CSJ - SC22-09-1950 - [033]

Sentencia C – SC – 033 de 1950

EL ARTICULO 341 DEL CODIGO DE COMERCIO NO COBIJA

CON SU IMPERIO AL CONTRATO DE COMISION, PORQUE SU

APLICACION QUEDA RESTRINGIDA A CIERTOS CASOS

UNICAMENTE Y LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA MISMA

DISPOSICION SON TAMBIEN RELATIVOS, Y, EN

CONSECUENCIA, EN DICHO CONTRATO IMPERA EL PRINCIPIO DE SU REVOCABILIDAD El problema a resolver es el de establecer si el comitente podía revocar el mandato que había conferido a la entidad comisionista. De acuerdo con los artículos 1º, 182 y 338 del C. de Co., en relación con el 2191 y el ordinal 3º del artículo 2189 del C. C., es claro que sí podía producirse tal revocación. Pero, dadas las circunstancias de la existencia de la estipulación especial de la irrevocabilidad y la de que la entidad comisionista había aceptado la comisión y ésta se encontraba en ejecución, podría sostenerse que dicha revocación no era posible, en presencia de lo estatuido por el artículo 341 del C. de Co., sino por la mutua voluntad de los contratantes y conforme a lo previsto en el articulo 2150 del C. C. Nada impide que el mandante revoque el mandato como quiera, ni que el mandatario renuncie cuando lo tenga a bien hacerlo; lo uno u otro lo que implica es que el mandante no quiere que el mandatario siga gestionando el o los negocios, o que éste no desea llevar la gestión de éstos. Pero la revocación

o renuncia genera derechos y obligaciones que nacen de las relaciones entre mandante y mandatario como consecuencia del mandato. El hecho de no ejercerse éste por parte de uno u otro contratante, o mejor dicho, su revocación o renuncia, generalmente conlleva la respectiva indemnización de perjuicios. Por otra parte, el artículo 381 del C. de Co. autoriza la terminación del contrato de mandato —comisión para la venta— por la revocación del mandante aún en el caso de estar evacuándose el encargo, quedando éste obligado a cubrir los honorarios correspondientes a la labor ejecutada, e implícitamente autoriza la terminación proveniente de la renuncia del mandatario. En reciente fallo, la Corte ha dicho: “En colisión el principio de la revocabilidad, inherente a todo mandato, con el de respeto a la autonomía de la voluntad consignada en los convenios, predomina la revocabilidad, a pesar del quebrantamiento de la regia de que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes contratantes”. Cuando en uso de la facultad legal de revocabilidad se produce la del mandato, su consecuencia inmediata es la de la extinción de tal contrato en cuanto hace a las relaciones entre mandatario y mandante a partir de la fecha del conocimiento por aquél de la revocación, según que el mandato hubiere comenzado a ejecutarse antes o después de esa fecha, particularmente cuando se trata del contrato de comisión para la venta, donde el comisionista se presenta obrando en nombre propio y donde aparece la figura jurídica del mandato sin representación, que regulan los artículos 331, 332, numeral 1º, del C. de Co., en armonía con las

disposiciones de los artículos 2142, 2146 y 2177 del C. C. Sobre la figura jurídica del mandato sin representación, la Corte, en varias ocasiones, se ha ocupado de ella, para darle la eficacia del caso, y ha dicho: “En Colombia el mandato no es esencialmente representativo. En su estructura caben el comisionista ostensible y el secreto; el testaferro; la interposición en todas sus formas lícitas; y aún el acto jurídico del mandatario como único interesado, siempre que el procurador tenga voluntad de obligarse. Las partes pueden tomar dos actitudes: una ostensible, como la del comisionista declarado, porque aquí contratan con él saben que detrás de su responsabilidad existe la del comitente, aunque no les importe saberlo, porque es la solvencia de aquél, no la de éste, la que ellos toman en cuenta. Otra secreta, en donde el comisionista presta su nombre para un negocio en realidad de terceros”.

Ahora bien: nuestros códigos civil y de comercio —con la obvia diferencia de que el segundo se refiere a negocios comerciales— definen el mandato diciendo que es un contrato mediante el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera, teniendo como obligación esencial en el mandato comercial, la de dar cuenta de su encargo comercial.

De tal manera que no lo confunden con la procuración; lo deslindan del arrendamiento de servicios, porque, en vez de hablar de actos, se refieren a negocios; distinguen la representación del interés, al no exigir que el mandatario actúe en nombre del mandante, sino apenas por cuenta y

riesgo del último. Y así se deduce de los artículos 2146 y 2177 del C. C., cuando dicen: “Que el negocio puede interesar al mandatario únicamente y que éste puede contratar a su propio nombre, respectivamente y así lo disponen también los artículos 356 y 357 del C. de Co. En el mandato sin representación, puede afirmarse “que el mandatario no es más que el órgano de la voluntad del mandante”; de aquí que el comisionista deba sujetarse estrictamente a las órdenes del comitente; que en ningún caso pueda obrar contra sus instrucciones claras y terminantes, y que, en caso de falta de instrucciones, deba suspender la ejecución de la comisión. Según este mandato sin representación, el comitente y el comisionado desde la revocación del mandato quedaron ligados solamente por las relaciones entre mandante y mandatario, para que éste diera cuenta de su encargo, le rindiera cuentas y le entregara el saldo correspondiente, si era el caso, y con facultad legal para hacer uso de los derechos que a su favor le otorgan los artículos 383, numeral 3º, 393 y 391 del C. de Co. Y no se diga, como lo afirma el Tribunal en la sentencia recurrida, que en el caso de autos concurrían los extremos del artículo 341 del C. de Co.: aceptación de la comisión por parte del comisionista e interés económico de éste en su ejecución, y que, por tanto, la comisión no podía ser revocada por el comitente a su arbitrio. Por otra parte, el comisionista para la venta, especialmente el encargado para la venta de valores,

con frecuencia se ve inducido a efectuar anticipos en interés de su comitente, bajo una determinada forma de reintegro, y cuando los hace, es porque los efectos o valores que tiene en su poder le garantizan legal y suficientemente sus intereses. La estipulación de los anticipos, como la de la remuneración, no hacen relación a la esencia del contrato de comisión propiamente dicho, sino a su naturaleza, la remuneración, y la de anticipos, no pertenece ni a una ni a otra cosa, es de las relaciones jurídicas catalogadas como accidentales, por el artículo 1501 del C. C., su existencia necesita estipulación especial. De aquí que ninguna de las dos, constituya el interés económico de que habla la ley por parte del comisionista en la ejecución de la comisión, por tratarse de estipulaciones que por la naturaleza de la una y lo accidental de la otra, producen efectos jurídicos distintos de los esenciales del mandato-comisión, obran independientemente de éste, pueden incorporarse a cualquier contrato distinto de aquél, particularmente la de anticipos. Si se convienen los anticipos en la comisión para la venta, la estipulación genera derechos y obligaciones para las partes: las sumas anticipadas producen intereses legales o convencionales, según el caso, mientras no sean cubiertas o pagadas en la forma convenida para su reembolso. La acreencia a favor del comisionista por las cantidades anticipadas queda garantizada legalmente con el valor de los efectos que ha recibido en consignación para su venta y con el privilegio que el C. de Co. le otorga para el caso de no pago de esas cantidades anticipadas, intereses y remuneración de la

comisión, éste puede cumplirse o no por parte de uno u otro contratante, la estipulación sigue vigente y produce necesaria y legalmente aquellos efectos. El interés económico a que hace mención el artículo 341 del C. de Co. en la ejecución de la comisión por parte del comisionista, no se reduce a aquellos casos en que éste ejecuta el acto jurídico como consecuencia de una relación directa, o mejor, como titular de un derecho “in re”, sobre los efectos que recibe en consignación y de los cuales puede disponer, no por cuenta ajena y a su nombre, sino por su cuenta y a su propio nombre, como sucede cuando concurren las circunstancias de tener el comisionista el carácter de tal y a la vez el de copropietario de los efectos o valores consignados. Aparece, entonces sí, el interés económico directo del comisionista en la ejecución del acto jurídico de la comisión, a la vez que defiende sus propios intereses, protege los de su comitente, por ser comunes el éxito o fracaso de las respectivas operaciones. Cuando se procede como simple comisionista, no hay interés económico alguno directo vinculado al acto jurídico de la venta de los efectos o valores, basta con atender las obligaciones que acarrea el encargo, sin que tenga participación, ni responsabilidad en el éxito o fracaso pecuniario de las operaciones o ventas, y siempre que no se hubiere obrado culposamente en el desempeño del encargo. La remuneración de la comisión no constituye interés económico en su ejercicio para el comisionista; así lo ha entendido la ley. En otra forma, el legislador no hubiera provisto la excepción

de la irrevocabilidad de la comisión en los términos del artículo 341 del C. de Co.; toda comisión sería por su naturaleza irrevocable, por la simple estipulación de la remuneración, e igual fenómeno se presentaría con la estipulación accidental de anticipos: bastaría que éstos se convinieran, para que la comisión se convirtiera en irrevocable por parte del comitente, e implícitamente el comisionista no podría renunciar la comisión, ni aún en los casos expresamente autorizados por la ley. El contrato de mandato comercial (comisión) es, por su naturaleza, bilateral; así es considerado por los autores y la jurisprudencia, dadas las circunstancias de que si no se estipula remuneración, entonces el comitente está en la obligación legal de retribuir al comisionista completamente sus servicios, de acuerdo con el uso general en la plaza donde se hubiere desempeñado la comisión (artículo 379 del C. de Co.). Pero, las demás obligaciones que nacen directamente de él, están a cargo del mandatario-comisionista; así está obligado: a cumplir el mandato mientras dure el encargo y a responder por los daños que procedan del incumplimiento de aquél; debe dar cuenta de su actuación; responde de su sustituto en el encargo recibido, si no estaba facultado para nombrarlo con indicación expresa de la persona delegataria. El comitente no asume sino obligaciones eventuales, que no dimanan del mandato-comisión, sino de estipulaciones accidentales incorporadas a él. Así asume para con el mandatario, en caso de estipulación de anticipos, la de su

reembolso, intereses en la forma convenida, auque el asunto haya fracasado sin culpa del mandatario. Todo lo anterior, para concluir, que dada la aplicación restrictiva a los casos que se dejan anotados y a la relatividad de los efectos jurídicos del artículo 341 del C. de Co., su imperio co cobija a la comisión que se estudia en los autos y que, en consecuencia, en dicho contrato impera el principio de su revocabilidad, inherente o esencial a todo mandato.

2. No puede entenderse que la entrega de los títulos representativos de los valores la hiciera el mandante o comitente a título de prenda, por dos razones: Primera, porque si se pactó un contrato de mandato (comisión para la venta) mediante entrega de los títulos representativos de valores consignados para tal fin, como se desprende claramente de los documentos fechados 10 y 11 de marzo de 1936 y de sus hojas o relaciones adjuntas, sería ilógico estimarlo como de prenda, porque se llegaría a la conclusión de que el título de la comisión para la venta sirve a la vez como título de prenda. La prenda se entrega al acreedor para seguridad de su crédito, pero éste no adquiere el dominio sobre ella, sino su mera tenencia, sujeta a reglamentación legal especial. Conforme a esta reglamentación, cuando el deudor prendario no paga, nace para el acreedor la acción del artículo 2422 del C. C. (venta en pública subasta de la cosa dada en prenda). Además, existe en la misma reglamentación la prohibición de estipular para el acreedor la facultad de disposición de la prenda o la de apropiársela, teniendo en todo caso que recurrir al

procedimiento indicado en la disposición antes citada. Segunda, porque las partes que intervienen en este juicio así han interpretado las estipulaciones.

REFERENCIA:

GACETA JUDICIAL Nº 2087 y

2088

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ

PETICIONARIO:

Ricardo Gutiérrez Mejía y la Bolsa de Bogotá, S. A.

MAGISTRADO PONENTE:

PABLO EMILIO MANOTAS

Corte Suprema de Justicia. — Sala de Casación Civil. Bogotá, septiembre veintidós de mil novecientos cincuenta. Antecedentes Ricardo Gutiérrez Mejía, miembro de la Bolsa de Bogotá, S. A., celebró con la Sociedad Anónima de este nombre la operación de anticipo sobre consignación de valores para la venta, distinguida con el número 98, de fecha 10 de marzo do 1936, en virtud de la cual consignó a la Bolsa para la venta, al mejor precio obtenible, del 9 de abril de 1936 en adelante, los títulos de un puesto en la Bolsa de Bogotá y de acciones en la misma Bolsa, en los Bancos Hipotecarios de Bogotá y de Colombia, en la Sociedad Nacional del Carare y Unión Colombiana de Petróleos y en la Fábrica de Cemento Samper; y a buena cuenta del producto de la venta recibió de la Bolsa la suma de $17.385.00. Fueron condiciones del contrato las contenidas en estas dos cláusulas especiales: "Esta orden de venta es irrevocable y subsiste mientras no haya sido devuelto a ustedes el valor total de la suma recibida a

buenta cuenta. Queda, por lo tanto, entendido que para revocar la orden de venta de dichas acciones, se necesita previamente pagar a la Bolsa el valor del anticipo a que se ha hecho referencia. "Se deja expresa constancia de que queda al arbitrio de la Bolsa de Bogotá la elección del día en que haya de verificar la venta después de la fecha antes anotada, y de que, por consiguiente, dicha Institución no incurrirá en responsabilidad alguna por no verificar la venta en determinada fecha". El mismo señor Gutiérrez Mejía celebró al día siguiente con la Bolsa otra operación de igual naturaleza de la anterior y con las mismas cláusulas especiales, la distinguida con el número 100, que consiste en un anticipo de 75.00 al 10 de abril 1936, sobre consignación de 10 acciones de la Bolsa, para la venta, de la fecha expresada en adelante. En los meses siguientes la Bolsa entregó buena parte de sus papeles a Gutiérrez Mejía, éste intervino en la realización de los mismos e hizo abonos a su cuenta por anticipos, reduciéndolos a $11.051.30 para el 19 de noviembre de 1936. En los días 3 de junio y 18 de agosto de 1937, el Miembro de la Bolsa señor Álvaro Soto del Corral, por orden de la Gerencia de la Sociedad, vendió 300 y 500 acciones de la Bolsa, respectivamente, de las consignadas por Gutiérrez Mejía, ventas que hizo en operaciones cruzadas. Por carta del 4 de septiembre de 1937, Gutiérrez Mejía pidió al Gerente de la Bolsa su cuenta completa y detallada y le

notificó lo siguiente: "En vista de diversas circunstancias, me permito manifestarles que considero conveniente que ustedes suspendan la venta de las demás acciones que les tengo consignadas". La Bolsa contestó que la comisión era irrevocable y que como ya habían enviado a Gutiérrez Mejía copia de las diferentes cuentas que le había llevado, solamente se le ocurría poner a su disposición los libros para que revisara datos y copiara cuanto le interesara. El 7 de junio de 1940, el señor Salvador Camacho Roldan, Miembro de la Bolsa y del Consejo Directivo, vendió por cuenta de la Sociedad el puesto de Gutiérrez Mejía en la Bolsa al señor Alberto Abello Salcedo, también Miembro de la Bolsa y del Consejo, y al señor Daniel Merizalde, otro Miembro de la Bolsa y del Consejo, le vendió 100 y 275 acciones de la Bolsa, de las consignadas por el señor Gutiérrez Mejía. Este demandó a la Bolsa de Bogotá S. A., el 27 de junio de 1941 ante el Juez del Circuito Civil de Bogotá, para que se hicieran estas declaraciones: 1ª Que el 4 de septiembre de 1937 terminó el referido contrato del 10 de marzo de 1936 por revocación que hizo el mandante y que por eso son nulos los actos de la Sociedad mandataria posterior a la revocación; 2ª Que la Bolsa no había cumplido ese mandato por haber sido irregular su gestión, negligente y abusiva de los intereses del mandante; 3ª Que la Bolsa había impedido al demandante, sin fundamento Legal, el desempeño de su puesto en la Bolsa de

Bogotá, desde 1936 en adelante; 4ª Que consecuencialmente, la Bolsa debe devolver al demandante los valores que éste confió, y sus productos desde 1935 y lo que le haya cobrado o le haya retenido a éste por intereses, cuotas, multas y comisiones; 5ª Que si no puede devolver los papeles, la Bolsa debe pagar su valor comercial el día en que deba hacer la entrega; 6ª Que por los actos y omisiones relacionados, la Bolsa es responsable por los daños y perjuicios causados al demandante; 7ª Que la Bolsa debe pagar a éste, por vía de perjuicios de todas clases, materiales y morales, la suma de $50.000.00 o lo que fijen los peritos, por la privación de las funciones de Miembro y Socio de la Bolsa y por culpa con que administró el mandato; y 8ª Que se reduzcan a la tasa legal los intereses que al demandante haya cobrado la Bolsa y se condene a ésta a devolver el exceso. Los hechos principales que Gutiérrez Mejía adujo como fundamento de estas acciones, se pueden expresar brevemente así: El ejercicio normal de sus actividades como Miembro de la Bolsa de Bogotá, S. A., desde el 1º de julio de 1935, hasta el 10 de marzo de 1936; la celebración de los dos contratos de mandato, de fechas 10 y 11 de marzo de 1936, para la venta de sus valores por la Bolsa y las prórrogas de los anticipos que se le hubieren hecho y que pruebe la demanda, hasta la prórroga que venció el 19 de noviembre de 1936; la orden de suspensión de la

venta de sus valores comunicada por carta de 4 de septiembre de 1937 dirigida a la Bolsa y reiterada en la de 20 de diciembre do 1937, y la falta de autorización del demandante en las ventas de sus valores por la Bolsa, con posterioridad a la comunicación de suspensión; las ventas de los valores en las condiciones más desfavorables por culpa de la Bolsa. a menor precio de la cotización en la fecha o en los días anteriores y posteriores, sin publicidad suficiente, sin remate en martillo, sin pregones ni anotaciones en tableros, sin los demás requisitos reglamentarios; la venta del puesto del demandante en la Bolsa, el 7 de junio de1940, puesto que según dijo al actor había sido comprado por la misma Bolsa para el fondo de valorización de puestos; la negativa de la Bolsa de dar al demandante una cuenta general y detallada de sus negocios; y la disposición arbitraria y a menos precio, del puesto en la Bolsa y de las acciones del demandante que le han causado graves perjuicios pues ha estado privado del ejercicio de su profesión desde 1936, con lo cual se ha perjudicado su buen nombre y fama y los de su oficina. Se apoyó la demanda en los artículos 351, 352, 370, 374, 387 y concordantes del Código da Comercio, 2157, 2181, 2183, 946, 947, 949; 950; 2341; 2342, 2356 y concordantes del Código Civil, 205, 737 y concordantes del Código Judicial. El Gerente de la Sociedad demandada se opuso a las declaraciones pedidas, negó la razón y el derecho en que la demanda pretendía apoyarse, y en cuanto a los hechos negó

absolutamente la mayor parte, de otros dijo que no le constaban o no le concernían y en otros hizo modificaciones al admitirlos. Afirmó el Gerente que se trataba de anticipos sobre consignación de valores para la venta, que las ventas de valores del demandante, verificadas en los días 3 de junio y 18 de agosto de 1937 y 7 de junio de 1940, las había ejecutado en cumplimiento de las comisiones irrevocables de venta que aquél le había conferido; que para los actos posteriores al 4 de septiembre de 1937, o sea las ventas hechas el 7 de junio de 1940, la Bolsa no necesitaba nuevas autorizaciones del demandante, y que la cuenta de los negocios del mismo se le presentó en diferentes ocasiones con todos los detalles del caso. El Juez del conocimiento, 3º Civil del Circuito de Bogotá, desató la controversia en fallo del 12 de marzo de 1943, absolviendo a la parte demandada de todos los cargos de la demanda y absteniéndose de condenar en costas el demandante. Este apeló del fallo y el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, surtidos los trámites legales de la segunda instancia, pronunció el de 5 de octubre de 1945, que revoca el apelado y en su lugar resuelve: “a) Se niega, por infundada, la petición primera de la demanda, en cuanto a la declaratoria de terminación del contrato de mandato de fecha 10 de marzo de 1936. Parágrafo. Respecto de las acciones de nulidad sustantiva de actuaciones de la entidad demandada, la Bolsa de Bogotá. S. A., deducidas también en la primera súplica, se reconoce también

la excepción perentoria de petición de modo indebido. b) Se declara que la Sociedad demandada, Bolsa de Bogotá

S. A., incumplió parcialmente el contrato de mandato especial o comisión mercantil celebrado con el demandante Ricardo Gutiérrez Mejía el 10 de marzo de 1936, por los motivos expuestos en el lugar correspondiente.

En consecuencia, se condena a la Sociedad demandada, Bolsa de Bogotá S. A., representada por su Gerente señor Manuel Vicente Ortiz, a indemnizar al demandante Ricardo Gutiérrez Mejía los perjuicios materiales o pecuniarios que sean consecuencia directa y proporcionada de las causas del incumplimiento que se acogen en la parte motiva del fallo. Parágrafo 1º Se absuelve a la misma entidad demandada de la obligación de indemnizar al actor perjuicios morales. Parágrafo 2º Para fijar el importe líquido de los perjuicios materiales se procederá con arreglo al artículo 553 del C. J. c) Se niega, por infundada, la súplica 3ª de la demanda. d) Se declaran infundadas y se niegan por ese motivo las súplicas 4ª y 5ª de la demanda, en cuanto están subordinadas a la declaratoria de terminación del mandato a que se refiere la primera petición. Parágrafo. Se reconoce con respecto a estas mismas peticiones la excepción perentoria de petición de modo indebido, en cuanto derivan o se subordinan a las acciones de nulidad de que trata la petición primera. e) Se declara y reconoce, con respecto a la petición 8ª del líbelo, la excepción perentoria temporal de petición antes de

tiempo. f) Se condena a la entidad demandada, representada por su Gerente, a pagar al demandante Gutiérrez Mejía las costas del presente juicio en ambas instancias". Ambas partes han recurrido en casación, y estando el recurso debidamente sustanciado, la Sala pasa a decidirlo mediante las siguientes consideraciones. Sentencia acusada Los capítulos fundamentales del fallo del Tribunal son el cuarto y el quinto, "Cuestión de hecho y pruebas" y "Estudio de las peticiones". En el capítulo cuarto se estudian y aprecian las pruebas en relación con los hechos para deducir lo que esté ciertamente establecido, pero también se sacan algunas conclusiones de derecho. Entre los puntos de ese estudio se destacan los que en seguida relaciona la Sala. Para el Tribunal el demandante Gutiérrez Mejía celebró operaciones con la Bolsa de Bogotá con posterioridad al 9 de abril de 1936, sobre los valores de su propiedad que había consignado en la bolsa para la venta. Desde el 4 de septiembre de 1937, fecha en que el demandante manifestó a la Bolsa su concepto de que era conveniente suspender la venta de las demás acciones, hasta junio de 1940, las relaciones entre las partes estuvieron suspendidas, pues ni aquél cancelaba su deuda, ni ésta vendía los valores. Considera después el sentenciador —en tres párrafos en orden cronológico— inverso al de su celebración, las operaciones de venta ejecutadas por la Bolsa y de las cuales dice el demandante que no tuvieron su autorización, dos de ellas ejecutadas antes de la carta de suspensión del 4 da septiembre de 1937, y tres celebradas con posterioridad.

En cuanto a la venta del puesto de Gutiérrez Mejía en la Bolsa, verificada el 7 de junio de 1940, deduce el Tribunal como cierto que Salvador Camacho Roldan, Miembro de la Bolsa y del Consejo Directivo de la Sociedad, vendió ese puesto, por encargo del Gerente, al señor Alberto Abello Salcedo, Miembro también del mismo Consejo Directivo, pero que no está probado que la compra hubiera sido hecha para el fondo de valorización de puestos de la misma Bolsa de Bogotá S. A., como lo había afirmado el demandante, o sea para la misma entidad comisionista; no obstante esto, que era suficiente para una decisión absolutoria, el sentenciador estudió la acción de nulidad relativa de la venta del puesto, apoyado en el artículo 375 del C. de Co. "puede estar comprendida entre las de nulidad genéricamente enunciadas en la primera súplica del libelo, interpretando así la demanda con amplitud; también dedujo la excepción perentoria de ineptitud de la demanda, resultante del hecho de que esa acción de nulidad debió enderezarse, además de la persona jurídica, Bolsa de Bogotá S. A., contra cada una de las personas naturales o jurídicas que adquirieron alguno o algunos de aquellos mismos valores"; sin embargo, en los párrafos de las declaraciones a) y d) de, la parte resolutiva no reconoció la excepción de ineptitud de la demanda, sino la de petición de modo indebido. En cuanto a las ventas de 100 y 275 acciones de la Bolsa, verificada el mismo 7 de junio de 1940, operaciones que no

fueron relacionadas entre los hechos fundamentales de la demanda, dice el fallo que esas ventas fueron realizadas por el Miembro de la Bolsa y del Consejo Directivo, señor Salvador Camacho Roldan, por encargo del Gerente, autorizado por el Consejo, del cual también era Miembro el señor Daniel Merizalde, quien compró las acciones; y saca esta conclusión: "…de donde resulta que los Miembros del Consejo Directivo de la Bolsa ordenaron la venta de los papeles en representación de la entidad, compraron luego esos valores. Y si este proceder tampoco alcanza a quedar legalmente comprendido dentro de la prohibición establecida en el artículo 375 del C. de Co., por los motivos expuestos en el punto anterior, sí merece al menos ser destacado como contrario a una estricta moralidad comercial". Respecto de las ventas de 300 y 500 acciones en la Bolsa verificadas en los días 3 de junio y 18 de agosto de 1937, por encargo del Gerente de la Sociedad, conferido al Miembro de la Bolsa señor Álvaro Soto del Corral, quien compró las acciones para sí mismo —según dice el Tribunal— en operaciones que se registraron como "cruzadas", acepta esta entidad, que el precio de las 300 acciones fue inferior en $0.26 por acción al que tuvieron en la rueda inmediatamente anterior, pero que el mismo precio de venta fue superior en $0.10 por acción al de otra venta del mismo día, y que las 500 acciones alcanzaron exactamente el mismo precio que habían tenido dos días antes y que tuvieron dos días después, todo lo cual confirma la alegación del Gerente cuando dice que aún tratándose de operaciones "cruzadas" está

obligado a rechazar aquellas cuyo precio no esté de acuerdo con el del mercado ese día, teniendo en cuenta las fluctuaciones normales; y anota que los precios de $7.90 y $8.00 por acción que dio el comprador de las acciones casi coincide con el promedio del precio de éstas en la Bolsa en los meses de junio y agosto de 1937, promedio que fue de $0.88 y S8.12 por acción. Entiende el Tribunal que la Bolsa podía delegar la comisión para la venta, que el delegatario no podía comprar las acciones para sí mismo sin incurrir en responsabilidad de los daños y perjuicios que ocasionara, y que esta responsabilidad se traslada a la Bolsa por culpa in eligendo; y concluye que la nulidad relativa de que pueden estar afectadas las dos transacciones de que se trata, no puede ser decidida aquí por no haberse demandado al señor Soto del Corral, lo que da lugar a la excepción de inepta demanda en lo tocante a esta acción. En el capítulo quinto de la sentencia se estudian las súplicas de la demanda. De ese estudio procede dar una breve idea en este lugar, para completar el presente capítulo. Las súplicas primera, cuarta y quinta del libelo, sobre terminación del mandato y devoluciones consecuenciales, fueron negadas en los ordinales a) y d) de la parte resolutiva y en cuanto esas súplicas se refieren a la nulidad de las actuaciones de la Bolsa, posteriores a la revocación, se reconoció, en los parágrafos de esos ordinales, la excepción perentoria de petición de modo indebido, en desacuerdo con la parte motiva donde el Tribunal

había deducido la de inepta demanda sustantiva. Las súplicas segunda, sexta-y séptima prosperaron en parte, pues en los ordinales b) y f) se condena a la Bolsa a indemnizar al demandante por incumplimiento parcial del mandato, y a pagarle las costas del juicio consideradas como perjuicio derivado del incumplimiento. La súplica tercera sobre el impedimento sufrido por el demandante en el ejercicio de su puesto en la Bolsa, fue negada en el ordinal c), y en cuanto a la súplica octava sobre reducción de intereses y devolución del exceso cobrado, se reconoció en el ordinal e) la excepción perentoria temporal de petición antes de tiempo. El recurso Ambas partes son recurrentes en casación contra el fallo de segunda instancia de 5 de octubre de 1945, originario del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Tramitados los recursos, pasan a decidirse, estudiando en primer término el del demandante recurrente, por cuanto el ataque que hace a la sen