CSJ - SL767-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL767-2023 Radicación n.° 87676 Acta 12 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación que interpuso GUSTAVO ADOLFO BUITRAGO PIZA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 29 de octubre de 2019, en el proceso ordinario laboral que promueve en contra del

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES LIQUIDADO - PAR ISS administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE

DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. – FIDUAGRARIA S.

A. y LA NACIÓN - MINISTERIOS DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO y DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Se reconoce personería adjetiva al abogado Jorge Merlano Matiz con tarjeta profesional n.º 19417 del C. S. de J., como apoderado del PAR ISS, administrado por

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Radicación n.° 87676 Fiduagraria. Del mismo modo, se acepta la renuncia que presentó a ese mandato. Se reconoce como apoderada de dicha demandada a la abogada Vanessa Fernanda Garreta Jaramillo, TP 212712 del C. S. de la J. Igualmente, se reconoce personería adjetiva a las abogadas Lucía Arbeláez de Tobón con tarjeta profesional n.º 10254 y Martha Luz Mejía Echeverri con TP 142071 del C. S.

de J, como apoderadas de La Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Salud y Protección Social, respectivamente, de conformidad con los poderes que obran en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES El accionante demandó a las entidades ya referenciadas y solicitó que se declare que tiene derecho a la reliquidación de las cesantías con fundamento en el régimen de retroactividad por todo el tiempo de duración de la relación laboral. En consecuencia, se disponga el reajuste y pago de dicha acreencia laboral más los intereses a las cesantías causados durante los años 2013, 2014 y el periodo laborado en 2015.

Asimismo, requirió incrementos salariales y prestacionales generados entre el 4 de enero de 2008 y el 28 de febrero de 2013, teniendo en cuenta que ocupó el puesto de profesional universitario grado 27 y le remuneraron con base en el cargo de técnico de servicios administrativos.

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Radicación n.° 87676 También suplicó el correspondiente reajuste de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones por el lapso indicado en el párrafo anterior, junto con la indemnización moratoria o en subsidio se disponga la indexación de los derechos que se lleguen a reconocer; más las costas. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el Gobierno Nacional mediante Decreto 2013 de 2012 dispuso la supresión y liquidación del Instituto de Seguros Sociales, en adelante ISS, entidad que tenía la naturaleza de empresa

industrial y comercial del Estado adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social. Agregó que el proceso liquidatorio finalizó el 31 de marzo de 2015 conforme a lo dispuesto por el Decreto 0553 del 27 de ese mismo mes y año. Precisó que laboró al servicio del ISS entre el 19 de junio de 1997 y el 30 de noviembre de 2002 mediante contratos de prestación de servicios, relación que terminó por decisión del empleador. Añadió que el vínculo en la realidad fue de carácter subordinado y en calidad de trabajador oficial. Por esa razón dijo, promovió proceso ordinario laboral en el que impetró el reintegro al puesto que desempeñaba, más el pago de salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejados de percibir, así como la nivelación salarial con el cargo de profesional universitario. Explicó que, en sentencia del 23 de abril de 2004, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín acogió parcialmente las pretensiones de aquella demanda y condenó

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Radicación n.° 87676 al ISS a la reinstalación al mismo cargo o a otro similar al igual que ordenó cancelarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 1 de noviembre de 2002 hasta el reintegro. Asimismo, impuso a la accionada los intereses a las cesantías, primas de servicio, devolución de los aportes en salud y pensiones. Absolvió de las demás pretensiones de la demanda y declaró probada en forma oficiosa la excepción de buena fe.

Advirtió que la anterior providencia fue modificada por el Tribunal de Medellín en lo atinente al monto de los intereses a las cesantías, las vacaciones, las primas por ese concepto y la indexación. Asimismo, el colegiado en esa oportunidad condenó a la nivelación salarial a partir del 1 de enero de 2000 como profesional universitario y ordenó los reajustes salariales y prestaciones correspondientes. Narró que la anterior decisión fue objeto de casación parcial por esta corporación respecto de las condenas de intereses a las cesantías, primas de servicios, de vacaciones y la indexación. En el fallo de reemplazo se revocaron las condenas por prima de vacaciones y se corrigieron las de intereses a las cesantías, prima de servicios e indexación. Añadió que en cumplimiento de las anteriores sentencias fue reintegrado al ISS, pero al cargo de técnico de servicios administrativos más no al de profesional universitario, motivo por el cual tuvo que iniciar un nuevo proceso ordinario para reclamar los correspondientes salarios y prestaciones a partir del 4 de enero de 2008, del

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Radicación n.° 87676 cual conoció el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín. También incoó proceso ejecutivo para que le cancelaran los salarios y prestaciones dejados de percibir y causados hasta la fecha del reintegro. Anotó que estando en curso el segundo proceso ordinario la entidad emitió la Resolución 0203 de 14 de febrero de 2013 para aclarar que la reinstalación era en el cargo de profesional universitario grado 27. Aseveró que a partir del 1 de marzo de 2013 el ISS le reconoció y pagó el

salario que correspondía al cargo objeto de nivelación. Pese a lo anterior, dijo, no se le han cancelado los reajustes salariales ni prestacionales causados entre el 4 de enero de 2008 y el 28 de febrero de 2013 que la entidad en la Resolución 0203 ya citada cuantificó en la suma de $96.879.515,99. Afirmó que el segundo proceso ordinario del que conoció inicialmente el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín terminó con sentencia de 15 de septiembre de 2014, en la cual la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, declaró probada la excepción de cosa juzgada, al estimar que las pretensiones de esa causa tenían como fuente lo que se decidió en el proceso inicial y que el mecanismo apropiado para obtener el cumplimiento integral de la condena era el juicio ejecutivo. Indicó que frente a ese pronunciamiento no interpuso recurso de casación porque la sentencia del ad quem no negó el derecho, sino que estimó que se debía exigir por una vía diferente.

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Radicación n.° 87676 Contó que fue desvinculado del ISS el 31 de marzo de 2015 cuando operó la liquidación de la entidad. Relató que, es beneficiario de la convención colectiva suscrita con Sintraseguridad Social el 31 de octubre de 2001, la cual ha sido objeto de prórrogas automáticas y que estaba vigente para el 31 de marzo de 2015. Por tanto, argumentó que le asiste el derecho a que se le liquiden las cesantías con el sistema de retroactividad según el artículo 62 del instrumento colectivo y/o de conformidad con el régimen

legal que lo cobijaba. Asimismo, manifestó, se le deben reconocer los intereses a las cesantías previstos en la misma cláusula extralegal. Describió que la garantía de la retroactividad de las cesantías se congeló por el lapso comprendido del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2011 y se volvió a aplicar desde el 1 de enero de 2012. En ese orden, el beneficio en su caso se cuantificó en la suma de $46.833.687, la cual es deficitaria frente a la liquidación con el régimen previsto en la convención. Debido a lo anterior, dice, también fueron deficitarios los intereses a las cesantías causados en los años 2013 y 2014. Asevera que, la empleadora no le realizó los aportes a la seguridad social entre enero de 2008 y diciembre de 2012, con base en el salario que le correspondía como profesional universitario grado 27. Por último, esgrimió que la conducta de la empleadora es contraria a la buena fe, y que, mediante escritos de 19 y 22 de octubre de 2015 presentó reclamación administrativa

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Radicación n.° 87676 a las accionadas (f.os 2 a 26). Al dar respuesta a la demanda el PAR ISS negó las pretensiones. Respecto de los hechos aceptó la naturaleza jurídica que tuvo la entidad empleadora, su liquidación y la garantía por parte de la Nación de sus obligaciones laborales; asimismo que el vínculo del accionante se terminó el 31 de marzo de 2015 cuando dejó de existir el ISS; que este era

beneficiario de la convención colectiva respecto de la cual se acordó congelar el beneficio del régimen de retroactividad de las cesantías entre el 1 de enero de 2002 y la presentación de las reclamaciones administrativas. Las demás situaciones fácticas las negó o dijo que no le constaban debiendo ser probadas. Adujo que, el ISS al momento de la finalización del vínculo laboral le reconoció al actor las prestaciones sociales, las cesantías y la indemnización convencional, junto con las demás sumas accesorias por esos conceptos. Agregó que, por disposición del artículo 62 de la CCT 2001-2004 suscrita con Sintraseguridad Social, se modificó el régimen de cesantías al pactarse el congelamiento de la retroactividad y, por tanto, la liquidación debe hacerse de manera anualizada como procedió la empleadora. Propuso como excepciones de mérito las que denominó falta de legitimación en la causa como parte pasiva, inexistencia de la obligación de reconocer los reajustes a las cesantías, sus intereses y a la prima de navidad, inexistencia de la obligación de reconocer la indemnización moratoria,

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Radicación n.° 87676 buena fe, prescripción y cobro de lo no debido (f.os 228 a 237). La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también respondió el libelo inaugural y rechazó las súplicas. Admitió lo relacionado con la naturaleza jurídica del ISS y su liquidación y respecto de los otros hechos manifestó que no le constaban. Aclaró que en el evento de carencia de recursos

del PAR ISS para cubrir obligaciones laborales de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Decreto 2013 de 2012, los dineros surgen del Presupuesto General de la Nación, previa tramitación de la apropiación que debe solicitar la sección correspondiente que en este caso es el Ministerio de Salud y Protección Social, dado que la entidad involucrada estaba vinculada a esa cartera. Expresó que los créditos que se reclaman en este proceso hacen alusión a actuaciones del liquidador del ISS y el vocero del PAR ISS, sin que ese Ministerio hubiera adquirido compromisos atinentes a las pretensiones del promotor del juicio. Aseguró que en el evento de requerirse recursos del Presupuesto General de la Nación el trámite se debe surtir a través de la cartera de Salud y Protección Social puesto que el ISS era un establecimiento industrial y comercial del Estado vinculado a ese Ministerio. Propuso como medios defensivos de mérito la prescripción de la acción y la falta de legitimación en la causa por pasiva (f.os 273 a 283).

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Radicación n.° 87676 A su turno La Nación – Ministerio de Salud y Protección se opuso a las pretensiones y aceptó los hechos relativos a la naturaleza del ISS y su liquidación. Los demás los negó o manifestó que no le constaban. Indicó que no fue la empleadora del accionante, por tanto, no conoce los detalles de la relación con el ISS y, de todas maneras, las reclamaciones que presenta en este proceso debió requerirlas a través de una acción ejecutiva por cuanto existe sentencia judicial en firme dictada en una

causa anterior. Adiciona que lo que se persigue con este juicio es revivir términos ya fenecidos. En lo referente a las cesantías retroactivas afirma que no son viables porque la entidad y Sintraseguridad Social en la convención colectiva, acordaron congelarlas por un periodo determinado de tiempo. Argumentó que ese pacto es obligatorio para las partes y alguna de ellas deseaba cuestionarlo se debió solicitar la nulidad de la cláusula respectiva. Expuso como medios defensivos perentorios los de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del derecho a reclamar beneficios convencionales congelados expresamente, violación del principio de seguridad jurídica con el contenido de las pretensiones, inexistencia de la facultad y consecuente deber jurídico del pago de reajuste de las cesantías y sus intereses e indemnización moratoria, inexistencia del derecho a reclamar reajustes salariales y prestacionales entre enero de 2008 y febrero de 2013,

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Radicación n.° 87676 inexistencia de la empresa para la cual laboraba el actor, de causa para demandar, solidaridad condicionada entre la dos demandadas, prescripción, compensación y la innominada (f.os 289 a 305).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 27 de septiembre de 2018, (f.° 430 y 431 y CD), decidió: PRIMERO: DECLARAR que al 31 de marzo de 2015, el

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN quedó debiendo al señor GUSTAVO ADOLFO BUITRAGO PIZA, los reajustes salariales y prestacionales causados entre el 4 de enero de 2018 (sic) y el 28 de febrero de 2013, respecto de la asignación salarial propia del cargo de Profesional Universitario Grado 27.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas, se declaran improbadas.

TERCERO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES LIQUIDADO, administrado por FIDUAGRARIA S. A. y a la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, a pagar al señor GUSTAVO ADOLFO BUITRAGO PIZA, la indemnización moratoria, desde el 1 de julio de 2015; día de expiración del término de 90 días previsto en el Decreto 797 de 1945, hasta el pago definitivo de los reajustes de salarios y prestaciones sociales adeudados al 31 de marzo de 2015, a razón de un día de salario, por cada día de retardo, es decir, la suma de $99.796 diarios por cada día de retardo.

CUARTO: ABSOLVER al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES LIQUIDADO, administrado por FIDUAGRARIA S. A. y a la

NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL de las demás pretensiones incoadas en su contra por la parte demandante.

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Radicación n.° 87676

QUINTO: COSTAS en esta instancia a cargo del PATRIMONIO

AUTÓNOMO DE REMANENTES INSTITUTO DE SEGUROS

SOCIALES LIQUIDADO, administrado por FIDUAGRARIA S. A. y a la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, en favor de la parte demandante. Se fijan las agencias en derecho en la suma de $8.000.000 de las cuales $4.000.000 son a cargo del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES LIQUIDADO y $4.000.000 son a cargo de

la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que conoció en virtud de la apelación del PAR ISS y la Nación Ministerio de Salud y Protección Social, mediante fallo de 29 de octubre de 2019 confirmó parcialmente la decisión de primer grado y declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada. Revocó la condena relativa al reajuste de salarios y prestaciones sociales del accionante en el cargo de profesional universitario grado 27 por el lapso del 4 de enero de 2008 al 28 de febrero de 2013, así como a la indemnización moratoria. Impuso las costas de ambas instancias al demandante y fijó las agencias en

derecho en la suma de $828.116, suma que se debía distribuir en partes iguales a favor de las accionadas. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal estimó que el señor Buitrago Piza fue trabajador oficial del extinto ISS entre el 19 de junio de 1997 y el 31 de marzo 2015, de acuerdo con la Resolución 7838 del 13 de febrero de 2013 (f.os 70 y 71). Señaló que, en un proceso anterior se profirió una orden de reintegro en favor del actor, y se dispuso igualmente la nivelación salarial en el cargo de profesional universitario grado 27, junto con el consecuente

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Radicación n.° 87676 reajuste de los salarios y prestaciones sociales (f.os 212 a 428 del anexo 1 y, 1 a 75 del anexo). Anotó que de esa causa conocieron respectivamente, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, el Tribunal Superior de esa ciudad y esta Sala de Casación Laboral de Corte Suprema de Justicia. Agregó que el ISS dio cumplimiento a esas decisiones judiciales a través de la Resolución 6487 de 2007 al disponer el reintegro del trabajador a partir del 4 de enero de 2008, pero a un cargo distinto, pues lo ubicó como técnico de servicios administrativos grado 15 (f.os 45 a 47 y 95 a 97). Manifestó que el citado acto administrativo se aclaró mediante Resolución 203 del 14 de febrero de 2013 (f.os 48 a 50 y 98 a 100), en la cual la entidad enmendó la equivocación

y reinstaló al convocante en el puesto de profesional administrativo grado 27 y le canceló a partir de ese momento los derechos inherentes a la relación laboral con la asignación salarial correspondiente a esa ocupación. Agregó que ante el incumplimiento que se presentó, el extrabajador promovió proceso ejecutivo a continuación del ordinario, y en virtud de esa actuación, el Tribunal de Medellín por auto del 8 de septiembre 2011 (f.os 175 a 178 del anexo 2) constató que hubo pago parcial de la deuda en la cantidad de $117.776.350, pese a que la obligación a favor del actor por concepto de reajustes salariales y las sumas liquidadas en las sentencias emitidas en el referido proceso

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Radicación n.° 87676 ordinario, ascendían a $202.748.283. Por tanto, para el juzgador del proceso ejecutivo, se presentó un déficit de capital de $90.650.341, suma que además generó los intereses moratorios del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (f.os 92 a 211 anexo 2). Expresó el colegiado que, el trámite ejecutivo que promovió el demandante versó sobre derechos salariales y prestacionales desde el 2002 hasta el 2008 y se terminó por el juzgador de conocimiento mediante auto del 25 de enero de 2013 en el que ordenó su envío al trámite liquidatorio del ISS (f.o 209 del anexo 2). Después el juez plural se refirió al derecho de petición visible al folio 66, en el que el actor le reclamó al PAR ISS el reajuste de la liquidación de los salarios y prestaciones

sociales del periodo 2008 a 2013, así como a la respuesta de la entidad en la que indicó que en cumplimiento de la sentencia le canceló al solicitante la cantidad de $117.776.350 por salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta el reintegro. Asimismo, dijo que, el ISS en ese escrito también afirmó que posteriormente le consignó al promotor en la cuenta del Juzgado Sexto Laboral del Circuito la suma de $86.318.812 por concepto de nivelación salarial y que la entidad advirtió que había un nuevo proceso en su contra en el que se requirió el pago de la nivelación salarial como profesional universitario, el cual estaba pendiente de fallo. Más adelante expresó la colegiatura que, en los folios

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Radicación n.° 87676 209 a 221 y 351, obraba esa nueva demanda de la cual conoció el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, en la que suplicó la cancelación de salarios y prestaciones sociales como profesional universitario, a partir del 8 de enero 2008 y que ese juicio terminó con sentencia de segunda instancia en la que se confirmó la declaratoria de la excepción de cosa juzgada. Después refirió el Tribunal que, en los folios 69 a 72 se observaba el acto administrativo 7838 del 13 de febrero de 2015 por medio del cual se liquidaron las prestaciones sociales del accionante cuando finiquitó el contrato laboral, el cual fue objeto de recurso de alzada por inconformidad con el monto reconocido, debido a que el trabajador estimó que no se le incluyó lo adeudado por el reajuste salarial y

prestacional comprendido del 4 de enero de 2008 al 28 de febrero de 2013, además por desacuerdo respecto de las cesantías retroactivas e intereses a las mismas (f.os 73 a 77). También aludió el Ad quem a que el ISS emitió el acto administrativo 9441 del 20 de marzo de 2015, a través del cual confirmó la decisión recurrida y advirtió que no había lugar a pronunciamiento sobre el reajuste dado que la resolución atacada no aludía a ese tema sino únicamente a la liquidación de las prestaciones causadas durante toda la relación laboral (f.os 78 a 81). Luego de relatar esos antecedentes, el juez plural señaló que de conformidad con la apelación del actor debía resolver inicialmente, sobre la procedencia de las cesantías e

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Radicación n.° 87676 intereses. Adujo que, de conformidad con el artículo 467 del CST que contiene la definición de la convención colectiva y el canon 373 ibidem, los sindicatos están legitimados para negociar esos instrumentos; por tanto, las estipulaciones que ellos contienen constituyen verdaderos derechos objetivos con efectos vinculantes para sus suscriptores y con carácter de fuente autónoma de derecho para lo que se apoyó en la sentencia CSJ SL4934-2017. Indicó que, en la convención del ISS las partes inicialmente fijaron un método de liquidación de cesantías retroactivas por encima de lo establecido en la ley y, más tarde, en virtud de una nueva negociación los suscriptores acordaron en el instrumento 2001-2004, congelar esa forma

de cálculo de dicha prestación y hacerlo de manera anualizada. Consideró que el sindicato estaba legitimado para retomar conversaciones sobre este tema máxime que el acuerdo se justificó como una estrategia para recuperar financieramente el ISS y lograr su viabilidad financiera (f.os 51 a 58), lo cual se corroboraba con el concepto del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, rad. 1400 del 30 de mayo de 2002. Respecto de la petición referente a que se revisara la liquidación de las cesantías definitivas pagadas al demandante a la finalización del vínculo, estableció que esa prestación no había hecho parte del litigio y tan solo se planteaba en los alegatos de conclusión y en el recurso de

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Radicación n.° 87676 apelación. En lo que atañe a la cosa juzgada que alegó en la alzada el PAR ISS, en relación con el reajuste de los salarios y prestaciones sociales causadas del 4 de enero de 2008 al 28 de febrero de 2013 en el cargo de profesional universitario grado 27, luego de referirse a ese instituto y sus elementos, anotó que, en los varios procesos tramitados en los juzgados Sexto, Quinto Laboral del Circuito, y en el presente que había cursado en el Juzgado Trece del mismo distrito judicial, las partes eran las mismas. Precisó que si bien el objeto o pretensión del litigio primigenio había sido planteada de manera más extensa, encaminada a la declaración de la existencia de un contrato de trabajo y el reintegro al cargo de profesional universitario

grado 27, con el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales acorde con esa posición; según las pruebas recaudadas tales como la Resolución 6437 del 27 de diciembre de 2007 (f.os 45 a 47), advirtió que el ISS dio cumplimiento a la orden judicial en firme al disponer el reintegro del señor Buitrago Piza y aunque erradamente lo ubicó como técnico administrativo, después enmendó la situación a través del acto administrativo 0203 del 14 de febrero de 2013 y lo reintegró como profesional universitario (f.os 49 a 50). Añadió que, por tanto, lo que reclamó el accionante en los procesos subsiguientes, correspondía a lo que se debatió y determinó en el juicio inicial en el cual se ordenó la

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Radicación n.° 87676 reinstalación del convocante en el cargo de profesional universitario grado 27 a partir del año 2008; sin que la circunstancia de que la entidad no cumpliera adecuadamente la orden judicial diera lugar a la generación de un nuevo litigio. Señaló que, en el segundo pleito que se tramitó ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, la pretensión también se había orientado específicamente a la obtención del pago de reajuste de salarios y prestaciones a partir del año 2008 en el puesto de profesional universitario grado 27. Después asentó que, al existir el derecho a la remuneración correspondiente al citado cargo, si el pago de los salarios y prestaciones sociales en un determinado lapso fue deficitario, el saldo adeudado se podía hacer efectivo a

través de un proceso ejecutivo hasta obtener la satisfacción total de la obligación. Precisó que lo pretendido en el sub examine versaba sobre la misma aspiración, ya sea declarativa o de condena, esto es, es el reajuste salarial a partir del reintegro del accionante como profesional universitario grado 27. Destacó que también había identidad de causa, puesto que se fundamentan en el hecho de haber desempeñado el extrabajador durante su vinculación las funciones de profesional universitario, lo que dio lugar al reintegro en ese cargo. Asimismo, se trataba de las mismas partes, pues el

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Radicación n.° 87676 sujeto activo era Buitrago Piza y los pasivos, el ISS y su sucesor el PAR ISS representado por Fiduagraria. Así, dijo, se configuró la excepción de cosa juzgada cuya declaración procedía de oficio para lo que trajo a colación las sentencias CSJ SL, 23 oct. 2012, rad. 39366, CSJ SL107602017 y CSJ SL5226-2017.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Sala, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia acusada, en cuanto revocó parcialmente la de primer grado y declaró probada la excepción de cosa juzgada absolviendo de las pretensiones tercera y quinta de la demanda, para que, en su lugar, y una vez constituida en sede de instancia, confirme la condena a los reajustes

salariales y prestacionales causados entre el 4 de enero de 2008 y el 28 de febrero de 2013 respecto de la asignación salarial propia del cargo de profesional universitario grado 27 y la indemnización moratoria desde el 1 de julio de 2015 hasta la satisfacción definitiva de la obligación y, provea en costas como corresponda.

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Radicación n.° 87676 Con tal propósito formula dos ataques, por la causal primera de casación, que fueron replicados, los cuales se procede a resolver en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la providencia por violar indirectamente los artículos 303 de CGP, 145 del CPTSS, 1, 2, 4, 11, 12 y 17 de la Ley 6 de 1945, 1, 2, 3, 4, 13, 14 y 20 del Decreto 2127 de 1945 y 1 del Decreto 797 de 1949.

Denuncia como errores evidentes de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que en el presente proceso operó el fenómeno de la cosa juzgada respecto de la pretensión tercera de la demanda tendiente a que se declarara que para el 31 de marzo de 2015 el ISS EN LIQUIDACIÓN le quedó adeudado al señor GUSTAVO ADOLFO BUITRAGO PIZA los reajustes salariales y prestacionales causados entre el 4 de enero de 2008 y el 28 de febrero de 2013.

2. No dar por demostrado estándolo que la causa y el objeto de la pretensión tercera de este proceso son diferentes a las de los procesos formulados anteriormente por el señor GUSTAVO

ADOLFO BUITRAGO PIZA en contra del ISS. Refiere como erróneamente apreciados los siguientes elementos probatorios y piezas procesales: -Copia de la demanda ordinaria del proceso que el actor adelantó ante el Juzgado Sexto Laboral de Circuito de Medellín (f.os 215 a 222 cdno. anexo 2). - Reproducciones de las sentencias de primera y segunda instancia y de casación proferida por el Juzgado Sexto Laboral de Circuito de Medellín, el Tribunal Superior de esa ciudad y esta corporación en el proceso anterior (f.os 421 a 428 anexo 2; 411 a 430 anexo 1 y 521 a 543 anexo 1).

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Radicación n.° 87676 -Copia de la demanda ordinaria del proceso que el accionante promovió ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín (f.os 2 a 12 cdno. 2010-01285). - Copia de la sentencia de segundo grado del citado proceso (f.os 454 a 266). - La demanda del presente juicio (f.os 2 a 26, cdno. 1). - Copia de la Resolución 0203 de 14 de febrero de 2013 emitida por el ISS (f.os 48 a 50 y 98 a 100). En la demostración del cargo indica que el Tribunal se equivocó al declarar la cosa juzgada toda vez que en ninguno de los procesos anteriores se reclamó lo que aquí se persigue, esto es, la pretensión declarativa consistente en que, a 31 de marzo de 2015, al demandante se le adeudaban por parte del ISS los reajustes salariales y prestacionales causados por el

lapso transcurrido entre el 4 de enero de 2008 y el 28 de febrero de 2013 en el que ocupó el cargo de profesional universitario grado 27. Esa aspiración declarativa se encaminó igualmente a que se condenara al pago de la indemnización moratoria o la indexación dado que a la finalización del vínculo se le adeudaban salarios y prestaciones sociales. Luego, transcribe los hechos de la demanda alusivos a las anteriores peticiones e insiste en que son distintas a los de los otros procesos que incoó. Se refirió concretamente a la situación jurídica salarial y prestacional a 31 de marzo de 2015, fecha de terminación de la relación laboral, así como a la Resolución 0203 de 14 de febrero de 2013 la cual afirma, no había sido expedida cuando instauró esas demandas siendo trascendental en este juicio puesto que refleja una

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Radicación n.° 87676 nueva situación fáctica. Reitera que la pretensión tercera de la demanda inaugural era meramen