CSJ - SL1279-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1279-2023 Radicación n.° 92457 Acta 019 Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

MYRIAM BEATRIZ URUEÑA MORENO, MARÍA DEL PILAR

BENJUMEA GUTIÉRREZ, CLEOTILDE NIÑO PAVA, FELIPE EDUARDO MORA RODRÍGUEZ, MARIO RUBIANO ALVARADO y BERNARDO BRAVO, contra la sentencia

proferida por La Sala Tercera de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 19 de febrero de 2021, en el proceso que instauraron contra PAULA JULIANA MURILLO LOZANO;

CLAUDIA TERESA, GUSTAVO ADOLFO, DANIEL

MAURICIO, LUCIA CRISTINA, BERTHA CECILIA y

GERMÁN ALFONSO MURILLO SALDAÑA; CATALINA MARÍA y ANDRES FELIPE MURILLO RESTREPO; MYRIAN ELIZABETH RESTREPO DE MURILLO y la sociedad

BIOENERGY SA.

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Radicación n.° 92457

I. ANTECEDENTES El grupo de demandantes ya identificado, llamó a juicio a los miembros de la familia Murillo Lozano aquí convocados, así como a la sociedad Bioenergy SA, con el fin de que se declarara que: (i) entre las partes «existió un contrato verbal de corretaje pactado en Puerto López, Meta» con vigencia

hasta celebrar el contrato de compraventa del inmueble denominado «Berhalí»; (ii) el objeto se completó al suscribir la fiducia mercantil de administración y pagos, constituida entre los demandados con Fiducor SA. En consecuencia, pidieron que fuera condenado el extremo pasivo al pago de la remuneración de que trata el artículo 1341 del Cco., fijándose, ante la falta de estipulación, un porcentaje del 5% sobre el valor de dicha venta, atendiendo a la costumbre mercantil para las áreas rurales de los municipios que integran la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio, a su favor. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que para el año 2008, luego de ser contactado el señor Mario Rubiano Alvarado por Daniel Mauricio Murillo con el fin de llevar a cabo la venta del predio «Berhalí», se constituyó el equipo de agentes intermediarios — demandantes — y que al ser informados de que la empresa Bioenergy SA estaba interesada en adquirir en el altiplano llanero aproximadamente 5000 hectáreas de tierra para desarrollar su objeto energético, presentaron la opción de venta al

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Radicación n.° 92457 representante legal de la época, señor Alejandro Roa, quien previa autorización de la familia Murillo, visitó los terrenos. Informaron que, en vista de ello, entre el 21 de junio y el 10 de julio de 2008 tuvieron comunicaciones cruzadas con los miembros de la familia Murillo, en las que discutieron los porcentajes de la comisión para la venta del inmueble, sin

llegar a un acuerdo; que para el 21 de julio de esa anualidad el extremo pasivo inició de forma directa conversaciones entre sí, excluyéndolos de las mismas; que para el mes de octubre del mismo año, los accionados naturales les indagan sobre qué precio deberían cobrar en caso de arrendamiento del predio, lo que contestaron diciendo que deberían cobrar $160.000,oo pesos por hectárea y que, terminando el año se enteraron de que entre las demandadas «proyectan adelantar un contrato de cuentas en participación por 12 años o de arrendamiento de 100 Hectáreas para estudiar […] del predio Berhalí (sic) que pretenden comprar». Adujeron que, ante los acuerdos de confidencialidad suscritos entre el extremo pasivo, no reciben más información del negocio, empero, para enero de 2010 en que se dio el cambio de gerente de la sociedad con el remplazo del señor Alejandro Roa por el ing. Jesús Hernán Galvis, el demandante Felipe Mora llevó a este último al predio y lo relacionó con la familia Murillo, evitando que, ante el cambio de directivo de la entidad, se paralizara lo ya adelantado. Sostuvieron que los miembros de la familia Murillo luego de ser requeridos vía fax para junio y julio de 2010,

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Radicación n.° 92457 aceptaron reconocer una comisión del 4% sobre el precio de la venta del predio «Berhalí», «siempre y cuando se cumpla, que la venta se realice en los próximos 10 días al comprador que presenten los agentes inmobiliarios»; pero también, al

darse el cambio de funcionarios con quienes se discutió en Bioenergy SA la compraventa, aquellos les informan que no reconocerán la misma al ser una nueva negociación. Finalmente, adujeron que, para el 30 de septiembre de 2010, el gerente saliente de Bioenergy SA certificó en sus funciones haber adelantado conversaciones para la adquisición del predio «Berhalí», por medio de ellos; que para finales de dicho año se concretó entre el extremo pasivo el arrendamiento de 100 hectáreas del citado inmueble y la mencionada sociedad para iniciar «semilleros de cultivo de caña de azúcar», y que, para abril de 2011 se concretó entre la empresa y los Murillo, la compraventa del predio mediante la constitución del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, con Fiducor SA. Al dar respuesta a la demanda, los accionados en su totalidad se opusieron a las pretensiones; afirmaron que no constituyeron contrato de corretaje verbal con el extremo actor, ni algún otro de naturaleza civil o comercial, así, también, coincidieron en señalar que «algunas de las matrículas inmobiliarias que según los demandantes corresponden a predios que pertenecen al llamado «Berhalí» (sic), realmente no pertenecen a dicho inmueble», así como que su denominación es Beralhí.

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Radicación n.° 92457 En cuanto a los hechos, los señores Gustavo Adolfo, Paula Juliana, Bertha Susana y German Alfonso Murillo, acotaron que era cierta la existencia del predio, así como la

suscripción del contrato de fiducia entre ellos y su codemandada con Fiducor SA, aclararon que el negocio se llevó a cabo por las conversaciones directas que tuvieron y no por intervención de los demandantes. En su defensa presentaron las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de prueba de la costumbre y mala fe. Por su parte, Claudia Teresa y Daniel Mauricio Murillo, aceptaron, además que su hermana Lucia remitió la oferta de comisión a los demandantes por el 3% sobre el valor de la venta del inmueble plurimencionado, con la condición de que dicho acto se concretara en un plazo específico, lo cual no se cumplió; que recibieron de aquellos la información del valor del arrendamiento de las hectáreas en los predios ubicados en Puerto López, que fue solicitado por Daniel Mauricio y Cristina, así como ratificaron lo ya expuesto por los demás miembros de la familia Murillo, en cuanto a la suscripción de la promesa de compraventa y el contrato de fiducia. Acudieron a idénticos medios de defensa que fueron propuestos por sus codemandados. Acto seguido, Lucia Murillo aceptó haber remitido la propuesta del 3% sobre el valor de la venta, en respuesta a la del 4% que en su momento le enviaron los demandantes. Sobre lo demás, reiteró la información y medios de defensa ya planteados.

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Radicación n.° 92457 Finalmente, Bioenergy SA, afirmó que el 25 de abril de 2011 celebró contrato de promesa de compraventa con los miembros de la familia Murillo para la adquisición de los

predios que conformaban el terreno de mayor extensión denominado Beralhí, el que a su vez fue cedido por los promitentes vendedores a un patrimonio autónomo mediante Escritura Pública 1178 de la Notaría 42 del Círculo de Bogotá, la cual fue protocolizada en la evocada fecha. Precisó que, los inmuebles transferidos a partir del de mayor extensión denominado Beralhí, son los identificados con folios de matrículas inmobiliarias números 234-1168, 234-1169, 234-1170 y 234-1172, pero que están en espera de ser perfeccionados, habida cuenta de que no son de propiedad de la familia Murillo y; que tampoco el negocio se realizó con intermediarios o autorizados por ningún interviniente. Propuso como excepciones previas las de falta de jurisdicción y de competencia, inepta demanda por ausencia de los requisitos formales y por indebida acumulación de pretensiones y, habérsele dado a la demanda un trámite diferente al que corresponde, así como de mérito, la inexistencia de la obligación, del derecho a cobrar por parte de los accionantes y de la solidaridad, cobro de lo no debido, falta de causa de las pretensiones, prescripción, buena fe, falta de legitimación por activa de aquellos y por pasiva de Bioenergy SA y, mala fe del extremo actor.

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Radicación n.° 92457 Mediante proveído del 13 de agosto de 2014 se despacharon desfavorablemente las excepciones previas incoadas, decisión objeto de confirmación por el superior.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 4 de octubre de 2016, absolvió a los demandados.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Tercera de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, al resolver el recurso de apelación del extremo actor, mediante fallo del 19 de febrero de 2021, confirmó la decisión de primer grado. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como problema jurídico, determinar si existió un contrato de corretaje entre las partes, para la intermediación en la compra y venta del predio denominado «BERHALI ubicado en Puerto LópezMeta», y de acreditarse ello, si los demandantes tienen derecho al pago, que por dicho negocio, reclaman. Luego de definir el contrato de corretaje y diferenciarlo del de comisión, el juez estableció que en ambos eventos su retribución lleva la misma denominación, la que se causa

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Radicación n.° 92457 conforme a lo pactado entre las partes o en su defecto, por el porcentaje «usual o la fijada por peritos», la cual se cancela tal cual es acordado o en proporciones iguales por vendedor y comprador. Advirtió que, de los medios probatorios allegados, como fueron las documentales que aparecen en el expediente, correos electrónicos, actas de reuniones con Bioenergy SA y de las declaraciones testimoniales rendidas, no se acreditaba

en el asunto la existencia de contrato de corretaje entre las personas naturales aquí mencionadas. En efecto, puntualizó que de las pruebas se desprendían las relaciones surgidas para la «tenencia y adquisición de los bienes MORICHAL, LA LIZ, JUAN COMO y SAN IGNACIO» entre Bioenergy SA y las aquí demandadas, quienes además tenían la propiedad de dichos inmuebles, todo lo que se efectuó en un contrato de promesa de compraventa y mediante la constitución de una fiducia de patrimonio autónomo, del cual incluso desconocía, si el negocio jurídico llegó a cumplirse. Resaltó que, las comunicaciones cruzadas entre las partes y que datan de 23 de junio, 10 de julio, 31 de julio, 10 de octubre de 2008 y 28 de enero de 2010, fueron propuestas en que se discutieron los porcentajes de la posible comisión, mas no se habló de la intermediación ni su objeto, toda vez que en aquellos nada se menciona sobre alguna gestión con un comprador, y «la aceptación de pago de comisión que hicieron unos de los demandados, quedo (SIC) condicionada a

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Radicación n.° 92457 que la venta de los inmuebles se diera en los plazos fijados, sin que obre prueba que acredite algún acercamiento negocial en esos lapsos». De igual manera, dijo que de las actas de reuniones de Bioenergy SA, en especial la del 18 de febrero de 2010 en que se habló sobre el requerimiento de tierras en la región, se precisó que: […] en la zona se estaba presentando especulación en relación al

precio de las fincas, por la intervención de intermediarios, la especulación de múltiple agro-industrias buscando tierras y la misma expectativa generada con Bioenergy, concluyendo que, efectuada la búsqueda se encontró “la oferta de los copropietarios de la finca “Beralhi” (sic), la cual consta de […] y en atención a esta, decidió continuar con las negociaciones con los dueños del citado predio (fl. 405 a 410 C.1), sin que en ningún momento se hiciera alusión a ninguno de los demandantes, como intermediarios autorizados por la familia MURILLO, para tal negociación. Asimismo, al referirse a las declaraciones recaudadas en el litigio, determinó que las de Víctor Clavijo, Luis Mejía, José Camacho y Diego de Jesús Buitrago, eran de oídas, por lo que, aunque conocieron la intención de los demandantes en vender el predio Beralhí, «lo cierto es que (sic) cuando se les interrogó sobre el negocio entre la familia Murillo, y de estos últimos con la sociedad BIOENERGY S.A. (SIC) manifestaron no tener conocimiento». En cuanto a la rendida por Alfonso Roa quien laboró para la sociedad del año 2005 al 2010 y comentó que el señor Felipe Mora para el 2008 le mencionó su interés en la finca «Beralhí», que la había visitado en el mismo tiempo y que, se iniciaron en Bogotá conversaciones con la familia Murillo

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Radicación n.° 92457 para su adquisición, refirió carecer del valor probatorio pretendido por los actores, comoquiera que «no obra en el

expediente prueba que corrobore su afirmación […] en todo caso, el negocio al cual se refiere, no fue el que finalmente se llevó a cabo entre las personas naturales demandadas y

BIOENERGY S.A».

Finalmente, de la presentada por María Victoria Riaño, dijo que, aunque esta reconoce haber enlazado a la familia Murillo con Bioenergy SA por solicitud de su compañera de colegio, señora Claudia Murillo y mediante Jaime Leonardo Flórez Muñoz, trabajador de la sociedad que manejaba dichos temas para la negociación de predios, desde dicho vinculo se desentendió de la situación, por lo que al ser la declaración congruente con lo mencionado por este último, quien además era el Gerente General de la sociedad para el año 2010, tuvo por cierto que además del reconocimiento del contacto con dicha familia, las transacciones no se llevaron a cabo con intermediarios, siendo la junta directiva la encargada de ello junto a los copropietarios, presentándose durante los acuerdos únicamente sus abogados.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 92457 Pretenden los recurrentes que la Corte case la sentencia atacada, para que, en sede de instancia, se “pronuncie” con relación a la de primer grado. Con tal propósito formulan un cargo, por la causal primera de casación, el cual es objeto de réplica por todos los accionados, en un mismo escrito.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia de transgredir la norma sustancial de la siguiente manera:

POR LA VÍA INDIRECTA, POR ERROR DE DERECHO, FUNDADO

EN QUE, DE MANERA PROTUBERANTE, NO SE EXAMINÓ NI SE

APRECIÓ, UNA SOLEMNE PRUEBA DOCUMENTAL QUE TIENE

LA CALIDAD DE AUTÉNTICA, EXISTIENDO LA OBLIGACIÓN

LEGAL DE HACERLO, POR TRATARSE DE UN DOCUMENTO

AUTÉNTICO DE GRAN SOLEMNIDAD, PORQUE CUMPLE CON

LOS REQUISITOS EXIGIDOS LEGALMENTE PARA VALER

COMO ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, Y QUE FUE APORTADO

LEGALMENTE Y CON CARÁCTER PROBATORIO AL PROCESO:

(sic). En sustento de ello, afirma se incurre por el colegiado en una falta de aplicación de la ley por la vía indirecta, habida cuenta de que no se examinó el acta 017 de la Junta Directiva de Bioenergy SA, visible a folios 402 a 404 del cuaderno inicial, la cual da cuenta de que para el año 2008, dicha sociedad inició el estudio del negocio de compraventa del predio «Berhalí» (sic), desconociendo el verdadero marco temporal en que se presentó la relación entre la familia Murillo y dicha sociedad, concluyendo erradamente que la misma ocurrió fue en el año 2010.

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Radicación n.° 92457 Asegura que de las actas 038 y 039 de la evocada junta, se deduce que las conversaciones entre los demandados por el referido bien, datan desde el año 2008, por lo que no podía darse mayor credibilidad a las declaraciones de los testigos

que afirmaron ser quienes presentaron en el 2010 a los Murillo con la Junta Directiva de Bioenergy para que efectuaran la negociación, siendo de mayor valor y credibilidad las documentales. Acto seguido, refiere que el colegiado no verificó las incongruencias que se presentaban en los aludidos tiempos, toda vez que para el año 2008 el señor Jaime Leonardo quien presuntamente manejaba la búsqueda de predios para Bioenergy SA y que fue contactado por la testigo María Victoria Riaño para enlazarlo con la familia Murillo, no tenía relación alguna con la compañía, lo que se presentó para el 2010; así como también desconoció que fue Claudia Murillo quien contactó a la señora Riaño para la búsqueda del enlace, cuando ya estaba relacionada con dicha sociedad desde el 2008, dado el interés de la última por el predio Beralhí. Puntualiza que de evaluar en conjunto las pruebas, no hubiera dejado de lado que en la contestación de la demanda al hecho 15, se reconoció que para el 21 de julio de 2008 Claudia, Daniel y Lucía Murillo fueron relacionados por el extremo ahora opositor con funcionarios de Bioenergy SA, que desde dicha fecha conocían del interés de la sociedad en sus terrenos, al punto que, como resultado de los encuentros realizados, en dicha anualidad se les ofreció «un contrato de

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Radicación n.° 92457 cuentas en participación que posteriormente estos no aceptaron, declarando ellos, esa tarea de relacionarlos con BIOENERGY para que efectúen el negocio jurídico de compraventa, como una fallida tentativa de corretaje», fecha

para la que no hacía parte de la sociedad, el testigo Jaime Leonardo como se citó anteriormente. Así mismo, cita que, «En la sentencia No. 11001-3103013-2001-00900-01 del 09 de febrero de 2.011», la Corte se pronunció sobre la ocupación del corredor como agente intermediario, en la que basta el simple relacionamiento de comprador y vendedor conforme lo establecido en el art. 1340 del Código de Comercio, para lo cual recuerda que entonces el grupo de reclamantes, «adelantaron gestiones Idóneas (sic) para poner en relación a la familia MURILLO con BIOENERGY en el 2008, y por ser un negocio de amplia complejidad terminó varios años después con la compraventa del predio Berhalí (sic) […]. Finalmente, afirma que la sentencia viola de forma indirecta por error de derecho, la norma sustancial, representada en los artículos 29 y 230 de la CP, 51 y 60 del Decreto-Ley 2158 de 1948, 1340 y 1341 del Decreto 410 de 1971, así como del 176 y 253 de la Ley 1564 de 2012.

VII. RÉPLICA Al oponerse al cargo, los accionados exponen que, al contrario de lo señalado por los casacionistas, fue precisamente en las pruebas documentales y testimoniales

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Radicación n.° 92457 en lo que el colegiado se basó para confirmar la decisión de primer grado, al punto de que luego de referirse a cada una de las comunicaciones cruzadas entre algunas de las

personas naturales que intervienen en el litigio, «no se advierte compromiso o encargo alguno que le confirieran a los demandantes por parte de la familia murillo (sic), simplemente se estaba tratando de acordar el valor de una comisión por la venta de un conjunto de predios agrupados bajo la denominación de finca BERALÍ (sic)», sino la venta directa de aquellos por los accionados, sin nombrarse incluso en dichas comunicaciones y como posible comprador a Bioenergy SA. De igual manera, aluden que tampoco se citan de forma específica los medios sin valorar o que no se tuvieron en cuenta para la decisión, contrariando lo dispuesto en el literal b del numeral 5 del art. 90 del CPTSS, ni se exponen los errores de hecho en que incurrió el colegiado. Finalmente, censura que no se ha declarado desierto el recurso extraordinario, teniendo en cuenta «la constancia por parte de la Secretaria de la Sala Laboral el pasado 28 de marzo de 2022, de que “No fue recibida sustentación al recurso”», dado que se transgrede el principio procesal de eventualidad que permite armar el proceso para que cada actuación repose en el acápite que le corresponde y «las partes sepan o conozcan en qué momento pueden dirigirse al operador judicial para hacer sus solicitudes y pues en el caso objeto de examen no se observa el escrito de sustentación de la demanda de casación como lo exige la norma procesal», así como no se puso a disposición de las partes la demanda de

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casación virtual cuando se corrió traslado para ello el 9 de febrero de 2022.

VIII. CONSIDERACIONES Sea lo primero precisar que frente a lo señalado en la réplica por el extremo opositor, en aras de que se declare como desierto el recurso teniendo en cuenta la constancia secretarial del 28 de marzo de 2022 en que se adujo que no se había recibido escrito de sustentación de la acción que nos ocupa, que ante el proveído del 31 de agosto de 2022 en que se declaró que el escrito allegado por los recurrentes satisfizo las exigencias formales de la Ley para la continuación del trámite y que, el derecho de defensa se ejerció con la oposición que aquí se tiene en cuenta, resulta la petición, improcedente.

Ahora bien, el Tribunal, en lo que interesa al recurso, fundamenta su decisión en que, del material probatorio allegado no se desprende que los ahora casacionistas, fueran mediadores en el negocio efectuado entre Bioenergy SA y el grupo familiar Murillo, al determinar a partir de las declaraciones recibidas y de los fax cruzados entre las partes, así como de las actas de reunión de la junta directiva de la sociedad, que en ningún documento se relatan actos de intermediación por parte de los reclamantes, quedando eso sí, condicionada la entrega de una posible comisión en favor de aquellos a que la compraventa del predio Beralhí se diera con un comprador específico, entre otras, y dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que fue remitida la

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Radicación n.° 92457 contrapropuesta del 28 de enero de 2010, lo que nunca

ocurrió. Por su parte, la inconformidad de los recurrentes radica en que el colegiado no valoró conjuntamente el caudal probatorio y tampoco tuvo en cuenta que en el acta 017 del 13 de noviembre de 2008 emanada de la junta directiva de Bioenergy SA, se mencionó la negociación del predio Beralhí, por lo que fue errado afirmar que, para el año 2010 se relacionaron la familia Murillo y los dirigentes de dicha sociedad mediante el contacto de una de las testigos, cuando desde el 2008 se habían adelantado estudios para lograr la compraventa del inmueble y llevado a cabo la visita de quien representaba a la empresa en el lugar, todo con la mediación de aquellos y el conocimiento de los miembros de la evocada familia. De igual manera, el extremo opositor plantea la correcta evaluación de los medios probatorios arrimados al asunto por parte del juez plural, así como de la decisión adoptada, habida cuenta de que lo único que refleja la contrapropuesta remitida por Lucía Murillo a los casacionistas, era que «simplemente se estaba tratando de acordar el valor de una comisión por la venta de un conjunto de predios agrupados bajo la denominación de finca BERALÍ (sic)», la cual estuvo condicionada y no se logró, sin citar además que la sociedad vinculada fuera la posible compradora o la existencia de otro interesado en dicho negocio, siendo únicamente el extremo pasivo quien intervino en la compraventa de los bienes tal como se registró en el contrato de fiducia con Fiducor SA.

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Radicación n.° 92457 Así las cosas, no sobra precisar que la sentencia impugnada viene precedida de la doble presunción de acierto y legalidad, propia de este tipo de providencias. Esta se basa en la necesidad social de que, imperen los principios de certeza y confianza legítima, que, generan las decisiones tomadas por un funcionario público investido de jurisdicción y competencia, en ejercicio de las facultades y deberes de orden legal y constitucional. Sin embargo, dicha presunción puede ser derruida por la parte que esté asistida del interés jurídico económico para que se le conceda el recurso, siempre que acierte en el planteamiento y en la demostración de sus inconformidades. A tal efecto, su tarea parte de la identificación de los pilares sobre los que está construido el pronunciamiento que se propone combatir, de lo cual dependerán la vía y la modalidad de ataque que deba seleccionar, dada la exigencia del numeral 5 del artículo 90 del CPTSS. Es necesario recordar que en el recurso extraordinario de casación se enjuicia la sentencia gravada para establecer si, al dictarla, el Tribunal observó los preceptos propios del sistema normativo que estaba obligado a aplicar para solucionar rectamente el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos de las partes. Por ello, en esta sede se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia emitida por el juez colegiado y, excepcionalmente, la del juez unipersonal. Por el contrario, no se ventila el litigio entre quienes actúan como partes opuestas en las instancias.

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Radicación n.° 92457 En efecto, memórese que en sentencia CSJ SL43152019 reiterada en la CSJ SL273-2023, se precisó: 2.2 Vía indirecta A su turno, se violará la ley sustancial de alcance nacional por la vía indirecta, cuando el sentenciador estime erróneamente, o deje de contemplar algún medio de prueba. Tal proceder lo conducirá a incurrir en errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por acreditado lo que realmente sí lo está; los primeros, (conocidos como «de hecho»), se cometen –en la casación del trabajosólo respecto de las pruebas calificadas, estas son, la confesión judicial, la inspección judicial o el documento auténtico y, los segundos (llamados «de derecho»), sobre las pruebas solemnes. Ha dicho la Corte que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los

errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, del 23 de mar. 2001, rad. 15.148). Es decir, en los cargos ha debido quedar claro qué es lo que la prueba, hábil en casación, acredita, cuál es el mérito que le reconoce la ley, y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado, aspectos que no tuvo en cuenta el recurrente y que como ya se dijo, comprometen el éxito de la censura. Así las cosas, aunque le asiste razón a la opositora en cierto yerro en el que incurren los casacionistas por cuanto no se expresan de forma clara los errores de hecho en que presuntamente incurre el sentenciador, lo cierto es que, de la lectura integral del cargo, se encuentra que lo discutido es haber dado por hecho que no existió la intermediación a que

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Radicación n.° 92457 aluden, cuando desde el año 2008 presentaron a los miembros de la familia Murillo con el personal de Bioenergy SA para llevar a cabo negociaciones respecto del bien de mayor extensión denominado Beralhi, indicando que fue desde el 2010 que aquellos iniciaron el trámite negocial, por lo que al haber convocado como pruebas dejadas de apreciar las actas de la junta directiva de la sociedad, identificadas con el número 17, 37 y 38, es posible llevar a cabo el estudio del respectivo ataque.

Ahora bien, debe resaltarse que no están en discusión, la existencia del predio, los negocios realizados entre Bioenergy SA y los miembros de la familia Murillo para los años 2010 y 2011 que involucraban la tenencia y explotación de los predios «MORICHAL, LA LIZ, JUAN COMO y SAN IGNACIO», la consecuencial suscripción de la fiducia de parqueo que le permitió a la sociedad explotar dichos inmuebles comprendiendo hectáreas del de mayor extensión denominado Beralhí y el contrato de promesa de compraventa suscrito entre aquellos, junto a la constitución de la fiducia y patrimonio autónomo a través del fideicomiso 732-1580 protocolizado en la Escritura Pública n.º 1178 de la Notaría 42 del Circulo de Bogotá en la que interviene como fideicomitente el mencionado grupo familiar, como beneficiaria la empresa y como administradora Fiducor SA. Así las cosas, el problema jurídico a dilucidar consiste en determinar si erró el colegiado al confirmar la decisión del a quo, por no encontrar acreditada la intermediación de los casacionistas en el proceso de compraventa del predio

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Radicación n.° 92457 Beralhí por parte de Bioenergy SA, el cual se llevó a cabo mediante la constitución del contrato de fiducia con Fiducor. En efecto, memórese que el Acta 017 del 13 de noviembre de 2008, emanada de la junta directiva de Bioenergy SA, en lo que interesa al predio objeto de

discusión, se anotó:

5. Análisis económico de posible adquisición de tierras adicionales.

El Gerente presentó un análisis para la posible compra de predios adicionales para la siembra de caña de azúcar. La presentación completa está contenida en un documento que se archiva en el Registro de Documentos Oficiales con el numero (sic) 002/2008. Se discutió el tema de la posible compra de los predios Beralhi, Santa Ana oriental, La Consulta y Alcaraván. […] La Junta analiza las observaciones presentadas y recomienda continuar con la búsqueda de tierras adicionales con los criter