CSJ - SL912-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL912-2023 Radicación n.° 95013 Acta 14 Bogotá, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por TANIA ALEJANDRA SANTOS ACOSTA contra la sentencia proferida el 19 de octubre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra el BANCO POPULAR S.A. y ACCIÓN S.A.S., trámite al cual se llamó en garantía a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE

FIANZAS S.A. CONFIANZA.

I. ANTECEDENTES Tania Alejandra Santos Acosta inició proceso ordinario laboral a fin que se declare: i) que a través de un contrato de trabajo a término indefinido laboró para el Banco Popular S.A., desde el 22 de septiembre de 2005 hasta el 28

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Radicación n.° 95013 de septiembre de 2016, cuando finalizó el nexo de forma unilateral y sin justa causa; ii) que Acción S.A.S. fungió como un simple intermediario y es solidariamente responsable de las condenas; y iii) que a la accionante le asiste derecho a percibir una asignación salarial igual a la recibida por los trabajadores directos de la entidad bancaria, junto con los beneficios convencionales pactados. Como consecuencia de lo anterior, solicitó se condene a la parte demandada a cancelar: la diferencia salarial; los

beneficios extralegales relativos al auxilio de transporte y educativo, prima de vacaciones, de antigüedad y semestral; la reliquidación de las prestaciones sociales, vacaciones y de la indemnización por despido sin justa causa; el reajuste de los aportes a la seguridad social; las sanciones consagradas en las Leyes 52 de 1975 por el no pago oportuno de los intereses a la cesantía y 50 de 1990 por la no consignación de la cesantía en un fondo; la indemnización moratoria; la indexación; lo que resulta probado ultra o extra petita; y las costas del proceso. Subsidiariamente, pretendió las mismas condenas, pero a cargo de la empresa de servicio temporal Acción S.A.S. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 22 de septiembre de 2005 comenzó a laborar para la EST Acción S.A.S. a través de un contrato por obra, mediante el cual fungió como trabajadora en misión en el Banco Popular S.A., en el cargo de auxiliar contable, vínculo que finalizó el 21 de mayo de 2006; que el 20 de junio siguiente suscribió un nuevo acuerdo en iguales términos que el

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Radicación n.° 95013 anterior y estuvo vigente hasta el 24 de junio de 2007; y que el 23 de julio de ese año celebró otro contrato, el cual se desarrolló hasta el 16 de septiembre de 2007, en las mismas condiciones. Indicó que siguió prestando sus servicios para el banco mediante la citada empresa de servicios temporales, así: del 17 de septiembre de 2007 al 10 de enero de 2008

como secretaria, del 12 de febrero 2008 al 4 de febrero de 2009 como auxiliar contable y del 20 de febrero de 2009 al 19 de enero de 2010 como auxiliar jurídico. Expresó que el 20 de enero de 2010, se vinculó de forma directa con el Banco Popular S.A.; y que ese contrato fue finalizado de forma unilateral y sin justa causa por la empleadora el 29 de septiembre de 2016. Manifestó que siempre cumplió funciones de carácter permanente relacionadas con el giro ordinario del banco accionado; que no obstante a las diferentes denominaciones formales del cargo desempeñado, ejecutó labores de analista operativa; que percibía una asignación inferior a la que recibían los trabajadores de planta; y que al interior de esa entidad existe una convención colectiva de trabajo, la cual se aplica a todos los trabajadores. Al dar respuesta a la demanda, Acción S.A.S. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la celebración de diferentes contratos por obra con la

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Radicación n.° 95013 accionante en los extremos temporales por ella referidos; y de los restantes supuestos manifestó que no le constaban. En su defensa afirmó que cumplió con las obligaciones a su cargo, cancelando los salarios y prestaciones sociales causadas; que los nexos terminaron por la finalización de la obra; y que hubo solución de continuidad en cada convenio. Propuso las excepciones de pago y prescripción. Por su parte, el Banco Popular S.A. al contestar el escrito de acción se opuso a las súplicas. Frente a los

hechos, adujo que era cierto que la promotora del proceso suscribió unos contratos por obra o labor con la empresa de servicios temporales codemandada y fue enviada en misión a esa entidad bancaria; al igual admitió que luego celebró directamente un contrato de trabajo con la actora en los extremos temporales informados, el cual finalizó de manera unilateral. De los restantes, expresó que no le constaban o que no eran ciertos. Como razones de defensa manifestó que con la accionante signó un contrato de trabajo, que se desarrolló del 20 de enero de 2010 al 28 de septiembre de 2016, cancelándole todas las prestaciones sociales. Adujo que, con antelación a ese periodo, el vínculo fue con la empresa de servicios temporales a través de seis contratos, mediando interrupciones entre uno y otro, siendo independientes.

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Radicación n.° 95013 Formuló las excepciones de prescripción, inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, falta de título y causa, enriquecimiento sin justa causa, pago, compensación, buena fe, inexistencia de responsabilidad solidaria y la genérica. Por otra parte, llamó en garantía a la Compañía Asegurada de Fianzas S.A. Confianza, petición a la que accedió el juzgado de conocimiento (f.o 930). Vinculada dicha aseguradora, expresó que se abstenía de pronunciarse sobre las pretensiones, pues desconocía los fundamentos fácticos que servían de soporte a la acción judicial. Respecto a los hechos esgrimió que no le

constaban. En su defensa adujo que la última póliza estuvo vigente hasta el año 2011, de modo que cualquier obligación respecto a la aseguradora estaba prescrita. Propuso las excepciones de ausencia de cobertura en caso de ser condenado el asegurado, prescripción, exclusión de prestaciones laborales y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 30 de junio de 2021 resolvió:

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PRIMERO: DECLARAR que entre señora TATIANA ALEJANDRA SANTOS ACOSTA, como trabajadora y el BANCO POPULAR, como empleador, existieron siete contratos de trabajo, el primer contrato desde el 22 de septiembre del año 2005 al 21 de mayo 2006, el segundo contrato desde el 20 de junio del 2006 al 24 de junio de 2007, el tercero contrato desde 23 de julio de 2007 al 16 de septiembre de 2007, el cuarto contrato desde 17 de septiembre de 2007 al 10 de enero de 2008, el quinto contrato desde 12 de febrero de 2008 al 4 de febrero de 2009, el sexto contrato desde el 20 de febrero de 2009 al 19 de enero de 2010, séptimo contrato desde el 20 de enero de 2010 al 28 de septiembre de 2016, de acuerdo en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de

prescripción propuesta por el Banco Popular y la demandada

ACCIÓN SAS.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda ante lo motivado.

CUARTO: ABSOLVER la llamada en garantía SEGUROS CONFIANZA S.A.; costas a cargo de las demandadas a favor de la demandante, teniendo en cuenta que se declara la existencia del contrato de trabajo y como agencia en derecho la suma de

$500.000.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación interpuestos por la demandante y Acción S.A.S., la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, con decisión del 19 de octubre de 2021, de la cual negó su adición con proveído del 14 de diciembre siguiente, resolvió: PRIMERO: REFORMAR el Ordinal Primero de la parte resolutiva de la sentencia de 30 de junio de 2021 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué, en el proceso ordinario laboral promovido por TANIA ALEJANDRA SANTOS ACOSTA contra el BANCO POPULAR S. A. y ACCIÓN S.A.S., el cual quedará así: DECLARAR que entre TANIA ALEJANDRA SANTOS ACOSTA y el BANCO POPULAR S.A., existieron dos contratos de trabajo, el primero de 22 de septiembre de 2005 a 10 de enero de 2008 y el segundo de 12 de febrero de 2008 a 28 de septiembre de 2016.

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Radicación n.° 95013

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal tercero de la parte resolutiva

de la mencionada sentencia, y en su lugar se dispone: 2.1. CONDENAR al BANCO POPULAR S.A. a pagar a TANIA ALEJANDRA SANTOS ACOSTA, una vez en firme la presente providencia las siguientes sumas: $11.232.685,09, por reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa y $673.960.40, por reajuste de cesantías, más la suma diaria de $75.239.87, por indemnización moratoria por el no pago de dichas cesantías, a partir de 29 de setiembre de 2016 y por el término de 24 meses, es decir hasta el 28 de septiembre de 2018, si el pago no se hubiera hecho antes, y a partir del primer día del mes 25 pagará a la demandante intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificado por la Superfinanciera y hasta cuando se cancele dicha prestación. 2.2. CONDENAR al BANCO POPULAR SA. a pagar a favor de TANIA ALEJANDRA SANTOS ACOSTA, en Colpensiones una vez en firme esta sentencia el reajuste de los aportes en pensión por los periodos de 22 de septiembre de 2005 a 10 de enero de 2008 y 12 de febrero de 2008 a 19 de enero de 2010, teniendo como monto de cotización la suma mensual de $239.449 entre 22 de septiembre y 31 de diciembre de 2005; $306.957,53 entre el 10 de enero y 19 de junio de 2006; $269.264,53 entre el 20 de

junio y 31 de diciembre de 2006; $327.611 entre el 10 de enero y 16 de septiembre de 2007; $379.632 entre el 17 de septiembre y 31 de diciembre de 2007; $457.799 entre el 1° y 10 de enero de 2008; $328.799 entre el 12 de febrero y 31 de diciembre de 2008; $440.211 entre el 10 de enero y 19 de febrero de 2009; $361.251 entre el 10 de febrero y 31 de diciembre de 2009 y $404.658 entre el 1° y 19 de enero de 2010; de acuerdo con el cálculo actuarial que efectúe Colpensiones, administradora de pensiones a la cual se encuentra afiliada la actora, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 2.3. NEGAR las restantes pretensiones de la demanda.

TERCERO: CONDENAR en forma solidaria a ACCIÓN S.A.S., al pago de las condenas impuestas al BANCO POPULAR S.A.

CUARTO: En lo demás la mencionada sentencia queda incólume.

QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia.

SEXTO: DEVOLVER oportunamente el expediente al Juzgado de origen.

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Radicación n.° 95013 El ad quem tuvo como problemas jurídicos: determinar si entre la demandante y el Banco Popular S.A. existió un solo nexo laboral; si resultaba procedente la nivelación salarial; y de salir avante estas súplicas, si Acción S.A.S. es solidariamente responsable de las condenas a que hubiera

lugar. El juez colegiado de forma preliminar expuso que declararía la existencia de dos contratos de trabajo, junto con el reajuste salarial y, por tanto, ordenaría la reliquidación de la indemnización por despido, el reajuste en los aportes en materia pensional y auxilio de cesantía, junto con el pago de la indemnización establecida en el artículo 65 del CST. Expresó que la parte demandada no cuestionó la declaratoria de los contratos de trabajo realizada por el a quo, de allí que debía analizar era si fue un solo nexo como lo reclamó la demandante apelante, o si fueron varias relaciones laborales. Consideró que las interrupciones entre uno y otro acuerdo, en su mayoría, eran inferiores a un mes y, con apoyó en las sentencias CSJ SL2193-2018 y CSJ SL9812019, estimó que eran aparentes, máxime que según la certificación expedida el 10 de junio de 2021 por la empleadora, la trabajadora siempre estuvo como analista, adscrita al área de cobranzas jurídicas, al margen de las denominaciones formales que efectuó la empresa de servicios temporales.

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Radicación n.° 95013 Destacó que «el Banco Popular tuvo siempre la intención de dar continuidad al vínculo que sostenía con la trabajadora» y que si bien la actora en el interrogatorio confesó que en los lapsos de interrupción no prestó sus servicios, lo cierto era que, a juicio del juez colegiado, con apoyo en la referida jurisprudencia, las interrupciones que

«no superaron los 30 días», debían tenerse como «insignificantes e intrascendentes que no pueden variar la continuidad del servicio»; de modo que, infirió que se desarrolló un contrato del 20 de septiembre de 2005 al 10 de enero de 2008, empero estimó que como se presentó una interrupción de 31 días entre el 10 enero y el 12 de febrero de 2008, esto es, «superior a los 30 días que señala la Jurisprudencia», esta no podía estimarse como aparente, de allí que a partir de esa última fecha y hasta el 28 de septiembre de 2016, debía considerase que existió otro nexo laboral independiente. Concluyó que declararía dos contratos de trabajo así: del 22 de septiembre de 2005 al 10 de enero de 2008 y otro desde el 12 de febrero de ese año hasta el 28 de septiembre de 2016. Frente a la nivelación salarial razonó que había una diferencia entre la suma percibida por la accionante y la que le era cancelada al personal de planta, de modo que, en aplicación a lo establecido en el artículo 79 de la Ley 50 de 1990, procedía tal pedimento, sin embargo, adujo:

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Radicación n.° 95013 Tal como se manifestó anteriormente, con el informe rendido el 10 de junio de 2021 por el Director de Asunto Laborales del Banco Popular S.A., se demuestra que la demandante durante los periodos de 22 de septiembre de 2005 a 10 de enero de 2008

y 12 de febrero de 2008 a 19 de enero de 2010, ocupó el cargo de Analista Técnico 2 y Analista operativo para dicho banco, los cuales se encuentran adscritos al área de cobranza jurídica de la ciudad de Ibagué, cargos cuyo salario correspondía para 2005 a la suma mensual de $924.777; para el 2006, la suma de $992.285.53; para el 2007, la suma de $1.050.632; para el 2008, la suma de $1.128.799; para el 2009, la suma de $1.240.211 y para el 2010, la suma mensual de $1.283.618. (Archivo 029 del expediente digital). De acuerdo con la certificación expedida el 18 de octubre de 2016 por la Empresa de Servicios Temporales Acción S.A., la demandante durante los periodos de 22 de septiembre de 2005 a 10 de enero de 2008 y 12 de febrero de 2008 a 19 de enero de 2010, devengó como salario mensual las siguientes sumas: $685.328, de 22 de septiembre de 2005 a 21 de mayo de 2006; $723.021, de 20 de junio de 2006 a 16 de septiembre de 2007; $671.100 de 17 de septiembre de 2007 a 10 de enero de 2008; $800.000 de 12 de febrero de 2008 a 4 de febrero de 2009 y $878.960 entre 20 de febrero de 2009 y el 19 de enero de 2010. (Folio 535 y 536 archivo 003 del expediente digital). [..] No obstante haberse demostrado que la demandante tiene

derecho a la nivelación salarial solicitada por el primer contrato demostrado que osciló entre el 22 de septiembre de 2005 a 10 de enero de 2008 y por el segundo contrato sólo por el periodo de 12 de febrero de 2008 a 19 de enero de 2010, no se accederá al pago por reajuste de salarios, prestaciones sociales y demás derechos laborales surgidos por el primer contrato de trabajo, por cuanto se encuentran cobijados por la prescripción que declaró el Juez de instancia, que operó para todas las acreencias que se hicieron exigibles con anterioridad al 15 de septiembre de 2015, la cual no fue materia de inconformismo ante esta instancia, que impide efectuar algún reconocimiento al respecto, a excepción de los aportes en pensión que por su naturaleza son imprescriptibles. Igual sucede respecto del periodo 12 de febrero de 2008 a 19 de enero de 2010, que se encuentra dentro del segundo contrato de trabajo que se reconoció y que fluctuó entre el 12 de febrero de 2008 y el 22 de septiembre de 2016, a excepción del auxilio de cesantías que la prescripción para su pago empieza a correr a la finalización del contrato de trabajo y los aportes en pensión que como se dijo son imprescriptibles.

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Radicación n.° 95013 Procedió a reajustar el auxilio de cesantía conforme al salario que realmente debió devengar la demandante, y una vez efectuadas las operaciones pertinentes, respecto al segundo contrato, arrojó la suma de $673.960 por diferencias; para lo cual arguyó: Se accederá al reajuste del auxilio de cesantías por el periodo de

12 de febrero de 2008 a 19 de enero de 2010, por la prescripción ya analizada y de acuerdo con el salario que debió devengar la demandante de acuerdo con el cargo que ocupó de Analista Técnico 2 y Analista operativo, para el Banco Popular S.A. que osciló en la suma mensual de $1.128.799, para el 2008; $1.240.211, para el 2009 y de $1.283.618, para el 2010 (archivo 029 del expediente digital), y lo percibido por ésta que correspondió a la suma mensual de $800.000, entre el 12 de febrero de 2008 y 4 de febrero de 2009; $878.960 entre el 20 de febrero de 2009 y 19 de enero de 2010 (Folios 52 y 53 archivo 003 del expediente digital), le corresponde por reajuste cesantías por el 2008, la suma de $291.352.45; por el 2009, la suma de $361.251.00 y por el 2010, la suma de $21.356.95, para un total de $673.960.40, que se ordenará pagar. En lo concerniente a la indemnización por terminación del contrato sin justa causa, estimó que no existía discusión respecto a que el nexo finalizó por decisión unilateral de la empleadora, de allí que debía reajustarse, pues el extremo inicial era el 12 de febrero de 2008 y no el 20 de enero de 2010 como lo estimó el Banco Popular S.A. En ese orden de ideas, con apoyo en el literal c) de la cláusula cuarta de la convención colectiva de trabajo 1992,

que dijo se extendía a todos los trabajadores, infirió que la reliquidación de la mencionada indemnización por despido ascendía al valor de $11.232.685,09.

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Radicación n.° 95013 Pasó a analizar la procedencia de la indemnización moratoria y arguyó que no operaba de forma automática, en tanto debía determinar si el empleador actuó de buena o mala fe; y razonó: En el presente caso, no existe ninguna prueba que demuestre un actuar de buena fe del Banco Popular para no haberle cancelado a la demandante las cesantías en forma completa, pues le quedó debiendo un saldo por la diferencia salarial que existió entre el salario que devengó la trabajadora y el que debía percibir según el cargo que ocupó para la mencionada entidad, cuando fue contratada como empleada en misión, actividad ejercida que no se enmarca dentro de ninguno de los casos taxativamente señalados por el artículo 77 de la Ley 50 de

1990. Además, lejos de ser ocasional tenía vocación de permanencia, pues el cargo que ocupó al interior del banco hacía parte de su objeto social, siendo evidente que lo que pretendía dicha entidad con la mencionada contratación era encubrir una necesidad permanente en el desarrollo de sus actividades bajo la apariencia de la temporalidad, con el objeto de aprovecharse ilimitadamente de los servicios personales de la demandante, cancelándole un salario que no correspondía al cargo que ejercía, lo que conlleva a que su actuar estuvo revestido de mala fe, hasta el punto que se convirtió en el empleador de la accionante, que trae como consecuencia a que debe ser condenado al pago de esta indemnización, que

corresponde a la suma diaria de $75.239.87, a partir de 29 de septiembre de 2016, día siguiente a la terminación del último contrato y por el término de 24 meses, es decir hasta el 28 de septiembre de 2018, si el pago no se hubiera hecho antes, y a partir del primer día del mes 25, el reconocimiento de intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superfinanciera, sobre el monto de las cesantías adeudadas y hasta cuando se efectué su pago. Expresó que, en cuanto a los aportes en materia pensional, debieron efectuarse conforme al salario que le correspondía percibir, de allí que ordenó su reajuste en la forma descrita en la parte resolutiva de la sentencia. Finalmente, indicó que la EST Acción S.A.S. era solidariamente responsable de las condenas, ello acorde al

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Radicación n.° 95013 artículo 35 del CST, «además, por cuanto las condenas que se imponen surgieron por los periodos en donde Acción S.A.S., actuó en dicha calidad de intermediaria». En proveído del 14 de diciembre de 2021, al resolver sobre la solicitud de adición impetrada por la accionante, el ad quem indicó: En el presente caso, lo que se busca por la demandante es que se efectué un pronunciamiento individual y concreto sobre la indemnización por la no consignación de forma completa de las cesantías correspondientes de 2005 a 2010 y la sanción establecida por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo,

por el no pago completo de los aportes a la seguridad social y parafiscalidad por los periodos de 22 de septiembre de 2005 a 10 de enero de 2008 y de 12 de febrero de 2008 a 19 de enero de 2010. Al efecto el juez colegiado expresó que la sanción por la no consignación de las cesantías en un fondo estaba prescrita y frente a la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del CST arguyó que: En relación con la indemnización establecida por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que se solicita por el no pago completo de los aportes a la seguridad social y parafiscalidad por los periodos de 22 de septiembre de 2005 a 10 de enero de 2008 y 12 de febrero de 2008 a 19 de enero de 2010, al haberse accedido a dicha indemnización por no pago de salarios y prestaciones sociales, no había lugar a pronunciamiento, ni mucho menos reconocimiento de una doble indemnización por el mismo concepto por haberse omitido el pago completo de los aportes en pensión, lo que conlleva que no hay lugar a la adición solicitada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 95013 Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case parcialmente la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, se declare la existencia de un solo nexo laboral; se reliquide la indemnización por despido y «se

condene al extremo pasivo de manera solidaria al pago de la indemnización por la mora en el pago íntegro de las obligaciones de seguridad social y parafiscales (parágrafo 1 art. 65 CST), y el pago de las indemnizaciones por no consignación integra de las cesantías a un fondo destinado para ello (Ar. 99 Ley 50/90)». Con tal propósito formula cinco cargos, los cuales son replicados por el banco demandado; y serán estudiados así: los dos primeros ataques en forma conjunta por perseguir el mismo cometido y complementarse entre sí; luego se analizará el tercer ataque; y finalmente de forma simultánea se despacharán los dos restantes reproches, en la medida que denuncian similar elenco normativo y buscan igual finalidad.

VI. CARGO PRIMERO La censura aduce que la sentencia del Tribunal vulnera la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad

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Radicación n.° 95013 de interpretación errónea del artículo 29 de la Ley 789 de 2002. Alega que el juez colegiado negó el reconocimiento de la indemnización moratoria, al estimar «que no era posible volver a sancionar a las accionadas con respecto al canon 65 del CST, toda vez que, frente a tal disposición jurídica, las Demandadas ya habían sido condenadas en virtud del no pago de salarios y prestaciones sociales a la culminación de la relación laboral», de modo que era «improcedente una doble condena», motivo por el cual no adicionó la sentencia. Esgrime que esa hermenéutica del ad quem es errada

porque las sanciones son diferentes, una es la prevista en el numeral primero de la disposición en comento, y otra la del parágrafo, además contemplan supuestos de hecho distintos y los bienes protegidos son disímiles, por un lado, los salarios o prestaciones sociales, por otro, el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, tal como se expuso en sentencia CSJ SL37702020, de la cual cita un aparte. Transcribe el artículo 65 del CST, junto con un pasaje de la decisión CSJ SL516-2013; y aduce que nada se opone a imponer la sanción cuando se presentan ambos incumplimientos. Añade que en el sub lite se condenó a la empleadora a efectuar un reajuste en las cotizaciones al sistema de seguridad social, de modo que se está en presencia de un

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Radicación n.° 95013 pago parcial que no exonera ni libera de la cancelación de la indemnización moratoria deprecada, tal como se ha dicho en diferente jurisprudencia, entre otras, en la providencia CSJ SL, 14 jul. 2009, rad. 35303, reiterada en la CSJ SL1139-2018. Remata diciendo que la empleadora demandada no actuó de buena fe.

VII. CARGO SEGUNDO Es propuesto de la siguiente manera: Acuso la sentencia censurada por ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida del artículo 281 del CGP, por remisión del canon 145 del C.P.T.S.S., el artículo 66A del C.P.T.S.S., modificado por el

artículo 35 de la Ley 712 de 2001 y el canon 55 de la ley 270 de 1996, los anteriores preceptos adjetivos como violación medio que condujeron a la infracción directa del mandato de orden sustantivo reglado en el parágrafo primero (01) del artículo 65 del CST modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 Señala que el ad quem incurrió en los siguientes errores evidente de hecho: PRIMERO: No dar por demostrado, estándolo, la obligación del Juez Colegiado Ad Quem de proceder al estudio y resolución de fondo acerca de la pretensión solicitada en el libelo genitor de demanda en punto a la sanción establecida en el parágrafo primero (01) del canon 65 del CST por la mora en el pago íntegro de las obligaciones de seguridad social y parafiscales.

SEGUNDO: No dar por demostrado, estándolo, que el Suscrito Mandatario Judicial peticionó como pretensión individual e independiente de la sanción consagrada en el numeral 1 del canon 65 Ibidem, en el escrito de demanda, la indemnización consagrada en el parágrafo primero (01) del canon 65 del CST.

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TERCERO: No dar por demostrado, estándolo, que el suscrito togado en representación de los intereses de la señora TANIA ALEJANDRA SANTOS ACOSTA recurrió en alzada la condena contenida en el parágrafo primero (01) del canon 65 del CST, solicitando el respectivo estudio y condena de la mentada

sanción, una vez revocado el fallo emitido por el a quo de cara a la verdadera relación laboral que unió a las partes.

CUARTO: No dar por demostrado, estándolo, que la controversia fáctica y jurídica también se derivó con ocasión al pago parcial y/o la mora en el pago íntegro de las obligaciones de seguridad social y parafiscales, teniendo en cuenta el verdadero salario que debió percibir la Promotora del Proceso, lo que ameritaba el estudio de la sanción establecida en el parágrafo primero (01) del canon 65 del Ejusdem.

QUINTO: Dar por demostrado, sin estarlo, que la indemnización establecida en el parágrafo primero (01) del canon 65 del CST se trata de la misma sanción contemplada en el numeral 1 del canon 65 Ibidem, situación que conllevo la ausencia de resolución frente a la primera de estas.

(Negrilla y subrayas propias del texto) Asegura que esas equivocaciones fueron producto de la errónea valoración de algunas piezas del proceso, esto es, la demanda inicial, las respuestas de las accionadas y el recurso de apelación incoado por la demandante. En la sustentación del ataque, la censura se refiere de manera general al debido proceso, destacando que la decisión del litigio debe estar acorde a las pretensiones y excepciones propuestas, para de esta manera proferir una sentencia congruente; y aduce que de acuerdo con el principio de la consonancia es deber del Tribunal resolver sobre las materias objeto de reproche en el recurso de apelación.

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Radicación n.° 95013

A partir de lo anterior, transcribe una pretensión de la demanda introductoria, en la cual solicitó la indemnización moratoria, y esgrime que el fundamento de ese pedimento fue la ausencia de un pago íntegro de las obligaciones en materia de seguridad social y parafiscales; súplica a la que se opusieron las demandadas. Expresa que tal solicitud se reiteró en el recurso de apelación, empero el juez colegiado soportó su decisión, frente a esta indemnización moratoria, de forma exclusiva en la falta de pago de los salarios y prestaciones sociales; pero dejó de lado lo consagrado por el parágrafo del artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que regula las consecuencias de la ausencia o cancelación deficitaria de los aportes a la seguridad social, proceder con el cual vulneró los principios de congruencia y consonancia. Por último, expuso: Así las cosas, era una obligación procesal que el Juez Plural emitiera juicio y raciocinio de fondo respecto de la sanción consagrada en el parágrafo primero (01) del citado canon 65 ibidem, ora porque tal pretensión militaba en el libelo de demanda, fue discutida por las partes y sustentada desde las diferentes aristas en el plano fáctico, u ora porque ello fue materia del recurso de apelación impetrado en la oportunidad procesal pertinente, lo anterior deja en evidencia el yerro procesal que vulnera el principio de congruencia de las sentencias (Art. 281 CGP) y el principio de consonancia circunscripto al recurso de alzada referente a las materias objeto del mismo que le son puestas en conocimiento del Juez

de Segundo Grado (Art. 66A CPTSS).

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Radicación n.° 95013

VIII. LA RÉPLICA El Banco Popular S.A. se opone a los primeros