CSJ - AC472-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC472-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

AC472-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00236-00 Bogotá D.C, cuatro (4) de febrero de dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Medellín y Segundo Civil del Circuito de Rionegro - Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Ante los Juzgados Civiles del Circuito de Medellín, el Departamento de Antioquia interpuso demanda declarativa especial de expropiación en contra de Augusto López Valencia y otros, respecto de una franja de terreno de 707,73 m 2, identificada con el folio de matrícula inmobiliaria n.° 020-7214 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro, ubicada en la vereda Chachafruto de esta municipalidad. Atribuyó la competencia atendiendo a su condición de entidad territorial y en razón a que su domicilio se encuentra en dicha ciudad.

2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, mediante auto del 21 de octubre de 2025, declaró la falta de competencia con fundamento en el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso, al considerar que,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00236-00 2 tratándose de un proceso de expropiación, la atribución territorial corresponde de manera privativa al juez del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de la litis.

Para tal efecto, se apoyó en la providencia AC1111territorial corresponde de manera privativa al juez del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de la litis. Para tal efecto, se apoyó en la providencia AC11112024, en la cual se precisó que la ubicación de la sede administrativa de la entidad territorial demandante no determina el factor territorial de competencia, pues existe una diferencia conceptual entre domicilio y residencia. En consecuencia, remitió el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Rionegro (reparto).

3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro segundo receptor, planteó el conflicto negativo de competencia. Expuso que, ante la concurrencia del fuero real propio de los procesos de expropiación y del subjetivo derivado de la calidad de entidad territorial de la demandante, debía otorgarse prevalencia a este último, de conformidad con lo previsto en el numeral 10º del artículo 28 y el artículo 29 del Código General del Proceso, disposiciones que privilegian la competencia determinada en atención a la calidad de las partes.

Bajo ese entendimiento, indicó que se apartaba del criterio adoptado en el precedente CSJ AC1111-2024, al considerar que la voluntad del legislador es privilegiar el domicilio de la entidad pública cuando esta interviene como parte en el proceso, motivo por el cual concluyó que la competencia para conocer del asunto radicaba en el juzgado del domicilio del Departamento de Antioquia, esto es, en la ciudad de Medellín.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00236-00 3

II. CONSIDERACIONES

del domicilio del Departamento de Antioquia, esto es, en la ciudad de Medellín.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00236-00 3

II. CONSIDERACIONES

1. Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.

2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad.

3. En el presente caso, la controversia se presenta en torno al fuero real, dada la ubicación del inmueble, y el factor subjetivo por la calidad de entidad pública que ostenta la parte demandante ya que, al aplicar cada uno de estos criterios, se asigna la competencia a un juez diferente.

Respecto del fuero en razón a la ubicación del bien, aplicable a procesos en los que se ejerciten derechos reales, el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso, que regula la competencia territorial, contempla una «competencia privativa», mediante la cual atribuye el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se encuentran ubicados los bienes. De otro lado, el numeral 10º de la norma procesal en cita refiere que, «[e]n los procesos contenciosos en que sea

encuentran ubicados los bienes. De otro lado, el numeral 10º de la norma procesal en cita refiere que, «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizadaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00236-00 4 por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». De esta manera, al tratarse de procesos en que se ejercitan derechos reales y en los que interviene una entidad pública, se presenta una concurrencia entre fueros privativos que genera una aparente colisión, lo cual amerita una interpretación que la solucione.

4. En el caso concreto, se advierte que la entidad convocante es el Departamento de Antioquia, en su condición de entidad territorial, con personería jurídica y autonomía administrativa, financiera y presupuestal, cuyo centro principal de funcionamiento administrativo se encuentra en la ciudad de Medellín, razón por la cual se trata de una de las personas jurídicas a que alude el numeral 10º del artículo 28

del Código General del Proceso. Al aplicarse este criterio privativo a la entidad territorial demandante, se concluye que erró el juzgado inicial al apartarse del conocimiento de la demanda, pues la entidad promotora indicó de manera expresa que su domicilio se encontraba en esa ciudad, de manera que no le era dable al funcionario cuestionar dicha atribución pues aquello corresponde únicamente a las partes cuando consideren necesario objetarla por la vía procesal pertinente.

funcionario cuestionar dicha atribución pues aquello corresponde únicamente a las partes cuando consideren necesario objetarla por la vía procesal pertinente.

En ese sentido, se recuerda que, la regla fijada en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, este es un « “beneficio” o “privilegio” a favor de la entidad pública, conforme al cual se le autoriza demandar ante el juezRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00236-00 5 del sitio de su propio domicilio, quien deberá avocar el conocimiento del libelo así propuesto.» (CSJ AC925-2019). En esa línea, resulta oportuno precisar que, en un caso de similares contornos fácticos y jurídicos, esta Corte en la providencia CSJ AC9068-2025, estableció que: «Cabe poner de presente que el Departamento de Antioquia, como entidad territorial, es una persona jurídica de derecho público, cuya representación legal recae en el Gobernador del Departamento, como jefe de la administración seccional (art. 286 C.P.; art. 2 y 107 L.2200 2002). Conforme a la información suministrada en su sitio institucional en internet, la Gobernación de Antioquia, tiene su sede en el Centro Administrativo Departamental -José María Córdova-, La Alpujarra, de la ciudad de Medellín1. De igual modo, se advierte que en el derecho privado no es extraño entender que el domicilio de las personas jurídicas se encuentra

Departamental -José María Córdova-, La Alpujarra, de la ciudad de Medellín1. De igual modo, se advierte que en el derecho privado no es extraño entender que el domicilio de las personas jurídicas se encuentra en el lugar donde está situada su sede administrativa. Al efecto, se tiene en cuenta que el artículo 633 del Código Civil, consagra que las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública y, en punto a su domicilio, el artículo 86 ibidem, preceptúa, «[e]l domicilio de los establecimientos, corporaciones y asociaciones reconocidas por la ley, es el lugar donde está situada su administración o dirección, salvo lo que dispusieren sus estatutos o leyes especiales». En ese contexto, y al existir la concurrencia de ambos criterios, debía el funcionario respetar la elección realizada por la Gobernación de Antioquia, pues aquella se acompasaba con lo establecido en la norma.

5. En consecuencia, se declarará que la competencia del asunto en revisión corresponde al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, por lo que se ordenará por Secretaría remitirlo a este Despacho para que imprima el trámite pertinente.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00236-00

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III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, es el competente para conocer la causa de la referencia.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, es el competente para conocer la causa de la referencia.

Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto dirimido.

Tercero: Librar los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada

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