CSJ - SL1136-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1136-2023 Radicación n.° 85134 Acta 17 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte los recursos de casación que interpusieron NORA CECILIA RUIZ OSPINA, la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. y la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 26 de marzo de 2019, en el proceso ordinario laboral que promueve la primera de las mencionadas en contra de ING PENSIONES Y CESANTÍAS hoy PROTECCIÓN S. A. y en el que se vincularon a GLORIA ELENA MONSALVE CEBALLOS como litisconsorte necesaria por pasiva, a ALIRIO ANTONIO CANO PANIAGUA como interviniente ad excludendum y a la aseguradora recurrente como llamada en garantía.

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Radicación n.° 85134 Previamente se reconoce personería adjetiva al abogado Juan Francisco Hernández Roa con tarjeta profesional n.º 35.277 del C. S. de J., como apoderado de la demandada Protección S. A., en los términos y para los efectos del memorial de sustitución que obra en el cuaderno digital de la Corte. Asimismo, se reconoce personería adjetiva al abogado Antonio Pabón Santander con tarjeta profesional n.º 59.343

del C. S. de J., como procurador judicial de la llamada en garantía Compañía de Seguros Bolívar S. A., de conformidad con el poder que obra en el cuaderno digital de la corporación.

I. ANTECEDENTES Nora Cecilia Ruiz Ospina solicitó se declare que le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo Wilson James Cano Ruiz ocurrido el 20 de abril de

2008. En consecuencia, requirió se condene a ING.

Pensiones y Cesantías, hoy Protección S. A. a reconocer y pagarle la correspondiente prestación periódica, junto con las mesadas adicionales y teniendo en cuenta el IPC de cada año. Igualmente, pidió los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación, más las costas y agencias en derecho. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el causante, hijo suyo, falleció por causas de origen común, el 20 de abril de 2008, siendo al momento del deceso, soltero,

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Radicación n.° 85134 sin unión marital de hecho vigente y sin descendencia. Agregó que, en la escritura pública de la liquidación de la sucesión intestada del asegurado se determinó en la cláusula segunda que, «el causante durante su existencia no procreó ni adoptó hijos, no contrajo matrimonio, ni tuvo unión marital de hecho», por esa razón, los llamados a heredar fueron ella y su esposo en calidad de progenitores. Explicó que, para el momento del deceso su hijo estaba

afiliado a ING Pensiones y Cesantías; que ella no desempeñaba actividad económica alguna que le generara ingresos, por lo que dependía del aporte que le suministraba aquel, con quien compartía el hogar. Agregó que su cónyuge no estaba en capacidad de velar por ella puesto que padecía de alcoholismo. Indicó que, elevó solitud de pensión a la AFP, quien se la negó a través de comunicación de 19 de mayo de 2009, aduciendo la existencia de beneficiarios con mejor derecho aludiendo a la señora Gloria Elena Monsalve Ceballos en calidad de compañera permanente y a quien la entidad le había reconoció el derecho, pese a que no hizo vida marital con el asegurado, ni convivió con él en los últimos cinco años que precedieron al fallecimiento. Relató que la citada señora fue públicamente conocida como la novia de su hijo y aunque fue beneficiaria de él en el sistema de salud, esta circunstancia no la habilitaba para acceder a la prestación de sobrevivientes.

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Radicación n.° 85134 Finalmente, pidió la vinculación de la señora Monsalve Ceballos como interviniente ad excludendum por tener interés en el derecho debatido e igualmente pidió se decretara como medida cautelar, la suspensión del pago de las mesadas que la AFP le venía reconociendo a dicha persona, hasta tanto se definiera la controversia mediante sentencia judicial (f.os 2 a 8). Al dar respuesta a la demanda, la AFP Protección S. A., se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó

que el causante era hijo de la actora, la fecha del fallecimiento, que aquel era afiliado a ING Pensiones y Cesantías y cotizaba en esa administradora, que resolvió la reclamación en forma adversa a los intereses de la peticionaria; que ésta era casada con el señor Alirio Antonio Cano y convivía con él. Las demás situaciones fácticas las negó o dijo que no le constaban. Adujo que no se había negado a reconocer la prestación de sobrevivientes que se generó por la muerte del señor Cano Ruiz, sino que la otorgó a quien demostró tener un mejor derecho, esto es, la señora Gloria Elena Monsalve Ceballos quien la pretendió en calidad de compañera permanente. Aseveró que esta beneficiaria desplazó a la madre que concurre en forma sucedánea a la prestación. Afirmó que de todos modos la actora no acreditó el requisito de dependencia económica respecto de su descendiente, ya que era propietaria del inmueble donde habita la familia.

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Radicación n.° 85134 Adicionó que su actuación ha estado revestida de buena fe y que concedió la prestación a la compañera permanente previa aportación de la documental con la que probó la existencia del derecho en cabeza de esta, y, por tanto, solicitó que, si la actora acreditaba los requisitos para ser considerada como real beneficiaria, el reconocimiento de la prestación se hiciera a partir de la ejecutoria de la sentencia que lo declarara y no desde la data del deceso. En ese orden, dijo, tampoco debía ser condenada al pago de los intereses

moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, puesto que ha cancelado las mesadas pensionales a quien en su momento demostró un mejor derecho. Manifestó que compartía las peticiones de la demanda inicial relativas a que la señora Monsalve Ceballos fuera convocada a la causa como interviniente ad excludendum y a que se decretara la medida cautelar solicitada por la actora, ya que motu proprio no podía tomar la decisión de suspender el pago a favor de la primera sin transgredir los derechos de dicha persona. Propuso como excepción previa la falta de integración de la litis por activa con el padre del afiliado, señor Cano Paniagua; y como de mérito las de falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, prescripción y buena fe (f.os 45 a 59). La AFP a su vez llamó en garantía a la Compañía de Seguros Bolívar S. A. en virtud del contrato de seguro

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Radicación n.° 85134 previsional contenido en la póliza global de seguro de invalidez y sobrevivientes n.° 600-0000012-01. Expuso como sustento de tal solicitud, que el objeto de la expedición de esa póliza era la cobertura de los afiliados de ING Pensiones y Cesantías, para que esa aseguradora pagara la suma adicional requerida a efectos de completar el capital necesario con el que se financiaran las prestaciones de invalidez y muerte de origen común. Precisó que, cuando ocurrió el deceso del asegurado «la mencionada póliza estaba vigente».

Adicionó que la Aseguradora había aprobado la cancelación de la suma adicional para el reconocimiento y pago de la prestación a favor de la señora Monsalve Ceballos en calidad de compañera permanente al estimar que cumplía los requisitos de ley (f.os 75 a 80). La anterior petición fue acogida por el juez del conocimiento mediante auto de 26 de febrero de 2010 y por tanto dispuso vincular a la aseguradora (f.° 102). La Compañía de Seguros Bolívar S. A. contestó el llamamiento en garantía y adujo que ya había hecho el reconocimiento del siniestro como consecuencia del deceso de Wilson James Cano Ruiz. Propuso como excepciones de fondo las de pago, inexistencia de la obligación de reconocer la pensión por existir un beneficiario con mejor derecho, inexistencia de la

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Radicación n.° 85134 obligación por no acreditarse el requisito de la dependencia económica y compensación. Asimismo, respondió el escrito inicial, se opuso a las súplicas y negó la existencia del requisito de la dependencia económica de los padres respecto del descendiente afiliado. Esgrimió como medios defensivos la falta de verificación de los requisitos legales para acceder a la prestación periódica (f.os 109 a 117). Mediante providencia de 15 de abril de 2016, el juez determinó que la señora Monsalve Ceballos debía comparecer al juicio como litis consorte necesaria por pasiva, toda vez que el derecho estaba radicado en cabeza suya como

compañera permanente, para darle las garantías del debido proceso y pudiera ejercer su defensa. Asimismo ordenó vincular al señor Alirio Antonio Cano Paniagua como interviniente ad excludendum (f.os 244 y 245). Gloria Elena Monsalve Ceballos respondió el escrito inicial, a través de curador Ad Litem y se opuso a las pretensiones. Esgrimió como excepción de mérito la de inexistencia de la obligación (f.os 247 y 248). El interviniente Ad excludendum no presentó escrito alguno, pese a haber sido notificado personalmente el 18 de mayo de 2016 (f.° 250).

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Radicación n.° 85134 El Juzgado en audiencia de 2 de mayo de 2017 negó por improcedente la medida cautelar de suspensión de la pensión a favor de la señora Monsalve Ceballos (f.os 260 y 261).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 19 de octubre de 2018, (f.° 302 y 303 y CD), decidió: PRIMERO: DECLÁRASE que le asiste el derecho a la señora NORA CECILIA RUIZ OSPINA […] a percibir la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su hijo WILSON JAMES CANO RUÍZ, a partir del 20 de abril de 2008, por el salario mínimo, y como consecuencia de ello, la AFP ING PENSIONES Y

CESANTÍAS S. A. hoy, ADMINISTRADORA DE FONDO DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCION S. A. debe reconocer y pagar la misma, así como la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($88’058.361), por concepto de retroactivo, generado entre el 20 de abril de 2008 y el 30 de septiembre de 2018. Y la obligación de seguir reconociendo la mesada pensional con sus incrementos de ley y las mesadas adicionales de junio y diciembre, a partir del 01 de octubre de la presente anualidad, la suma de $781.242 por el salario mínimo legal mensual vigente. De igual manera, reconocer los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el retroactivo antes reconocido y las mesadas pensionales que se sigan causando hasta la fecha del pago, desde el 29 de julio de 2009, tal como se indicó en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE, la inexistencia del derecho de la pensión de sobrevivencia, reconocido a la señora GLORIA ELENA MONSALVE CEBALLOS, tal como se indicó en la parte motiva de esta providencia, y como consecuencia de la inexistencia del derecho, se determina a la AFP Protección S. A. la cesación en el pago, en el caso que aún se encuentre cancelando mesadas pensionales a favor de esta.

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TERCERO: SE CONDENA EN COSTAS a la AFP PROTECCION

S. A. y a favor de la señora NORA CECILIA RUIZ OSPINA, fijando

como agencias en derecho la suma de QUINCE (15) SALARIOS

MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

CUARTO: ABSOLVER a la llamada en garantía SEGUROS BOLÍVAR S. A. de todos los cargos formulados en su contra.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que conoció en virtud de la apelación de la AFP Protección S. A., mediante fallo del 26 de marzo de 2019, decidió: PRIMERO: DECLARAR que la señora Nora Cecilia Ruiz Ospina tiene derecho a la pensión de sobreviviente a partir de la ejecutoria de la presente providencia y no desde el 20 de abril de 2008 y, en consecuencia, se REVOCARÁ el retroactivo pensional reconocido en primera instancia y los intereses moratorios, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR la declaración realizada en primera instancia respecto a la llamada en garantía para en su lugar declarar a PROTECCIÓN como la encargada de reconocer la pensión de sobreviviente a la demandante y a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S. A. le asiste la obligación reconocer el seguro previsional correspondiente a la suma adicional por la ocurrencia del siniestro de sobrevivencia, y continuar pagando la pensión de sobreviviente a la señora Nora Cecilia Ruiz Ospina.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito.

CUARTO: Costas en esta instancia a cargo de la sociedad

Protección S.A., en la suma de $414.058. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal determinó como problema jurídico, definir si la demandante era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo y, si le asistía el derecho al reconocimiento y pago de esa prestación (por acreditar la dependencia económica)

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Radicación n.° 85134 junto con los intereses moratorios. En caso de que hubiera lugar a confirmar la decisión de primera instancia, dijo, se deberá analizar si la llamada en garantía es responsable del pago de la pensión, y determinar desde qué fecha debe reconocerla. Precisó que estaba acreditado que la demandante era la madre del señor Wilson James Cano Ruiz, quien falleció el 20 de abril de 2008 (f.° 23); que el 24 de diciembre de ese mismo año se tramitó la sucesión intestada del causante y a ella comparecieron sus progenitores en calidad de herederos de sus bienes (f.os 20 a 22). Señaló que también se probó que la AFP Protección S.

A. le había reconocido la pensión de sobrevivientes a la señora Gloria Elena Monsalve Ceballos en calidad de compañera permanente del asegurado, por un término de 20 años por ser aquella menor de 30 años de edad a la muerte del causante, y que le negó la prestación a la madre Nora Cecilia Ruiz Ospina aduciendo la existencia de una beneficiaria con mejor derecho (f.os 9 a 14).

Indicó que el precepto aplicable al caso era el artículo

47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 por ser el vigente al momento del deceso, el cual pasó a transcribir y luego precisó que el requisito de convivencia de cinco años con anterioridad a la muerte, aplica tanto por el fallecimiento del afiliado como del pensionado y debía ser acreditado por quienes pretendieran

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Radicación n.° 85134 acceder a la prestación en calidad de compañeros permanentes, como lo decía la sentencia CSJ SL1399 – 2018. Expuso que al cotejar la prueba allegada al plenario con la cual la AFP accionada sustentó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Monsalve Ceballos, esto es, las declaraciones extra proceso rendidas el 26 de septiembre de 2007 tanto por el causante como por aquella, en la que dijeron que tenían una unión marital de hecho vigente desde hacía tres años aproximadamente y que convivían en la Carrera 122 n° 48 B-46, apto 137 (f.° 65), con las versiones, también extra juicio, rendidas el 17 de septiembre de 2008 por los señores Juan José Martínez Velásquez y Nilson Enrique Velásquez Rúa, no encontraba coincidencia pues en estas última se consignaba que la pareja convivió por espacio de tres años y cuatro meses, pero señalaron una dirección diferente (f.° 64). Refirió que en el plenario también reposaban los certificados de la EPS Su Salud en los que constaba que la señora Monsalve Ceballos era beneficiaria del asegurado desde el 9 de agosto de 2005

(f.os 62 a 68). Del análisis que hizo de esos medios demostrativos concluyó que no se evidenciaba que la pareja hubiera tenido vida en común dentro de los cinco años anteriores al deceso, toda vez que no había certeza de su domicilio y además las declaraciones no resultaban creíbles por cuanto narraban circunstancias sucedidas antes de que los deponentes conocieran a los involucrados.

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Radicación n.° 85134 En ese orden, resulta necesario destacar que, aunque el Tribunal no dijo expresamente que conocería en consulta en favor de la compañera permanente frente a quien se había negado el derecho, en realidad sí surtió el grado jurisdiccional referido pues estudió detalladamente la eventual titularidad de la señora Monsalve Ceballos llegando a concluir que no era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en discusión. Por esa razón, afirmó, era procedente estudiar el derecho de la demandante en calidad de madre del causante. Entonces, precisó que era necesario analizar el requisito de la dependencia económica respecto al descendiente fallecido. Indicó, que la mencionada exigencia hacía alusión a la sujeción de una persona respecto de otra que le proporciona lo necesario para llevar una vida digna y decorosa acorde a su posición social. Se refirió a la sentencia CSJ SL, 27 mar. 2003, rad. 19867 y dijo que la subordinación económica no debía entenderse como total y absoluta, por lo que los padres dependientes podían percibir otros ingresos provenientes de hijos distintos al causante o de actividades propias, siempre

que esos recursos no los convirtieran en autosuficientes. Se remitió a las declaraciones de Diana Ofelia Hernández Cano y Oscar Oswaldo Monsalve Duque, vecinos de la actora, y a la declaración extra juicio rendida por el afiliado en vida, cuando señaló que vivía con sus padres. Adicionó que pese a existir inconsistencia en el certificado emitido por la EPS Su Salud visible a folios 152 a 155, se

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Radicación n.° 85134 podía inferir que el asegurado había tenido a los padres como beneficiarios del sistema de salud, pero hasta el 27 de diciembre de 2006, lo cual constituía un indicio de la dependencia económica de la accionante respecto de su hijo fallecido. Aseveró que analizada la anterior prueba en conjunto con la declaración del testigo Oscar Oswaldo, quien había sido enfático en manifestar que en más de 15 oportunidades presenció el aporte económico que le brindaba el causante a su progenitora, el cual ascendía semanalmente a $80.000, lo que quería decir que mensualmente era de $320.000, evidenciaba el requisito de dependencia económica. Adicionó que, en la investigación autorizada por Seguros Bolívar S. A. los padres del afiliado habían afirmado que su hijo devengaba un salario de $530.000, que los gastos del hogar ascendían a $686.000, de los cuales el afiliado aportaba $200.000 mensuales que correspondían al 43 % del salario mínimo mensual del año 2008, que alcanzaba los $481.500. Explicó que, el señor Alirio, padre del causante,

colaboraba mensualmente con $280.000 por lo que el aporte del afiliado equivalía al 30% y el del padre era de 70%. Aclaró que el progenitor había laborado hasta el año 2002 y que, para el momento de la citada diligencia, ambos padres se encontraban afiliados al Sisbén. Anotó que los testigos de la demandante habían sido

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Radicación n.° 85134 coincidentes en afirmar que el progenitor del afiliado tenía problemas de alcoholismo, era irresponsable y no aportaba mucho al hogar, siendo esa la razón por la que la actora desde el año 2002, cuando aquel perdió el empleo, pasó a depender exclusivamente de su hijo. Indicó que el hecho de que el padre del causante fuera pensionado y que percibiera incrementos por la cónyuge a cargo, conforme a la confesión que sobre el particular aquella realizó en el interrogatorio de parte, era irrelevante puesto que el reconocimiento de la prestación ocurrió con posterioridad a la muerte del asegurado. Con respecto al retroactivo pensional y a los intereses moratorios, explicó que, si bien en primera instancia se le reconoció la pensión de sobrevivientes a la demandante retroactivamente desde la muerte del afiliado, por considerar que la AFP ante la existencia de conflicto entre beneficiarios debió suspender el trámite y esperar a que la justicia determinara quién era el verdadero beneficiario, sin que lo hiciera, resultaba equivocada. Señaló que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes debía hacerse a la ascendiente a partir de la ejecutoria de la sentencia de segundo grado, toda vez que la

AFP le reconoció la prestación previamente a la señora Monsalve Ceballos en un 100% y la había venido pagando desde el 20 de abril de 2008 (f.° 12). En ese orden, dijo, no era dable imponerle la obligación de reconocer y pagar doblemente la mesada pensional para lo que citó en su apoyo

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Radicación n.° 85134 las sentencias CSJ SL40942–2011; CSJ SL12896-2014 y SL4627-2016. Aseveró que la parte accionante tenía la posibilidad de demandar directamente a la señora Monsalve Ceballos para que le reintegrara las mesadas que aquella percibió sin causa legal. Así, declaró que a la madre del causante le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes a partir de la ejecutoria de esa providencia y no desde el 20 de abril de 2008 como lo había dicho el juez. En consecuencia, absolvió del retroactivo pensional reconocido en primera instancia y de los intereses moratorios al no existir suma sobre la cual se debieran reconocer. Frente a la responsabilidad de la aseguradora llamada en garantía, señaló que la Compañía de Seguros Bolívar S. A., intervino en la investigación y tuvo conocimiento de todas las decisiones que se adoptaron en relación con el derecho que se le otorgó a la señora Monsalve Ceballos. Dijo que esa entidad dio la autorización para el seguro previsional y giró los dineros una vez estuvo de acuerdo con que esa ciudadana había demostrado los requisitos. Así, estimó que le

correspondía pagar el seguro previsional para atender el cumplimiento de la prestación aquí reclamada. Adicionó que dicha Compañía de Seguros era la que había venido pagando las mesadas a Monsalve Ceballos, en virtud del contrato de renta vitalicia inmediata convenido con

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Radicación n.° 85134 ella, sin que Protección S. A. tuviera en su poder esos dineros. Explicó que en el folio 118 obraba la prueba de la comunicación emitida por la aseguradora en la cual informaba a la AFP ING, hoy Protección S. A., sobre la respuesta favorable a la solicitud de cancelación de la suma adicional para financiar el pago de la mesada pensional de sobrevivencia y, que en esa documental también se indicaba que la señora Monsalve Ceballos había sido reconocida como beneficiaria, teniendo en cuenta la declaración extra juicio rendida por el mismo afiliado; que esa misma prueba acreditaba la aceptación del reconocimiento sin que se hubiera opuesto a ello. Luego se refirió al documento de folio 278 del que dijo, demostraba que la señora Monsalve Ceballos seleccionó la modalidad de renta vitalicia para el reconocimiento de la prestación económica, por lo que la AFP debió trasladar a la aseguradora el dinero de la cuenta de ahorro individual del afiliado y era esta última quien sufragaba los instalamentos a esa ciudadana, en los términos del artículo 77 de la Ley 100 de 1993. Aclaró que el seguro previsional es especial y se basa en los principios de la seguridad social con el fin de garantizar

el derecho a los verdaderos beneficiarios del afiliado. Precisó que Protección S. A. debía reconocer la pensión de sobrevivientes a la señora madre del asegurado y la

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Radicación n.° 85134 Compañía de Seguros Bolívar S. A. tendría a su cargo el seguro previsional correspondiente por la ocurrencia del siniestro de sobrevivencia, que ya no iría por 20 años como se le liquidó a la compañera permanente por ser menor de 30 años a la fecha del deceso del causante, sino que lo sería mientras viviera la verdadera beneficiaria y bajo la modalidad de renta vitalicia.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Ante la formulación de sendos recursos de casación, la Sala, por cuestión de método, iniciará resolviendo el que instauró la AFP demandada, luego se ocupará del de la demandante y finalmente, del de la aseguradora.

Aquí resulta oportuno destacar que ninguna de las demandas de casación que se presentan controvierten las conclusiones del juzgador de segundo grado relativas a que la señora Gloria Elena Monsalve Ceballos no acreditó el requisito de convivencia en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el canon 13 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la prestación de sobrevivientes como beneficiaria del joven Wilson James Cano Ruíz. En consecuencia, ha de entenderse que la situación de aquella quedó definida en las instancias, dado el carácter rogado del recurso extraordinario.

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V. RECURSO DE CASACIÓN DE PROTECCIÓN S.A.

Interpuesto por la Administradora de Fondo de Pensiones demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Sala, se procede a resolver.

VI. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la impugnante que la Corte case la sentencia del Ad quem, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y en su lugar la absuelva de todos los cargos.

Con tal propósito formula un ataque, por la causal primera de casación, que se replica únicamente por la demandante, ya que la Compañía de Seguros Bolívar S. A. estimó que no existían motivos para oponerse a esta demanda extraordinaria.

VII. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de transgredir directamente, por infracción directa de los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, aplicables en virtud de lo establecido por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, y 60 y 61 de tal codificación, violación medio que llevó a la aplicación indebida del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y a la infracción directa de los artículos 29 y 230 de la Carta Magna y 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.

En la demostración la AFP impugnante indica que al

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Radicación n.° 85134 expediente no se allegaron las pruebas que soportan el derecho reclamado. Aduce que el artículo 164 del CGP prescribe que la decisión judicial debe fundarse en las

pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso; y que, a su turno, el artículo 167 ibidem dispone que a las partes incumbe probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Destaca que en el expediente no obra medio probatorio alguno, no creado por la accionante, que dé fe del aporte que recibía del causante ni de sus gastos a fin de determinar la importancia de la ayuda frente a las erogaciones; que tampoco se precisó la periodicidad del aporte con el fin de acreditar la sujeción económica de la madre respecto del hijo fallecido. Argumenta que el juez plural aplicó en forma indebida el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 porque si bien la subordinación monetaria no debe ser total, como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-111-2006, tal consideración no implica que «basta con que se pruebe que la mamá de un afiliado que muere pierda una colaboración monetaria que en forma incierta le diese el perecido para que a partir de ello se tenga por cumplido el requisito de la dependencia económica». Expone que se debe tener en cuenta que, según las reglas de la experiencia, desde que un hijo empieza a trabajar es normal que otorgue algún auxilio a sus padres, en dinero o en especie, independientemente de que resida con ellos o

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Radicación n.° 85134 no, sea soltero o casado, sin que esto implique que tal ayuda los convierta en subordinados en materia económica, como lo precisó esta Sala en la sentencia CSJ SL, 21 abr. 2009,

rad. 35351. Después alude a la providencia CSJ SL15116-2014 para asegurar que el colegiado no analizó si el eventual subsidio del afiliado satisfacía las condiciones para entender que era subordinante, es decir, que fuera real, periódico, significativo y destinado a garantizar la manutención de la madre.

VIII. RÉPLICA El apoderado de la demandante esgrime que en el plenario obran pruebas tanto documentales como testimoniales que acreditan que el causante no procreó hijos, no contrajo matrimonio ni tuvo unión marital de hecho que hubiera dado lugar a una compañera con derecho, para lo que se refiere a la escritura púbica 5929 de 24 de diciembre de 2008 de la Notaría Segunda de Medellín, en la cual se protocolizó la sucesión del causante. También aludió a la declaración de Oscar Oswaldo Monsalve Duque, quien afirmó que el afiliado le daba a su progenitora la cantidad de $80.000 semanales y pagaba las deudas que ella contraía en la tienda, le colaboraba con mercado, ropa, medicinas y pasajes.

Señaló que el padre del difunto si bien habitaba en el mismo hogar con su hijo y la progenitora de este, en

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Radicación n.° 85134 ocasiones no aportaba lo necesario para el sostenimiento de la accionante, pues tenía problemas de alcohol. Manifestó que la señora Ruiz Ospina era ama de casa y no laboraba fuera de esta, por lo que era subordinada financiera de su descendiente fallecido. Añade que la señora Monsalve Ceballos no acreditó

convivencia con el difunto en los últimos cinco años anteriores al deceso de este y que la AFP demandada le concedió inicialmente la pensión de sobrevivientes sin haber adelantado la correspondiente investigación.

IX. CONSIDERACIONES El sentenciador luego de evaluar las declaraciones extraprocesales aportadas al proceso por quien aducía ser la compañera permanente del causante y encontrar que aquellas no daban respaldo al tiempo de convivencia exigida normativamente, pasó a revisar sí la demandante en calidad de madre del afiliado, si satisfacía los presupuestos legales para otorgarle la prestación, encontrando que estaban demostrados en la medida que las pruebas, especialmente la testimonial, daban cuenta de la dependencia económica de la progenitora respecto del afiliado, al igual que la cotización de éste en el número suficiente para causar la prestación reclamada.

Para la censura el colegiado concedió la prestació