CSJ - SL1356-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1356-2023 Radicación n.° 91566 Acta 19 Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el CENTRO MÉDICO Y NATURISTA LOS OLIVOS S.A.S., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 30 de septiembre de 2020, en el proceso que instauró CARLOS ARTURO GARCÍA CARMONA en su contra y en la de las COOPERATIVAS DE TRABAJO

ASOCIADO ALIANZA SOLIDARIA EMPRESARIAL O.C. y

ALIANZA ESTRATÉGICA EN SALUD, FUNDACIÓN

PROFESIONALES DE LA SALUD ALTERNATIVOS y

solidariamente PEDRO ANÍBAL SÁNCHEZ PINEDA.

I. ANTECEDENTES Carlos Arturo García Carmona demandó al Centro Médico

Naturista Los Olivos S.A.S. (en adelante Centro Médico S.A.S.), a las Cooperativas de Trabajo Asociado Alianza Solidaria

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Radicación n.° 91566 Empresarial O.C. (en adelante CTA Alianza Solidaria) y Alianza Estratégica en Salud (en adelante CTA Alianza Estratégica), a la Fundación Profesionales de la Salud Alternativos y a Pedro Aníbal Sánchez Pineda, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo, con el primero de los nombrados, comprendido entre el 21 de junio de 2001 y el 31 de diciembre de 2011, el cual se ejecutó así:

Entidad Extremos temporales Centro Médico Naturista Los Desde el 21 de junio de 2001 hasta Olivos SAS el 31 de mayo de 2007 Cooperativa de Trabajo Asociado Desde el 1 de junio de 2007 hasta el Alianza Solidaria Empresarial OC 31 de agosto de 2009 Cooperativa de Trabajo Asociado Desde el 1 de septiembre de 2009 Alianza Estratégica en Salud hasta el 30 de marzo de 2010 Profesionales de la salud Desde el 31 de marzo de 2010 hasta alternativo el 31 de diciembre de 2011 En consecuencia, solicitó que se declarara a las mencionadas cooperativas de trabajo y a la Fundación Profesionales de la Salud Alternativos, solidariamente responsables del pago del auxilio de cesantías y sus intereses, las primas, las vacaciones, los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, la devolución de los dineros descontados por retención en la fuente y por incumplimiento en la meta de ventas, los viáticos, la indemnización por la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la indexación. En sustento de sus pretensiones, manifestó que suscribió un convenio de asociación a término indefinido con el Centro Médico y Naturista Los Olivos S.A.S., antes Ltda., en su condición de médico, el 21 de junio de 2001. Relató que el 18 de noviembre de 2005 acordó un vínculo igual y con el mismo empleador, y expuso que desde el inicio de la relación debía cumplir con un

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horario laboral que empezaba a las 8 a.m. y terminaba a las 6 p.m. Expresó que de lunes a domingo estaba obligado a realizar programas de radio en la emisora «radio recuerdos», de la cadena radial caracol, pues en caso de inasistencia la demandada le descontaba la suma de $200.000. Afirmó también que los pagos se hacían mediante cheques personales del representante legal del centro médico, y que siempre se le descontaba el 10% a título de retención en la fuente. Mencionó que su salario, año tras año, fue el siguiente: Año Salario 2001 $2.500.000 2002 $5.427.391 2003 $4.403.490 2004 $4.178.846 2005 $4.527.985 2006 $2.956.295 2007 $4.000.000 2008 $4.000.000 2009 $4.800.000 2010 $4.800.000 2011 $4.900.000 Aseguró que, tuvo que asumir los aportes a seguridad social, pues su empleador no se ocupó de ellos, ni canceló las prestaciones sociales a las cuales tenía derecho y las vacaciones. Indicó que, por órdenes de la institución, suscribió el 1º de junio de 2008 un convenio de asociación con la CTA Alianza Solidaria, el que se extendió hasta el 31 de agosto de 2009, no obstante, seguía recibiendo órdenes de las directivas de aquél y cumpliendo con los horarios que fueron impuestos, dentro de las mismas instalaciones del Centro Médico S.A.S.

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Radicación n.° 91566 Narró que desde 2007 lo obligaron a vender unos productos naturales «[…] de muy mala calidad» por cuantía mensual de $5.000.000, meta que si era incumplida ocasionaba un descuento de $300.000 mensuales de su salario, lo cual provocó que durante los años 2007 a 2009 le dedujeran el monto de $2.150.000. Agregó que también por instrucciones de su empleador, suscribió otro convenio de asociación con la CTA Alianza Estratégica, el cual estuvo vigente entre el 1º de septiembre de 2009 y el 31 de marzo de 2010. Sin embargo, continuaba recibiendo órdenes de las directivas del Centro Médico S.A.S. y acudía a sus instalaciones. Relató que desde el 15 de octubre de 2009 la empresa le informó que los médicos debían crear una fundación que fungiría como intermediaria para realizar el pago, por lo que tuvo que firmar el acta de constitución de la Fundación Profesionales de la Salud Alternativos, porque en caso de no hacerlo se le impediría que continuara prestando sus servicios. Detalló que la relación laboral entre la empresa y dicha fundación comenzó el 1º de abril de 2010 y se extendió hasta diciembre de 2011, pero al igual que los casos anteriores, continuaba desempeñando sus labores en las instalaciones y bajo las órdenes e instrucciones del Centro Médico S.A.S. Por último, informó que fue despedido por este, sin que mediara justa causa, pero que había sido previamente citado a las instalaciones del Ministerio de Trabajo, donde suscribió, el 16

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Radicación n.° 91566 de noviembre de 2011, un acta de la audiencia de conciliación con un pago de $1.000.000, suma con la cual se consideraban cumplidas las obligaciones laborales de la empresa, pero que en realidad materializaba la violación a sus derechos mínimos e indiscutibles, que no podían ser acordados de esa forma. Al dar respuesta a la demanda, el Centro Médico Naturista Los Olivos S.A.S. se opuso a la totalidad de las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la conciliación realizada en el Ministerio del Trabajo, donde el demandante reconoció que no era trabajador de esa sociedad. Por esa razón, dijo, quedó dirimida cualquier controversia que gravitara sobre los extremos comprendidos entre el 2 de mayo de 2001 y el 15 de noviembre de 2011. Además, adujo que entre las partes nunca se constituyeron los elementos del contrato de trabajo, pues no existió subordinación ni salario. En su defensa propuso las excepciones que denominó cosa juzgada, prescripción, «falta de causa y de título para pedir», «inexistencia de las obligaciones demandadas», cobro de lo no debido, prescripción y buena fe. Por su parte, la Fundación de Profesionales de la Salud Alternativos, en liquidación, al dar respuesta a la demanda se opuso, igualmente, a la totalidad de las pretensiones; y en cuanto a los hechos, aceptó solo el concerniente a la conciliación celebrada entre las partes ante el Ministerio del Trabajo, en donde el médico confesó «[…] no ser trabajador del Centro Médico Los Olivos ni trabajador de la Fundación Profesionales de Salud

Alternativos donde era Socio Fundador». También expuso que no existieron los elementos constitutivos del contrato de trabajo.

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Radicación n.° 91566 En su defensa propuso las excepciones que denominó cosa juzgada, prescripción, falta de causa y título para pedir, «inexistencia de las obligaciones demandadas», cobro de lo no debido y buena fe. A su turno, Pedro Aníbal Sánchez Pineda se opuso a la prosperidad de las pretensiones, aceptando como cierto exclusivamente el hecho relacionado con la conciliación suscrita entre las partes. Como excepciones propuso la de cosa juzgada, prescripción, «falta de causa y título para pedir», «inexistencia de las obligaciones demandadas», cobro de lo no debido y buena fe. El juzgado de conocimiento, mediante auto proferido el 14 de diciembre de 2015, tuvo por no contestada la demanda por parte de las cooperativas de trabajo asociado Alianza Solidaria O.C. y Alianza Estratégica en Salud.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante fallo del 21 de mayo de 2018, absolvió a las demandadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Bogotá D.C., mediante fallo del 30 de septiembre de 2020, resolvió:

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PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, proferida por el Juzgado

21 Laboral del Circuito de Bogotá de fecha 21 de mayo de 2018, para en su lugar DECLARAR la existencia de un contrato laboral entre el señor CARLOS ARTURO GARCÍA CARMONA y la demandada CENTRO MÉDICO Y NATURISTA LOS OLIVOS LTDA hoy SAS desde el 1º de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2011, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción, de acuerdo a la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: CONDENAR al CENTRO MÉDICO Y NATURISTA LOS OLIVOS LTDA hoy SAS a las siguientes sumas y conceptos:

Primas: $889.260

Vacaciones: $2.802.526

Cesantías: $31.240.070

Intereses a las cesantías: $213.422,4

Total: $35.145.278,4

Indemnización moratoria: la suma $59.284 que corresponde a un día de salario por cada día de mora, que equivalen para el mes 24 a la suma de $42.684.480 y a partir del mes 25, esto es el 1º de enero de 2014, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera hasta cuando el pago se verifique.

Indemnización por despido sin justa causa: la suma de $12.449.640 que corresponden a 10 años laborados.

CUARTO: CONDENAR al CENTRO MÉDICO Y NATURISTA LOS OLIVOS LTDA hoy SAS a realizar la afiliación del señor CARLOS ARTURO GARCÍA CARMONA al Fondo de Pensiones de su escogencia

y el consecuente pago de la reserva actuarial que determine dicho fondo de pensiones del periodo comprendido entre el 1º de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2011, teniéndose como salario base de liquidación para el año 2002 la suma de $542.739, 2003, la suma de $4.403.490, 2004 la suma de $4.178.846, 2005 la suma de $4.527.985, 2006 la suma de $2.956.295, 2007 la suma de $433.700, 2008 la suma de $4.825.893, 2009 las suma (sic) de $3.761.131, 2010 las suma (sic) $3.831.471 y 2011 la suma de $1.778.520, no incluyéndose el mes diciembre de 2010 conforme fue expuesto en la parte motiva de esta decisión.

QUINTO: CONDENAR solidariamente a la CTA ALIANZA SOLIDARIA EMPRESARIAL O.C. a responder por aportes a pensión y cesantías del 1º de junio de 2007 al 31 de agosto de 2009, CTA ALIANZA ESTRATEGICA (sic) EN SALUD sobre los mismos conceptos del 1º de setiembre (sic) de 2009 al 15 de octubre de 2009 y LA FUNDACIÓN PROFESIONALES DE LA SALUD ALTERNATIVOS frente a los mismos conceptos desde el 2 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011 y sobre los demás conceptos que no estuvieron afectados por el fenómeno prescriptivo.

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SEXTO: ABSOLVER al señor PEDRO ANIBAL SÁNCHEZ de todas y

cada una de las pretensiones incoadas en la demanda.

SÉPTIMO: ABSOLVER al CENTRO MÉDICO Y NATURISTA LOS OLIVOS LTDA hoy SAS de las demás pretensiones incoadas en su contra, conforme a la parte motiva de esta sentencia.

Como problema jurídico consideró que debía establecer si el demandante estuvo ligado por una relación laboral dependiente y subordinada con el Centro Médico S.A.S., o si por el contrario, lo que existió fue otro tipo de vinculación, ejecutada en forma autónoma e independiente por el demandante y regida por normas ajenas al derecho laboral. En caso de ser lo primero, se debía esclarecer si había lugar al reconocimiento de las pretensiones solicitadas en la demanda, si existió solidaridad con las otras demandadas y si operó o no el fenómeno prescriptivo. En lo que interesa al recurso extraordinario, el fallador abordó los siguientes temas: 1Existencia del contrato laboral Para estos efectos, citó el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, recordó que al trabajador le corresponde probar, con «[…] suficiente rigor la prestación del servicio», situación que en el presente asunto opera, de manera que es la entidad la encargada de desvirtuar que dicha prestación fue dependiente o subordinada. Citó como apoyo la sentencia CSJ SL2171-2019. También memoró, esta vez con base en la sentencia CSJ SL225-2020, que al declarar la inexequibilidad del inciso 2º del artículo 2º de la ley 50 de 1990, la Corte Constitucional enseñó que «[…] la presunción acerca de que toda relación de trabajo

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Radicación n.° 91566 personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al empresario». Por lo tanto, precisó que cuando se somete a juicio el principio de la realidad sobre las formas con el fin de establecer la existencia del contrato de trabajo, le corresponde al juez, sin desconocer los principios del derecho laboral, «[…] analizar las particularidades fácticas propias del litigio a fin de establecer o desechar, según el caso, los elementos configurativos de la subordinación». Tras el análisis de las pruebas del proceso, tales como i) el convenio de asociación suscrito con el Centro Médico y Naturista Los Olivos Ltda. hoy S.A.S. del 18 de noviembre de 2005; ii) el contrato de prestación de servicios con la CTA Alianza Estratégica del 1º de septiembre de 2009; iii) el contrato de prestación de servicio con Profesionales de la Salud Alternativo del 2 de enero de 2010; iv) la inscripción a la EPS Sanitas el 2 de octubre de 2006 y v) el ingreso a la ARL Colmena el 2 de octubre de 2006, sostuvo que se lograba acreditar que el demandante realmente no actuó con la autonomía señalada por los testigos, y que, al contrario, lo que se pretendió fue ocultar la verdadera relación laboral que existió entre éste y el Centro Médico y Naturista Los Olivos S.A.S. Del programa radial indicó que el demandante debía asistir y desempeñarse como médico del centro demandado, tal y como

lo afirmó el testigo Luis Ariel Duque. Y si bien los testigos de las demandadas señalaron que los profesionales iban de manera voluntaria a los programas radiales, con el fin de conseguir más

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Radicación n.° 91566 pacientes, la realidad fue que el centro Médico S.A.S. era quien más se beneficiaba, toda vez que aquellos no se promocionaban de manera individual como profesionales de la salud, sino al servicio de esa institución. Encontró acreditado que era la misma institución quien «[…] representaba a los médicos ante Caracol Radio como se puede ver de las autorizaciones para asistir al programa». Además, recalcó que la asistencia de los médicos al programa radial era coordinada directamente por el centro, encontrándose «[…] la imposición incluso de que los días domingos, […] debían turnarse de a 2 por cada domingo». Del testimonio de Dagoberto Rodríguez como representante legal de la Fundación Profesionales de la Salud Alternativos, pudo establecer que el demandante no solo debía prestar sus servicios en la sede del Centro Médico S.A.S. en la localidad de Chapinero, sino que debía estar en Suba u otras sedes que tenían en la ciudad de Bogotá. Lo anterior, para cubrir las incapacidades de otros compañeros, lo cual a su juicio dejó entrever que la entidad era quien disponía de su tiempo, aspecto que se corroboró con el testimonio de Carlos Alberto Peña, asistente administrativo del señor Rodríguez. Del testimonio de Viviana Paola López, administradora general del centro, se logró extraer que cuando el demandante ejecutó su labor a través de las cooperativas, era el propio gerente

quien le impartía las órdenes, y fue él quien tomó la decisión de crear la fundación a fin de evitar reclamaciones laborales. También, esclareció que la testigo adelantó las diligencias ante la Cámara de Comercio para vincular a los otros médicos como

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Radicación n.° 91566 socios fundadores y que afirmó que el demandante era enviado a otras sedes del centro médico y a los programas radiales, asistencia que advirtió no era voluntaria sino impuesta, sosteniendo que el cronograma lo generaban desde gerencia. Resaltó el testimonio de Giovanni Martínez Arguello, médico y compañero del demandante, que al momento de la audiencia mencionó que continuaba prestando sus servicios para la demandada, destacándose de su versión que se encontraba vinculado mediante un «[…] contrato laboral con salario integral», situación que para el Tribunal resultaba contradictoria con todo lo expuesto por las demandadas, pues demostraba que la actividad desempeñada por el señor García Carmona estaba ligada a una relación laboral. De los cheques que fueron girados en su favor «[…] los días 3 de octubre de 2008, 17 de octubre de 2008, 4 de noviembre de 2008, 19 de noviembre de 2008, 3 de diciembre de 2008 y 6 de agosto de 2009», expresó que todos aparecían firmados por Pedro Aníbal Sánchez en representación del centro, cuando se invocó que las contrataciones celebradas para dicho interregno fueron con las cooperativas, por lo que no resultaba entendible las razones por las que la remuneración estuviera a cargo del primero, cuando se supone que entre los demandados no existía

vínculo alguno. Entonces, aunque no era evidente la imposición del horario del demandante para el desarrollo de su profesión, ello se debía a su experticia como médico, […] pero el hecho de haberse exigido prestar los servicios en las instalaciones de la entidad; tener que suplir turnos de otros médicos

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Radicación n.° 91566 que no pudieran asistir, actuar en su representación ante terceros como lo fue en los programas radiales, no haber acreditado independencia administrativa propia de los trabajadores independientes, pues téngase en cuenta que quien recibía los dineros de las consultas o era el centro médico o era la fundación pero nunca entraron directamente al actor, no siendo valedero alegar que al haber sido el demandante fundador de la FUNDACIÓN PROFESIONALES DE LA SALUD ALTERNATIVOS se pueda establecer que actuó realmente bajo la convicción de que ejercía una actividad profesional autónoma e independiente, sino como bien lo dijo en su declaración de parte fue una imposición del centro médico para poder continuar ejerciendo su labor. Adujo que lo anterior indicaba que existían suficientes indicios de la existencia del vínculo laboral que, […] en términos de la Resolución No 198 de 2006 de la OIT sobre la relación de trabajo, interpretados con armonía, con el principio de la realidad sobre las formalidades previsto en el art.53 constitucional, y la jurisprudencia sobre el mismo; le permiten concluir a la Sala la existencia del elemento de la subordinación, por lo cual habrá de declararse la existencia de una relación laboral. Respecto de Pedro Aníbal Sánchez, de quien se solicitó fuera

condenado de manera solidaria, observó que no actuó como persona natural, sino como representante del centro médico, por lo tanto, no accedió a tal pretensión. 2Extremos laborales y salario Si bien para el demandante el vínculo laboral inició el 21 de junio de 2001, para el Tribunal la fecha que debía tenerse como extremo era el 1º de enero de 2002, toda vez que en el folio 22 del expediente el centro médico certificó que durante dicha anualidad se recaudó por el convenio de asociación la suma de $6.512.870. Del extremo final, consideró que era el mismo al que hacía referencia la demanda, toda vez que a folio 194 se encontró una

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Radicación n.° 91566 consignación efectuada a favor del funcionario, y si bien no existe depositante, entendió que fue la parte demandada pues no hubo objeción al respecto. En lo referente al salario adujo que consideró las documentales de folios 22-26, 125-194, 197-198, 525-528, 653654, excluyendo las de folios 28 al 138 y del 99 al 212, pues no eran claras en especificar los valores allí plasmados. Por lo tanto, al promediar el salario mensual año a año, evidenció que estos correspondían a los siguientes valores: Año Salario 2002 $542.739 2003 $4.403.490 2004 $4.178.846 2005 $4.527.985 2006 $2.956.295 2007 $433.700 2008 $4.825.893 2009 $3.761.131

2010 $3.831.471 2011 $1.778.520 3Acreencias laborales y prescripción Manifestó que, aunque en las pretensiones de la demanda no se hizo referencia alguna al pago de cesantías e intereses, primas, vacaciones, aportes a seguridad social, sí señaló la falta de pago en los hechos de la demanda, lo que constituyó parte del litigio y habilitaba para verificar si se cumplió o no con el pago de dichos conceptos. Previo a establecer las condenas, estudió la excepción de prescripción a la luz de lo dispuesto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Indicó que el trabajador contaba

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Radicación n.° 91566 con tres años para reclamar o para presentar la demanda, observándose que el término fue interrumpido con su radicación el 18 de julio de 2014, por lo que las acreencias laborales como primas e intereses a las cesantías se encuentran prescritas con anterioridad al 18 de julio de 2011 y las vacaciones al 18 de julio de 2010. En lo referente a las cesantías declaró que no se alcanzó a presentar el fenómeno prescriptivo como quiera que el término comenzó a contabilizarse a partir del momento de la terminación del vínculo laboral, es decir del 31 de diciembre de 2011 y la demanda fue presentada antes de su vencimiento. 4De los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral En lo referente a los pagos de salud y riesgos laborales citó la sentencia CSJ SL 3009-2017 en donde esta corporación

consideró que «[…] al trabajador no le es dable solicitar que se le cancelen directamente los aportes que en su oportunidad no efectuó el empleador» y expresó que el demandante no acreditó que se hubiera producido daño o perjuicio alguno por la falta de afiliación, como tampoco que hubiera incurrido en alguna erogación por esos conceptos. En lo concerniente a los aportes para pensión, concluyó que ante la ausencia de pruebas que acreditaran los pagos efectuados por este concepto, el demandado estaba obligado a pagar a la entidad que escogiera el demandante, la reserva actuarial que estableciera la entidad de seguridad social, entre el 1º de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2011, con base en los valores salariales que previamente fueron establecidos.

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Radicación n.° 91566 5De la devolución de dinero por retención en la fuente Citó la sentencia CSJ SL, 4 septiembre de 2003, radicación 20629, en donde esta Corporación se refirió a la obligatoriedad del recaudo de este concepto por parte del empleador, en su calidad de «agente retenedor». Y tras ello, manifestó: […] siendo obligación del empleador efectuar dichas retenciones sobre los montos devengados por el trabajador en su condición de persona natural llamada a declarar (literal a del artículo 329 del Estatuto Tributario), cualquier tipo de reclamo sobre su configuración, cuantificación o devolución escapa de la órbita de la jurisdicción ordinaria laboral en la medida que la misma corresponde a una cuestión de índole tributaria, como así lo indicó dicha Corporación en

proveído SL 15097-2014 Rad. 46150 del 24 de septiembre de 2014. 6De la devolución de dineros descontados Sobre este aspecto dijo que no procedía condena, pues se trataba de salarios que se encontraban afectados por el fenómeno de la prescripción, esto es, causados con anterioridad al 18 de julio de 2011. 7De los viáticos Expresó que no habría lugar a condena como quiera que «[…] no se probó que durante toda la vigencia laboral se hubieren efectuado pagos por este concepto» y tan solo se acreditaban unos pagos relacionados de septiembre a diciembre de 2010, sin que se demostrara la incidencia salarial de los mismos. 8Despido sin justa causa

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Radicación n.° 91566 Frente a este particular, sostuvo que la jurisprudencia de esta Corporación ha enseñado que «[…] la demostración del despido le corresponde al actor y la justificación o comprobación de las causales o hechos que motivaron la decisión, le corresponden a la demandada». Como la entidad no demostró las razones por las cuales decidió dar por terminada la relación laboral, siendo este su deber, era procedente condenar al pago de la indemnización de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. 9Indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo e indexación Expresó que es criterio de esta Corporación que la misma goza de una naturaleza «eminentemente sancionatoria» y como tal, su imposición está condicionada al análisis o apreciación de los

elementos subjetivos relativos a la buena fe que guiaron la conducta del empleador (CSJ SL35414-2009, CSJ SL165722016 y CSJ SL11436-2016). En el análisis del caso concreto, narró que la buena fe de la empleadora no fue demostrada, pues, como ya lo había expresado, entre las partes existió un contrato de trabajo que se disfrazó mediante contrataciones con terceros para prestar «[…] siempre el servicio al mismo empleador». Así, al no haberse acreditado las razones del incumplimiento en el pago de las acreencias laborales, ni haberse justificado tal comportamiento, era procedente la condena.

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Radicación n.° 91566 Respecto de la indexación, la ordenó solo respecto de las vacaciones y la indemnización por despido injusto, ya que el trabajador «[…] no puede beneficiarse, al mismo tiempo, de la indemnización moratoria y de la indexación frente a un mismo concepto salarial o prestacional, pues la consecuencia de la mora se sanciona con la una o con la otra, dependiendo de si se acredita o no la buena fe».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el Centro Médico S.A.S., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos en que es presentado y conforme a las limitaciones y alcance del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia revoque la del Tribunal, y en su lugar, confirme el fallo del juzgado que «[…]

absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora». Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual es replicado y se resuelve a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de «[…] los artículos 22, 23, 24, 34, 64, 65, 249, 253, 306, 488 y 489, CST,

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Radicación n.° 91566 inciso 2 del artículo 2, artículo 99, de la ley 50 de 1990., art, 167, (sic), 303 del CGP, art. 53 CP,». Le atribuye al Tribunal la comisión de los siguientes errores de hecho:  Dar por probado sin estarlo, que existió una relación laboral desde el 1 enero del 2002 al 31 de diciembre del 2011, entre CARLOS ARTURO GARCIA (sic) CARMONA y CENTRO MEDICO (sic) Y NATURISTA LTDA HOY SAS, en consecuencia condenó al pago de cesantías, primas, intereses sobre la cesantía, vacaciones, indemnización moratoria, indemnización por despido, pago por aportes a pensión por el periodo entre el 1 enero del 2002 al 31 diciembre del 2012.  No dar por probado estándolo, que entre el demandante CARLOS ARTURO GARCIA (sic) CARMONA y CENTRO MEDICO (sic) Y NATURISTA LTDA HOY SAS suscribieron un paz y salvo de fecha

06 de febrero del 2009 obrante a folio 451 del expediente, donde este, acepta que mi representada no le adeudaba suma alguna por conceptos laborales.  No dar por probado estándolo, que el Dr. CARLOS ARTIURO (sic) GARCIA (sic) CARMONA fue socio fundador de la FUNDACION (sic) PROFESIONALES DE LA SALUD y trabajador de la misma, durante el periodo del 1 abril del 2010. Como (sic) aparece en la afiliación de fecha 7 abril del 2010 a salud, como aparece a folio 452.  No dar por probado estándolo, que aparece los pagos a nominas (sic) realizados a cargo de profesionales de la salud durante los periodos 2010 al 2011.  No dar por probado estándolo, que el actor fue afiliado por la FUNDACIÓN PROFESIONALES DE LA SALUD a salud desde el 7 abril del 2010.  No dar por probado estandolo (sic), que el señor CARLOS ARTIURO (sic) GARCIA (sic) CARMONA compareció la Ministerio de trabajo el 16 de noviembre del 2011, donde las partes, conciliaron sus diferencias sobre la existencia o no de un vinculo (sic) laboral como así lo consignaron en el acta suscrita ante el ministerio de trabajo, donde en la parte de debajo de la misma dice "AUTO: El suscrito Inspector del trabajo, una vez escuchado a las partes, imparte su aprobación al presente acuerdo conciliatorio celebrado en su presencia habida cuenta que indagadas a las partes manifiestan estar de acuerdo o tener ánimo conciliatorio, así como no encontrar violados derechos ciertos e irrenunciables

de! (sic) Concillante (sic), advirtiendo a las mismas que el

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Radicación n.° 91566 presente acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada, de conformidad con lo preceptuado en los con lo establecido en los artículo 486 del C.S.T., art. 28 de la Lev 640 de 2001 v 78 del C.P.L..(sic) La primera copia se le entrega al reclamante y presta mérito ejecutivo, con forme (sic) a lo estipulado al art. 115 del C.P.C” (negrilla en el texto original). Como pruebas erróneamente apreciadas, señaló:

1. Seguro de responsabilidad civil tomado con LA PREVISORA S.A del

(sic) mayo de 2002. Folio 439.

2. Seguro de responsabilidad civil tomado con LA PREVISORA S.A del 28 de junio de 2004. Folio 440.

3. Seguro de responsabilidad civil tomado con LA PREVISORA S.A del 10 de junio de 2005. Folio 441.

4. Seguro de responsabilidad civil tomado con, LA PREVISORA S.A del 27 de junio de 2006. Folio 44