CSJ - SL1943-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1943-2023 Radicación n.° 94974 Acta 28 Bogotá, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación presentado por FREDY MAURICIO CAÑÓN CALDERÓN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de septiembre de 2021, dentro del proceso ordinario laboral que adelanta el recurrente contra la EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S. A. ESP.

I. ANTECEDENTES Fredy Mauricio Cañón Calderón llamó a la sociedad referida para que se declare que entre las partes existe un contrato de trabajo a término indefinido a partir del 30 de noviembre de 1989; que la demandada está obligada a nivelar su sueldo básico y demás remuneraciones adicionales con el devengado por Rubiel Alfonso Carrillo

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Radicación n.° 94974 Osma, quien desempeña el cargo de analista I; que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo desde el 6 de junio de 1991; que el cambio de funciones y ascenso fue dado a cinco trabajadores que venían cumpliendo las mismas funciones como audioprobadores; que no existe diferencia en cargos, funciones, horarios, capacitación, responsabilidad, antigüedad o conocimiento entre él y Carrillo Osma, ambos analistas I cargo 140150, y que entre estos dos trabajadores hay una diferencia salarial del 95% sin justificación alguna. Por tanto, solicitó condenar a la accionada a nivelarlo

salarialmente como analista I, y pagarle las diferencias en su remuneración que resulten a su favor, «con el cargo que ocupa» Rubiel Alfonso Carrillo Osma, y, en consecuencia, reajustarle los valores cancelados por primas semestrales, vacaciones, prima de vacaciones, auxilio de cesantías, intereses sobre las mismas y «todas las prestaciones convencionales y legales»; indexación, «reajuste al sistema de seguridad social» y las costas. Para soportar sus pretensiones informó que ingresó a laborar al servicio de ETB el 30 de noviembre de 1989, mediante un contrato de trabajo a término indefinido, en el cargo de obrero. Sus funciones eran las de hacer pruebas de control de calidad de redes y abonados telefónicos que intervenían para su reparación. Entre 1990 y 2015, realizó cargos especiales, y desde abril de 2015 ejerce como analista I.

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Radicación n.° 94974 Indicó que durante la vigencia de la relación de trabajo realizó cursos de Electricidad Básica 1-1 y Telefonía Básica (1990), taller entrenamiento de empalmería (1991), introducción a la salud ocupacional y primeros auxilios (1992), red externa módulo 3/11 Telecomunicaciones Básicas (2005), red externa módulo 5/11 Electrónica Análoga, y en el año 2012 obtuvo el título de Ingeniero de Procesos Industriales. Explicó que en abril de 2015 la ETB le notificó su decisión de promoverlo al cargo de analista I – Dirección de

Aprovisionamiento Masivo de la Gerencia de Servicios Masivos de la Vicepresidencia de Infraestructura, sin que hubiese suscrito tal comunicación, pues no solicitó ese nombramiento «que desmejora sus ingresos, tiempo de servicios etc.». Aseguró que como audio probador trabajaba 180 horas mensuales y por cada hora recibía $13.546, mientras que como analista I presta sus servicios 240 horas al mes y recibe $10.824 por cada una. Adujo que la designación en el cargo de analista I creó unos porcentajes y diferencias salariales entre compañeros, sin que existiera convocatoria y aplicación de la CCT. Dijo que, bajo el mismo cargo y código, la ETB incrementó el salario de su compañero Rubiel Alfonso Carrillo Osma en un 102%, en tanto que a él solamente el 7%, según la Directiva 04 de 2015. Afirmó que al aplicar esta directriz, la demandada no tuvo en cuenta las previsiones de la convención colectiva de trabajo 2002-2003, en especial la cláusula octava sobre reconversión de mano de obra, e hizo

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Radicación n.° 94974 incrementos salariales unilaterales «y a dedo» a cinco trabajadores que desde 1992 tenían iguales derechos, cargos, salarios, responsabilidades, antigüedad y preparación profesional; además, la accionada desconoció las consultas y decisiones del demandante en cuanto a su negativa de aceptar la aplicación del Acta 04 de 2015. Agregó que es miembro del sindicato Sintrateléfonos y beneficiario de la convención colectiva de trabajo suscrita por

esta organización y la ETB, la cual establece una curva salarial; que sus compañeros que ejercen el cargo de audio probador del régimen especial han laborado por más de 20 años y tienen derecho a la pensión convencional. Dijo que él, Henry Valderrama Espejo, José Alberto Vásquez, Hermes Orlando Lozano y Rubiel Alberto Carrillo Osma siempre han ejercido los mismos cargos, funciones, niveles, capacitación y horarios, y que no existe motivo para que haya diferencia salarial con respecto de este último. Afirmó que Carrillo Osma laboró como audioperador hasta 2015, y actualmente es analista I en la Vicepresidencia de Infraestructura, cargo 140150, con funciones de auxiliar de almacén de materiales, con responsabilidades inferiores a las del actor. Finalmente expresó que el 29 de septiembre de 2017 presentó reclamación administrativa y la demandada negó su solicitud. La accionada ETB S. A. ESP se opuso a lo pretendido. En relación con los hechos aceptó la fecha de ingreso del demandante, el cargo que ejerce desde 2015, la notificación

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Radicación n.° 94974 de la designación como analista I, las horas mensuales de trabajo, la diferencia salarial existente entre el actor y Rubén Alfonso Carrillo Osma como analistas I, la calidad de beneficiario de la CCT y la reclamación administrativa. De los demás indicó que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa aclaró que el cambio de cargo para los trabajadores que ejercían la labor de audioperador, que resultó obsoleta ante la nueva tecnología, implicó que no realizaran las mismas actividades, pues existían diferentes

tareas habituales y responsabilidades. Además, entre el demandante y Carrillo Osma se presentan otras distinciones, por ejemplo, que este último se encontraba en permiso permanente por ser dirigente sindical desde 2007 hasta 2016, lo que impide una comparación de funciones efectivamente realizadas; además, recibió un aumento salarial convencional cuando obtuvo su título profesional en el año 1999. Agregó que las labores y lugares de trabajo de los dos servidores eran disímiles, por lo que no se pueden comparar salarialmente. Explicó que, según las disposiciones convencionales sobre la materia, hay una curva salarial unificada y la ubicación de cada trabajador en esa escala depende de la conjugación de tres elementos: el cargo, la categoría y el nivel; en el caso del actor, se encuentra en la categoría XIV nivel E, mientras que el señor Carrillo Osma está en la categoría XIV nivel L, que es mayor, aun cuando los dos ejercen como analistas. Así, la simple denominación del cargo no conduce a la nivelación pretendida. Aclaró que el

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Radicación n.° 94974 trabajador con el que se compara el demandante dejó de laborar para la empresa desde el 27 de junio de 2018. Propuso las excepciones de inexistencia de causa para demandar, cobro de lo no debido, pago, compensación, actuación de buena fe de la demandada, inexistencia de la obligación de pagar indemnización moratoria, perjuicios morales o costas procesales y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 29 de octubre de 2020 resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que existe un contrato de trabajo a término indefinido entre el demandante FREDY MAURICIO CAÑÓN CALDERÓN y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ, que viene rigiendo desde el 30 de noviembre de 1989 y el cargo actual es de Analista I.

SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ, de las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: SE DECLARA PROBADA la excepción de inexistencia de causa para demandar y por el resultado de la litis, el Juzgado se abstiene de pronunciarse sobre los demás medios exceptivos.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte actora […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá conoció del asunto por la consulta surtida a favor del demandante, y

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Radicación n.° 94974 a través de sentencia del 30 de septiembre de 2021, confirmó la de primer grado. Estableció como problema jurídico determinar si existió desigualdad salarial entre el demandante y Rubiel Alfonso Carrillo Osma, en los términos previstos por la ley y la jurisprudencia. Precisó que no era objeto de debate que entre las partes existe un contrato de trabajo vigente desde el 30 de noviembre de 1989, que el actor ejerce como analista I en la Dirección de Aprovisionamiento masivo y para 2015, cuando cambió de cargo, devengaba la suma mensual de $2.597.923

(folios 15, 19, 20 y 35). Indicó que el artículo 143 del CST consagra el derecho de los trabajadores a recibir como remuneración, la que corresponde a la labor ejercida en condiciones de igualdad con quienes cumplen la misma función con similar eficiencia; además, esta norma fijó los parámetros sobre los cuales el empleador puede hacer distinciones salariales entre trabajadores, precisamente por diferencias en estos dos elementos. Recordó que en sentencia CC SU517-2009 la Corte Constitucional señaló que solo cuando se presentan distinciones objetivas entre quienes cumplen la misma función, es dable disponer el pago de un salario diferencial. Esto, en desarrollo del principio de igualdad salarial contenido en el artículo «153» de la Constitución Política, que

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Radicación n.° 94974 estableció el derecho a recibir una remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. También adujo que la Corte Suprema de Justicia ha explicado que quien invoca el principio de a «trabajo igual, salario igual», debe demostrar que existe otro servidor que ejerce el mismo cargo con similitud de funciones y eficiencia; y que respecto de vinculaciones laborales «causadas» antes de la vigencia del artículo 7 de la Ley 1496 de 2011 que modificó el artículo 143 del CST, se invierte igualmente la carga de la prueba, por lo que al actor solo le incumbe acreditar el trato discriminatorio y al empleador, justificar las razones de este. Apoyó esta apreciación en lo señalado en decisiones CSJ SL 5 feb. 2014, rad. 39858, CSJ SL174622014 y CSJ SL3165-2018. En esa medida, encontró que al accionante le correspondía probar que su compañero Rubiel Alfonso Carrillo Osma desempeñaba el mismo cargo, con similitud de funciones y eficiencia, para que se pudiera invertir la carga de la prueba y fuese la demandada quien acreditara las razones que explicaran el trato diferente. Sin embargo, apreció que en el proceso no obraban elementos de juicio sobre la «identidad plena» de las funciones que ejercía el actor y Carrillo Osma como analista I, pues, ninguna de las aportadas refería cuáles eran las actividades que realizaba uno y otro. Así, dijo que los documentos no informaban las labores y condiciones de eficiencia que cumplían el actor y el

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Radicación n.° 94974 trabajador referente, solo acreditaban que el demandante ostenta el cargo de analista I desde el 20 de marzo de 2015 y que cumplía sus funciones en la Dirección de Aprovisionamiento Masivo (folios 19 y 20); y que Rubiel Alfonso Carrillo Osma también ejercía el cargo de analista I, pero en la Gerencia de Servicios Masivos de la Vicepresidencia de Infraestructura (folios 4, CD 1 PDF 5). Afirmó que del interrogatorio de parte absuelto por el demandante no se establecía nada relevante, pues se limitó a señalar que desde 2015 se generó una diferencia salarial entre él y el compañero indicado como referente, cuando fueron promovidos al cargo de analista I, que el señor Carrillo Osma tenía otro tipo de rol, sin explicar cuál, y que «él

prestaba sus servicios en una central diferente que era la de Chapinero y allí ejercía funciones de audioprobador». Dijo que el testigo Luis Enrique Toro Silva solo informó que en la ETB se hizo un cambio en la denominación de los cargos, que quienes se desempeñaban como audioprobadores pasaron a analistas I, y que para ese momento se hicieron ajustes y aumentos salariales, en virtud de lo cual, el actor recibió un incremento del 14% y Rubiel Carrillo, más del 100%. El colegiado también resaltó que el testigo adujo que este cargo tenía funciones diversas que dependían del área en que se encontraba el analista, sin tener certeza si el demandante y el señor Carrillo Osma hacían la misma tarea.

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Radicación n.° 94974 Por tanto, el juzgador concluyó que no tenía elementos para otorgar la nivelación solicitada, pues al no probarse las funciones realizadas ni las condiciones de eficiencia, no había un punto de referencia para establecer si la diferencia salarial entre el demandante y el trabajador con el que se comparaba era justificada o no. Así, estableció que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le correspondía.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue presentado por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El censor solicita que esta corporación case la decisión impugnada, y en sede de instancia revoque la sentencia de primer grado y acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión de segundo grado por ser violatoria de la ley sustancial por la senda directa, en la modalidad de

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Radicación n.° 94974 aplicación indebida de los artículos 143 y 467 del CST; 7 de la Ley 1496 de 2011, 167 del CGP, 1, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 48, 53, 55 y 93 de la Constitución Política, cláusula 8 de la convención colectiva de trabajo 2002-2003 y «las sentencias de la H. Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia Sala Laboral». Afirma que el colegiado «se fijó en la definición de la norma, más no en cuanto a la aplicación de la misma al caso concreto», esto es, determinar si el accionante es beneficiario o no de la nivelación salarial, teniendo en cuenta que entre 1992 y 2015, su compañero Rubiel Carrillo Osma desempeñó las mismas funciones como audioperador y luego como analista I código 140150. Pese a que la ETB distingue que Carrillo Osma es profesional abogado, lo cierto es que, según las pruebas aportadas, el actor también lo es, solo que en Ingeniería de procesos industriales; por tanto, no es posible justificar en dicha formación académica la diferencia en el incremento salarial entre uno y otro dispuesto en el Acta 004 de 2015. Asegura que el Tribunal no analizó «el expediente», ni

tuvo en cuenta el aspecto jurídico ni las pruebas, pues desconoció la cláusula 8 de la CCT y otros «aspectos jurisprudenciales». Si bien se refirió al derecho a la igualdad salarial en los términos del artículo 143 del CST modificado por el artículo 7 de la Ley 1496 de 2011, no derivó de él la prosperidad de las pretensiones de la demanda inaugural, pese a que se estableció que el demandante y «el demandado» tenían el mismo cargo, código, eficiencia, experiencia,

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Radicación n.° 94974 profesionalismo y antigüedad, aun cuando las funciones difieran un poco. Resalta que el numeral tercero del artículo 143 del CST obliga al empresario a demostrar los elementos objetivos de diferenciación que explique la disparidad en materia salarial, so pena de que incurra en un acto de discriminación. Esta es la finalidad de la modificación introducida por la Ley 1496 de 2011 al mencionado artículo, al prever que todo trato diferenciado en la remuneración se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de distinción. Bajo esta disposición legal, es este último quien debe probar los factores objetivos de diferenciación, si pretende evitar la condena por nivelación salarial. Asegura que la jurisprudencia actual de la Corte en esta materia estableció dos subreglas fundamentales, una de ellas, aplicable a las relaciones laborales «causadas» en vigencia de la Ley 1496 de 2011, refiere que todo trato diferente en asuntos salariales se debe tener como injustificado, salvo que el empleador

demuestre lo contrario; es decir, que a este último le corresponde explicar ese trato disímil. Agrega que, para esta corporación, el hecho de no basar la diferenciación remunerativa en criterios objetivos constituye una violación a la legislación laboral, así como a los tratados internacionales, en especial el Convenio 111 de la OIT.

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Radicación n.° 94974 Luego de recordar lo expuesto en decisiones CSJ SL12814-2018, CC C351-1995, CSJ SL 26 nov. 2014, rad. 45830, señala que la jurisprudencia ha previsto la garantía de la equidad en la retribución bajo un principio según el cual, «si dos trabajadores realizan labores que agregan el mismo valor, - bien sea por desempeñar el mismo trabajo o bien sea por desempeñar oficios diferentes pero que aportan el mismo valor-, deben recibir igual retribución». Así, la igualdad salarial garantizada por el artículo 143 del CST no solamente se refiere a trabajo igual realizado en puesto igual, sino también a actividades de contenido equivalente (igual valor) aunque no sean rigurosamente las mismas. Sin embargo, el colegiado no tuvo en cuenta este tema. De haberlo hecho, habría concluido que el demandante tiene formación profesional, un tiempo de servicios superior a 20 años, ha cumplido sus deberes, aportando valor agregado al desarrollo de la empresa; pese a ello, es discriminado, pues la demandada no fue objetiva al asignar beneficios salariales al compañero Rubiel Carrillo, dado que lo hizo a través de medios que no son fiables ni efectivos para medir su

eficiencia. Advierte que el juez plural no se pronunció frente a la CCT 2002-2003, en especial a lo pactado en la cláusula octava en cuanto a la reconversión por mano de obra, estipulación que resulta relevante, pues en virtud de ella no es posible promover a los trabajadores sin su consentimiento, lo que no fue respetado, puesto que solo se

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Radicación n.° 94974 buscó favorecer a un solo servidor, esto es, a Rubiel Carrillo Osma. Indica que tal favorecimiento se deriva de lo informado en los documentos aportados con la demanda y la contestación, pues tanto el demandante como aquél, tienen en común las mismas funciones, horarios, capacidad, conocimiento y responsabilidad; sin embargo, se hace un nombramiento para beneficiar al señor Carrillo Osma, quien perteneció hasta por dos periodos a la directiva sindical.

VII. RÉPLICA La empresa demandada presenta réplica conjunta a los cargos. Afirma que la sustentación se funda en argumentos generales, posiciones jurídicas subjetivas y alegatos de instancia, sin que se advierta una verdadera acusación contra la sentencia de segundo grado; además, se refiere a jurisprudencia citada fuera de contexto e inaplicable a este caso.

Aclara que la decisión impugnada no viola la ley sustancial, y que quedó demostrado que lo único similar entre el demandante y Rubiel Alfonso Carrillo Osma fue la denominación del cargo en algún momento de la relación de trabajo, dado que sus roles, actividades, historia laboral, antigüedad, formación profesional etc., son diferentes, por lo

que no es dable efectuar un test de comparación.

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Radicación n.° 94974 Agrega que la última actividad ejercida por Carrillo Osma fue el de almacenista con denominación genérica de analista, como ocurre con un gran número de trabajadores que prestan sus servicios en diferentes áreas de la empresa; de ahí que la nominación del cargo no tenga nada que ver con las labores y lugar de trabajo.

VIII. CONSIDERACIONES En esta acusación, dirigida por la senda directa, el recurrente incurre en la imprecisión de plantear reproches de orden fáctico, al cuestionar, por ejemplo, que la ETB no advirtió que el demandante también tenía estudios profesionales como su compañero Carrillo Osma; que el colegiado no estudió el contenido de la cláusula 8 de la CCT; que las pruebas acreditan que los dos trabajadores tienen en común las mismas funciones, horarios, capacidad, conocimiento, responsabilidad, entre otros; y que se demostró que el demandante ha laborado por un tiempo de servicios superior a 20 años, ha cumplido sus deberes y ha aportado gran valor al desarrollo de la empresa.

Sin embargo, al margen de lo anterior, la Sala aprecia que se formularon reparos de orden eminentemente jurídico, relativos a que el colegiado no aplicó la presunción contenida en el numeral 3 del artículo 143 del CST, y que no tuvo en cuenta que esta norma también prevé que trabajos de contenido equivalente o igual valor, deben ser remunerados de idéntica manera, aun si no se trata del mismo oficio. Así, será frente a estos dos aspectos que la Sala se pronunciará.

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Radicación n.° 94974 Desde el punto de vista jurídico, el colegiado explicó que en los términos del artículo 143 del CST, los trabajadores que desempeñen iguales funciones con similares condiciones de eficiencia tienen derecho a recibir idéntica remuneración; y que solamente es posible justificar una diferencia salarial en estos casos, si se sustenta en razones objetivas. Por tanto, precisó que, para aplicar esta disposición era necesario que el trabajador demostrara que existía otro compañero que ejercía el mismo cargo con similitud de funciones y eficiencia, término de comparación entre los dos trabajadores que no fue acreditado, por lo que no era dable acceder a lo pretendido. En ese orden, le corresponde a la Sala establecer si el juez plural se equivocó al no ordenar la consecuencia jurídica prevista en el artículo 143 del CST y disponer la nivelación salarial reclamada bajo los presupuestos exigidos por esta norma. Esta corporación ha precisado que la nivelación salarial opera de dos formas distintas: la primera, si la diferencia de salarios surge por el desconocimiento de la equivalencia en las condiciones de eficiencia mediante comparación con el servicio que preste otro trabajador mejor remunerado, caso en el cual le incumbe al actor la prueba de ese supuesto; la segunda, cuando se invoca la existencia de un escalafón que fija salarios para determinado cargo, evento en el cual bastará probar el desempeño de este en las circunstancias exigidas en la tabla salarial, pero no será indispensable la

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prueba de las condiciones de eficiencia laboral (CSJ SL15023 -2016). En el primer evento, esto es, cuando el trabajador pretende una nivelación salarial por aplicación del principio «a trabajo igual, salario igual» o «trabajo de igual valor, salario igual» en los términos del artículo 143 del CST, tiene la carga probatoria de demostrar, no solo la existencia de un mismo cargo con una diferenciación salarial, sino que se desempeñaba en iguales condiciones de eficiencia, responsabilidad, jornada, y además que las labores se desarrollaban bajo similares circunstancias, lo que significa que no basta con la sola afirmación del trabajador de encontrarse en igualdad de condiciones respecto de otro cargo (CSJ SL3857-2020). Así lo ha manifestado la Sala, entre otras, en las decisiones CSJ SL3165 -2018, CSJ SL, 5 feb. 2014, rad. 39858, CSJ SL 20 oct. 2006, rad. 28441 y CSJ SL15023-2016. En esta última se explicó lo siguiente: Para ahondar en razones, de acuerdo con la evolución de la jurisprudencia sobre el tema, en todo caso al trabajador le corresponde probar el trato diferente respecto de otro cargo de igual valor, para trasladarle al empleador la carga de probar las razones objetivas de la diferencia; es decir, no basta su sola afirmación de estar en igualdad de condiciones respecto de otro cargo, para hacerse merecedor de la nivelación. Cumple recordar la sentencia hito sobre el punto: Sobre el tema de la carga de la prueba, la Sala tiene adoctrinado que el trabajador que pretenda una nivelación salarial por aplicación del principio «a trabajo igual salario igual», tiene por

carga probatoria demostrar el «puesto» que desempeña y la existencia de otro trabajador que desempeña o desempeñó el mismo puesto o cargo con similares funciones y eficiencia. Sobre el particular son ilustrativas las sentencias CSJ, SL 5 feb. 2014, Rad. 39858, y SL 20 oct. 2006, Rad. 28441, donde reiteró lo dicho en las de 10 de jun. 2005 y 24 de may. 2005, Rads. 24272 y 23148, respectivamente. Criterio adoctrinado anteriormente, en

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Radicación n.° 94974 la sentencia CSJ SL, 25 sept. 1997, Rad. 9255, reiterada en la del 16 de nov. 2005, Rad. 24575. Sin embargo, esta Corporación precisará el citado criterio, en cuanto a que, tratándose de relaciones de trabajo causadas antes de la modificación introducida al art. 143 del CST, por el art. 7º de la L. 1496/2011, según la cual «Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación», en casos como el presente, en que la relación laboral culminó en 2006, atendiendo al principio de la carga dinámica –y no estáticade la prueba, también deberá invertirse la carga probatoria. En consecuencia, si el trabajador aporta los indicios generales que suministren un fundamento razonable sobre la existencia de un trato discriminatorio en materia retributiva, le corresponde al empleador –dado que está en

mejores condiciones para producir la prueba-, justificar la razonabilidad de dicho trato. CSJ SL 17442 de 2014. (sic) La Corte también ha considerado que, si el trabajador aporta indicios generales que sustenten razonablemente la existencia de un trato salarial discriminatorio, el empleador debe justificar dicha conducta con base en factores objetivos, tal como se indicó en decisión CSJ SL17462-2014 a la que se aludió en la sentencia antes citada. Igualmente, se ha precisado que en virtud de la modificación introducida al artículo 143 del CST por el artículo 7 de la Ley 1496 de 2011, se invierte la carga de la prueba para que sea el empleador quien acredite las razones objetivas del trato diferente, siempre que el trabajador demuestre el término de comparación del que pueda derivarse tal distinción. Al respecto, la Corte, en decisión CSJ SL16404-2014, explicó: Cuando se demanda la igualdad salarial, al trabajador no le resulta posible demostrar además de la diferencia de salarios e igualdad de cargo y labor, la igualdad en las condiciones de eficiencia entre él y el otro trabajador, así como de jornada,

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Radicación n.° 94974 circunstancias estas últimas que si son de registro y conocimiento del empleador, quien se encuentra en una situación más favorable para aportar al proceso los medios probatorios que expliquen las razones objetivas de la diferencia salarial, por lo que realmente el llamado a probar este evento es el empresario o contratante. En efecto, lo que debe probar el trabajador que solicita la

nivelación salarial es la diferencia de salarios y la identidad de cargo; al empleador le corresponde probar que dicha diferencia obedece a factores objetivos, relacionados con la eficiencia y la jornada, a riesgo de resultar condenada. En este sentido, para que un juez pueda determinar la existencia de un trato discriminatorio desde el punto de vista salarial, diferencia fundamentada en elementos fácticos surgidos de la actuación del empleador, la carga de la prueba no radica en cabeza de quien la alega sino de aquel de quien proviene la actuación, es decir, es el empleador quien debe demostrar frente a un trato desigual o diferente entre trabajadores que desarrollan el mismo trabajo, que el mismo tiene justificación. Al respecto debe recordarse que si bien el tema de las condiciones laborales no se encuentra manifiesto en forma explícita dentro de los motivos objeto de discriminación incluidos en el artículo 13 constitucional, una lectura del mismo en conjunto con el Convenio No. 111 de la OIT, que evidentemente lo complementa, debe dársele un tratamiento similar si se tiene en cuenta la especial protección constitucional de los trabajadores, tanto que, en los eventos en que el trabajador aporta los indicios generales que informan de manera razonable acerca de la existencia de un trato discriminatorio, le corresponde al empleador probar la justificación de dicho trato. Con otras palabras, el principio de la carga dinámica de la prueba, indica que cuando un trabajador considere que no se le ha dado trato equivalente o igual, debe aportar el término de comparación de donde se deduzca el trato desigual, y le correspondería al empleador demostrar que el trato

diferente es razonable y objetivo, con lo cual se invierte el onus probandi. (subraya fuera del texto original) En ese entendido, es evidente que para aplicar la garantía contenida en el artículo 143 del CST, es necesario partir de la existencia de indicios generales que evidencien un fundamento razonable del trato desigual, esto es, probar el término de comparación entre los trabajadores que ejercen el mismo cargo y labor o función. De ahí que, el ad quem no se equivocó al exigir la demostración de las funciones

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Radicación n.° 94974 ejercidas por el demandante y por el trabajador Rubiel Carrillo Osma con quien se compara, pues, solo determinando el término de igualdad en condiciones de trabajo, es dable acudir a la presunción invocada en el cargo y contenida en el numeral 3 de la disposición mencionada. Así las cosas, no se trata de que el colegiado hubiese desconocido tal preceptiva legal, sino que concluyó que, en este caso, no se podía aplicar por no encontrar establecido el presupuesto fáctico exigido para ello, esto es, los indicios general