CSJ - AC860-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC860-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente AC860-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00456-00 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Promiscuo Municipal de Vélez, Santander y Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.
I. ANTECEDENTES 1.- El Banco Agrario de Colombia S. A. instauró demanda ejecutiva para la efectividad de garantía real contra Segundo Demetrio Murcia Sánchez, con el propósito de obtener el pago de las obligaciones contenidas en los pagarés 06046610013704, 060466100012498 y 060466100012497, junto con los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos adeudados.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00456-00
2 Presentado el libelo ante los jueces promiscuos municipales de Vélez, Santander , en el acápite pertinente, indicó que la competencia territorial se fijaba por el domicilio de la ejecutante, concepto que cobija la sucursal o agencia de esta involucrada, por lo que «teniendo en cuenta la ubicación (sic) del bien grabado con la hipoteca se encuentra situado en este municipio (Puente nacional — Santander) aunado [a] que el ejecutado reside igualmente en este municipio, mal haría la judicatura recepcionante de
del bien grabado con la hipoteca se encuentra situado en este municipio (Puente nacional — Santander) aunado [a] que el ejecutado reside igualmente en este municipio, mal haría la judicatura recepcionante de esta acción en vulnerar los derechos del demandado remitiéndola a la capital del estado colombiano, pues estaría restringiendo su acceso a una correcta administración de justicia. Por lo anterior reitero que es usted competente para conocer de este proceso en virtud del lugar de ubicación del inmueble el cual es el municipio de VELEZ – Santander» [Folio 59, archivo 001, exp. digital]. 2.- Repartida la demanda al estrado Tercero Promiscuo Municipal de esa locación, éste se abstuvo de darle trámite, al considerar que en el asunto resultaba prevalente el factor subjetivo de competencia, «en tanto el ejecutante -Banco Agrario de Colombiaes una entidad descentralizada por servicios», por lo que «el cobro coercitivo reclama, de manera privativa y excluyente, a los juzgados del domicilio principal de la entidad bursátil para su adelantamiento, que, para el caso en particular, atendiendo la información que reporta el certificado de existencia y representación legal, es la ciudad de Bogota D.C.», fundamento con el cual dispuso la remisión del legajo a los jueces civiles municipales de Bogotá [archivo digital 006, ibidem]. 3.- El estrado Setenta y Dos Civil Municipal de Bogotá, al cual correspondió el asunto, adujo su falta de competencia por razón del factor cuantía, toda vez que «mediante acuerdo
Bogotá [archivo digital 006, ibidem]. 3.- El estrado Setenta y Dos Civil Municipal de Bogotá, al cual correspondió el asunto, adujo su falta de competencia por razón del factor cuantía, toda vez que «mediante acuerdo PCSJA23-12124 de 2023 emitido por el Consejo Superior de laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00456-00 3 Judicatura, este estrado judicial fue convertido nuevamente en Juzgado Setenta y Dos (72) Civil Municipal, motivo por el cual, este despacho judicial, ya no conoce de procesos de mínima cuantía» [archivo digital 010, ibidem]. 4.- Al repartirse nuevamente el diligenciamiento, le correspondió al Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, que rehusó conocer la ejecución, argumentando que: (…) en el presente asunto, se evidencia que la entidad presentó la demanda ante el «JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL VÉLEZ - SANTANDER», pues según señaló en el acápite de competencia y cuantía es el lugar de domicilio del demandado, amén de que cuenta con sucursal, y justamente realizada la consulta a través de la página web del Registro Único Empresarial y Social, se encontró que la ejecutante cuenta con una sucursal activa en Vélez - Santander, misma que está vinculada a este asunto en revisión, amén de que coincide con el domicilio del demandado. (…) De ahí que, si bien podría ser competente tanto el juez del domicilio
activa en Vélez - Santander, misma que está vinculada a este asunto en revisión, amén de que coincide con el domicilio del demandado. (…) De ahí que, si bien podría ser competente tanto el juez del domicilio principal de la ejecutante, como el del domicilio de la agencia vinculada, sucede que fue en este último lugar en donde se presentó la demanda, lo cual da cuenta de la verdadera intención de la entidad ejecutante de renunciar al foro 10°, para acogerse al foro 5° concerniente a su agencia vinculada, más cercana al lugar de domicilio del demandado [archivo 013, ibidem]. Bajo ese entendido , planteó el conflicto y dispuso el traslado del dossier a esta Corporación [archivo digital 013, ibidem].
II. CONSIDERACIONES 1.- Corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir la presente colisión, en tanto la CorteRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00456-00 4 es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- Para ejercer la jurisdicción y atender la demanda de justicia se han establecido de antaño una serie de criterios para alcanzar una distribución racional de los asuntos, asignando la competencia de estos a partir de diversos factores como el objetivo, subjetivo, territorial, funcional, de
para alcanzar una distribución racional de los asuntos, asignando la competencia de estos a partir de diversos factores como el objetivo, subjetivo, territorial, funcional, de conexidad, en los cuales se toma en consideración la naturaleza o materia del pleito, su cuantía la calidad de las partes que intervienen, así como el lugar donde debe impulsarse, de igual modo para completar dichas pautas están los fueros -general o especiales entre estos últimos el real, contractual, e incluso, para personas de derecho público [forum destinatae solutionis, forum gestae administrationis]- , ya que, en ocasiones, se presentan características particulares que imponen un criterio diferenciado. En ciertos supuestos, el legislador permite que determinado juicio pueda ser conocido a prevención por distintos juzgadores, evento en el cual se dice que se presentan fueros concurrentes; en tanto, cuando éste dispone que sólo un funcionario tenga la potestad de tramitar la actuación se estará ante el fuero privativo o privilegiado, en cuyo caso no se podrá llevar el pleito a un juez distinto al que expresamente determine el ordenamiento.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00456-00 5 3.- Cuando la asignación de la competencia se hace por el factor territorial, prima facie, podría decirse que pueden asumir el conocimiento del proceso todos los jueces del país, no obstante, el legislador se ocupó de delimitar dicha
3.- Cuando la asignación de la competencia se hace por el factor territorial, prima facie, podría decirse que pueden asumir el conocimiento del proceso todos los jueces del país, no obstante, el legislador se ocupó de delimitar dicha asignación autorizando en algunos eventos la concurrencia de varios factores que habilitan a falladores de distintos lugares (fueros concurrentes), pero también fijó pautas que asigna esa atribución de forma exclusiva y excluyente a un determinado juzgador, e incluso, privilegiando a unos sobre otros. Ciertamente, el artículo 28 del Código General del Proceso consagra la forma como se debe establecer el juez natural por el factor territorial, fijando una regla general de atribución, junto con otras especiales que limitan dicho espectro. De acuerdo con el numeral 1º del artículo 28 de la ley de enjuiciamiento, «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante». Con esta pauta general es clara la intención del legislador de asignar el conocimiento de los procesos contenciosos, en línea de principio, al iudex del lugar donde el llamado a juicio tiene su domicilio, a fin de hacer efectivo el acceso a la administración de justicia, en la medida que si la actuación se adelanta donde tiene el asiento principal de sus
contenciosos, en línea de principio, al iudex del lugar donde el llamado a juicio tiene su domicilio, a fin de hacer efectivo el acceso a la administración de justicia, en la medida que si la actuación se adelanta donde tiene el asiento principal de sus negocios se le facilita el ejercicio de sus derechos deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00456-00 6 contradicción y de defensa. De igual manera, el numeral 3º del mismo canon preceptúa que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita». Por su parte, el numeral 5º de la memorada disposición legal establece que «[e]n los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta». 4.- Bajo ese panorama surge, como regla de principio, que en materia de litigios derivados de un negocio jurídico o que involucren títulos valores, el legislador estableció una concurrencia de fueros para determinar la competencia de la autoridad judicial llamada a definir ese tipo controversias, circunstancia que permite al actor elegir entre las varias opciones establecidas en la ley. Ciertamente, para tales fines, está el fuero general correspondiente al domicilio del demandado; tratándose de
circunstancia que permite al actor elegir entre las varias opciones establecidas en la ley. Ciertamente, para tales fines, está el fuero general correspondiente al domicilio del demandado; tratándose de una persona jurídica será el asiento principal de sus negocios, pero, si la contienda está vinculada a alguna de sus sucursales o agencias, también lo podría ser el del lugar donde se halle ésta y si la lid se origina en un negocio jurídico, converge, adicionalmente, el sitio de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Así lo ha adoctrinado estaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00456-00 7 Corte, señalando que: (…) para las demandas derivadas de un negocio jurídico o que involucran títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui). Por eso doctrinó la Sala que el demandante, con fundamento en actos jurídicos de ‘alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor’ (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00) (CSJ, AC1439-2020, criterio
principio, a la determinación expresa de su promotor’ (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00) (CSJ, AC1439-2020, criterio reiterado en CSJ, AC3999-2021; CSJ, AC5784-2022; CSJ, AC269-2023; CSJ, AC1956-2023; CSJ, AC37452023, CSJ, AC3111-2024, y CSJ, AC5469-2025, entre otras). 5.- Sin embargo, de acuerdo con el inciso primero del numeral 10° del precepto que se viene comentando, «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad» (se resalta) , pauta de competencia instituida «en consideración a la calidad de las partes», que desplaza las reglas electivas como las demarcadas en precedencia; es más, en aplicación del criterio de preponderancia establecido en el canon 29 eiusdem, también relega a otras que ostentan su mismo carácter -privativo-, verbigracia, la determinada por el punto geográfico donde se localiza el bien sobre el cual se ejercite un derecho real (núm. 7). Esta nueva orientación fijada por el legislador, revela que se quiso «(…) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier
otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00456-00 8 competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija (…) la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del C.G.P.», directriz que se justifica «muy seguramente (…) por el orden del grado de lesión a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo Código es más gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticipó, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, está enlazada con una de carácter territorial» (CSJ, AC140-2020, reiterada en CSJ, AC1342-2023;
CSJ, AC1603-2023, CSJ, AC6500-2024 y CSJ, AC54692025).
Ahora, tal conclusión no se enerva por la realización de algunas actuaciones ante el fallador incompetente, ni en virtud de la renuncia que haga el organismo público de la garantía de demandar o de ser enjuiciado donde tiene su domicilio.
Ahora, tal conclusión no se enerva por la realización de algunas actuaciones ante el fallador incompetente, ni en virtud de la renuncia que haga el organismo público de la garantía de demandar o de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. Lo primero, porque, tal como se enfatizó en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignación del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, característica que trae aparejada «la imposibilidad de dar aplicación al principio de la perpetuatio jurisdictionis».Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00456-00 9 Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho público que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las reglas que cimientan la definición del juez natural exclusivo de un litigio1, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le esté permitido desconocerlas o socavarlas. 6.- Asentado lo anterior, en el sub lite no existe discusión en cuanto a que el ejecutante es el Banco Agrario de Colombia S. A., cuya naturaleza es la de sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, organizado como establecimiento de crédito bancario y vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, según lo estatuido en el
economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, organizado como establecimiento de crédito bancario y vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, según lo estatuido en el artículo 47 de la Ley 795 de 2003 que modificó el canon 233 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, circunstancia que lo clasifica como entidad descentralizada por servicios del orden indicado según el canon 68 de la Ley 489 de 1998, de modo que la competencia para conocer de la ejecución radica, en forma privativa, en el juez de su lugar de domicilio, valga decir, en la capital de la República, de conformidad con la regla de atribución consignada en el numeral 10° del estatuto adjetivo. Lo precedente, por cuanto, en la escritura pública No. 668 otorgada ante la Notaría Segunda del Círculo de Vélez, 1 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acción tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 artículo. 28 C.G.P.).Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00456-00 10 Santander, por medio de la cual el deudor constituyó hipoteca abierta de primer grado sobre el inmueble de su propiedad a favor de la entidad financiera, se indicó que el asiento principal de está se encuentra localizado en la capital de la República, lugar donde, por ende, debe tramitarse el juicio [Folios 3141, archivo digital 001, ibidem]. 7.- No es procedente dar aplicación analógica al numeral 5° del artículo 28 del estatuto procesal para devolver
juicio [Folios 3141, archivo digital 001, ibidem]. 7.- No es procedente dar aplicación analógica al numeral 5° del artículo 28 del estatuto procesal para devolver el infolio al juzgador de Vélez, Santander, aunque allí se encuentre una de las sedes de la entidad financiera, en la medida que dicha regla opera cuando el proceso es « contra » la persona jurídica y ésta tiene sucursales o agencias, y no cuando se trata de la convocante como ocurre en este caso (CSJ, AC1868-2023; CSJ, AC2911-2023; CSJ, AC3745-2023 y CSJ, AC6500-2024; CSJ, AC6215-2025). 8.- Al amparo de las anteriores precisiones surge incontrastable que, como en el presente asunto, la convocante es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado cuyo domicilio principal es la ciudad Bogotá, son los juzgadores de este lugar los competentes para tramitar la ejecución, de ahí que se le remitirá el diligenciamiento al Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá para lo de su competencia, y se informará de esta determinación al otro estrado judicial implicado en la colisión que aquí queda dirimida.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00456-00 11
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema
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III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: PRIMERO: Declarar que el Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia.
SEGUND: Remitir el expediente a esa dependencia judicial para que continúe con el trámite del asunto.
TERCERO: Comunicar esta decisión al otro juzgado involucrado y a la entidad demandante.
NOTIFÍQUESE,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada