CSJ - SL2256-2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL2256-2023 Radicación n.° 97088 Acta extraordinaria n.° 54 Bogotá D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el apoderado de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO Y AFINES, ASONAL JUDICIAL S. I., contra los autos emitidos durante la audiencia llevada a cabo los días 16 y 24 de noviembre de 2022, por medio de los cuales se dispuso la fijación del litigio y se declaró el cierre del debate probatorio, así como frente a la sentencia proferida por una Sala de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 24 de noviembre de 2022, en el interior del proceso especial de calificación de la suspensión o paro colectivo de trabajo promovido por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en contra de la organización recurrente.

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Radicación n.° 97088 Se acepta el impedimento manifestado por los magistrados Gerardo Botero Zuluaga, Luis Benedicto Herrera Díaz, Iván Mauricio Lenis Gómez y Omar Ángel Mejía Amador.

I. ANTECEDENTES A través del proceso especial contemplado en la Ley 1210 de 2008, la Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara la ilegalidad de una presunta suspensión colectiva de actividades promovida y ejecutada por Asonal Judicial S.

I., en las instalaciones de la Dirección Seccional de Cali, por

las causales a), b), c), d) y f) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo. La actuación fue adelantada en la primera instancia por una Sala de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, teniendo en cuenta las directrices trazadas por esta Corporación relativas a que este trámite es especial, breve y sumario, de manera que debe surtirse en forma concentrada y bajo el concepto de un proceso plano (CSJ AL1796-2020). Por ello, a la Corte se remitieron varias actuaciones pendientes de resolver en segunda instancia, incluyendo autos y la sentencia de fondo. Teniendo en cuenta la complejidad y extensión de los temas sometidos al estudio de esta Corporación, en aras de seguir un orden lógico y claro, en los términos previstos en

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Radicación n.° 97088 el artículo 323 del Código General del Proceso, el esquema de la presente decisión será el siguiente: (i) En primer lugar, se realizará una descripción del escrito introductorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, con sus fundamentos fácticos y jurídicos. (ii) Luego, se hará una remembranza del trámite dado a esa demanda, así como de la contestación efectuada por la organización sindical, acompañada de sus argumentos y excepciones. (iii) A partir de allí, se estudiará el primer recurso de apelación pendiente de decisión, formulado contra la decisión del Tribunal de fijar el litigio. (iv) Enseguida, se analizará el segundo recurso de apelación concedido, que fue interpuesto contra el auto que dispuso el cierre del debate probatorio.

(v) A continuación, se resolverá el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del Tribunal de declarar no probadas las excepciones previas propuestas por la demandada. (vi) Y, finalmente, se examinará el recurso de apelación formulado contra la sentencia de fondo, teniendo en cuenta los argumentos que tuvo en cuenta el Tribunal y de los que se sirve el apoderado de la organización demandada.

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Radicación n.° 97088 Procede entonces la Corte a seguir el orden expuesto, en los siguientes términos:

II. DEMANDA INTRODUCTORIA La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara la ilegalidad de la suspensión colectiva del trabajo promovida y ejecutada por Asonal Judicial S. I., en sus instalaciones de la Dirección Seccional de Cali, durante los días 5, 10, 11, 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de mayo, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio, y 7, 12, 13 y 14 de julio de 2022, por haberse configurado las causales a), b), c), d) y f) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo.

Para darle fundamento a sus pretensiones, en resumen, narró los siguientes hechos: La Fiscalía General de la Nación es una entidad de creación constitucional, que hace parte de la Rama Judicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 249 de la Constitución Política, mientras que Asonal Judicial S. I. es

una organización sindical con personería jurídica, que tiene como presidente al señor José Freddy Restrepo. El 7 de diciembre de 2021 la Fiscalía suscribió un acuerdo con nueve (9) organizaciones sindicales, entre ellas la demandada, en el que se asumieron varios compromisos en materia de carga laboral y ampliación de planta de personal, así como la creación de mesas de relaciones laborales con la participación de delegados de todas las

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Radicación n.° 97088 partes, para discutir temas como como la priorización de las especiales necesidades de la Seccional de Cali. De manera paralela, según dan cuenta varios registros de medios de comunicación y redes sociales, a partir de los días 6 y 7 de abril de 2022 la organización sindical Asonal Judicial S. I. convocó unas «[…] jornadas ilegales de suspensión colectiva del trabajo, bajo la excusa de una convocatoria a Asambleas Informativas […], de manera inconsulta, sin autorización de su Asamblea General y desconociendo el acuerdo del 7 de diciembre de 2021, así como los compromisos adoptados en las mesas de relaciones laborales. Hasta la fecha de la presentación de la demanda esas jornadas de suspensión de actividades seguían siendo convocadas y ejecutadas por la organización sindical, en las diferentes sedes de la entidad, «[…] generando varios traumatismos en el acceso y prestación del servicio público de justicia […]», por el cierre de las instalaciones y la obstrucción del acceso del personal, según lo constataron los delegados del Ministerio de Trabajo, que dieron cuenta de un «cese

parcial de actividades» y de la «afectación del servicio». La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación le requirió al Ministerio de Trabajo la designación de inspectores de trabajo para que constataran el cese de actividades y la afectación del servicio público de administración de justicia, fruto de lo cual se expidieron varias actas en las que se registra efectivamente la parálisis,

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Radicación n.° 97088 con fechas 5, 10, 11, 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de mayo, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio, y 7, 12, 13 y 14 de julio de 2022. Además, el cese de actividades constituye un hecho notorio y de público conocimiento pues, aparte de su constatación y de un registro fotográfico al respecto, la propia organización sindical ha admitido que adelanta jornadas de suspensión colectiva de trabajo – paro, en el marco de varias entrevistas e intervenciones de su presidente y de varios otros dirigentes, dadas en medios de comunicación y redes sociales. A pesar del ejercicio adelantado por el sindicato, la Fiscalía ha continuado la promoción y desarrollo de las mesas de trabajo que se acordaron el 7 de diciembre de 2021, según dan cuenta varias actas de reunión del 25 de mayo, 16 de junio y 13 de julio de 2022. La organización sindical aduce como fundamento para la ejecución del cese de actividades el presunto incumplimiento de un acuerdo celebrado en el año 2019, que

no existe dentro de los archivos de la entidad y que tampoco ha sido presentado por escrito. Con base en los hechos descritos, la suspensión colectiva del trabajo es ilegal, por recaer sobre un servicio público esencial, específicamente el de administración de justicia, de acuerdo con lo previsto en la Constitución

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Radicación n.° 97088 Política, la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Igualmente, por: i) perseguir fines distintos a los económicos y profesionales; ii) no agotarse previamente la etapa de arreglo directo; iii) no contar con una decisión de la Asamblea General de los trabajadores; iv) y no limitarse a la suspensión pacífica del trabajo. (PDF cuaderno Tribunal, f.os 2 a 53).

III. TRÁMITE Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Ante el impedimento manifestado por todos los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, la demanda fue admitida por una Sala de Conjueces, mediante auto del 2 de agosto de 2022

(PDF cuaderno Tribunal, f.os 328 y 329). La organización sindical interpuso recurso de reposición contra esa decisión (PDF cuaderno Tribunal, f.os 363 a 389), que fue negado por el Tribunal en audiencia del 16 de noviembre de 2022 (PDF cuaderno Tribunal, f.º 819). Resuelto lo anterior, la demanda fue contestada en forma oral en la misma audiencia del 16 de noviembre de 2022 (PDF cuaderno Tribunal, video f.º 819, minutos 00:32:00 a 03:14:00).

En dicho acto, el apoderado de Asonal Judicial S. I. se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda,

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Radicación n.° 97088 por carecer de fundamento fáctico y jurídico, en la medida en que: i) No se produjo algún cese de actividades promovido por la organización sindical, sino una manifestación pública y pacífica de los funcionarios de la entidad demandante, motivados por el incumplimiento de varios acuerdos en materia de ajuste de la planta de personal y amparados en sus derechos fundamentales de asociación sindical, reunión y libertad de expresión. ii) En ejercicio de esa protesta legítima, no se dejó de prestar el servicio público de administración de justicia. iii) El artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo no es aplicable a los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, que tienen un procedimiento especial de negociación colectiva, cobijado por el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT. iv) No puede haber limitaciones absolutas al derecho de reunión y manifestación, más cuando se trata de asuntos de interés general para la comunidad. v) En este caso no eran exigibles los presupuestos para el ejercicio de una «huelga contractual», pues además de que no hubo cese de actividades, tampoco se trabó algún conflicto colectivo de intereses, por medio de un pliego de peticiones.

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Radicación n.° 97088 vi) Las manifestaciones fueron pacíficas y, contrario a lo aducido en la demanda, los trabajadores son los que han sido

víctimas de agresiones por parte de agentes de la entidad demandante. En cuanto a los hechos, admitió como ciertos los relacionados con la naturaleza de la entidad demandante y de la organización demandada. Frente a los demás, expresó que no eran ciertos y señaló que la Fiscalía había incumplido varios compromisos en materia de revisión y ajuste de la planta de personal, lo que dio lugar a que los trabajadores hicieran concentraciones públicas y pacíficas, amparados por sus derechos fundamentales de reunión y libertad de expresión. Añadió que, en tal medida, nunca se había producido un cese de actividades promovido por la organización sindical, al margen de las afectaciones del servicio producidas por la propia responsabilidad de la Fiscalía, debido a la falta de personal, y que, en todo caso, muchos funcionarios cumplían sus tareas desde casa, haciendo uso de las tecnologías de la información. Recalcó también que las actas del Ministerio de Trabajo no le eran oponibles a la organización sindical, en la medida en que no se había permitido su participación y el ejercicio de sus derechos de contradicción y defensa. Propuso las excepciones previas de inepta demanda, por no estar acompañada de actas de constatación válidas, con

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Radicación n.° 97088 la participación de la organización sindical y con respeto de su derecho al debido proceso; no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, en la medida en que al proceso debían comparecer los trabajadores directamente involucrados, la Central Unitaria de Trabajadores – CUT – y el Ministerio de Trabajo; y habérsele dado a la demanda el

trámite de un proceso diferente al que corresponde, por cuanto nunca hubo una huelga decretada en los términos del Código Sustantivo del Trabajo. Como excepciones de fondo, planteó las que denominó falta de causa para demandar; falta de legitimación en la causa por pasiva; buena fe de los servidores públicos a quienes se les atribuye el cese de actividades; abuso del derecho; vulneración del debido proceso para demandar; vulneración de las libertades sindicales en cabeza del sindicato; violación por parte de la demandante de la dimensión social u objetiva, subjetiva e individual del derecho de asociación; violación por parte de la entidad demandante del derecho a la libertad de expresión; violación al derecho de reunión por la parte demandante; violación de la demandante del derecho de asociación; mala fe del demandante; y buena fe del demandado, amparado en el derecho a la libertad de expresión en relación con el ejercicio y confianza legítima. Durante la misma audiencia del 16 de noviembre de 2022 (PDF cuaderno Tribunal, video f.º 819, minuto 03:14:00), el Tribunal tuvo por contestada la demanda y resolvió que las excepciones previas serían decididas en el momento en el que

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Radicación n.° 97088 se profiriera la sentencia, teniendo en cuenta la naturaleza especial y sumaria del proceso adelantado. Por otra parte, en la etapa de saneamiento, no encontró vicio o irregularidad procesal alguna, que impidiera continuar el trámite. Llegada la fase de fijación del litigio, decidió que su labor

estaría circunscrita a establecer si se había presentado un cese de actividades en las instalaciones de la Seccional Cali de la Fiscalía General de la Nación, así como a definir si la organización sindical Asonal Judicial S. I. lo había promovido y si se daban las causales de ilegalidad argüidas en la demanda (PDF cuaderno Tribunal, video f.º 821, minuto 00:17). El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de fijar el litigio (PDF cuaderno Tribunal, video f.º 821, minuto 00:21:00) y alegó que en el marco de la actuación también era necesario analizar el contexto en el que se habían producido las manifestaciones de los trabajadores de la institución demandante, especialmente por el incumplimiento reiterado de varios acuerdos previos en materia de ajuste a la planta de personal. El Tribunal concedió el recurso de apelación en el efecto diferido. Enseguida, el Tribunal procedió al decreto y práctica de las pruebas y, en la continuación de la audiencia, el día 24

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Radicación n.° 97088 de noviembre de 2022, declaró el cierre del debate probatorio (PDF cuaderno Tribunal, video f.º 846, minuto 00:38:00). El apoderado judicial de Asonal Judicial S. I. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra esa decisión. Como sustento, expuso que al proceso no se habían traído las pruebas que obraban en poder de la Fiscalía y cuya incorporación se había solicitado

oportunamente dentro de la contestación de la demanda. El Tribunal no repuso su decisión, luego de considerar que contaba con suficientes elementos de juicio para emitir una sentencia de fondo, y concedió el recurso de apelación en el efecto diferido (PDF cuaderno Tribunal, video f.º 846, minuto 00:55:30). Acto seguido, el Tribunal emitió sentencia en la que declaró no probadas las excepciones previas y de fondo propuestas y decretó la ilegalidad del cese de actividades ejecutado por Asonal Judicial S. I., resolución que fue objeto de un nuevo recurso de apelación. Como ya fue mencionado, por razones de orden metodológico y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 323 del Código General del Proceso, la Corte estudiará, en primer término, los recursos de apelación interpuestos contra los autos emitidos por el Tribunal y que fueron concedidos en el efecto diferido, y luego de ello abordará el análisis del recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia.

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IV. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DISPUSO LA FIJACIÓN DEL LITIGIO Durante la fase de fijación del litigio, el Tribunal resolvió que su labor estaría concentrada en determinar si se había presentado o no un cese de actividades en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Cali, si la organización sindical Asonal Judicial S. I. lo había promovido y ejecutado y si estaban acreditadas las causales de ilegalidad señaladas en la demanda.

El apoderado de la organización sindical demandada interpuso recurso de apelación y señaló, con tales fines, que el debate también debería estar encaminado a clarificar el contexto en el que se habían producido las manifestaciones de los trabajadores de la Fiscalía y, específicamente, a dilucidar si dicha entidad había incumplido una serie de acuerdos en materia de ajuste de la planta de personal.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Esta Corporación ha determinado en repetidas oportunidades que, en el proceso especial de calificación de cese de actividades reglado en la Ley 1210 de 2008, la procedencia del recurso de apelación también está gobernada por el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (Ver CSJ SL5620-2018, CSJ AL5527-2019 y CSJ AL1986-2021, entre otras).

La referida disposición establece textualmente:

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Radicación n.° 97088 Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada.

2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros.

3. El que decida sobre excepciones previas.

4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba.

5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida.

6. El que decida sobre nulidades procesales.

7. El que decida sobre medidas cautelares.

8. El que decida sobre el mandamiento de pago.

9. El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo.

10. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo.

11. El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho.

12. Los demás que señale la ley.

Como puede advertirse fácilmente, el auto que dispone la fijación del litigio no está contemplado dentro de las decisiones susceptibles de apelación, de manera que el recurso interpuesto por Asonal Judicial S. I. no resulta procedente. Por lo tanto, sin que sean necesarias más consideraciones, se procederá al rechazo de este recurso de apelación.

VI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE DISPUSO EL CIERRE DEL DEBATE PROBATORIO El apoderado de la organización sindical demandada interpuso recurso de apelación contra el auto que dispuso el cierre del debate probatorio, pues, en su sentir, estaban pendientes de practicar varias pruebas que resultaban

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Radicación n.° 97088 fundamentales para el esclarecimiento de los hechos materia de litigio. El Tribunal, a su turno, estimó que las pruebas recaudadas en el trámite de la primera instancia eran suficientes para emitir una decisión de fondo, de forma tal que no era procedente la petición del sindicato.

VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE En estricto sentido, el auto que dispone el cierre del debate probatorio tampoco está enlistado dentro de las decisiones susceptibles de recurso de apelación, de acuerdo con el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la

Seguridad Social. Sin embargo, en la medida en que con esta

determinación el Tribunal aparentemente negó la práctica de una prueba que estaba pendiente, esto es, los documentos que obraban en poder de la Fiscalía y cuya incorporación al proceso se había solicitado dentro de la contestación de la demanda, la Corte se pronunciará de fondo. En aras de resolver, la Corte advierte que, en la contestación de la demanda, el apoderado de Asonal Judicial

S. I. pidió efectivamente que se decretaran como pruebas algunos documentos que reposaban en poder de la Fiscalía y que debían anexarse al expediente.

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Radicación n.° 97088 Tales documentos eran los siguientes: estudio de la ARL sobre resultado de las baterías de riesgo psicosocial de los años 2015 a 2021, en la ciudad de Cali; actas de seguimiento de acuerdo suscrito en el año 2017, capítulo VIII, sobre estudios de planta de personal y ampliación; lista de funcionarios nombrados en la Seccional de Cali durante los años 2017 a 2022; lista de trabajadores de la justicia en la ciudad de Cali, con nombramiento y posesión; estadísticas de los años 2015 a 2022, no solo de la Seccional Cali sino de todo el país, especificando actividades, órdenes de trabajo, Policía Judicial y cumplimiento de metas; estadística del sistema SIG; y directrices emitidas por la entidad sobre priorización de casos en las diferentes seccionales. A su turno, en el respectivo momento procesal, el Tribunal decretó como pruebas las documentales aportadas por las partes en la demanda y su contestación, así como la declaración o interrogatorio de José Freddy Restrepo y dos

testimonios más de la organización sindical. Señaló, enseguida, que tales elementos de juicio eran suficientes para emitir una decisión de fondo, de manera que no resultaban procedentes las demás pruebas pedidas, entre ellas las solicitadas por la Fiscalía en el momento de dar respuesta a las excepciones previas (PDF cuaderno Tribunal, video f.º 821, minuto 00:43:00). En los términos descritos, las pruebas pedidas por el apoderado de la organización sindical que denominó como documentos en poder de la Fiscalía y cuya aportación suplicó

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Radicación n.° 97088 oportunamente no fueron decretadas por el Tribunal y contra tal medida no se presentó recurso alguno. Por lo mismo, no era procedente llevar a cabo la práctica de una prueba que no había sido decretada y, al disponerse el cierre del debate probatorio, no se desconoció algún elemento de juicio que hiciera parte válidamente de la actuación o que estuviera pendiente. Ahora bien, en gracia de discusión, para la Corte el Tribunal, en su calidad de director del proceso, bien podía determinar racionalmente que contaba con suficientes elementos de juicio para resolver de fondo el asunto, de acuerdo con los estrictos términos en los que había fijado previamente el litigio, esto es, orientado a determinar la existencia del cese de actividades, la participación del sindicato y la acreditación de las causales de ilegalidad. Y lo anterior cobra mayor sentido si se tiene en cuenta que las pruebas relativas a estudios de ARL, estadísticas,

listados de funcionarios, etc., en las que recaba la organización Asonal Judicial S. I., no mostraban alguna relación de pertinencia con el esclarecimiento de los hechos materia de debate, y sí se enfocan en otros supuestos ajenos al debate probatorio. Resta decir que los jueces cuentan con el poder instructivo para limitar plausiblemente el número de pruebas o determinar que ya son suficientes (CSJ SL3046-2019), así como para rechazar las que son inconducentes o

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Radicación n.° 97088 superfluas (artículo 53 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social). En tal sentido, se confirmará la decisión apelada, que dispuso el cierre del debate probatorio.

VIII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA DECISIÓN

DE DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES PREVIAS En este punto, la Corte considera importante advertir que el Tribunal profirió sentencia en la audiencia del 24 de noviembre de 2022 (PDF cuaderno Tribunal, video f.º 846, minuto 2:29:00), y, en ese mismo momento, de manera conjunta e indistinta, declaró no probadas las excepciones previas propuestas por la demandada. Del mismo modo, el recurso de apelación interpuesto por la organización sindical abarcó la decisión del Tribunal respecto de estas excepciones, de manera que estos tópicos hacen parte de las materias respecto de las cuales se debe ocupar la Corte, en virtud de lo previsto en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Ahora bien, pese al método seguido en la primera instancia, por cuestiones de orden lógico, la Corte estima necesario referirse de manera preliminar frente a estos puntos, en la medida en que, por tratarse de excepciones previas, de llegar a ser demostradas, impedirían la emisión y revisión de la sentencia de fondo.

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IX. CONSIDERACIONES DE LA CORTE De acuerdo con lo instituido en los artículos 100 y siguientes del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral en virtud de lo previsto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las excepciones previas constituyen herramientas al alcance del demandado, útiles para cuestionar la validez formal del trámite y salvaguardar los presupuestos procesales, de manera que, luego de enunciadas, el juez pueda adoptar algún remedio oportunamente o disponer la terminación definitiva del proceso, ante la presencia de vicios insubsanables.

Por ello, a partir de estos instrumentos, el demandado debe ponerle de presente al juez la existencia de anomalías que impiden de manera real y efectiva la continuación del proceso hasta su resolución, y que deben conducir a la adopción de algún remedio procesal o a su terminación definitiva. Por contraste, en esta etapa no es posible exponer argumentos que, por su naturaleza, deban discutirse en el marco de la sentencia de fondo, por ir dirigidos a controvertir de manera sustancial las pretensiones disputadas. Con las anteriores presiones, en torno a las excepciones planteadas por la parte demandada y negadas por el

Tribunal, la Corte encuentra lo siguiente:

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Radicación n.° 97088 - Inepta demanda En esencia, para la organización sindical la demanda introductoria no tenía la idoneidad necesaria para dar inicio al proceso, pues no contaba con todos los presupuestos establecidos en el artículo 4 de la Ley 1210 de 2008, específicamente porque no estaba acompañada de actas de constatación válidamente levantadas por un inspector de trabajo. En su sentir, a pesar de que la demandante anexó copia de algunas actas, tales documentos no cumplen con los requisitos constitucionales y legales propios de su naturaleza, pues, entre otras cosas: no contaron con una citación previa del sindicato, para que participara y ejerciera su derecho al debido proceso; no aparecen firmadas por sus delegados; no satisfacen los presupuestos reglados en la Circular 019 de 1991 del Ministerio de Trabajo; y no constataron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se dio el presunto cese de actividades y la supuesta afectación del servicio. En torno a tales puntos, para la Corte le asistió plena razón al Tribunal al declarar no probada esta excepción previa. En efecto, esta Corporación ha establecido de manera sólida en su jurisprudencia que las actas de constatación que levantan los inspectores de trabajo no representan pruebas solemnes ni constituyen alguna especie de requisito de

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Radicación n.° 97088 procedibilidad para presentar la demanda tendiente a lograr la calificación de ilegalidad de un cese, de forma tal que

incluso sin su exhibición es posible el adelantamiento del respectivo trámite. Esta Sala ha advertido al respecto que la demanda introductoria sí tiene que cumplir con una serie de formalidades que, en los términos del artículo 4 de la Ley 1210 de 2008, se resumen en que debe ser interpuesta por la persona legitimada para ello, cumplir los requisitos previstos en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, identificar «[…] la causal invocada, la justificación y una relación pormenorizada de las pruebas que la demuestren, las cuales no podrán ser aportadas en otra oportunidad procesal […]», y, entre otras, adjuntar actas de constatación levantadas por un inspector de trabajo. Sin embargo, la Corte también ha tenido en cuenta que la verificación de la ocurrencia de un cese de actividades es una de las labores primordiales y propias del juez del trabajo, pues ese presupuesto es necesario para proceder a la calificación de su legalidad (Ver CSJ SL20094-2017, CSJ SL30462019, CSJ SL4332-2019, CSJ SL2768-2021). Por lo mismo, esta Corporación ha considerado que es en el curso del proceso especial que se puede constatar la existencia del cese de actividades, con todas sus dimensiones, y que, para tal fin, siguen primando los principios de libertad probatoria y de libre formación del convencimiento, de manera que las actas de constatación,

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Radicación n.° 97088 pese a su considerable importancia, no representan la prueba única o solemne, sino que deben ser juzgadas en conjunto con los demás elementos de juicio (Ver CSJ SL30462019, CSJ SL4332-2019, CSJ SL5173-2020). Ante esa evidencia, en determinados casos es perfectamente posible adelantar el proceso especial de calificación sin el concurso de esas actas, o con algunas de ellas que estén cuestionadas en su validez, pues será el juez del trabajo el que, en últimas, con fundamento en todos los elementos de prueba válidamente aportados, profiera una decisión de fondo. En la sentencia CSJ SL3046-2019, reiterada en CSJ SL3269-2021, al resolver una excepción previa de inepta demanda por las mismas razones aquí analizadas, la Corte explicó: […] en el interior de este tipo especial de procesos, las tareas de los tribunales, en primera instancia, y de esta corporación, en segunda, están enfocadas en verificar la ocurrencia efectiva de un cese de actividades, así como la participación de la respectiva organización sindical o trabajadores demandados, para, solo luego de ello, revisar la ocurrencia de las causales de ilegalidad que se aduzcan en el respectivo trámite (Ver las sentencias CSJ SL9517-2015, CSJ SL18956-2017, CSJ SL20094-2017, CSJ SL223-20108, CSJ SL1846-2018 y CSJ SL2541-2018, entre muchas otras). En igual sentido, la Corte ha sostenido con insistencia que en el desarrollo de esas labores de verificación y calificación del cese de actividades tiene plena aplicación el