CSJ - SL35565(07-02-12)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

Magistrado Ponente Radicación N° 35565 Acta N° 03 Bogotá D. C., siete (07) de febrero de dos mil doce (2012). Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por ambas partes, contra la sentencia proferida en descongestión el 10 de octubre de 2007, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso seguido por DOMINGO ANTONIO BUITRAGO ÁVILA

Y OTROS contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS

FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.

I. ANTECEDENTES

Los accionantes DOMINGO ANTONIO BUITRAGO ÁVILA, JOSÉ MANUEL ÁVILA ROJAS, JOSÉ PARMENIO CARVAJAL LEAL y TITO ENRIQUE PIEDRAHITA VARGAS, demandaron en proceso laboral al FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, para que se les reconociera y pagara las pensiones causadas a su favor, así: República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 a.- DOMINGO ANTONIO BUITRAGO ÁVILA y JOSÉ MANUEL ÁVILA ROJAS, una pensión de jubilación proporcional consagrada en los Decretos 895 y 1651 de 1991, para el primero a partir del 17 de noviembre de 1991 y al segundo desde el 16 de octubre de 1991, o cuando cumplan los 45

años de edad, más los reajustes de ley. En subsidio, el pago de la pensión sanción vitalicia con 50 años de edad, conforme al artículo 8 de la Ley 171 de 1961, en concordancia con el artículo 79 del Decreto 1848 de 1969. b.- JOSÉ PARMENIO CARVAJAL LEAL, una pensión sanción vitalicia con observancia de lo preceptuado en la convención colectiva de trabajo, desde el 16 de febrero de 1979, junto con los reajustes de ley. En subsidio la pensión sanción vitalicia de origen legal con efectividad a partir del 26 de febrero de 1990. c.- TITO ENRIQUE PIEDRAHITA, una pensión de jubilación vitalicia a partir del 23 de septiembre de 1988 o en subsidio desde el 10 de febrero de 1997, de acuerdo con la convención colectiva de 1971 y 1976, más el reajuste de ley. En todos los casos se pretende la cancelación de los respectivos intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, con efectividad al 1° de enero de 1994, o en su defecto la indexación de las mesadas pensionales adeudadas; y las costas del proceso. Como fundamento de las anteriores pretensiones, argumentaron en resumen, que su vinculación laboral con la extinta empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, lo fue en calidad de trabajadores oficiales, con una 2 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 vigencia para Domingo Buitrago Ávila del 1° de febrero de 1978 hasta el 16 de noviembre de 1991, José Manuel Ávila Rojas del 6 de octubre de 1980 al

15 de octubre de 1991, José Parmenio Carvajal Leal entre el 18 de junio de 1962 y el 14 de abril de 1992, y Tito Enrique Piedrahita Vargas del 13 de julio de 1970 hasta el 22 de septiembre de 1988; que los tres primeros fueron despedidos con más de diez (10) años de servicios sin mediar justa causa para ello; Ávila Rojas y Buitrago Ávila por supresión del cargo y, Carvajal Leal al configurarse un despido indirecto por omisión en la aplicación del reglamento interno de trabajo, mientras que el retiro del trabajador Piedrahita Vargas obedeció a su renuncia luego de diecisiete (17) años de servicio; que los cargos desempeñados eran para Buitrago Ávila el de ayudante de maquinaria pesada devengando la suma de $211.313,31, Ávila Rojas el de celador con una asignación de $200.664,68, Carvajal Leal el de secretario almacenista y Piedrahita Vargas el de maquinista diesel II, respecto de éstos últimos con un salario que se demostrara en el curso del proceso; que fueron afiliados a la organización sindical y por consiguiente son beneficiarios de la convención colectiva de trabajo. Continuaron diciendo que prestaron servicio militar, tiempo que resulta computable para efectos de la pensión, según lo establecido en el artículo 26 de la convención colectiva de 1976, en concordancia con el artículo 101 del Decreto 1950 de 1973 y la Ley 48 de 1993. Además en el caso particular de José Manuel Ávila Rojas, antes de ingresar a los Ferrocarriles Nacionales de

Colombia laboró en la Policia Nacional por espacio de 4 años, 11 meses y 27 días, lo cual permite acumular un tiempo de servicios mayor y completar requisitos para ser merecedores de las pensiones reclamadas. 3 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 Agregaron que elevaron reclamos administrativos sin lograr resultados positivos, quedando agotada la vía gubernativa; que en virtud de lo regulado en la Ley 21 de 1988 y los Decretos 1586 y 1590 de 1989, el ente encargado de asumir el pasivo pensional es el demandado, Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia; y que por la mora en el reconocimiento de los derechos pensionales implorados, hay lugar al pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio al reconocimiento de la indexación de las mesadas pensionales adeudadas.

II. RESPUESTA A LA DEMANDA La convocada al proceso dio contestación a la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las peticiones por considerar que carecen de fundamento legal; en cuanto a los supuestos fácticos que soportan las pretensiones, aceptó únicamente que el demandante Tito Enrique Piedrahita Vargas se desvinculó por renuncia, y frente a los demás dijo que unos no eran hechos sino apreciaciones jurídicas de la parte actora, que otros no le constaban o debían probarse y que los restantes no eran ciertos. Propuso como excepciones las que denominó prescripción, inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, pago, buena fe de la accionada, mala fe

de los actores y compensación. Adujo en su defensa que “No se puede acumular el tiempo de servicio militar con el tiempo trabajado en la entidad demandada para efectos de pensión, por haber sido prestado el servicio militar antes de ingresar a la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia”; que las pretensiones se encuentran 4 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 prescritas por haber transcurrido más de tres años contados desde el momento de la exigibilidad de los derechos demandados; y que no existe obligación pendiente alguna para con los demandantes. En el transcurso del proceso el accionante TITO ENRIQUE PIEDRAHITA VARGAS, manifestó que prescindía de la presente demandada que instauró contra el Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia (folio 204 del cuaderno principal).

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., puso fin a la primera instancia mediante sentencia calendada 29 de agosto de 2003, en la que condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar a los siguientes demandantes los derechos pensionales que a continuación se detallan: “Al señor JOSÉ MANUEL ÁVILA ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.227.979 de Saboya, pensión de jubilación proporcional, con efectividad a partir del 19 de octubre de 2017. Esta pensión no podrá ser inferior al salario mínimo y el trabajador gozará de todos los beneficios determinados por la ley para pensionados. Al señor DOMINGO ANTONIO BUITRAGO ÁVILA, identificado con la

cédula de ciudadanía No. 11.426.202 de Facatativa, pensión mensual a partir del 16 de noviembre de 1991 en cuantía igual al salario mínimo legal vigente para la época y con todos los derechos que contempla la ley general para los beneficiarios de la pensión, más los intereses moratorios a que se refiere el Art. 141 de la Ley 100 de 1993. 5 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 Al señor JOSÉ PARMENIO CARVAJAL LEAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.542.670 de Bucaramanga, una pensión de jubilación igual al salario mínimo legal y con todos los derechos que contempla la ley general para los beneficiarios de la pensión a partir del 3 de septiembre de 1993, más los intereses moratorios a que se refiere el Art. 141 de la Ley 100 de 1993”. Y absolvió a la demandada de las restantes súplicas incoadas; declaró parcialmente probada la excepción de prescripción en relación al derecho del demandante José Parmenio Carvajal Leal; e impuso las costas a la parte vencida. El a quo para arribar a la anterior decisión, comenzó por aceptar el desistimiento de la demanda que hizo el actor TITO ENRIQUE PIEDRAHITA VARGAS con el escrito visible a folio 204, contrayendo el estudio exclusivamente a los restantes demandantes. Luego de verificar los extremos de la relación laboral respecto de los demás accionantes y sumar los dos (2) años de servicio militar por permitirlo en su criterio el parágrafo del artículo 26 de la Convención Colectiva de

Trabajo (folio 135), se refirió al cumplimiento de los requisitos para cada caso, estableciendo que: a) JOSÉ MANUEL ÁVILA ROJAS, tiene derecho a la pensión sanción consagrada por los artículos 8° de la Ley 171 de 1961 y 74 del Decreto 1848 de 1969, a partir del cumplimiento de los 60 años de edad que lo será el 19 de octubre de 2017, por haber laborado más de 10 años y ser su despido injusto; b) DOMINGO ANTONIO BUITRAGO ÁVILA, la pensión para trabajadores ferroviarios que prevé el artículo 7° del Decreto 895 de 1991 modificado por el artículo 3 del Decreto 1651 de 6 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 igual año, por razón de la liquidación de la empresa, desde la fecha de su desvinculación que se produjo el 16 de noviembre de 1991; y c) JOSÉ PARMENIO CARVAJAL LEAL, la pensión vitalicia de jubilación convencional a los 50 años de edad conforme al acuerdo colectivo de 1963, por haber sido despido sin justa causa después de 15 años de servicio, esto es, a partir del 26 de febrero de 1990. Impuso el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en relación a las pensiones de Domingo Buitrago Ávila y José Parmenio Carvajal Leal. En cuanto a la prescripción, consideró que el accionante Buitrago Ávila había interrumpido la prescripción con la documental de folio 17, y que en cambio frente al actor Carvajal Leal operó

dicho fenómeno jurídico y por consiguiente prosperaba parcialmente esta excepción respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 3 de septiembre de 1993.

IV. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al desatar el recurso de apelación interpuesto por las partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en descongestión dictó la sentencia fechada 10 de octubre de 2007, mediante la cual modificó el ordinal 1° de la parte resolutiva de la decisión de primer grado, en el siguiente sentido: “i. Reconocer y ordenar pagar al demandado y a favor de JOSÉ MANUEL ÁVILA ROJAS pensión de jubilación proporcional con efectividad a partir de 19 de octubre de 2002 en cuantía de

7 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 $309.000.00, más los intereses moratorios causados que refiere el Art. 141 de la Ley 100 de 1993, según razones consignadas en la motivación”. ii. Reconocer y ordenar pagar al demandado y a favor de DOMINGO ANTONIO BUITRAGO ÁVILA pensión de jubilación proporcional con efectividad a partir de 15 de julio de 1999 en cuantía de $236.460.00, más los intereses moratorios causados que refiere el Art. 141 de la Ley 100 de 1993, según razones consignadas en la motivación. iii. Reconocer y ordenar pagar al demandado y a favor de JOSÉ PARMENIO CARVAJAL LEAL pensión sanción con efectividad a partir de 1° de julio de 1996 en cuantía de $142.125.00, más los

intereses moratorios causados que refiere el Art. 141 de la Ley 100 de 1993, según razones consignadas en la motivación”. Y se abstuvo de condenar en costas de la alzada. El ad quem como primera medida advirtió que no era objeto de debate, la existencia del vínculo contractual laboral de los tres demandantes a los cuales quedó contraída la contienda, ni sus extremos temporales, y por consiguiente estableció los siguientes supuestos fácticos: “(…) que Domingo Buitrago Ávila ingresó a la empresa demandada a laborar el 1° de febrero de 1978 y que su retiro se produjo el 16 de noviembre de 1991 por <supresión del cargo con derecho a retiro>, cuyo ultimo cargo que ocupó fue de ayudante de maquinaria devengando salario mensual de $196.578,86. En el caso de José Manuel Ávila Rojas se tiene que ingresó el 6 de octubre de 1980 y se desvinculó el 16 de octubre de 1991 por <supresión del cargo con derecho a retiro>, estando desempañándose como celador con salario mensual de $200.664,63, y respecto de José Parmenio Carvajal Leal se tiene que ingresó a Ferrocarriles Nacionales el 18 de junio de 1962 y permaneció hasta el 14 de febrero de 1979 y su retiro se debió a <cancelación unilateral del contrato de trabajo>, siendo su ultimo empleo el de celador secretario almacenista con salario mensual de $9.141 .73. Conclusiones que comparten las partes, y que son el reflejo del análisis de los documentos que obran a folios 56 a 59, 62, 78, 81, 83 y 95 Cdno ppal, proveniente de los

archivos de Ferrocarriles Nacionales que da cuenta el oficio AG-02-0034/2001 8 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 de 20 de febrero de 2001 que se incorpora como prueba en respuesta a la comunicación que en ese sentido elevara el A-quo”. Del mismo modo, adujo que las partes no mostraron inconformidad en relación a la “existencia de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, inicialmente por el término de 24 meses contados a partir de 1° de enero de 1976, que obra entre folios 115 a 167 Cdno anexo 2, con sus acuerdos aclaratorios y complementarios y constancias de deposito ante la autoridad del trabajo, que junto con las hojas de vida de los demandantes son incorporadas al expediente en la continuación de la cuarta audiencia de trámite de 30 de noviembre de 2000 (folio 53 Cdno ppal), observándose además que los demandantes arriba referidos eran miembros activos de la Asociación Sindical – Sinatrafer de esa empresa al cual pagaban cuotas de asociación y, por ende, beneficiarios de tal acuerdo”. Sobre el texto convencional en que se apoyan las pretensiones y que tiene que ver con el cómputo del servicio militar para efectos pensionales, esto es el parágrafo del punto VIII del artículo 26 “INTEGRACION” que estableció: “Igualmente se computará el tiempo durante el cual el trabajador se haya encontrado prestando servicio militar obligatorio” (folio 135 Cdo. Anexo 2), la Colegiatura razonó diciendo: “… es muy claro que para los efectos de reconocimiento de pensión de jubilación de la empleadora a sus empleados beneficiarios de la

convención, que el tiempo en que éstos permanecieron prestando el servicio militar obligatorio cuenta para computar la liquidación de la pensión no importando si ese servicio militar obligatorio fue prestado antes de la vinculación contractual del empleado a la empresa, durante la ejecución del contrato de trabajo o con posterioridad a terminarse la relación laboral, porque precisamente el Acuerdo convencional de la manera como está redactado no permite considerar otras hipótesis”. 9 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 En cuanto a los presupuestos del Decreto 895 de 1991, que introdujo modificaciones al régimen de pensiones e indemnizaciones en Ferrocarriles Nacionales de Colombia en liquidación, el Juez de alzada señaló que frente a la supresión de cargos de trabajadores oficiales, en su artículo 7° dispuso que quienes tuvieran quince (15) o más años de servicio a dicha empresa, tendría derecho sin consideración a la edad, a una pensión de jubilación proporcional correspondiente al tiempo servido que allí se relaciona. Tal norma fue modificada por el artículo 3° del Decreto 1651 de 1991 cuyo tenor literal se reprodujo y es el siguiente: “La pensión de jubilación proporcional de que trata el artículo 7° del Decreto extraordinario 895 de 1991, quedará así: a) Quince (15) años de servicio, cincuenta y seis por ciento (56%) del salario promedio. b) Dieciséis (16) años de servicio, cincuenta y ocho por ciento (58%) del salario promedio. c) Diecisiete (17) años de servicio, sesenta por ciento (60%) del salario promedio. d) Dieciocho (18) años de servicio, sesenta y dos por ciento (62%) del salario

promedio. e) Diecinueve (19) años de servicio, sesenta y cuatro por ciento (64%) del salario promedio. f) Veinte (20) años de servicio, sesenta y seis por ciento (66%) del salario promedio. g) Veintiún (21) años de servicio, sesenta y ocho por ciento (68%) del salario promedio. h) Veintidós (22) años de servicio, setenta por ciento (70%) del salario promedio. 10 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 i) Veintitrés (23) años de servicio, setenta y dos por ciento (72%) del salario promedio. j) Veinticuatro (24) años de servicio, setenta y cuatro por ciento (74%) del salario promedio. k) A partir de veinticinco (25) años de servicio, setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio. El empleado que se pensione acogiéndose a este régimen tendrá derecho a la pensión de jubilación ordinaria del setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio devengado en los últimos seis (6) meses de servicio, con los reajustes anuales pertinentes al cumplir cincuenta (50) años de edad los hombres y las mujeres. PARÁGRAFO. Igualmente tendrán derecho a las pensiones establecidas en el presente articulo, los empleados oficiales que hubieren prestado quince (15) años o más de servicios continuos o discontinuos en el sector oficial, diez de los cuales por lo menos en la Empresa, proyectados hasta el 17 de julio 1992, y que tengan una edad superior a cuarenta y cinco (45) años”. Luego se refirió a lo estipulado por los artículos 8° de la Ley 171 de

1961 y 79 del Decreto 1848 de 1969, e infirió que la pensión sanción que contempla esa normativa puede ser aplicable, salvo en los casos en que se cumplan los presupuestos para acceder a la pensión de jubilación proporcional en los términos del artículo 3° del Decreto 1651 de 1991, por tener prelación esa última disposición especial relativa a la supresión de cargos. A reglón seguido, el Tribunal descendió a cada caso en particular y sostuvo que JOSÉ MANUEL ÁVILA ROJAS, laboró 10 años, 11 meses y 16 días y cuenta con los dos (2) años de servicio militar obligatorio, lo que arroja un total de 12 años, 11 meses y 16 días, que resulta insuficiente para satisfacer los requisititos del artículo 7° del Decreto 895 de 1991 modificado 11 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 por el 3° del Decreto 1651 del mismo año, pero por ser su despido “injusto” podría tener derecho a la pensión sanción consagrada en el artículo 8° de la Ley 171 de 1961 en armonía con el 79 del Decreto 1848 de 1969, a partir del 19 de octubre de 2017. Agregó que sin embargo, al tomar como punto de partida el lapso laborado por éste para los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, de 10 años 11 meses y 16 días, y sumarle lo trabajado en la Policía Nacional que corresponde a 4 años, 11 meses y 27 días, completa al servicio del sector oficial 15 años, 11 meses y 13 días, quedando de esta manera cumplida la

exigencia del tiempo servido para acceder a la pensión de jubilación proporcional de que trata el artículo 3° del Decreto 1651 de 1991 para eventos de supresión de cargos como aquí ocurre, desde el 19 de octubre de 2002 que cumplió 45 años de edad, siendo en consecuencia esa prestación equivalente al 56% del salario promedio, que al no superar el mínimo legal, su cuantía inicial será de $309.000,oo, que no se indexará porque “el salario mínimo mensual legal ya contiene el factor inflacionario”, aun cuando si se concederán los intereses moratorios que regula el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 con apoyo en la sentencia del 15 de agosto de 2006 radicado 27540. Pasando al caso del demandante DOMINGO ANTONIO BUITRAGO ÁVILA, quien laboró 13 años, 9 meses y 13 días y fue retirado de la empresa también por supresión del cargo, al computarse conforme a lo establecido en la norma convencional los dos (2) años de servicio militar, prestados entre los años 1972 y 1974, se tiene que alcanza un total de 15 años, 9 meses y 13 días, es decir más de diez (10) años al servicio de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, teniendo derecho a la pensión de jubilación 12 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 proporcional consagrada en el artículo 3° del Decreto 1651 de 1991, a partir de cuando cumpla 45 años de edad, es decir, el 15 de julio de 1999, en un quantum de 56% del salario promedio, que al resultar inferior al mínimo legal

su cuantía ascenderá a una mesada inicial de $236.460,oo, que si bien no se indexará se reconocerá el interés moratorio por las sumas adeudadas. Y finalmente en lo que tiene que ver con el otro accionante JOSÉ PARMENIO CARVAJAL LEAL, que prestó servicios para los Ferrocarriles Nacionales de Colombia por espacio de 16 años, 6 meses y 19 días, y fue desvinculado por “abandono del cargo” según boletín de personal No. 483 obrante a folio 81 del cuaderno anexo 2, el Juez de apelaciones encontró que la demandada no logró demostrar la causal de despido, en la medida que los documentos del mencionado cuaderno no prueban el motivo alegado por la empleadora y no se allegó el reglamento de trabajo, a más que “la sola ausencia física del trabajador no constituye justa causa de despido porque por sí sola no opera de manera automática y necesaria”, configurándose una terminación del contrato sin justa causa. En estas circunstancias se reúnen los presupuestos para el reconocimiento de la pensión sanción que consagra el inciso 2° del artículo 8 de la Ley 171 de 1961, en armonía con el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, a partir del cumplimiento de los 50 años de edad, el 26 de febrero de 1990. Añadió que en este caso, las mesadas pensionales causadas con antelación al 1° de julio de 1996 están prescritas. Y respecto de la cuantía de la prestación por ser inferior al salario mínimo legal, para el año 1996 será de $142.125,oo, debiéndose ordenar el pago de los intereses

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 13 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565

V. RECURSOS DE CASACIÓN Inconformes, las partes interpusieron a través de sus apoderados el recurso de casación, que fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Por razones de método se estudiará primero el de la entidad demandada.

VI. RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA Pretende la entidad demandada que la Corte CASE PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal, para que en sede de instancia se confirme el inciso 1° del fallo de primer grado, respecto de la pensión del demandante JOSÉ MANUEL ÁVILA ROJAS, se modifique la condena impuesta a favor del actor DOMINGO ANTONIO BUITRAGO ÁVILA, a fin de que la pensión lo sea a partir del “15 de octubre de 2004”, revocando la condena por intereses moratorios, y en el caso del accionante JOSÉ PARMENIO CARVAJAL LEAL se mantenga la fecha de disfrute de la pensión, pero se revoque los intereses moratorios que se ordenaron.

Para tal fin invocó la causal primera de casación laboral y formuló cuatro cargos que merecieron réplica, que se despacharan conjuntamente en el siguiente orden: el tercero con el cuarto y el primero con el segundo; por razón de que en la forma como quedaron agrupados persiguen idéntico fin y la solución a impartir es igual para ambos.

VII. TERCERO Y CUARTO CARGOS

14 República de Colombia Corte Suprema de Justicia

EXP. 35565 Atacó la sentencia de segundo grado de violar la ley sustancial por la senda directa, en las modalidades de interpretación errónea (tercer cargo) y aplicación indebida (cuarto cargo), respecto del “artículo 3, parágrafo, del Decreto 1651 de 1991, modificatorio del artículo 7 del Decreto 895 de 1991, en relación con los artículos 10 y 12 de este mismo estatuto y del artículo 40 literal a) de la Ley 48 de 1993”. Para la sustentación de los cargos, el recurrente pone de presente que no discute los supuestos de hecho que dio por probado el Tribunal, sino que discrepa de la consideración de que la edad de los accionantes JOSÉ MANUEL ÁVILA ROJAS y DOMINGO ANTONIO BUITRAGO ÁVILA, podía cumplirse en cualquier tiempo, cuando las normas denunciadas artículos 7 del Decreto 895 de 1991 y 3 del Decreto 1651 de igual año, que consagran el régimen de pensiones de los trabajadores ferroviarios, con claridad señalan que el requisito de la edad de los 45 o 50 años debe cumplirla el trabajador al tiempo en que se liquide la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia o encontrándose vigente la relación laboral al momento del despido. Adicionalmente transcribe en extenso lo sostenido sobre el tema por la Corte en sentencia con radicado 15281, sin especificar la fecha de tal pronunciamiento.

VIII. REPLICA Por su parte la réplica manifestó que el alcance de la impugnación es confuso o contradictorio, y por tanto se presta a varias interpretaciones. En lo

que tiene que ver con el fondo de los cargos, manifestó que el ataque no 15 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 puede tener éxito, si se tiene en cuenta que para conceder las pensiones a los demandantes JOSÉ MANUEL ÁVILA ROJAS y DOMINGO ANTONIO BUITRAGO ÁVILA, el Tribunal se basó fundamentalmente en la especialidad de las normas que consagran la pensión de jubilación proporcional, y como esta inferencia no se está cuestionando por el recurrente, la decisión se debe mantener por gozar de presunción de acierto y legalidad, además que en el cuarto cargo se alude en la sustentación a la interpretación errónea, cuando la proposición jurídica se refiere a la aplicación indebida. Agregó que de todos modos el entendimiento que le imprimió la Colegiatura es correcto, por cuanto el parágrafo del artículo 3° del Decreto 1651 de 1991, modificado por el artículo 7° del Decreto 895 del mismo año, sí señala un limitante temporal “pero respecto al tiempo de servicios o la antigüedad en la empresa, no en cuanto a la edad se refiere, pues ésta, perfectamente puede ser satisfecha con posterioridad al 17 de julio de 1992”, y por consiguiente el requisito o condición que genera el citado derecho es el tiempo de servicios, ya que la edad sería el punto de referencia pero para su exigibilidad o el disfrute de la pensión.

IX. SE CONSIDERA Primeramente es de anotar, que no son de recibo los reproches técnicos que la parte opositora le enrostra a la demanda de casación, toda vez que si bien es cierto la formulación del alcance de la impugnación no

resulta lo suficientemente clara, mirándola en su contexto es dable entender, en relación a los dos demandantes a que se refiere el tercer y cuarto cargo, que lo que busca la censura no es cosa distinta a que en el caso de JOSÉ 16 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 MANUEL ÁVILA ROJAS se case parcialmente la sentencia impugnada, para que en sede de instancia se confirme íntegramente los términos en que el Juez de primer grado le concedió a éste el derecho pensional, y respecto a DOMINGO ANTONIO BUITRAGO ÁVILA se quiebre de manera parcial, para que actuando la Corte como Tribunal de instancia le conceda una pensión sanción, a partir del 15 de octubre de 2004, sin intereses moratorios. Del mismo modo, en lo que atañe a la modalidad de violación, aún cuando le asiste razón a la réplica de que el recurrente en uno de los apartes de la sustentación del cuarto cargo, alude a la interpretación errónea, habiendo acusado la aplicación indebida, por virtud de que en el tercer ataque que contiene idéntica argumentación se empleó el submotivo correcto, es pertinente abordar el estudio de esta acusación encauzada por la vía directa. Superado el anterior escollo y visto el desarrollo de los cargos, el censor persigue que se determine jurídicamente que el entendimiento dado por el Tribunal a las normas acusadas se opone a la doctrina jurisprudencial, en la medida que el requisito de la edad para acceder a la pensión prevista en el parágrafo del artículo 3° del Decreto 1651 de 1991 modificatorio del artículo

7° del Decreto 895 del mismo año, debe cumplirla el trabajador en vigencia de la relación laboral o antes de la liquidación de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Como primera medida es menester aclarar, que la censura no está desconociendo la especialidad de las normas que contienen la <Pensión de Jubilación Proporcional> que ordenó el Tribunal a favor de los dos demandantes en cuestión. Es así que recalca que dichas disposiciones corresponden al régimen de pensiones de los Ferrocarriles Nacionales de 17 República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 35565 Colombia. Tampoco hay discusión en sede de casación, sobre el motivo de desvinculación de los actores por supresión del cargo, y el cumplimiento del requisito del tiempo de servicios, equivalente a 15 años o más, de los cuales 10 fueron prestados en la citada empresa. Siendo el punto de divergencia de la entidad recurrente el requisito de la edad, esta Corporación en torno al sentido que entraña el discutido parágrafo con la modificación introducida por el artículo 3° del Decreto 1651 de 1991, que efectivamente reguló el régimen de pensiones para los trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, respecto de quienes se les suprimió el cargo por la liquidación de la empresa, y que en su parte pertinente reza: “Igualmente tendrán derecho a las pensiones establecidas en el presente artículo, los empleados oficiales que hubieren prestado quince (15) años o más de servicios continuos o discontinuos en el sector oficial, diez (10) de los cuales por lo menos en la Empresa, proyectados hasta el 17 de julio de 1992,

y que tengan una edad superior a cuarenta y cinco (45) años”, ha adoctrinado que tal exigencia de la edad debe estar cumplida como fecha limite hasta el 17 de julio de 1992. Este criterio que se mantiene invariable, está expuesto entre otras sentencias, en la que rememoró el censor calendada 22 de febrero de 2001 radicado 15281,