CSJ - SL1398-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1398-2023 Radicación n.° 92220 Acta 16 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HERNANDO BARRIOS LUJÁN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró a CORPORACIÓN CLUB

EL NOGAL.

I. ANTECEDENTES Hernando Barrios Luján llamó a juicio a la Corporación Club El Nogal, para que se declarara que los distintos contratos de prestación de servicios que suscribió con ella, entre el 27 de agosto de 2001 y el 31 de enero de 2019 fueron simulados, porque lo que existió fue una atadura subordinada, finiquitada unilateralmente por la empleadora,

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Radicación n.° 92220 sin justa causa. Solicitó que, en consecuencia, se condenara a la corporación a pagar: i) el valor indexado de los incrementos o ajustes salariales, de conformidad con la sentencia CC C911-2012; ii) las cesantías y sus intereses, las primas de servicios, la compensación de las vacaciones y los aportes que sufragó directamente al sistema de seguridad social integral; así como las cotizaciones respectivas a Colpensiones; iii) las sanciones moratorias de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990; 1° de la Ley 52 de 1975 y 65 del CST;

1. la indemnización por el despido y el daño moral causado con el finiquito injusto; v) lo que resulte probado y las costas.

Narró que por sus conocimientos especiales en la materia, a partir del 27 de agosto de 2001, fue vinculado por la accionada como profesor de ajedrez para sus socios; que esa actividad recreativa hacía parte del objeto institucional de la empleadora y se desarrollaba de manera continua y permanente en sus instalaciones, por lo que no podía suministrarse con personal autónomo; que en ejecución de esa atadura, se le asignaron otras labores, tales como, administrar los equipos, los tableros de juego, las ayudas audiovisuales, el hardware y el software. Refirió que también se le encomendó la misión de organizar los campeonatos de ajedrez entre los socios del club; así como la de adiestrar el equipo que representaría a la corporación en los eventos interinstitucionales; que para ello destinaba más horas de las acordadas; que inicialmente

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Radicación n.° 92220 cumplía horario de lunes a viernes, entre las 4:00 p.m. y 20:00 p.m., lo que es igual a 80 horas mensuales; que, sin embargo, en los últimos siete años, acudía al club los lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. y los martes y jueves de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., esto es, 48 horas al mes. Aseguró que estaba sometido a las órdenes jerárquicas de las directivas del club; que cumplía jornadas de trabajo y

horarios señalados por la institución; que de ello obraba prueba en el cruce de correspondencia vía correo electrónico con la demandada; que, por esas razones, él y otros instructores reclamaron a la empleadora la regularización de su situación a través de contratos de trabajo; que, sin embargo, pese a la conciencia de la última sobre el particular, no procedió a legalizar la situación. Puntualizó que asumió directamente el pago de su seguridad social; que, consecuencia de lo último, la vinculación por medio de vínculos civiles no solo fue fraudulenta, sino que implicó su empobrecimiento, pues si la accionada hubiera efectuado como le correspondía, los aportes al sistema, la mesada pensional a la que accedería, sería superior. Añadió que, [...] el manifiesto propósito de configurar una presunta causal de incumplimiento […], el día 6 de febrero de 2019 él recibió una comunicación (anexa) en la cual se le increpaba por el hecho de no haber asistido al Club El Nogal durante los días 4 y 5 de febrero de 2019 con el fin de prestar el servicio de enseñanza del ajedrez a los socios de la institución, misiva que […] objetó poniendo de presente que al no haber sido renovado su contrato

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Radicación n.° 92220 con la antelación acostumbrada ni haber recibido la minuta indispensable para considerar las correspondientes estipulaciones, como si había sucedido respecto de todos los demás instructores de la entidad, dicho proceder configuraba un despido en su contra, es decir, imputable solo a la entidad demandada, tanto más considerando la falta de pago de todos los

créditos laborales que le corresponden por los servicios subordinados prestados a partir del 27 de agosto de 2001 (f.° 1 a 32, cuaderno n.° 1). La accionada se opuso a las pretensiones, negó algunos hechos y dijo que no le constaban otros, aclarando: i) Que era, […] un establecimiento de naturaleza cultural, social y deportiva; que, por tal motivo, funciona como centro de encuentro para el entendimiento y el intercambio de conocimientos, el estudio y la cooperación; que, por tanto, prestaba servicios destinados a la recreación, diversión, relajación y armonía física y espiritual de sus socios. ii) Que, no obstante, suscribió con el actor nueve contratos de prestación de servicios, para que enseñara ajedrez a sus socios, todos habían sido independientes entre sí y ejecutados con autonomía técnica, administrativa y financiera. iii) Que, en efecto, nunca emitió orden o directriz sobre el tiempo, modo o lugar en la que el reclamante desarrollaría la labor, al punto que fue él quien determinó su disponibilidad. iv) Que, a pesar de que realizó requerimientos, estos se encontraban encaminados a que rindiera informes de las actuaciones adelantadas, lo cual corresponde a la vigilancia y control propia de convenios civiles o comerciales.

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Radicación n.° 92220 Formuló como excepciones de mérito las de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, buena fe, prescripción (f.° 361 a 395, ibidem)

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá el 11 de febrero de 2020, absolvió a la demandada y condenó en costas al actor (f.° 1085 y 1086, en relación con «CD f.° 1084», ibidem).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 23 de octubre de 2020, al decidir la apelación del demandante, confirmó la de primera.

Recordó que según los artículos 22 y 23 del CST, el contrato de trabajo es aquel por medio del cual una persona se obliga a prestar un servicio a otra, bajo continua subordinación o dependencia a cambio de una remuneración; que la existencia del vínculo laboral depende de la situación real no de la formal o del acto celebrado entre las partes, pues de conformidad con el artículo 53 de la CP, debe hacerse prevalecer lo primero. Aseveró que al tenor del artículo 24 del CST, al demandante le corresponde acreditar el primero de los elementos de la atadura y al demandado que la actividad fue

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Radicación n.° 92220 ejercida de forma autónoma o «que estando en presencia de elementos denotativos de la misma no se trataba en realidad de aquella subordinación jurídica presente en los contratos de trabajo», porque ese precepto genera una presunción de subordinación en favor del trabajador que puede ser desvirtuada, con la demostración del hecho contrario. Señaló que en el proceso obraban las siguientes pruebas:

1. Contratos de prestación de servicios:

No. INICIO DEL FINALIZACIÓN ANOTACIÓN

CONTRATO DEL CONTRATO 27 de agosto 31 de enero de Periodo de de 2001 2007 suspensión entre el 20 de marzo de 2003 y el 15 de junio de 2003 (fl. 511 a 512). 1 de febrero 31 de diciembre de Periodo de de 2007 2011 suspensión entre el 21 de diciembre de 2009 al 7 de febrero de 2010 (fl. 488 a 490) Contrato n.° 118 14 de enero 31 de diciembre de (fl. 481 a 486). suscrito el 7 de de 2012 2012 mayo de 2012 Contrato n.° 269 14 de enero de 31 de diciembre (fl. 475 a 477). de 2013 2013 de 2013 Contrato n.° 084, 1° de marzo 31 de enero de (fl. 470 a 472). suscrito el 12 de 2014 2015 de marzo de 2014 Contrato n.° 058 1° de febrero 31 de enero de (fl. 460 a 463). de 2015 de 2015 2016 Contrato n.° 065 8 de febrero 31 de enero de (fl. 454 a 456). de 2016 de 2016 2017 Contrato n.° 061 15 de febrero al 31 de enero de (fl. 448 a 451). de 2017 de 2017 2018 Contrato n.° 1 de febrero 31 de enero de (folios. 438 a 441). 053 de 2018 de 2018 2019

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Radicación n.° 92220 2) Otro sí a los diferentes vínculos contractuales (f.° 493

a 497 y 498, 507 a 509, cuaderno n.° 1). 3) Correos electrónicos entre los contratantes. 4) Desprendibles de pago efectuados por el Club El Nogal a favor del accionante, que enseñan que los realizados dependían «exclusivamente» de las horas que éste prestaba la labor descrita (f.° 519 a 1068, ibidem). 5) Panfleto de promoción de las clases de ajedrez que ofrecería el club, «indicando como profesor [al actor], en los horarios de lunes a viernes de 4:00 pm a 8:00 pm» (f.° 38 a 40, ib). 6) Documental remitida por el señor Barrios Luján a la demandada, en la que le expresa la «disponibilidad de horarios» para atender el servicio, especificando que de no poder presentarse «por razones ajenas a su voluntad», comunicaría a su supervisor con anticipación, con la finalidad de «presentar un reemplazo o para que [se] tomaran las medidas necesarias en caso de no poder encontrar un [sustituto] de las características profesionales que requiera» (f.° 498, 503 y 505, ib). 7) Interrogatorios de parte en los que éstas manifestaron: 7.1) La representante legal del club, que la finalidad de

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Radicación n.° 92220 la entidad era la recreación social y cultural de sus socios; que el actor fue presentado como profesor de ajedrez; que era el único que dictaba esas clases; que fue vinculado mediante contrato de prestación de servicios; que el objeto de esa

atadura fue que aquél dictara aquellas de acuerdo a su experticia; que esa actividad se prestaba en el salón especializado para dicho efecto; que las fichas y demás elementos eran de propiedad del club para la satisfacción de sus socios; que aquél tenía que cumplir el reglamento del mismo. También que al demandante no se le reconocieron horas extras, porque cuando hacía parte de los torneos se le pagaba el valor de la hora; que el documento de f.° 609 ib no provino del club, sino que lo radicó el actor con un lenguaje laboral; que lo que canceló eran honorarios; que para el 2019 los profesores de squash, que asistían por tiempo completo, fueron contratados laboralmente; que no ocurría lo mismo con los instructores de gimnasio, bolos y billar, que acudían a la institución por un tiempo específico. 7.2) Hernando Barrios Luján, que suscribió nueve acuerdos de prestación de servicios con el Club El Nogal; que, sin embargo, desde un comienzo manifestó su inconformidad con la modalidad contractual; que confió con que la iban a modificar; que en el tiempo que laboró para la demandada tenía otra vinculación como empleado oficial de 8:00 a.m. a 2:00 p.m, pero no como profesor de ajedrez, porque para ello tenía exclusividad con la última; que el horario fue impuesto.

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Radicación n.° 92220 Adicionalmente, que siempre se le requirió para que presentara un plan de trabajo, el cual aprobaba el club; que no se le siguieron procesos disciplinarios, porque su comportamiento fue impecable; que cuando no podía asistir,

inicialmente, lo comunicaba verbalmente y, «posteriormente, lo tenía que solicitar por escrito a sus respectivos socios»; que según el contrato podía remitir un remplazo, pero nunca procedió así; que para los pagos radicaba cuentas de cobro, discriminando las «clases y las demás actividades que me generaban en actividades extra, por ejemplo en campeonatos debía asistir y acompañar a los socios». Finalmente, que el valor de los honorarios dependía de las horas dictadas; que cotizó a seguridad social como independiente; que tenía la obligación de asistir a cursos extras, como talleres de primeros auxilios, con posterioridad al atentado en el año 2003; «[...] que, sin embargo, no podía asistir porque estaba ejerciendo como empleado público». 8) Las testimoniales, en las que los terceros adujeron: 8.1) Fernando Reyes Mahecha que conocía al demandante, porque él era socio del Club El Nogal y había tomado clases de ajedrez con regularidad, desde el 2001; que algunos días el reclamante trabajaba de 4:00 pm a 8:00 pm y otros de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.; que el mencionado tenía un jefe, que aunque no recordaba su nombre, era la persona que siempre organizaba los torneos de billar, ajedrez, bolos; que el accionante pedía autorización a su superior para realizar los torneos, así como también le solicitaba los elementos; que

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Radicación n.° 92220 no vio que alguien le impartiera órdenes; que el instructor participaba en el torneo; que había otro docente de esa

materia para los infantes; que el «salón de ajedrez está definido para que se utilice en los horarios establecidos para adultos y niños»; que a pesar de que no iba todos los días, en cualquiera de los que asistió veía al actor desarrollando su actividad. 9) Edna Rocío Acosta Díaz, que trabajó en el club demandado como secretaría; que por eso conocía que el actor estuvo vinculado mediante contrato de prestación de servicio; que radicaba cuentas de cobro para el pago de sus honorarios; que todos los profesores como el de billar, bolos, ajedrez, eran contratistas pues iban a trabajar unas horas en la tarde; que a veces tenían torneos; que su jefe se reunía con los instructores y les daba algunas indicaciones para coordinar los eventos y organizar los premios que se iban a dar. 10) Daniel Giraldo, que fue director de deportes del Club El Nogal; que el horario en que el accionante prestaba sus servicios era establecido por el club, para ofrecerlo a los socios; que el demandante ejecutaba su actividad dentro de esa franja horaria; que, sin embargo, nunca se le impuso sanción disciplinaria, cuando no podía asistir. 11) Yenny Zuleima Chaguala Camacho, Nidia Segura Sierra y Raúl Páez Forero, que la primera ejercía como coordinadora de deportes; que todos conocían «[...] al demandante como profesor de ajedrez de adultos del Club El

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Radicación n.° 92220 Nogal, en una franja horaria establecida por el Club»; que si un instructor no podía asistir, le avisaba a los socios; que,

por ejemplo, un día el reclamante anunció su ausencia, porque tenía un viaje al exterior o debido a que su esposa se encontraba enferma; que por esa razón se comunicó a los socios que no se iba a dictar clases, sin consecuencia alguna, para el demandante. Igualmente, que en las últimas situaciones él podía enviar un reemplazo, pero que «[…] nunca lo hizo»; que a los contratistas no se les impartían órdenes; que solo tenían un canal de comunicación directa para ofrecer solicitudes a los socios; que para los torneos, el profesor no era compañía obligatoria; que, sin embargo, era lo ideal; que el reclamante no cumplía horario, pero prestaba sus servicios en la franja horaria dispuesta, previa disponibilidad informada; que «los elementos para dictar la clase eran proporcionados por el Club, por exigencia de los socios»; que el contratista no tenía jefe y tampoco régimen disciplinario; que las veces que se ausentó no se le obligó a reponer las horas de clase y que no presentó oposición a la forma de vinculación. Coligió de esos medios de prueba que estaba acreditada «la prestación personal del servicio por parte del demandante a favor de la Corporación demandada, como instructor de ajedrez para adultos»; que, sin embargo, por la «[...] naturaleza de las funciones desarrolladas [era cierto que las mismas] podían ser ejecutadas sin cualquier tipo de subordinación»; que, incluso, el demandante podía no asistir a la clase,

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Radicación n.° 92220 […] programada en la franja horaria que establecía el Club

demandado, sin dejar de lado que, de conformidad con los contratos de prestación de servicio allegados al plenario, […] tenía la posibilidad de enviar un reemplazo para cubrir la clase, a pesar de que el actor no haya hecho uso de esta facultad que le otorgaba el contrato suscrito entre las partes, dejando ver entre líneas la autonomía en el ejercicio de la prestación del servicio. Destacó que el accionante y los testigos reiteraron que aquél no tenía sanciones por no asistir; que, de hecho, el señor Giraldo dio a conocer tal circunstancia en su condición de director deportivo del club; que, por tanto, «se encontraba afectando de este modo el elemento intuito personae que caracteriza a los contratos de trabajo»; que, además, las testigos Chaguala Camacho y Segura Sierra, informaron que en las ausencias, por ejemplo, para realizar un viaje al extranjero o para acompañar a su esposa en la enfermedad, no le exigieron al reclamante reposición del tiempo. Aseveró que, […] uno de los argumentos por parte de la demandada en el tipo de contratación del demandante se justifica en la medida en la baja demanda de los socios en solicitar clases de ajedrez, y por lo tanto no se justificaba cancelar un profesor de planta, y por el contrario solo contratarlo para ofrecer dicho servicio a lo sumo dos horas, dos días a la semana, o máximo cuatro horas, dos días a la semana, tal y como lo indicaron las señoras YENNY ZULEIMA CHAGUALA CAMACHO y NIDIA SEGURA SIERRA, contrario a lo que sucedía con las clases de squash y de natación, que es el fuerte del Club, y por lo tanto tienen alta demanda por los socios

del mismo, y por lo mismo, se requiere una disponibilidad casi total para ofrecer dichas clases, por lo que no puede existir una escena de igualdad en éstos instructores, pues dada la demanda de la misma, se ofrecía de manera diferente estas clases. Recabó respecto del horario, que no solo era factible para el promotor del litigio, no cumplirlo; sino también enviar un reemplazo; que aunque ello no hubiere sucedido, existía la

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Radicación n.° 92220 posibilidad de hacerlo; que, además, a pesar de que la franja en la que prestaba los servicios, era establecida por el club, «también podía el actor realizar sugerencias para negociar el horario; que esta era determinada, con fundamento en la disponibilidad del mismo, como quiera que […] fungía como empleado público del Banco de la República de lunes a Viernes […] de 7:00 AM a 2:00 PM». Señaló que los testigos fueron unánimes en manifestar, […] que el demandante tenía que presentar un plan de trabajo para el año siguiente, el cual podía ejecutarlo de manera autónoma y en lo que tenía que ver con los torneos que organizaba el Club por sugerencia del respectivo profesor, no era obligatorio que el demandante asistiera o hiciera un acompañamiento estricto, sin embargo, lo más pertinente era una coordinación conjunta con la coordinadora del deporte para que se realizara con éxito el torneo, a pesar de que no tenía tanta asistencia por parte del Club, por lo que podría llegar a afirmarse que el torneo de ajedrez podía adelantarse con o sin la presencia del instructor de ajedrez, que conforme lo indicó el testigo DANIEL GIRALDO, a lo

sumo se realizaron los torneos de ajedrez máximo dos veces al año, esto, durante el tiempo que ejerció como director del deporte del Club El Nogal. Destacó que ninguno de los testigos, «pudo dar fe o constatar las órdenes directas por parte de algún trabajador del Club El Nogal, que puedan calificarse como propias del elemento de subordinación jurídica de un contrato de trabajo»; que, estos solo manifestaron sobre «actividades de coordinación y organización para prestar el servicio como instructor de ajedrez dos horas diarias o en casos excepciones, la coordinación de un torneo sin que la presencia del demandante fuese obligatoria»; que así por ejemplo, el señor Reyes, socio del club, admitió que no presenció que se le hubieren dado órdenes al pretenso trabajador, que «lo único que evidenció fue una charla constante y de manera directa,

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Radicación n.° 92220 sin que mediara una orden o instrucción para la ejecución de su labor». Aclaró que la demandada aceptó que suministró los elementos y equipos de trabajo; que, sin embargo, ello se justificaba, como aquella lo reconoció, en que debía garantizar los estándares de calidad exigidos por los socios; «que si bien puede llegar a ser un indicio que estructure el contrato realidad, lo cierto es que al valorar en conjunto con las demás pruebas traídas al plenario, se logra desvirtuar el elemento de subordinación característico de los contratos de trabajo». Sostuvo respecto al cumplimiento del procedimiento PDEP001 (f.° 44 a 47, ibidem); que era el mismo demandante

el responsable de fijar los parámetros allí señalados; que, además, […] tal y como lo afirmó la representante legal de la demandada en su interrogatorio de parte, sin que las mismas resulten excesivas, sino que se acompasan por las directivas del Club que exige prestar el servicio con base en las reglas de etiqueta fijadas previamente, por lo que se debe verificar el cumplimiento de esas directrices, y más que evidenciarse como un elemento de subordinación, se ubica en el plano del cumplimiento de obligaciones contractuales que adquirió el demandante con el Club demandado, en virtud de la celebración de los diferentes contratos de prestación de servicio. Razonó que, en síntesis, […] no se logró probar que respecto de la ejecución de la labor del demandante se hubiera impartido órdenes, sino que obedece a un proceso de coordinación y organización, teniendo en cuenta el conocimiento del actor respecto del servicio prestado como instructor de ajedrez, tanto es así que como lo afirmaron los testigos, el demandante tenía la libertad de no asistir un día o a los torneos organizados, sin repercusión alguna, o asistir como

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Radicación n.° 92220 participante activo en un torneo, tal y como lo afirmó el testigo Fernando Reyes, reiterando que no debía cumplir un horario específico, pues de los interrogatorios de parte y testimonios escuchados en el presente asunto no se puede inferir que debía cumplir estrictamente un horario, o si no llegaba a prestar sus servicios o llegaba tarde acaecería algún tipo de sanción, de lo que se concluye que las funciones ejecutadas por el actor estaban

excluidas totalmente de subordinación, aunado a que, no estuvo bajo las órdenes permanentes y directas de la empresa demandada, resaltando en todo caso que la función desarrollada por el demandante podía realizarla con autonomía, lo que deja ver y concluir la autonomía con la que actuaba el actor, desvirtuando de esta manera la presunción legal de la existencia del elemento de la subordinación […]. Precisó que no resultaban aplicables las consideraciones de la sentencia CC C517-1999, que analizó el artículo 206 de la Ley 30 de 1992, como lo solicitaba el apelante, sobre la discriminación en la contratación de docentes de planta o vinculados por hora cátedra, debido a que la accionada no era una institución de educación (f.° 1105 a 1119, ib).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende «[…] la casación total del fallo de segundo grado para que en sede de instancia, revoque la providencia [de primera instancia] y declare la existencia del contrato de trabajo en los extremos advertidos [...] y condene al Club El Nogal conforme a las pretensiones de la demanda inicial

(archivo; «recursos Extraordinarios Casación Memorial

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Radicación n.° 92220 2023013822408», expediente digital). Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia que el Tribunal vulneró la ley por la vía directa en el sub-motivo de aplicación indebida del artículo

167 del CGP, violación medio que llevó a incurrir en idéntica afrenta respecto del artículo 24 del CST, lo que «derivó en una infracción directa» de los artículos 64, 65, 186, 306, 307 del CST; 98 y 99 de la Ley 50 de 1990 y 1° de la Ley 52 de 1975. Sostiene que no debate los hechos que el sentenciador encontró probados, esto es, que prestó sus servicios como instructor de ajedrez a favor de la demandada, directamente a sus socios entre el 27 de agosto de 2001 y el 31 de enero de 2019, fecha en que no se renovó el vínculo; que lo que cuestiona es que, al momento de valorar la prueba, aquél le hizo producir efectos contrarios al artículo 24 del CST, pues le exigió que demostrara los elementos estructurantes del contrato de trabajo. Asevera que, en efecto, el juez de la apelación dijo: «[...] no se logró probar que respecto de la ejecución de la labor del demandante se hubiere impartido órdenes» y que, por tanto, el «demandante debe soportar la imposición de una decisión absolutoria, pues no se allanó a la obligación de probar sus afirmaciones»; que, sin embargo, al tenor de lo explicado,

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Radicación n.° 92220 entre otras, en las sentencias CSJ SL, 13 abr. 2010, rad. 34223; CSJ SL3108-2020 y CSJ SL4385-2020 a él le correspondía demostrar la prestación del servicio y al

demandado desvirtuar la presunción de subordinación. Plantea que la aplicación indebida de la norma ocurrió como consecuencia de la elección e interpretación adecuada de esta, que precipitó la abstención del juzgador de realizar el ejercicio probatorio como se lo exigía el artículo 24 del CST, es decir, indagando primero si probó la prestación personal del servicio y, posteriormente, si el accionado había acreditado la realización de esa actividad autónoma e independientemente; que de contera con ello, el Tribunal no tenía que acudir al artículo 167 del CGP, pues, conforme a la presunción legal del primer artículo, la carga de la prueba se trasladaba. Concluye que al colegiado, [...] le correspondía buscar la verdad material del asunto e indagar si el club desvirtuó con suficiencia que no haya sometido al actor a una labor controlada por este, máxime si como lo encontró acreditado, se extrae de su fallo y no se reprocha, [...] sí prestó los servicios como docente de ajedrez, año a año, mes a mes durante 19 años y en la misma franja horaria establecida por el propio Club. Lo anterior, cobra mayor sentido si esta Corporación ha encontrado que el Club tiene como costumbre contratar al personal que le presta los servicios a sus socios en las diferentes dependencias a partir de contratos de prestación de servicios como se extrae de las sentencias SL3824-2020, SL3318-2020, por lo que de haber efectuado la labor que le correspondía, no habría sacrificado el derecho del accionante en una sentencia un poco contradictoria en sus conclusiones. Habría encontrado que la firma de todos los contratos de prestación de servicio, los cuales encontró acreditados y no se

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Radicación n.° 92220 discuten dada la vía escogida, en realidad fueron el móvil para ocultar por 19 años una relación laboral subordinada. Hubiere concluido que el club no desvirtuó que la labor sí fue subordinada (ibidem).

VII. RÉPLICA Asegura que el recurrente no demuestra con claridad cómo la infracción de la norma procesal, conllevó la vulneración de la sustantiva; que lo que se extrae del fallo atacado es que el Tribunal no trasgredió los artículos 167 del CGP y 24 del CST; que, por el contrario, en perspectiva de los mismos, distribuyó adecuadamente la carga de la prueba y con fundamento en los medios de convicción, determinó que se había desvirtuado la presunción de subordinación; que, en ese contexto, deviene en desacertado el ataque, porque en la vía directa tenía que estar conforme con los supuestos fácticos de la decisión (archivo, «Recursos Extraordinarios Casación Memorial 2023125054590», expediente digital).

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal, en lo jurídico, aseguró que según los artículos 22, 23 y 24 del CST y 53 de la CP, toda i) prestación personal de un servicio; ii) remunerado se presume; iii) subordinado, por lo que acreditados por el reclamante los dos primeros elementos, es tarea del accionado desvirtuar la existencia del tercero, demostrando que la actividad que le benefició fue ejercida autónomamente.

Reflexionó en el contexto fáctico, que la labor del recurrente, esto es, la de servir como instructor de ajedrez

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Radicación n.° 92220 para adultos en el club demandado, no solo podía ser desarrollada «sin subordinación alguna», sino que, en efecto, había sido prestada de forma independiente, al punto que, aquél tenía la posibilidad de acordar los horarios, ausentarse de su actividad sin ser sancionado y enviar un sustituto en su nombre para que lo remplazara. Agregó que, aunque el impugnante presentaba un plan anual de trabajo, no estaba sometido a órdenes o directrices de la accionada; que, inclusive, ninguno de los testigos presenció que se le impartieran; que, por consiguiente, había sido desvirtuada la presunción de subordinación. La acusación cuestionó al juez de la apelación de haber aplicado indebidamente los artículos 167 del CPTSS y 24 del CST, argumentando que ese precepto procesal no regulaba la situación, porque la distribución sobre la carga de la prueba se encontraba en el segundo de los referidos y que, este a su vez había sido infringido, porque a pesar de su correcta elección e interpretación, se cercenó su alcance. Sobre el particular, recuerda la Corte que según lo explicado en las sentencias CSJ SL, 9 jun. 2000, rad. 13347; CSJ SL, 27 mar. 2007, rad. 30377; CSJ SL, 16 mar. 2010 rad. 33512; CSJ SL14091-2016; CSJ 21099-2017 y CSJ SL3369-2018, para que se estructure la aplicación indebida de la norma por la vía directa, se requiere, i) que el

sentenciador hubiere desatado sus efectos, pero en forma contraria a la manera en que se espera, porque los «extiende o los cercena» o, ii) que «esta no resulte aplicable a los hechos del proceso [...]».

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Radicación n.° 92220 Sin embargo, contrastada la argumentación del Tribunal con las imputaciones que