CSJ - SC29-09-1935 - [050]

Sentencia C – SC - 050 de 1935 IGNORANCIA DE LA LEY/ No es excusa válida para no cumplirla/ Principio juris ignoratia non prodest. “No puede alegarse ignorancia de la ley para excusarse de cumplirla, después que esté en observancia, enseña el artículo 56 del código político y municipal. En punto de adquisición del dominio manda el artículo 768 del código civil que el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, sin prueba en contrario. Y dispone el artículo 1509 de este mismo código que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Estos principios son incuestionables y se fundan en que el legislador, por razones de política social, presume a todos los colombianos conocedores de todos los millares de leyes expedidas en la república”. CONTRATO/ Elementos esenciales. “Justa causa y real, objeto lícito, capacidad legal, consentimiento sin vicio. Estos son los cuatro requisitos que deben concurrir para que una persona se obligue a otra en contrato unilateral o para que varias personas se obliguen recíprocamente en contrato plurilateral. No puede faltar ni uno solo de esos cuatro requisitos. La causa sin el objeto no alcanzaría a móvil contractual. El objeto sin la causa sería una cosa mueble o inmueble, corporal o incorporal, pero sin actividad jurídica mientras alguien no tratara de darla, de hacerla o de no hacerla. La causa no saldría del fuero interno y permanecería el objeto en su sér (sic) real o como mero derecho, si un individuo legalmente capaz no los moviliza en acto. Y la capacidad legal no pasaría de simple aptitud, aunque hubiera motivos y cosas, si no

mediara el consentimiento libre y limpio de error, fuerza y dolo”. ERROR SOBRE UN PUNTO DE DERECHO “Si el error sobre un punto de derecho, por no viciar el consentimiento, diera eficacia a los contratos, bastaría ignorar la ley, o interpretarla erróneamente, para sanear actos de incapaces y para reconocer validez a contratos sin objeto lícito, sin causa, con falsa causa o con causa inmoral”. ERROR DE DERECHO/Nulidad de las obligaciones contraídas amparándose en él. “En Colombia es absolutamente nula, y aún inexistente, la obligación contraída sin más fundamento que un error de derecho, porque éste no puede aprovechar al que lo alega para hacer una ganancia, si no concurren también una capacidad legal, un objeto lícito y una causa jurídica distinta del error mismo, aunque esa causa no sea civil sino apenas natural”.

REFERENCIA: GACETA JUDICIAL Nº 1905 y 1906

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

PASTO

PETICIONARIO:

Luciano Herrera y Delfín Martínez

MAGISTRADO PONENTE:

MIGUEL MORENO

JARAMILLO

MUTUO CON INTERÉS. –CONVERSIÓN DE PLATA EN ORO. –

REPETICIÓN POR PAGO EFECTUADO EN VIRTUD DE UN ERROR DE DERECHO En Colombia es absolutamente nula, y aún inexistente, la obligación contraída sin más fundamento que en un error de derecho, porque este no puede aprovechar al que lo alega para hacer una ganancia, si no concurren también una capacidad legal, un objeto lícito y una causa jurídica distinta del error

mismo, aunque ella no sea civil sino apenas natural. De suyo el error de derecho no hace perder a nadie sus bienes. Iría ello contra la equidad. No es posible reconocer mejor condición al que recibe lo que no se le debe que al que paga lo que no debe. Tal condición valdría por un despojo. Habiéndose pagado por error de derecho una suma mayor de la que se debía, el exceso pagado tiene una falsa causa que autoriza la repetición de lo pagado a pesar del principio legal de que el error de derecho no vicia el consentimiento. A nadie ha de sorprender esta doctrina de la Corte, que no es extraña en el derecho civil colombiano. Allí se observa que en multitud de casos el legislador reconoce validez hasta ciertos límites, y niega eficacia de esos límites en adelante. El solo error sobre un punto de derecho, si bien no vicia el consentimiento según claro texto legal, tampoco es obstáculo para que se pueda repetir lo pagado por error de esa clase, cuando el pago no tiene por fundamento ni siquiera una obligación puramente natural. Lejos de ser ajena del error la repetición de lo indebidamente pagado, es justamente el error una cosa esencial para que el cuasicontrato del pago de lo no debido sea un hecho generador de obligaciones. El código civil concede la repetición aún por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni siquiera una obligación puramente natural. Corte Suprema de Justicia. –Sala de Casación civil. Bogotá, veintinueve de septiembre de mil novecientos treinta y cinco. Por escritura número setecientos cincuenta (750), de dieciocho de enero de mil novecientos trece (1913), otorgada ante el

cónsul general de Colombia en París, los señores Luciano Herrera y Delfín Martínez hicieron constar que el segundo recibió del primero, a título de mutuo con interés, la suma de treinta mil pesos ($ 30,000.00) “en moneda de plata de curso legal y corriente en el país”, al tipo del diez por ciento (10%) anual. Se estipuló que los intereses serían pagados por semestres vencidos y se dijo que al vencimiento del término de cinco (5) años, a contar del primero (1º) de enero de mil novecientos trece (1913), el mutuario pagaría al mutuante “la expresada suma de treinta mil pesos ($ 30,000.00) de ley en moneda de plata de curso legal a la época del pago, o en moneda francesa por su valor equivalente al tipo de cambio vigente en Pasto el día del pago, a elección del acreedor; que en caso de desacuerdo para la fijación del tipo de cambio entre la moneda colombiana de plata y los francos, los contratantes defirirán (sic) al dictamen de dos comerciantes respetables nombrados uno por cada uno de los contratantes o al gerente del banco local, en su caso”. Asimismo, dijeron las partes en la mencionada escritura número setecientos cincuenta (750), que el señor Martínez recibió del señor Herrera, a título de mutuo con interés, la suma de veinte mil (20,000) francos, al siete por ciento (7%) anual, pagaderos los intereses por semestres vencidos, “suma que el otorgante Martínez devolverá a Herrera después de cinco (5) años, contados desde el primero (1º) de enero en curso en la misma moneda francesa

estipulada”. Con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones arriba expresadas, el señor Martínez constituyó gravamen hipotecario a favor del señor Herrera sobre dos inmuebles de su propiedad: una casa de habitación, ubicada en la ciudad de Pasto, y una hacienda llamada “Cariaco”, ubicada en el distrito de Consacá. Esta escritura fue registrada en Pasto el veinticuatro (24) de marzo de mil novecientos trece (1913), en los libros 2º y 3º de hipotecas. Por escritura número cuatrocientos trece (413), de diecinueve (19) de julio de mil novecientos diecisiete (1917), otorgada en la notaría 2ª del círculo de Pasto, los señores Luciano Herrera y Luis Maria Troya, obrando aquél en su propio nombre y obrando éste como apoderado general del señor Delfín Martínez, hicieron varias declaraciones. El señor Herrera dijo que por haber recibido del señor Martínez la suma de veinte mil (20,000) francos, cancela el gravamen hipotecario constituido sobre la casa de habitación perteneciente a éste, “quedando vigente el gravamen hipotecario, constituido en la hacienda de “Cariaco”, como caución del crédito de treinta mil pesos ($ 30,000.00), en moneda de plata a la ley de 835 milésimos, o sean quince mil pesos ($ 15,000.00) en oro legal, según la proporción fijada en la ley sobre circulación monetaria, expedida por el congreso en 1916, suma que Martínez pagará el primero de enero mil novecientos veinte”.

El señor Troya, en su calidad indicada, dijo que “acepta la presente cancelación y que verificará él o su mandante el pago de la suma que queda a deber, que es de $ 15,000.00 oro legal en la fecha arriba estipulada y de acuerdo con la ley monetaria”. Esta escritura fue registrada en Pasto el veintiocho (28) de julio de mil novecientos diecisiete (1917), en el libro 2º. _________________ Por líbelo de veintiocho (28) de mayo de mil novecientos treinta y uno (1931), el señor Luciano Herrera demandó al señor Delfín Martínez para que éste fuera condenado a pagar a aquel “tanto la suma de nueve mil pesos ($ 9,000.00) oro por razón de capital, como la de quinientos cincuenta pesos oro por concepto de intereses, mas los que se devenguen hasta el día del pago, a razón del diez por ciento (10%) anual”. Además pidió el demandante la declaración de que la hacienda de “Cariaco” está especialmente afectada al pago del capital que se cobra y sus intereses, en virtud de la caución hipotecaria expresamente constituida sobre dicho fundo”. Entre otras cosas dice el demandante: a)–Que el señor Martínez le pagó el crédito de veinte mil (20,000) francos; que el acreedor canceló la hipoteca sobre la casa de habitación perteneciente al deudor; que continuó vigente el gravamen hipotecario sobre la hacienda de “Cariaco”, como caución del crédito de treinta mil pesos ($ 30,000.00) de ley, o sean, se dijo, quince mil pesos ($15,000.00) oro legal, según la

proporción fijada en la ley de mil novecientos diez y seis (1916), y que esta aclaración fue aceptada expresamente por el apoderado del deudor, quien se obligó a pagar, “él o su poderdante, esa suma de quince mil pesos oro el primero de enero de mil novecientos veinte”. b) –Que posteriormente, y sin observación alguna, el deudor pagó al acreedor dos cantidades por cuenta de capital: la primera de $ 5,000.00 oro y la segunda de $ 1,000.00, y también parte por concepto de intereses, por lo cual aquél debe a éste $ 9,000.00 oro legal y los interese no pagados. c)–Que por causa de intereses el deudor ha hecho al acreedor varios pagos, liquidados los cuales de acuerdo con los apuntes del último, el primero resta a deber la suma de $ 550,00 y los intereses que devenguen hasta el día del pago. ch)–Que aclarada y concretada la obligación del deudor, por la escritura número cuatrocientos trece (413), de diez y nueve (19) de julio de mil novecientos diecisiete (1917), de entonces hasta la época de la demanda el deudor no ha hecho al acreedor observación ni reclamación algunas y que ha efectuado los pagos por capital e intereses “aceptando y reconociendo en todo, el tenor claro y preciso de su obligación, según la escritura citada, cuya copia ha reposado en su poder”. d)–Que el “derecho, causa o razón de esta demanda consiste en que los contratos generadores de esta acción son una ley para los contratantes; en que lo que una persona ejecuta a nombre de otra

estando facultada para ello, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo; en que la ratificación expresa o tácita del mandante obliga a éste aún en aquello en que su mandatario hubiera contratado fuéra (sic) de los límites del mandato; en que el mandatario que tiene la libre administración de los negocios del comité tiene facultad para novar y por consiguiente para aclarar un contrato. En fin, en que habiéndose denegado el señor Martínez a cumplir las obligaciones que esos contratos le imponen, corresponde al poder judicial hacerlas efectivas, de acuerdo con las disposiciones legales que rigen sobre la materia, de las cuales haré especial apreciación al tiempo de alegar”. Por escrito fechado el primero (1º) de octubre de mil novecientos treinta y dos (1932), el señor Delfín Martínez contestó, por medio de apoderado, la demanda que le propuso el señor Herrera. El demandado aceptó que el 18 de enero de 1913 quedó debiendo al demandante la suma de $ 30,000.00 de ley, en plata; que esa obligación consta en la escritura número 750; que se obligó a pagar intereses al tipo del diez por ciento (10%) anual; que para seguridad de ese crédito hipotecó su hacienda de “Cariaco”, pero que el gravamen no fue anotado en el círculo de registro correspondiente ni dentro de término legal; que la cláusula sobre equivalencia de monedas, consignada en la escritura 413, no lo obliga por razones que expresará; que no debe al demandante la

suma de $ 15,000.00 oro, pues tan sólo le debe la de $ 12,000.00 de la misma moneda, de los cuales se han abonado, por capital e intereses, cantidades que han solucionado la obligación casi en su totalidad; que debe únicamente la suma de $ 2,500.00; que nunca ha aceptado ni probado la conversión celebrada por Herrera y Troya sobre el tipo de cambio, que se hizo constar en la escritura número 413; que ha hecho los pagos parciales de acuerdo con el contrato de mutuo constante en la escritura número 650 (sic); que honrada y legalmente cree su obligación no asciende a la cantidad que dice el demandante, porque la conversión de 1917 no novó la primitiva obligación, o porque si la novó, esa novación es nula, y que, en consecuencia, niega y contradice la demanda respecto de los hechos tachados en la contestación y en cuanto se pide el pago de $ 9,000.00 oro y los intereses correspondientes. Aparte de las excepciones que “resultaren probadas en el juicio”, el demandado propuso las siguientes: 1º–“Nulidad de la novación celebrada por el apoderado del señor Delfín Martínez y el doctor Luciano Herrera”, la cual consiste, dice el opositor, en que el mandatario señor Troya extralimitó su mandato no tomando el parecer del mandante, como estaba obligado a tomarlo, con lo que perjudicó los intereses de éste. Dice que el mandatario no tenía el poder especial para celebrar aquella transacción y que el pago debe hacerse de acuerdo con el artículo 206 del código de comercio. Cita además el artículo 1688 del

código civil. 2º–“Error de hecho, subsanable en cualquier tiempo”. Funda esta excepción en que la ley 65 de 1916 no fijó tipo de cambio para las obligaciones de particulares estipuladas en moneda de plata, pues tal ley no estableció la proporción del doscientos por ciento sino para las operaciones que celebrara el gobierno por conducto de la junta de conversión y para recepción de rentas y pago de los servicios públicos. Adoptar en las obligaciones civiles una equivalencia distinta a la de los valores de las monedas al tiempo de celebrarse el contrato, es, dice el excepcionante, “demandar la restitución de cantidades de dinero que no se entregaron en la calidad de mutuo, o sea, pedir más de lo que se debe, y si se estipula o paga una equivalencia defectuosa, se incide en error de hecho o de cálculo, subsanable en cualquier tiempo, como antes se dijo”. Abierto el juicio a prueba, demandante y demandado adujeron las que estimaron conducentes para apoyar sus puntos de vista. En cartas del señor Martínez, dirigidas al señor Herrera y al Banco de Bogotá en los años 28, 29 y 30, reconoce deber nueve mil pesos ($ 9,000.00) como saldo de capital. Reconoce también deber intereses (folios 80 a 92). En los extractos de cuentas presentados por el deudor al acreedor también parece reconocido en nueve mil pesos ($ 9,000.00) el saldo de capital. Al absolver posiciones dice el deudor: que la deuda en plata quedó convertida en deuda en oro legal, pero que en la conversión hubo error porque en lugar de hacerla al doscientos cincuenta por

ciento, tipo corriente en la época del contrato, la hicieron al doscientos por ciento, por lo cual dice haber sufrido un perjuicio de tres mil pesos; que su apoderado señor Troya no tenía facultades para hacer la conversión; que no recuerda haber recibido poco tiempo después de otorgada la escritura de conversión una copia de dicha escritura, pero que pasados muchos años vino a leer tal escritura, cuya copia conserva; que durante largo tiempo no observó nada al señor Troya respecto a esa escritura, pero que al darse cuenta del perjuicio que se le causaba por la conversión hecha sin su voluntad, reclamó a su apoderado, quien le manifestó que había obrado así por la confianza que tenía en la buena fe del señor Herrera y en la del doctor Gonzalo Miranda, que acompañó al mandatario en el otorgamiento de la escritura; que con posterioridad a 1917 pagó al señor Herrera varias sumas a buena cuenta de la deuda, lo que hizo sin haber caído en la cuenta del error en que se incurrió al efectuarse la conversión; que del año de 17 hasta el 31 no observó nada al señor Herrera respeto al monto de la deuda, porque no había notado el error, y que estuvo dispuesto a pagar a éste nueve mil pesos, en la creencia de que era eso lo que le adeudaba; que después de conocido el error ofreció al señor Herrera la suma de $ 5,000.00 para evitar todo pleito, haciéndole notar que solamente le debía dos mil seiscientos pesos; que fe su hijo Azael la persona que le hizo notar el error, y, finalmente dice el deudor que el acreedor tenía por qué conocer la

ley sobre conversión, expedida en el tiempo en que fue otorgada la escritura cuatrocientos trece (413), tántas (sic) veces aludida, y agrega que dicho acreedor debía conocer perfectamente el tipo de cambio de la moneda antigua, toda vez que cuando el contrato de mutuo fue celebrado, el cambio estaba al doscientos cincuenta por ciento (250%) y cuando se otorgó la escritura últimamente mencionada hizo la conversión al tipo del doscientos cincuenta por ciento (250%). El mandatario Luis M. Troya declara en lo fundamental: Que el señor Delfín Martínez, su mandante, en el mes de enero de mil novecientos diez y seis (1916), si mal no recuerda, le escribió una carta que no conserva, en la cual le hablaba sobre la cancelación de la hipoteca de acuerdo con las instrucciones dadas al doctor Gonzalo Miranda y que en vista de eso hizo uso del poder general con que le había investido el señor Martínez en tiempos anteriores; que la cantidad de treinta mil pesos ($ 30,000.00) plata antigua de diez décimos a la ley de 0.835 milésimos, fue convertida, “por razón del cambio de monedas de plata oro”, en la suma de quince mil pesos ($15,000.00), conversión ésta en que el expresado declarante, señor Troya, dice que el mandatario ni intervino porque “todo lo hizo el doctor Miranda con el doctor Herrera y el notario, pues en el momento de firmarla se me comunicó que esto habían acordado, o sea la conversión, de acuerdo con una ley que el notario citó y que yo no recuerdo sobre este asunto y yo firmé la escritura en la forma expresada y tal como aparece, porque

al proceder el doctor Miranda en la forma que lo hizo, me imagino que él habría hablado sobre eso con don Delfín y yo no tenía que hacer otra cosa sino seguir las instrucciones del doctor Miranda”; que el señor Martínez no le suministró bases e instrucciones escritas precisas para el otorgamiento de la escritura, y que cuando aquél estaba en Bogotá, manifestó por carta al declarante que habían hecho mal la conversión; que la minuta para la escritura, según lo supo el testigo, fue formulada por el doctor Miranda, pero que no lo vio personalmente; que no le consta si el señor Herrera intervendría en la confección de tal minuta, y que el señor Martínez, desde su regreso del exterior, ha conservado en su poder la copia de la escritura 413 (fojas 117 y 118). Rangel Manrique, antiguo contador del señor Martínez, depone que en los libros de contabilidad abonó una partida de francos por deuda contraída a favor del señor Herrera, e hizo la conversión en oro de la suma que a aquél debía el señor Martínez, pero que, sin poder precisar a cuanto ascendía dicho saldo, cree que la conversión se hizo al cambio del doscientos por ciento, y, finalmente, que tuvo noticia de que el señor Troya, en su carácter de apoderado general del señor Martínez, celebró un escritura relacionada con el crédito a favor del señor Herrera, para lo cual juzga el testigo que el señor Martínez lo haya instruido, o, por lo menos, a la persona encargada de confeccionar la minuta, pero

que sobre esto nada puede asegurar, porque nada le consta (folios 110 vuelta, 120 y 120 vuelta). El mandatario señor Troya vuelve a declarar diciendo que en la carta remitida desde Ipiales por el señor Martínez en el año de 1917, aquél autorizaba a éste para que, de conformidad con las instrucciones del doctor Gonzalo Miranda y en uso del poder general mencionado, aceptará la cancelación de la escritura de hipoteca, y que el señor notario, don Ezequías Ortiz, manifestó que se había resuelto hacer la conversión de plata en oro con apoyo en una ley que dicho notario citó. El testigo no recuerda si él tendría autorizaciones para aceptar la conversión. Cree que convino en lo anterior solamente por parte del doctor Miranda y del señor notario, “pues que por mi parte no tuve sobre esto ninguna observación de parte de los contratantes, sino que únicamente y después de haber firmado el doctor Herrera, firmé la misma escritura creyéndola legal, pues la insinuación para ejecutar la conversión provino del notario y pensé que de ello don Delfín no acarrearía ningún perjuicio”. Agrega que el señor Martínez, ni de palabra ni por escrito, le ha dado la orden para hacer la conversión de plata antigua en oro. El señor Troya rinde esta declaración en el folio 121 vuelta y la ratifica en el folio 130. En el folio 127 vuelta está la escritura número treinta y cinco (35), de veintidós (22) de enero de mil novecientos diez y seis (1916), otorgada en la notaría de Ipiales, por medio de la cual el señor Martínez confirió poder al señor Troya para que, a nombre

del otorgante, “representando su propia persona, derechos y acciones, y guardando en todo caso sus instrucciones, celebre, de palabra o por escrito, toda clase de contratos, transacciones y arreglos de cualquier naturaleza...; y finalmente para que fuéra (sic) de juicio haga todo cuanto el otorgante haría...”. En el folio 131 vuelta se halla esta certificación: “Los suscritos presidente de la junta liquidadora del Banco del Sur y secretario-contador, a favor de la verdad, certifican: Que examinados los libros del extinguido Banco del Sur, se encuentra que el tipo de cambio sobre New York, en giros a la vista, era de $ 243.00, plata antigua, de $ 0,835, en el año de 1913. De tal manera que, para obtener cien pesos ($ 100,00) oro americano, se gastan doscientos cuarenta y tres pesos ($ 243,00) plata antigua; y que en el año de 1917 cien pesos ($ 100,00), oro americano, en giros a la vista sobre New York, costaban ciento cinco pesos ($ 105.00), oro legal colombiano. En fe de lo cual se firma en Pasto, hoy tres de diciembre de mil novecientos treinta y dos. Manuel M. Navarrete, presidente de la Junta Liquidadora. Marcial Bedoya, secretariocontador”. Hay un sello que dice: “Banco del Sur. Pasto. Cuentas corrientes”. Se adiciona el anterior certificado aclarando que en las épocas en las épocas en él indicadas, la relación comercial de cambio de la moneda de oro colombiano y la moneda de plata de 0.835 de fino que circuló en Nariño, era del doscientos cincuenta por

ciento (250%). En fe de lo cual se firma en la misma fecha, tres de diciembre de mil novecientos treinta y dos. Manuel M. Navarrete– Marcial Bedoya”. En el folio 133 vuelta se halla esta otra certificación. “El suscrito Julio Bravo, comerciante, en obedecimiento del auto de 28 de octubre de 1932 del juzgado segundo de este circuito, certifica: que el tipo de cambio entre la moneda de plata antigua de 0.835 de fino y la moneda legal de oro colombiano, en el año de 1913, era el de doscientos cincuenta por ciento (250%); es decir, que para obtener cien pesos ($ 100,00) oro legal se necesitaban doscientos cincuenta pesos ($ 250,00) plata antigua. Que en lo referente al año de 1917, la plata antigua se hallaba desmonetizada, en virtud de la ley de 1916 que mandó recogerla; sin embargo, el comercio continuaba aceptándola en sus operaciones, más o menos al mismo cambio de doscientos cincuenta por ciento (250%). Pasto, diciembre 12 de 1932. –Julio Bravo”. Los señores Artemio E. Burbano y Carlos G. López, nombrados peritos en el juicio, rinden su dictamen en los folios 146 y siguientes, en donde se lee esta conclusión: “VII.–Según demostración del cuadro de liquidación, se han pagado por concepto de capital, la suma de seis mil pesos ($ 6,000.00); se ha cubierto el valor de los intereses sobre el capital adeudado, y se ha pagado, además, la cantidad de tres mil ochenta y cinco pesos con diez y nueve centavos ($ 3,085.19), que deben

abonarse al capital, quedando la deuda del señor Martínez, según la conversión, a la cantidad de dos mil novecientos catorce pesos con ochenta y un centavos ($ 2,914.81), como se demuestra en el resumen de nuestra cuenta”. Los peritos tomaron por base las certificaciones preincorporadas sobre tipo de cambio y los informes que tomaron de otras casas comerciales de la ciudad de Pasto, en cuyos libros aparece el mismo tipo entre la plata y el oro. Por orden del juzgado, los peritos ampliaron su dictamen en los folios 219 y 219 vuelta. Allí dicen que aumentando la suma que consta en los recibos agregados al expediente y reconocidos por el señor Herrera, recibos que los peritos no conocían, lo que el señor Martínez debe al señor Herrera por capital, tomando el cambio a razón del 250%, queda reducido a $ 2,519.31. Adviértase que en el primitivo dictamen los peritos tomaron, entre otras bases, la marcada por ellos con el número III, que dice así: “III. –Durante el curso de la liquidación, al tipo de cambio indicado del 250% que conservamos hasta el 1º de enero de 1920, porque en esta fecha, todo el comercio de esta ciudad liquidó sus operaciones llevadas en plata a moneda legal oro, a razón de doscientos por ciento, sin duda alguna por lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 100 de 1919, aparecen algunos recibos expresando moneda oro, por cuyo motivo de esos valores no hemos hecho ninguna conversión”. El veintiséis (26) de agosto de mil novecientos diez y nueve

(1919) dio el señor Herrera al señor Martínez un recibo por $ 5,000.00 en oro legal, “como devolución de parte de la suma de quince mil pesos ($ 15,000) oro legal que le habían dado a mutuo por escritura hipotecaria otorgada en la ciudad de Pasto. Quedan en poder del señor don Delfín diez mil pesos ($ 10,000.00) oro legal...” Y el veintiocho (28) de julio de mil novecientos veinticuatro (1924) dio el mismo al mismo un recibo por mil pesos ($ 1,000.00) y dijo que la deuda queda reducida a la suma de nueve mil pesos ($ 9,000.00) en moneda legal. (Folios 155 a 156). Al absolver las posiciones dijo el señor Herrera que al hacer la conversión se tuvo en cuenta el cambio señalado por el artículo 4º de la ley 65 de 1916. _________________ El señor juez 2º del circuito de Pasto, por sentencia fechada el nueve (9) de agosto de mil novecientos treinta y tres (1933), condenó al señor Martínez a pagar al señor Herrera la cantidad de dos mil quinientos diez y nueve pesos con treinta y un centavos ($ 2,519.31) oro y los intereses de esta suma desde la fecha de la demanda hasta el día del pago, a razón de diez por ciento (10%) anual. También resolvió el juez que la hacienda de “Cariaco” está especialmente afecta al pago de la cantidad indicada y de sus intereses. El señor juez basó su sentencia en el artículo 1511 del código civil, pues admitió que en el arreglo efectuado en el año de

1917 hubo error de hecho, porque la sustancia o calidad especial del objeto sobre que versó el contrato fue diversa de lo que se creyó, a causa, dice el señor juez, de que los $ 15,000.00 oro legal tenían la cualidad de ser equivalentes a los treinta mil pesos de ley, “y no teniendo esa cualidad hay error en cuanto a la sustancia, el que subsiste aún cuando sea uno solo de los contratantes el que lo haya sufrido”. El apoderado el señor Herrera ante el Tribunal de Pasto, en alegato de fecha trece (13) de octubre de mil novecientos treinta y tres (1933), alega entre otras cosas “que si esos errores u otros de hecho se hubieran deslizado, tales errores no podrían alegarse al presente, porque por disposición terminante y clara del artículo 1750 del código civil, inciso II, el plazo para pedir la rescisión en caso de nulidad por error o dolo prescribe en cuatro años contados desde el día de la celebración del acto o contrato, disposición que termina rotundamente toda discusión sobre el particular... Es algo, pues, sorpresivamente extraño que el señor juez hubiera aceptado que el error de hecho alegado como excepción fuera subsanable en cualquier tiempo, en el sentido en que acogió dicha expresión”. El Tribunal superior de Pasto, en sentencia de once (11) de mayo de mil novecientos treinta y cuatro (1934), declaró no probadas las excepciones de nulidad de la novación y de error de hecho subsanable en cualquier tiempo; condenó al señor Martínez a pagar al señor Herrera las sumas de nueve mil pesos ($ 9,000.00) oro por concepto de capital, y tres mil doscientos cincuenta pesos

($ 3,250.00) oro por concepto de intereses de dicho capital; declaró que la hacienda de “Cariaco” no está especialmente afecta al pago de las sumas que cobra el señor Herrera, y dispuso que las costas de la segunda instancia fueran comunes a los dos litigantes (folios 247 y siguientes). Estimó el Tribunal que el error en el contrato engendra una nulidad relativa saneable por el transcurso de cuatro años, ya corridos en este negocio; que en el contrato de que da cuenta la escritura número cuatrocientos trece (413) de mil novecientos diez y siete (1917) no se incurrió en ninguna de las causas de error que vician el consentimiento; que la proporción entre las dos cantidades pertenece a la categoría denominada relación distinta de la sustancia; que si el mandatario del señor Martínez pudo incidir en error de derecho, porque creyera que aún para las obligaciones particulares contraídas en monedas de plata antigua regía el cambio de doscientos por ciento, es evidente que el error de derecho no sirve de excusa ni vicia el consentimiento, sencillamente porque no es un error invencible; que la excepción de error subsanable carece de fundamento, ya porque no se refiere a ninguno de los casos en que el error vicia el consentimiento, ya porque esa causal se propuso extemporáneamente, ya porque ha habido ratificación tácita del deudor, y, finalme