CSJ - SL4877-2018

RepúbdleCi oclao mbia ConSeu prdeeJm uas ticia SadleaC asaLcaibóonr al SadleaD esconNo.e2°s lión CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA MagistrPaodnae nte SL4877-2018 Radicancº.i6 ó1n2 04 Act4a0 Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL ATLÁNTICO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), en el proceso que le instauró TERESA MERCADO CASTAÑEDA.

l. ANTECEDENTES TERESA MERCADO CASTAÑEDA llamó a a la

JUICIO CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL ATLÁNTICO, con el fin de que se declarara que fue despedida sin justa causa y, como consecuencia, se ordenara el reintegro al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior categoría; al pago de los salarios, primas y demás SCLAJPT-10 V.DO Radicación n. º 61204 prestaciones dejadas de cancelar entre las fechas de desvinculación y de reintegro, junto con los aumentos que se causaran en dicho periodo, sin solución de continuidad; los intereses moratorias y la respectiva indexación, más las º costas (f. 1 O y 11, cuaderno principal).

Como petición subsidiaria, y en consecuencia del despido injusto, solicitó se le ordenara a la demandada, la cancelación de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir, en el evento de no quererla reintegrar a su cargo; la indemnización a que legalmente tiene derecho, suministro de uniformes y las costas procesales. Fundamentó sus peticiones, en que laboró en diferentes departamentos de la UNIVERSIDAD LIBRE, desde el 27 de abril de 1994 hasta el 12 de septiembre de 2005; que su último cargo fue el de secretaria de admisiones y registro; que mediante carta de despido, se dio por terminado su contrato de trabajo, para lo cual se adujo justa causa derivada de una investigación disciplinaria, de conformidad con el numeral º º 6 , artículo 7 del Decreto Ley 2351 de 1965, los numerales º º º º º º 1 , 2 y 5 del artículo 58 del CST y 1 , 2 y 5 del artículo 55 del reglamento interno de trabajo, por irregularidades en las notas de calificaciones de 1 O estudiantes, concretamente 35 cambios realizados a favor de ellos, a través del sistema, con el usuario y clave asignados a la actora. Argumentó, que del cotejo de los listados de estadísticas, de acceso al sistema y de notas modificadas, según relación presentada en el oficio de formulación de

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Radicación n. º 61204 cargos en su contra, le hicieron concluir que el sistema estaba defectuoso o fue manipulado, pues aparecieron 13 registros simultáneos en el mismo número de computadores,

así como registros efectuados el 5 de diciembre de 2003, día en que estaba de permiso; que en virtud del proceso disciplinario contra varios trabajadores, fue llamada a rendir declaración juramentada el 16 de febrero de 2005 al despacho del secretario secciona! y el jefe de personal de la universidad; que fue escuchada en versión libre y no admitió ni reconoció las irregularidades antes señaladas; que el contrato a término indefinido suscrito entre las partes, hacía indicar que todos los trabajadores que tenían acceso al sistema, debían ser investigados disciplinariamente, máxime que otras compañeras aparecieron en el registro de notas alteradas, sin que frente a ellas se tomara alguna determinación; que, sin embargo, desde febrero de 2004, su jefa inmediata, le quitó la opción de acceso. Manifestó, que el procedimiento disciplinario a aplicar era el contenido en el artículo 5º de la convención colectiva de trabajo; que a pesar de que existían algunos vacíos de tipo procedimental, podían ser suplidos por la ley laboral, el CPC, el Código Único Disciplinario y el CST; que fue precario el procedimiento aplicado por la entidad demandada; que se le violó el debido proceso, toda vez que el pliego de cargos no cumplió con los requisitos formales ni sustanciales, es decir, no fue motivado y no hubo valoración ni mención de las pruebas recaudadas en su contra (f.º 1 a 13, ibídem). Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se

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Radicanc.6iº1ó 2n0 4 opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, tuvo por cierto que la accionante laboró en distintos departamentos de la entidad, el último cargo desempeñado, los extremos y la terminación del vínculo por justas causas, de conformidad con las normas que se relacionan. En cuanto a lo demás, adujo no ser ciertos o no ser hechos. Propuso, como excepciones perentorias, las de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe yl as que fueran demostradas en el proceso (f.º 446 a 448, ibídem).

11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante fallo del 21 de mayo de 2010 (f.º 897 a 901, cuaderno principal), resolvió. 1) Condenar a la entidad educativa denominada UNIVERSIDAD LIBRE, a REINTEGRAR, a la demandante señora TERESA MERCADO CASTAÑEDA, al mismo cargo u otro de igual categoría y remuneración, con las mismas condiciones y beneficios del trabajo lo cual disfrutaba a la fecha del despido, y reconocerle a título de indemnización los salarios y demás prestaciones sociales causadas entre la fecha de despido y hasta cuando se le cumpla su reinstalación al empleo trabajo respectivo. o 2 El reintegro de que trata el punto anterior, deberá efectuarse a más tardar dentro de los quince (1 5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia. Se le considera sin solución de continuidad el contrato de trabajo celebrado entre las partes. 3 Autorizase a la demandada para deducir de los salarios y

demás prestaciones sociales causadas entre la fecha del despido y el reintegro, aquellas sumas canceladas por concepto de auxilio de cesantías cuyo monto quedó aquí señalado por la suma de $849.197.oo.

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Radicación n.º 61204 4 Declarnaor p robadlaass e xcepciopnreess entacdoanls a contestdaecl iadó enm andadeanr, a zóan l oe xpuesetnlo ap arte motidveae stpar ovidencia. 5 Costays a gencieansd erecphoors ecret(asriifcaíj) e nslea s (negrilla del texto original). mismas

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo del 29 de febrero de 2012, confirmó en su totalidad la sentencia apelada y no impuso costas.

Para decidir, consideró necesano establecer si el despido de la actora se ejecutó conforme al procedimiento que consagra el artículo 5 º de la CCT y si la terminación unilateral del contrato se originó en una justa causa. Determinó, en primer lugar, con vista en las pruebas allegadas al plenario, que la accionante laboró para la accionada, desde el 27 de abril de 1994 hasta el 12 de septiembre de 2005, es decir, por un periodo de 11 años, 4 meses y 15 días y que el último cargo desempeñado, fue el de secretaria ejecutiva. Afirmó, que el despido fue debidamente probado por la demandante, tal como le correspondía en los términos del

Código de Procedimiento Civil, máxime que, segun la reiterada jurisprudencia de esta Sala de la Corte, al trabajador le basta demostrar el hecho del despido y al empleador su justificación; que, en efecto, la demandante

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Radicación n.º 61204 aportó la comun1cac10n del 12 de septiembre de 2005, en donde el empleador le informó la terminación del contrato de trabajo, la cual fue reproducida por el Tribunal. Una vez verificado lo anterior, procedió a establecer si la universidad observó el procedimiento establecido en el º artículo 5 de la convención colectiva de trabajo, vigente para la época de los hechos, visible en los folios 840 a 869 del cuaderno principal y apuntó que, de acuerdo con ella, la justa causa de despido de un trabajador, debería ser calificada por una comisión integrada por dos representantes designados por la universidad y dos por los sindicatos de trabajadores administrativos, en un término de 48 horas, convocatoria cuya demostración correspondía a la entidad; que de no cumplirse con lo dicho, debería atenderse lo previsto en el parágrafo II de la cláusula convencional, la cual establecía que, en tal evento, se tendría como inexistente el despido y el empleado debería ser reintegrado a su cargo. Observó el acervo probatorio y dijo que en los folios 76 a 78 del cuaderno principal, se hallaba el acta del comité disciplinario de 22 de abril de 2005, conformado por dos representantes de la universidad y dos de la organización

sindical SINTIES; que allí se revisó la situación de la demandante y otros trabajadores, pero se suspendió sin calificar la situación de TERESA MERCADO; que el 27 de abril siguiente, se dio continuación a la reunión del comité disciplinario; que en la misma, «folios 101 a 104», sus miembros rindieron opinión sobre la responsabilidad de la actora, pero no se llegó a una opinión concreta sobre la justa

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Radicación n. º 61204 causa de despido, pues se presentó empate entre quienes lo conformaron; que para dirimir ese empate, se designó a un miembro del quien concluyó que los «TribudneaH lo nor>;, cargos formulados estuvieron «ene lm arcdoe l ac ausal y se ajustaron a la normatividad vigente. invocada» De los anteriores hechos, advirtió que la com1s1on disciplinaria actuó de manera irregular, debido que era su obligación, por mandato de la cláusula 5ª convencional, calificar lajusta causa de despido en un término de 48 horas, a partir de su instalación; que la comisión se instaló el 22 de abril de 2002 y fue suspendida hasta el 27 del mismo mes y año, lapso en el que transcurrieron más de 120 horas, aunado a que la universidad no logró acreditar que hubiera dado estricta ritualidad al procedimiento convencional, referente a la convocatoria para conformar la comisión disciplinaria, de lo cual no existe prueba. Adujo, que las anteriores circunstancias conllevaron a establecer la inexistencia del despido y a la consecuente

restitución del contrato de trabajo, razón por la cual no era necesario determinar sí las conductas endilgadas por el ente educativo a la demandante, constituían o no justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo 956 a 965, (f.º cuaderno del Tribunal).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCDEEL AI MPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia, [. .. } en cuanto CONFIRMÓ la sentencia proferida el 21 de mayo de 201 O, por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla.

Para que, en sede subsiguiente de instancia, la REVOQUE en su integridad y, en su lugar, ABSUELVA a la demandada CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, de todas y cada una de las pretensiones de la demanda y provea lo correspondiente en costas 20, cuaderno de la corte). (f.º Con tal propósito, formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados en un mismo escrito y se estudian a continuación de manera conjunta, porque tienen el mismo propósito y comparten hechos, argumentos y proposición jurídica, a pesar de estar encaminados por distintas vías. VI.C AGROP RIMERO Acuso la sentencia de haber incurrido en la infracción directa del artículo 305 del Código de procedimiento Civil, por integración del artículo 145 del C. de P. L. violación de medio que condujo a la aplicación indebida de los artículos 467, 468, 469, 4 70 del C. S.

del T. artículo 7 aparte a}, numeral 6; 58 numerales 1, 2 y 5 del Decreto 2351 de 1965. Por las características de la vía escogida, para casar la sentencia impugnada, manifiesto estar de acuerdo en las siguientes inferencias fácticas del fallo acusado, • Los extremos temporales de la relación laboral. • El cargo desempeñado por la demandante (Secretaria ejecutiva). • El motivo del despido y el soporte jurídico en que se justifica. • El procedimiento convencional previo al despido consagrado en laC onvencCioólne ctdeiT vraa baVjiog en(ftoel.i8 o4s0a 869). • La cesión (sic) del Comité Paritario de 22 de abril 2005. • La sesión del Comité paritario de 27 de abril de 2005.

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Radicación n.º 61204 El acta del Comité paritario de 27 de abril de 2005 que contiene ■ el pronunciamiento sobre el caso de la demandante, que culminó en empate. El concepto de desempate pronunciado por el profesor Rafael Rodríguez Rodríguez (sic}, miembro de la Sala General e integrante, en ese entonces, del tribunal de honor f. .. J. Manifiesta, que el desacuerdo radica en las conclusiones a las que arribó el Tribunal, es decir, las relacionadas con las más de 120 horas transcurridas, entre la instalación del comité disciplinario y la suspensión que tuvo el mismo, la no acreditación en dar cumplimiento al procedimiento convencional y la no demostración de la

convocatoria en legal forma de la comisión disciplinaria. Aduce, que bajo tales argumentos el Juez colegiado infringe directamente el principio de congruencia, previsto en el artículo 305 del CPC, aplicable en virtud del 145 del CPTSS, debido a que, en las pretensiones de la demanda, no se deduce solicitud de declaratoria de un despido ilegal, pues lo que se pidió «fue la declaración de un despido sin justa causa)) entre otras y nada se dij o en los hechos sobre el trámite o procedimiento convencional seguido para dar por terminado el vínculo, no se señala ningún reproche al tiempo empleado por la comisión paritaria y tampoco que la entidad no hubiera demostrado la convocatoria; que, por el contrario, en los hechos 2º, 4º y 5º se «partió de la aceptación del trámite convencional empleado)). Expone, que la disposición legal en que se funda la violación medio, es la procedimental que conlleva a la aplicación indebida, además de la expresa prohibición del

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Radicación n.º 61204 juzgador en condenar al demandado por objeto distinto al pretendido o por causa diferente a la invocada en la demanda. Alude que, con esas particularidades, no se pronunció el Juez de primera instancia, no se alegó así en los memoriales de conclusión, ni se le permitió a la universidad contestar expresamente frente a dichas afirmaciones, puesto que es una creación del Juez de apelaciones que por primera vez aparece en la sentencia impugnada en casación. En conclusión, se dejó de examinar el motivo por el cual la

corporac1on universitaria dio por terminado el contrato de trabajo. Como consideraciones de instancia, indica que están probadas las funciones que desempeñaba la demandante, las cuales eran digitar las notas de los estudiantes e ingresarlas al sistema por medio de un usuario y una clave de acceso que gozaba de reserva absoluta; que, sin embargo, las notas de algunos estudiantes fueron alteradas y al sistema se accedió con la clave que se le había suministrado, la cual sólo la demandante podía saber. Finalmente, transcribe conclusiones del informe de auditoría en el sentido de que la actora era responsable de entregar personalmente a los profesores los reportes de notas, correcciones aritméticas y diferidos; que una vez tramitados por los docentes, debía recibirlos también personalmente, pero no cumplió ese procedimiento, con lo cual dio lugar a la entrega de reportes con firmas que no correspondían a los titulares de las materias, quienes adujeron no haber elaborado esos documentos (f.º 21 a 24,

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Radicación n.º 61204 ibídem). VIIC.A RGOS EGUNDO Acusa la sentencia de haber incurrido «.[].. e nl a apliciancdieóbndi eld oaas r tíc7ºu,a lpoasr at)ne,u mer6;a l º º 58n umer1aº l2,e ys5 deDle cr2e3t5od1 e1 96150;4 1,0 7, 1084;6 74,6 84,6 94,7 0 deCl. S .d eTl. e nr elaccioeónln artí3c0u5dl eoCl ó didgepo r ocediCmiivepinolitr,no t egración

dealr tí1c4u5dl eoCl P D1 Indicó, que lo anterior ocurrió por los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la Corporación Universidad Libre no adelantó el procedimiento pactado en la Convención Colectiva de trabajo para despedir a la demandante.

2. No dar por demostrado, estándola, que la Corporación Universidad Libre cumplió con el trámite previsto en la Convención

Colectiva de Trabajo.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la Corporación Universidad Libre no demostró haber convocado el Comité Disciplinario para dirimir el motivo del despido de la demandante.

4. No dar por demostrado, estándola, que la Corporación Universidad Libre demostró haber convocado el Comité Disciplinario para dirimir el motivo que adujo para despedir a la demandante.

Aduce, que los anteriores errores de hecho fueron consecuencia de la falta de apreciación de la demanda inicial «ecnu anctoon ticeonnef e{fsoilói1no a s 1 3)a»sí ,co mo la errónea valoración, de las siguientes pruebas:

1. La carta de terminación del contrato de trabajo a la demandante, de 12 de septiembre de 2005 (folio 15).

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2. La Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre la Corporación demandada y SINTIES, 2000 y 2001, cláusula 5º

(folios 840 a 869).

3. El acta del Comité Paritario de 22 de abril de 2005 (folio 76 a

78).

4. El acta del Comité Paritario de 27 abril de 2005. (Folio 101 a 104). 5.L a comunicación de desempate de 22 de agosto de 2005, suscrita por el profesor Rafael Rodriguez Rodriguez (sic), miembro del Tribunal de Honor (folio 462 a 463).

Argumenta, que el adq uedmejó de apreciar la demanda y, por ese motivo, no tuvo en cuenta la confesión de la actora, en cuanto a que la universidad adelantó el procedimiento convencional pactado para la terminación de su contrato de trabajo; que TERESA MERCADO confesó ese hecho, al partir del supuesto de que la demandada le terminó el contrato de trabajo, con fundamento en una justa causa, que motivó su descontento; que la pretensión principal se limita a que se declarara el despido sin justa causa, pero no al desacato del procedimiento; que tampoco se alegó que el comité disciplinario no hubiera producido la calificación de su despido en el término de 48 horas, ni la falta de convocatoria para su integración; que la decisión tomada no superó el mencionado número de horas y el proceso se adelantó en dos sesiones, por haber mediado una suspensión aceptada por los integrantes de dicho comité; que, en todo caso, esa exigencia temporaria no fue alegada en la demanda. Comenta, que el empate presentado en el comité disciplinario, dirimido por un tercero, «demtureqasu el os mimeborsd eclo midtiéps iclniiaosr ep ronncuiaúrniocna mente

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Radicación n.º 61204 sober losm otivqouse a djuol aC orpoarciópna ar darp or terminealdc oon tra[t..]o .y nadad ijroen acecrad elrp eaor tepmoarlq ueh abífaor mulaudnoo s ool del oistn egnrtaeesn dichCoo miyt dée l ap ruebdae s uc onvocatroia». Repite las mismas consideraciones de instancia, señaladas en el cargo primero 24 a 28, cuaderno de la (f.º Corte).

VIII. RÉPLICA Manifiesta, que el recurso de casación no le otorga a la Corte competencia para revisar el juicio, como tampoco para decidir quién tiene la razón, pues ello debe ser resuelto por el Juez; que la finalidad del recurso extraordinario no es otra distinta a que esta Corporación defina si la sentencia de segunda instancia fue proferida con apego a la ley o fue aplicada o interpretada indebidamente; que es competencia del recurrente controvertir todos los soportes del fallo que impugna, porque aquellos que deje libre de críticas siguen sirviendo de pilote a la decisión; que la providencia acusada se profirió en forma legal, previo análisis del material probatorio con el que se demuestra meridianamente que el mismo se produjo en cumplimiento de todos los ordenamientos constitucionales, legales y convencionales

(f.º 32 y 33, ibíd.e m)

IX. CONSIDERACIONES Como ha reiterado la Corte en innumerables ocasiones,

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Radicación n.º 61204 la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una acción de esta naturaleza está sometida en su formulación a una técnica especial, que, de no cumplirse, conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable, con lo cual hace imposible el estudio de fondo de los cargos. Igualmente, en vanas oportunidades ha dicho esta Corporación que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que la labor de la Corte, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el Juez de apelaciones, al dictarla, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar, para dirimir rectamente el conflicto (sentencia CSJ SL14055-2016, reiterada, entre otras, por la providencia CSJ SL100922017). Del mismo modo, con relación a los requisitos de forma de la demanda en el recurso extraordinario de casación, esta Sala en sentencia CSJ SL8626-2014, sostuvo: Soberl aesxig enciasd efo rmdae l ad emnadad ec asióan chadi cho estCao rte: [..}.u n av emzá ss,es i entep reicsadaae pxers,aa rfincadean el sistecmnoas ittuiocnalyl gea,ql ulead emnadad ec asióan,cc no la cuaslep ertndeee qlu ieberd el as entneciai mpugnadae,s tsájue ta

a un cnojuntod ef ormalidapdareasq ues eaa tndeibElseo.s pericsorse qeiurmientodse t éniccas er celanm naop oerl sim ple priutrod et ibrutravere enrcia a laf ormalisdinaodp ,oq rues no cnosusntciaaleals a r aiocnaildadd erlce urdseoc asióan,cf ormna

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Radicación n.º 61204 su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. Por esa razón, desde antaño, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que "El cargo ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende" (Sentencia de 18 de abril de 1969. Gaceta Judicial t. CXXX, núms. 2310-2312, p. 377). CSJ SL 1 7 de May. De 201 1, rad. 42037. Visto lo anterior, encuentra la Corporación, que el escrito con el que se pretende sustentar la acusación, contiene graves deficiencias técnicas que no son subsanables, por virtud del carácter dispositivo del recurso de casación, como pasa analizarse. l.No s ed errilboavsne rdadseorpotoser dse flal ol. El Tribunal fundamentó su decisión, en que fue demostrada la terminación del vínculo laboral, mediante la carta del 12 de septiembre de 2005, visible en los folios 15 y 16 del cuaderno principal, pero que, fue irregular el ª procedimiento que contempla la cláusula 5 de la Convención Colectiva de Trabajo 200-2001, suscrita entre la

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL ATLÁNTICO y los sindicatos de sus trabajadores. La censura invoca su inconformidad frente a las conclusiones del Tribunal, tales como el procedimiento disciplinario irregularmente seguido, al exceder los términos entre la instalación de la comisión disciplinaria y la terminación de sus sesiones; la falta de prueba de su convocatoria; el desconocimiento del pnnc1p10 de congruencia y la falta de análisis del motivo por el cual la

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Radicación n.º 61204 corporac1on universitaria dio por terminado el contrato de trabajo a la demandante. No obstante, atacó esencialmente el desconocimiento del principio de congruencia, previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, para hacer referencia exclusiva a los motivos de la terminación del contrato, sin tener en cuenta que previamente, procedió el ad quem a establecer si se había seguido el debido proceso ª establecido en el acápite pertinente, a partir de la cláusula 5 de la Convención Colectiva de Trabajo 2000-2001, vigente entre las partes. Entonces, no obstante que la recurrente se refiere al tema del procedimiento disciplinario, que fue el soporte fundamental de la decisión acusada, no lo hace para controvertir las razones que sobre el mismo dio el Tribunal, sino para señalar que se violó el principio de congruencia establecido en el artículo 305 en mención, por el hecho de que la demanda no contempló alegación alguna al respecto y se dedicó a defender los motivos de la decisión de despido. En ese orden, tornó inane su ataque pues, ciertamente,

no podía la censura dedicar su esfuerzo argumentativo a demostrar la justeza de aquél, amparado en un procedimiento disciplinario irregularmente surtido, como lo encontró el Tribunal. Debió primero demostrar que ese procedimiento había respetado el trámite convencional previsto y, por esa vía, el debido proceso de la disciplinada, pero no lo hizo y tal omisión, dejó viva la decisión del fallador coliea.gd o

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Radicación n.º 61204 En la sentencia CSJ SL13058-2015, esta Corte expuso, frente a la necesidad de derribar los fundamentos de la decisión atacada, lo siguiente: Corresponde f. ..} al censor identificar los soportes del fallo que controvierte y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o la jurídica, o por ambas, en cargos separados, desde luego, si es que el fundamento de la decisión es mixto. Los soportes fácticos de una decisión judicial, son aquellas inferencias o deducciones que el juez de alzada obtiene luego de analizar el contenido de los medios de prueba regular y oportunamente incorporados al expediente, que le permiten construir el escenario sobre el cual cobrarán vida las normas llamadas a gobernar los hechos acreditados; al paso que los jurídicos corresponden al alcance, aplicación o falta de aplicación de una o varias preceptivas llamadas a regular el caso sometido a su consideración, esto con total independencia de las aspectos de hecho que estructuran cada caso. Como ya se dijo, el establecimiento educativo

recurrente, en su preocupación por demostrar la justeza del despido, abandonó la controversia en torno al punto cardinal del análisis hecho por el Juez colegiado, cual fue el surtimiento irregular del procedimiento disciplinario, hecho que al verificarse por el conllevó a la consecuencia ad quem, prevista en el parágrafo 2º de la tan mentada cláusula de estabilidad en los procedimientos disciplinarios y que textualmente reza: «Eld espido que se produzcai ncumpleindo como el trámite establecido en la presente cláusula, se tendrá inexistente ye l empleado será reintegrado a su trabajo)). Ahora, en el evento de que se entendiera que el yerro aquí señalado pudiera ser superado, los cargos tampoco pueden estudiarse, porque concomitantemente brotan otros dislatneosm enor de calado que lo impiden, como se

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Radicación n.º 61204 exterioriza en seguida.

2. No se demuestran los errores que se le endilgan a la sentencia recurrida.

Cierto es que en el segundo cargo, en el que se aduce la falta de apreciación «dlea d emandian ic,ei nac luanctoon itnee y la errónea valoración a la carta de terminación confesinó>> del contrato, las actas del comité disciplinario de 22 y 27 de abril de 2005, así como la comunicación de desempate entre sus miembros, se mencionan tales pruebas pero sólo de manera descriptiva, sin decir en donde estuvo el error, qué dicen las mismas para probarlo o cual fue la incidencia de

ese eventual yerro en la decisión. Como se dijo, solo describe los documentos para decir, en principio, que en la demanda no se tocó el tema de la legalidad del procedimiento previo al despido o que no se expresó inconformidad alguna frente al mismo. De lo anterior, surge que, como no se derruyen las motivaciones de la decisión, se hace ineficaz la alegación, que como ha dicho esta Corporación, no se desarrolla «un discurlsóog iecnoc aminaa ddoe msotralrac omisiódne t ales es yerropsu,e sn oc lrafiicqau é loq ued emuestcraadnau no del osm ediodse c onvicciqóunea cusae,n q uéc onsisltai ó tegrivsearciódne suc ontenyi dcouá ls ui ncindceiean la (CSJ SL13058-2015). senntceigar vaada)) También, en la sentencia CSJ SL3838-2017, señaló:

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Radicación n.º 61204 [. ..] no le basta a la censura solamente enunciar los elementos de prueba que considera que el juzgador de segunda instancia dejó o apreció mal, sino que era necesario que explicara de manera clara y precisa, quée s lo que realmente acredita, cómo incidió su falta de apreciación en la decisión acusada, y en quéc onsistió el yerro de hecho, que es lo que le permite a la Corte determinar la magnitud del desatino, condiciones que en este caso no se cumplieron. En consecuencia, debía la recurrente acreditar que el

Tribunal incurrió en una ostensible contradicción entre la valoración de las pruebas y la realidad procesal. Y como tal fue la conducta de la demandada, limitándose a señalar unos errores que solo se sustentan con su dicho y contradicen el contexto, así como al dejar vivos los soportes fundamentales de la decisión, no se destruyó la presunción de acierto y legalidad del fallo, sobre lo cual ha reiterado la Corporación que es un deber legal, que de no cumplirse impide el estudio del ataque, como se dijo en decisiones CSJ SL9159-2017 y CSJ SL9162-2017. 3.L ad emostarcónid el ocsa gropsa rtdeenpr meisas eqvuoicadas. Incurre la censura, en falsas motivaciones cuando asegura que el tema del procedimiento disciplinario, ª establecido en la cláusula 5 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente 2000-2001, no fue señalado en el libelo inicial, pues basta una revisión de los hechos denunciados para establecer que, sin usar las mismas palabras que exige la recurrente, hizo una denuncia clara sobre la forma como la universidad llevó ese trámite y que la inobservancia de sus formas la llevó al despido.

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Radicación n. º 61204 En la sentencia CSJ SL4459-2018, la Corte dijo: IgualmelnaCt oer,te en cuenqturela a s ustentajucriíódnhei cchaa pore lr ecurr, epnatretdeep remisfaasl s, eanst antaos umceo mo supuesitnodsi scu((tliodesxo tsr emorse spedcetl oa r elióancd e

trabaejnot reelt rabajaodfcioiarGl r atiniHaunrot adBou stoys EdasabE.aS. P., comot ampoqcuoe e ls eñoHru rtaBduos t, ofuse despedisdionj ustcaa usam,i entrsaes v entiulna c ofnlicto colec, tpirvpoiociadpoo re ls indicSaitnot raemfdr