciandoo rreac audlóa i nformaciy ódno cumentos probatornieocse sanpoasr aq ue lap artdee mandante demostrlaorsha e chodse l ad emandpau,d ienhdaoc eryl o estanodrod enatdaocl,o mol oi nformeale xpediente». Así las cosas, sostienen que, Como consecuencai, de ERRORES manifiestos u ostensibles, eviedntes, se encuentran violados de manera driecta los artículos 29 de la Carta Polítiac, 4 ºy 177 del Códgio de Procedmiiento Civil, como es el derecho a probar los hechos, es decri, con hacer efectiva la carga de la prueba, el proceso no fue retrotraído al mismo estado en que se hallarían sin o hubiesen existiod los actos nulos e ineficaces (Art. 1 74 0 y 1 74 1 del CC}, como fue planteada la nuliaddd e lo actuado ante la segunda instancai.

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Radicación n. º 61733 [..].e si nnegaqbuleee s,t ameonps r esednecu inpa r ocedimiento erróndeeofi nipdoorl aC ortCeo nstituccoimoo"n daelfe cto

procedimenctaolm"p,o rtuannard uop tduerdlae bipdroo ceso violatdoerlDi ear ecHhuom anod enominGaAdRoA NTIAS JUDICIALyE,eS lp rincdielp eigoa l(iadratdí 8c,8u .l1yo9. sd el a Ley1 6d e1 972a)p robadteol raCi OaN VENCIAÓMENR ICANA DED ERECHHOUSMA NOSPacdteoS anJ osdéeC osRtiac -a. Señalan que sí hubiese, [. ].s .i deos timeasdtpaar uecboam noe cespaorerijl au edzi rector deplr oceense old ecrdeetp or uepbaar dae finliapr r etendseiló n juiclieio n,c umubnem ayodre beerns ue jecutcainómtnáo,s cuanetlocl oon triabl uasy aet isfdaecilcn itóesnru ésst anqcuiea l encielarp rrae tendseii nóvne stiDgeaa clqiluóícen o .r resaplo nda Jueqzu ed ecreesttapa r uebya c,o nm ayorra zóan q uiepno r encontrnaercleas aardioap,tl aarsm edidparosc esaqluees estiimned ispenspaabrltaee sn,el rao portunpiadrasad u práctyi,pc aar,qa u ed,e olt reox,i sotpao rtunyi mdoaddod e cumplimaiceenlteor daede ol leas,l am anerdae l ogrlaar obtendceimlóe nd ipor obataodroipot,ac nodror,e latilvaasm ente,

medidnaesc esacroienalf s id nel ogrsaurr e caeufdeoc tciovmoo, correspyoa nsdeeg,u raal raplsae r teelDsE R ECHO A PROBAR, quee ne lp resecnatseso e e ncuenvtiroal gardoos eramente. (Negrilla en el texto) Por último, citan apartes de la CSJ SL, 28 jun. 2005, rad. 7901, que estiman soporta sus consideraciones.

VII. RÉPLICA BAV A RIA S.A., sostiene que la demanda de casación corresponde a un alegato de instancia, además, posee vanos errores de técnica, deficiente e incoherente argumentación, «aplu ntqou en oi nclusyieq uieelraa l cance delr ecurscoi,r cunstaqnuceii amsp osibislui etsatnu dyi o debed erivlaadr e sestimadceilúó nni ccoa rgo».

Agrega, que la demanda carece de alcance o pefitum; de proposición jurídica, al no indicar el precepto legal del

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Radicación n. º6 1733 orden nacional que estima violado por el ad quem. Asimismo, indica que el cargo está orientado por la vía directa, pero cuestiona aspectos fácticos, como lo es, la apreciación probatoria que realizó el Tribunal. Así, concluye que no fueron atacados los pilares de la decisión, por ende, la presunción de legalidad de esta se mantiene intacta 14 a 20 del cuaderno de la Corte). (f.º

VIICIO.N SIDERACIONES

Recuerda la Sala, que el recurso de casac1on contempla unos requisitos que deben ser respetados por quien a él acude, en procura de que se invalide la sentencia de segundo grado en el presente juicio. Específicamente, los artículos 87, 90 y 91 del CPTSS, en armonía con la Ley 16 de 1969, contiene unas exigencias esenciales que debe tener en consideración quien recurre, en aras de quebrar aquella cuya legalidad se controvierte, requisitos que, además, la jurisprudencia de la Sala ha predicado que tiene como máxima dotar de orden y racionalidad la actuación procesal ante la Corte. La anterior exigencia, no puede ser clasificada como una pleitesía a la forma, sino que más bien se instituye como parte fundamental del debido proceso, en el mecanismo principal de las formas predeterminadas para el proceso judicial, en los términos del artículo 29 de la CN.

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Radicanc.ºi6 ó1n7 33 Se expone lo anterior, porque le asiste razon a la oposición en los cuestionamientos formales que hace con respecto al cargo, y aunque si existe un alcance de la impugnación este se encuentra indebidamente planteado, i) porque no indica a la Corte, una vez case la providencia, que hacer con la de primer grado y ii) porque solicita a la Corporación, en sede de instancia, dictar «sentencia revocando las proferidas y en su lugar, se declare prosperas las pretensiones de la demanda», ignorando que es inapropiado, estando en tal sede, revocar la de segunda, pues al quebrarse la del Juez pluripersonal desaparece del

mundo jurídico. Así lo ha dicho la Sala en varías providencias, como en la CSJ AL4518-2018, Se recuerda lo anterior, en primer lugar porque el recurrente no formula adecuadamente el alcance de la impugnación, ello por cuanto incurrió en la impropiedad de pedirle a la Corte, el quiebre de la sentencia proferida por el Juez de apelaciones y en sede de instancia que la misma fuera revocada, lo que no resulta procedente, porque el hecho de casar la providencia dictada por el tribunal, implica que la misma desaparece del espectro juridico, por lo que por sustracción de materia, no es posible revocarla, complementarla, adicionarla o remplazarla. Y aunque el referido defecto resulta superable, en la medida que la Sala puede entender que lo pretendido por el censor era que, casada la sentencia proferida por el Juez de segundo grado, en sede de instancia se revocara la de primer grado, la demanda de casación contiene otros vicios que impiden a la Corte proceder a la revisión del fallo impugnado.

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Radicación n. º 61733 Es requisito esencial del recurso extraordinario de casac1on laboral, señalar cualquiera de las normas sustantivas de carácter nacional que, siendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violado, por lo que reside, en cabeza de la censura, esta carga procesal. Al observar el escrito de casac1on, en ella se establece lo siguie nt e: Acuso la sentencia impugnada por la causal prevista en el

numeral 1 ºd el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 60d el Decreto 528 de 1964, artículo 7° de la Ley 16 de 1969, en la modalidad de violación directa de la ley, dejando de aplicar el artículo 29 de la Carta Política, 4 º y 177 del Código de Procedimiento Civil (f.º 6 vtdoe clu adedreln aCo o r.t e) Obsérvese, que la proposición jurídica no relaciona ninguna norma sustancial que contenga el derecho que reclama, pues en el libelo introductor se solicita la ineficacia de la renuncia y el reintegro con los salarios, las prestaciones legales y extralegales, y la proposición jurídica solo se refiere a normas adjetivas del Código de Procedimiento Civil, contentivas de la interpretación de las º normas procesales (artículo 4 ) y la carga de la prueba (artículo 1 77) y el artículo 29 de CN, que se refiere al derecho al debido proceso. Con todo, si la Sala entendiese que la acusación del cargo se da por violación medio, en tanto se considera que la infracción de las ·normas procesales son el vehículo que comporta el desconocimiento de las normas sustanciales, es

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Radicación n. º 61 733 incuestiqounela acb elnes udreab hiaóc reree frenacl iaas normsauss tancaiefatclaaeds,sp arcau mplciornl ac arga dee satbelceern,d ebifdroama ,l ap rospiocijóurní diYc,a .

º comsoe dj ioe,lc arsgeoñ asloall ooa sr tuílsco4 y 177d el CPC,s isni ngruilznaairn gunnoar mdae ClST q uec notenga eld erercehcol dao,mq auef uesaeef cdtaa. Aslíoh am aneitsfadloaC oproracieónsn e nteCnSJc ia SL412-62108a,lm aneisfatr, Ahora, al revisar la acusación encuentra la Sala que carece por completo de proposición jurídica, pues no se denuncia ninguna disposición sustantiva de alcance nacional que consagre los derechos convencionales que reclama la recurrente y que eventualmente hayan sido infringidas por el juzgador de segundo grado. En esas condiciones se incumple la exigencia del literal a) del numeral 5° del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de indicar "el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado, y el concepto de la infracción ... ", aspecto de mucha trascendencia, que por sí solo sería suficiente para desestimar el cargo. Y aunque en el desarrollo enuncia de manera genérica las Leyes 4 de 1976 y 71 de 1 988, no individualiza el precepto de dichas normativas que pudo haber transgredido el tribunal, omisión que no puede suplir la Corte dado el carácter dispositivo del recurso de casación. Tambirésenla tlaaS alqau,eu np lanteamideetn atlo naturalefiztsaoe, s e,r roprreossc laeeesn l ocsu alesse

pudhoa beirn curernil daois n stanpcoirpa arst dee l os juecse,no s osnu scepdteis belcreo rsre gipdooersts em edio dei mpuginóa,nqc u,ec omsoe h ad icrheoi teradpaomre nte etsaC ort,se olfuoed elinpeoaerdll o e gisplaraadc oornc oer del oesr rores esd ecilroq,su es ujrna enl a in judicando, propsiean teqnuceie asm otivdoec uestionaym nioe nto aquelleorsr ores que sem anfiieasnte ne l in procedendo, trasncurdselo a isn stanyc qiuead seb ens eern menddoas

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Radicancº.i6 ó1n37 3 durante el trámite, a través de los recursos ordinarios previstos para ello o mediante la proposición del incidente de nulidad, so pena de que, ante la desidia de las partes, son disculpados o saneados por éstas. Es por ello que no puede ahora el recurrente pretender fincar un supuesto error del Tribunal, por in judicando dictar una sentencia, con base en un error in procedendo, supuestamente cometido por el Juez de primera instancia, al cerrar el debate probatorio sin la respuesta de una de las pruebas solicitadas, sin que se reparara la decisión por el que hoy demanda en casac1on y por el que ahora la cuestiona y pretender enderezarlo a través del recurso extraordinario. Sobre los errores la Corte, en sentencia in procedendo CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 40624, adujo:

Al respecto, señala la Sala que, de tiempo atrás, tiene dicho la jurisprudencia que la casación del trabajo solo se ocupa de los errores in judicando, por decisión expresa de los legisladores, que consideraron pertinente eliminar para esta jurisdicción los errores in procedendo, como si se contemplan en la civil. En sentencia de casación del 31 de mayo de 1955, se expresó " ...l a comisión redactora de dicha obra (C. P. del T.}, dijo en la presentación de este Código "Se suprimen las causales de casación por errores in procedendo, para dejar como principal la de errores in judicando, por infracción de la ley sustantiva.", lo cual muestra que no puede ser motivo de casación, que el Juez hubiere dejado de practicar una prueba pedida oportunamente, o dejado de decretar oficiosamente una que realmente se necesitaba, como lo pretende el recurrente.

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Radicación n. º 617 33 Se suma a lo anterior, que la censura no cuestionó uno de los argumentos de la sentencia cuestionada, pues la decisión negó la solicitud de práctica de pruebas en segunda instancia, por considerar innecesaria tal petición, dejando en firme uno de los pilares de la providencia La sentencia CSJ SL1483-1280,e xplica las consecuencias que tiene el hecho de que el acudiente en casación no derrumbe la totalidad de los cimientos del fallo que procura anular, al exponer que: Ene slaí nneoas ,o abe rpxresarq ueel r eceunrttrei eenlde e ber dei dentlifiocvsaed rra doespr ileasar rgmuentatdieqv uoesse

valeilTó ir bunpaaalr c imenstuda eric sipórinm,oe arfi nd e determsiins aornj uríidcoo sf ácticyo,es n c onuseenicca, proceads eerl oencaclriav íaad eucadad ea taqyu,se e;g undo, cone lp rpoósidteoa finalrao efnsiav tao dolsop si leasr esencqiuaselpo eostr elnad ecirsceiuórnr, ei ndo ardaeq nu eel rceurssaol agvaa nte. En elc aspoa rtai,rc eullc agron oc ontrtoetv oideorlso s fundamednelt ado esc idseiTlóir nbn ua,cl uesqtuibeóa ns ptaaar rsetlaecr ualqpuroipseerr iadl aaad c usaceinl óamn e,d iqduae aqueclolnas esrupv resau nicódnel gealiyda acdi erto. En consecuencia, por los múltiples defectos técnicos que adolece la demandada de casación, el cargo resulta inestimable. Costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $3.750.000, que deberán incluirse en la liquidación que realice el Juez de primer grado, conforme lo prevé el artículo 366 del Código General del Proceso.

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Radicación n. º 61733

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada el veintiocho (28) de septiembre

de dos mil doce (2012) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALIRIO JOSÉ SOSA

FÁBREGAS, WILMAN DE ÁVILA JIMÉNEZ, ADALBERTO

ANTONIO CUENTAS BERDUGO, ARNULFO NAVAS

RIVALDO y ANTONIO MARÍA MONTENEGRO FONTALVO

contra BAVARIA S. A. Costas, como se indicó en la parte motiva. Cópiese, notifiquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DER RAFAEL BRITO fi-ftt: :l"KA. ªº fi

CECILIA MARGA TA DURÁN UJUETA

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