CSJ - SL662-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL662-2023 Radicación n.° 83375 Acta 09 Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide los recursos de casación interpuestos por

WILLIAM YOBANY, MIGUEL ÁNGEL, ÁNGEL RAMÓN,

MARTHA LUZ DARY, NOHORA LILIA y GLORIA MIREYA

GUEVARA HERRERA, ANA BEATRIZ HERRERA DE

GUEVARA; por FERNANDO ALBERTO BAQUERO

ROMERO; la CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. -

COVIANDES S.A.-, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANIy la CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL – CONINVIAL S.A.S.-, contra la sentencia proferida el 15 de febrero de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso que instauraron ANA BEATRIZ

HERRERA DE GUEVARA, MIGUEL ÁNGEL, NOHORA

LILIA, GLORIA MIREYA, ÁNGEL RAMÓN, MARTHA LUZ

DARY y WILLIAM YOBANY GUEVARA HERRERA en contra

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Radicación n.° 83375

de FERNANDO ALBERTO BAQUERO ROMERO,

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL – CONINVIAL S.A.S.-, CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. -COVIANDES S.A.- y de la AGENCIA

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-.

I. ANTECEDENTES

Demandaron las personas arriba indicadas a Fernando Alberto Baquero Romero, a la Empresa Constructora de Infraestructura Vial S.A.S. (en adelante Coninvial S.A.S.), a la Empresa Concesionaria Vial de los Andes S.A. (en adelante Coviandes S.A.) y al Instituto Nacional de Concesiones (en adelante INCO) hoy Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante ANI), para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre Óscar Guevara Herrera y el primero. Así mismo, que el accidente en el que aquel perdió la vida fue por culpa de los demandados, de manera que son solidariamente responsables, toda vez que «[…] realizan las mismas actividades». Pidieron que se les condenara a pagarles el lucro cesante, el daño emergente y los perjuicios morales. Como sustento de sus pretensiones, informaron que el trabajador estuvo vinculado mediante un contrato de laboral a término indefinido con el señor Baquero Romero entre el 6 de enero de 2011 y el 19 de marzo siguiente, para desempeñarse como ayudante de obra, colocando «[…] las mallas en los taludes», en la vía Villavicencio – Bogotá D.C.,

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Radicación n.° 83375 devengando un salario de $535.600 y un auxilio de transporte de $63.600 mensuales. Describieron que el 19 de marzo de 2011, Guevara Herrera tuvo que transportar una guaya «[…] hasta el tala», por lo que debió ascender a más de 200 metros. Comentaron que mientras ejecutaba la actividad, quedó «[…] una gran porción de la guaya en el […] puente», con la que se enredó un

vehículo que pasaba por la carretera, lo que jaló al trabajador al piso y le ocasionó la muerte. Detallaron que, en el lugar de los acontecimientos, no había los elementos de protección necesarios para evitar el suceso y que su familiar fallecido no estaba lo suficientemente capacitado para cumplir las funciones que le fueron encomendadas. Explicaron que Ana Beatriz Herrera de Guevara y Miguel Ángel Guevara Herrera son los padres del causante, quien se encargaba de su manutención. Indicaron que los demás, eran hermanos de la víctima y que el deceso de este les ha ocasionado un inmenso dolor. Apuntaron que la Administradora de Riesgos Laborales (en adelante ARL) Seguros Alfa S.A., les reconoció a los primeros la pensión de sobrevivientes correspondiente. Al dar respuesta a la demanda, la ANI se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de la defunción y la calidad de padres. Especificó que su función no era ejecutar obras ni contratar trabajadores, al encargarse

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Radicación n.° 83375 solo de administrar los contratos de concesión que suscribía con las distintas entidades y personas. Propuso como excepciones las de falta de legitimación en la causa, inexistencia de las obligaciones, improcedencia de la solidaridad y cobro de lo no debido. Coninvial S.A.S. se opuso a las peticiones y no aceptó ningún hecho. Arguyó que no tuvo relación con el trabajador y que no se cumplieron los presupuestos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.

Como excepciones relacionó la de inexistencia de la obligación, de la relación laboral y de la responsabilidad solidaria, cobro de lo no debido, falta de título y causa, enriquecimiento sin causa, pago, compensación, prescripción y buena fe. Coviandes S.A. hizo lo propio y, frente a los hechos, afirmó que no le constaban. Sostuvo que el causante no laboró para ella y que tampoco tuvo relación con Fernando Alberto Baquero Romero. Expuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, de una relación laboral y de responsabilidad solidaria, cobro de lo no debido, falta de título y causa, enriquecimiento sin causa, pago, compensación, prescripción y buena fe. Fernando Alberto Baquero Romero se contrapuso a las pretensiones y aceptó el valor del salario que devengó el

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Radicación n.° 83375 trabajador, así como el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Explicó que el incidente ocurrió por el descuido y la imprudencia de aquel, al no utilizar la «[…] eslinga que portaba para anclarse». Agregó que cumplió con todas las obligaciones de seguridad necesarias para garantizar a sus colaboradores la vida e integridad. Propuso como excepciones las de inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, falta de título y causa, pago, compensación, prescripción, buena fe y enriquecimiento sin causa.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 7 de noviembre de 2017, el Juzgado Catorce Laboral

del Circuito de Bogotá D.C. absolvió a los demandados de las

pretensiones y se abstuvo del «[…] estudio de las excepciones propuestas».

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, La Sala Laboral del Tribunal Superior del

Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 15 de febrero de 2018, resolvió: Primero. - Revocar la sentencia apelada, para en su lugar condenar a Fernando Alberto Baquero Romero, al pago de los perjuicios morales, cuantificados en 100 SMLMV para cada uno de los padres del señor Óscar Albeiro Guevara Herrera y 50 SMLMV para cada uno de sus hermanos […].

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Radicación n.° 83375 Segundo. – Condenar en forma solidaria a los demandados […] CONINVIAL S.A.S. […], COVIANDES y la Agencia Nacional de Infraestructura, al pago de la condena anterior. Tercero. - Absolver de las demás pretensiones […]. Como problema jurídico, se planteó resolver si existió culpa del contratante en la ocurrencia de la contingencia del 19 de marzo de 2011, en la que murió Óscar Albeiro Guevara Herrera. Recordó que el empleador tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de quienes laboran para él, según lo dispone el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Resaltó que cuando culposamente se incumplen esos deberes, emerge la responsabilidad de indemnizar al asalariado por los daños que se le causen, de conformidad con el artículo 216 del estatuto laboral.

Aseguró que, para obtenerla, resulta necesario acreditar la ocurrencia del infortunio, así como la «[…] culpa suficientemente comprobada del empleador», tal y como lo señala el artículo 167 del Código General del Proceso. Trajo a colación la Resolución n.º 3673 de 2008, que define el trabajo en alturas como el que se desarrolla a 1.50 metros o más sobre un nivel inferior. Aludió al informe de investigación del accidente, al concepto de trabajo en alturas y a las entrevistas realizadas por la Policía Judicial a Luis Rodríguez, José Bueno y Omar Galvis, quienes describieron que el accidente ocurrió mientras el trabajador ascendía por la montaña.

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Radicación n.° 83375 Referenció el testimonio de Wilson Carrillo, quien indicó estaba laborando con el causante el día de los acontecimientos; que era un día lluvioso, por lo que «[…] estaba prohibido trabajar en los taludes»; no obstante, el ingeniero William Baquero, les ordenó continuar con las funciones, por lo que tenían que transportar la guaya al talud, por un camino que no estaba en buen estado y no tenía puntos de anclaje. Igualmente, el declarante enunció que esta se instaló a un lado del puente, por lo que a medida que se jalaba por los trabajadores, se movía a la vía, hecho del que nadie se percató, pues no estaba presente un supervisor. Añadió que ese día no se cerró la carretera porque era festivo y que no hubo señalización. Trajo a colación que Carolina Salamanca explicó que el día de los hechos, se brindó una capacitación a los

trabajadores, sin embargo, en ese momento, no había ningún encargado de controlar el desarrollo de la obra. Del análisis de las pruebas, en consonancia con el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, concluyó que Óscar Albeiro Guevara Herrera murió mientras estaba laboraba en alturas. Dijo que, si bien el camino por donde transitaba el trabajador era en un terreno firme, no era factible desconocer que se «[…] encontraba como a doscientos metros, rodeando la

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Radicación n.° 83375 montaña», superándose los límites de la Resolución n.º 3673 de 2008 del Ministerio de la Protección Social. En ese orden, razonó que los empleadores que ejecutaran servicios en alturas, tenían que incluir en el programa de salud ocupacional los procedimientos, elementos y disposiciones a través de las cuales cubrían los riesgos existentes. Además, del compromiso de capacitar permanentemente al personal que realice esas tareas.

Explicó: De lo anterior, se tiene que si bien el demandado, el señor Baquero realizó capacitaciones diarias antes de ejecutar las tareas de ascenso y dio los elementos de protección que utilizan estos trabajadores normalmente, no es lo menos que no tomó las medidas de protección pertinentes y seguridad para evitar esta clase de sucesos, pues le correspondía demostrar, al señor Fernando Alberto Baquero que actuó con cuidado, diligencia y precaución en el sentido de emplear todas las acciones de seguridad en caídas, señalización de obra para evitar el tránsito, supervisión, vigilancia y control por parte de la SISO o personas

a cargo de este sector. Situación que no aconteció, pues tal y como manifiesta el testigo Carrillo, se trataba de un camino que no contaba con un buen paso de ascenso, ya que conforme a la manifestación del señor José Bueno, quien era el encargado de limpiar el terreno, abriendo una trocha para llegar al punto final donde debían dejar la guaya, advierte no existía buena señalización para evitar el paso de vehículos. Lo anterior fue ratificado dentro de la investigación judicial, pruebas que no alcanzaron a ser desvirtuadas por la manifestación hecha por la señora Salamanca. De la misma manera, los testigos son coincidentes en manifestar que tanto la SISO, como el ingeniero encargado, no estaban al momento de los hechos, lo que comprueba que nadie estaba vigilando la obra, así como que nadie estaba haciendo control de la guaya para que no se adentrara a la carretera. Agregó que Guevara Herrera estaba atado a dicho instrumento, por lo que si bien es posible deducir que existió una culpa recíproca, del empleador y de él, no resulta viable

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Radicación n.° 83375 exonerar al primero de «[…] reparar los perjuicios ocasionados por su culpa». En punto a ellos, argumentó que los morales se generan por el daño que afecta la actitud y la disposición de disfrutar la vida en cualquier escenario, por lo que son inestimables objetivamente y, por tanto, están sujetos al arbitrio judicial. Conforme a lo anterior, sostuvo que a los familiares del causante les sobrevino un profundo dolor, de manera que ordenó el pago de 100 salarios mínimos legales mensuales

vigentes (en adelante SMLMV) para cada uno de los padres y 50 para cada hermano. En lo que atañe al daño emergente, expuso que no estaba acreditado que los accionantes incurrieron en gasto alguno con ocasión del hecho. Sobre el lucro cesante, informó que se define como el valor que no ingresó al patrimonio de la víctima y añadió: De acuerdo con lo anterior, comoquiera que la ARL ALFA le reconoció a los padres del causante pensión de sobrevivientes, no existe mérito para atender el pago de esta condena, pues si bien ambas contraprestaciones se derivan de situaciones distintas, no es lo menos que dichas consecuencias del reconocimiento, es el pago de las mesadas pensionales directamente a sus padres, los señores Ana Beatriz Herrera de Guevara y Miguel Ángel Guevara Herrera, como consecuencia la dependencia económica que gozaban por parte de su hijo, con lo que se concluye que los mismos no han dejado de recibir ayuda. Así mismo, no se encuentra demostrado que el demandante, era el que ayudaba a sus hermanos, además que dentro del paginario no obra medio alguno de convicción que demuestre que el causante, aparte de desempeñarse como trabajador, devengaba otra asignación que con ocasión al siniestro no hubiera podido adquirir. Advirtió que una obligación es solidaria, cuando «[…] impide la división normal de las obligaciones subjetivamente

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Radicación n.° 83375 cumplidas, cuyo objeto sea naturalmente divisible, haciendo que cada acreedor o cada deudor lo sea respecto de la

totalidad de la prestación». También que debe estar expresamente señalada en la ley o convenida, en los términos del artículo 1568 del Código Civil. Consideró que en ella se generaban dos relaciones jurídicas diferentes, una entre la persona que se encarga de la realización de la obra y quien la ejecuta y la otra, entre el desarrollador de esta y los colaboradores que para tal fin emplea. Anotó que otra característica de la institución, era que las actividades contratadas no fueran extrañas a las desarrolladas por el beneficiario. Encontró que el Instituto Nacional de Vías y Coviandes S.A., celebraron el contrato de concesión n.º 444 de 1994, para realizar estudios, diseños, obras de rehabilitación, construcción, operación y sostenimiento del tramo Bogotá D.C. – Cáqueza «[…] km 55»; así como el mantenimiento del «[…] km 55-0 km Villavicencio». Así mismo, realzó que, en la cláusula sexta, se pactaron las obligaciones del concesionario; en la octava, que los salarios y prestaciones de los trabajadores, estarían a cargo de este; en la vigésima segunda, que aquel debía constituir pólizas de cumplimiento y en la duodécima que estaba en capacidad de subcontratar la ejecución del contrato, siendo el único responsable ante el incumplimiento de las obligaciones.

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Radicación n.° 83375 Sostuvo que Fernando Alberto Baquero Romero, al contestar la demanda, dijo que el trabajador fue contratado como ayudante de obra para el cumplimiento del contrato n.º 123OT010-008 y copió extractos de los certificados de existencia y representación de la ANI, Coviandes S.A. y

Coninvial S.A.S. Del estudio del material probatorio, concluyó que las compañías, se «[…] beneficiaban de la labor o trabajo desarrollado por el causante, quien laboraba» para Baquero Romero y que esas tareas, eran conexas con las que ejecutaban, por lo que eran «[…] solidariamente responsables de las condenas impuestas a favor de los demandantes».

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos por todas las partes que actúan dentro del proceso, se propone en primer lugar resolver el de los demandantes, después de manera conjunta el de las entidades demandadas, considerando la unidad de materia y porque le implica a la Sala argumentaciones complementarias y finalmente el del empleador.

V. RECURSO DE CASACIÓN DE MIGUEL ÁNGEL GUEVARA HERRERA Y OTROS Presentado por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, formulan un cargo por la causal primera, el cual es replicado y se resuelve a continuación.

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Radicación n.° 83375

VI. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que la Corte case parcialmente el fallo del Tribunal y «[…] en consecuencia se reconozca la indemnización plena de perjuicios reconociendo los daños materiales: el lucro cesante».

VII. CARGO ÚNICO Denuncian la violación directa, por infracción directa del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, ocasionando la interpretación errónea del 11 de la Ley 776 del 2002.

Para sustentarlo, no controvierten la existencia de un

contrato de trabajo ni la ocurrencia del accidente del 19 de marzo de 2011; pero cuestionan que el Tribunal hubiera determinado que era procedente el reconocimiento de la indemnización de perjuicios, pero no por todos los conceptos pedidos, toda vez que a los padres se les reconoció una pensión de sobrevivientes por riesgo laboral. Relatan que, una vez probada la culpa, el «[…] empleador está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios». Acotaron que esta y la prestación por muerte, responden a situaciones diversas, en tanto, la última es una prestación del Sistema de Seguridad Social. Exponen que no «[…] aplicar en su integridad el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo lo llevó a una

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Radicación n.° 83375 interpretación errónea del artículo 11 de la Ley 776 de 2002», puesto que, […] se estaba implícitamente pagando el lucro cesante, cuando son de naturaleza jurídica distinta, una proviene de la protección a la seguridad social y que se establece en el artículo 11 de la Ley 776 de 2002, como reparación del daño tarifada, de carácter objetivo. En tanto, que la determinada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, es la reparación plena de perjuicios que es de carácter subjetivo y originada en la culpa patronal establecida como un riesgo propio del derecho laboral. Finalmente, dicen que el juzgador desconoció el precedente expuesto en las sentencias CSJ SL4473-2018 y

CSJ SL2845-2019.

VIII. RÉPLICA

Coninvial S.A.S. señala que el alcance de la impugnación está mal formulado, por cuanto no menciona lo que solicitan los recurrentes en sede de instancia, frente a la sentencia de la juez, esto es, si debe ser confirmada, modificada o revocada. Arguye que el artículo 216 del estatuto laboral, no fue pretermitido, por cuanto, fue justamente el sustento de la decisión impugnada. Por su parte, Coviandes S.A. recuerda que para que proceda una indemnización de perjuicios, es trascendental que se compruebe «[…] su cuantía», circunstancia que no evidenció el Tribunal.

IX. CONSIDERACIONES Le asiste razón a la opositora Coninvial S.A.S., al

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Radicación n.° 83375 manifestar que se equivocaron los recurrentes en el alcance de la impugnación, por cuanto, no indicaron los puntos de la sentencia de segunda instancia que pretenden sean casados y mucho menos, expresaron qué debe hacer esta Corporación en sede de instancia frente al fallo del juzgado, esto es, si confirmarlo, modificarlo o revocarlo. Sobre el particular, se pronunció la providencia CSJ AL 5557-2022, en donde enunció: En el alcance de la impugnación se debe señalar qué es lo que se espera que la Corte haga como tribunal de casación, esto es, si se pretende el quiebre parcial o total del fallo proferido por el Tribunal y, en tratándose de este último aspecto, en relación con cuáles puntos específicos del mismo; lo que se pretende que haga la Corte en sede de instancia, ya sea confirmar, modificar o

revocar la sentencia de primer grado y, en este último evento, si se debe proferir condena total o parcial. Ahora bien, los recurrentes acusan al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo de infracción directa, lo cual resulta inadecuado, por cuanto, fue a partir del análisis de ese precepto que el Tribunal encontró acreditada la culpa del empleador en el incidente que sufrió el señor Guevara Herrera. No obstante, los referidos errores pueden superarse, bajo el entendido de que el propósito real del recurso extraordinario es que se case parcialmente el fallo del Tribunal, en cuanto no reconoció los perjuicios materiales a favor de los demandantes, para que en sede de instancia, se revoque lo resuelto por la juez y se acceda a las pretensiones de la demanda inicial. Como la acusación se orientó por la vía directa, no tiene

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Radicación n.° 83375 discusión que, i) el señor Guevara Herrera celebró el 6 de enero de 2011, un contrato de trabajo con Fernando Alberto Baquero Romero, para desempeñarse como ayudante de obra; ii) el 19 de marzo de ese mismo año, el trabajador sufrió un accidente trabajo, cuando efectuaba una labor a una altura aproximada de 200 metros de «[…] ascenso rodeando la montaña», de donde cayó, lo que le produjo la muerte; iii) el hecho ocurrió por culpa del empleador al no haber actuado con la debida diligencia; iv) Ana Beatriz Herrera de Guevara y Miguel Ángel Guevara son los padres del causante y los demás demandantes sus hermanos; v) la ARL reconoció a los

primeros una pensión de sobrevivientes con riesgo laboral y, vi) para el Tribunal no está acreditado el daño emergente ni que el demandante era quien velaba por el sostenimiento de sus hermanos. Así, el problema jurídico que debe resolver la Sala se centra en determinar si se equivocó el Tribunal, al concluir que no había lugar al reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres, por cuanto, les fue reconocida una pensión de sobrevivientes del Sistema de Riesgos Laborales y en esa medida, posterior al deceso no «[…] han dejado de recibir ayuda». Conviene recordar que repetidamente esta Corporación, ha establecido que no es factible compensar las sumas que deba el empleador a título de lucro cesante, en los términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, con las percibidas por concepto de pensión de sobrevivientes, al

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Radicación n.° 83375 tratarse de obligaciones diferentes. Al respecto la sentencia CSJ SL, 3 junio 2009, radicación 35121 expresó: Con respecto al derecho a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo, nuestra legislación tiene prevista dos maneras de reparación identificables jurídicamente así: una, la denominada reparación tarifada de riesgos, relativa al reconocimiento de los beneficios o prestaciones económicas previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 y demás normas reglamentarias según el caso a cargo de las Administradoras del Riesgo Profesional; y otra, la reparación plena de perjuicios que tiene que ver con la indemnización total y ordinaria de éstos por culpa patronal en la ocurrencia del

siniestro, y que corresponde asumir directamente al empleador en los términos del artículo 216 del C.S. del T.. Estas dos formas de reparación tienen distinta finalidad, habida consideración que la que está a cargo de la ARP busca proteger de manera objetiva al afiliado o a sus causahabientes señalados en la ley, siendo de naturaleza prestacional perteneciente al Sistema de Seguridad Social Integral; mientras que la indemnización plena de que trata el artículo 216 del C. S. del T., persigue la indemnización completa de los daños sufridos al producirse un accidente de trabajo por culpa del empleador, en la modalidad de subjetiva, el cual hace parte de un riesgo propio del régimen del Derecho Laboral. Otra de las diferencias entre las reparaciones a que se ha hecho mención, consiste en que el empleador siendo el llamado a asumir las consecuencias de la culpa comprobada frente a un accidente de trabajo que se produzca, no le es dable como responsable directo del perjuicio descontar suma alguna de las prestaciones dinerarias pagadas por la entidades del sistema de seguridad social, a menos que el empleador responsable por culpa haya sufragado gastos que le correspondían a estas entidades, por virtud del riesgo asegurado, evento en el cual sí puede hacer el descuento de lo que tenga que pagar por indemnización conforme lo consagra la norma, por razón de que tales entidades de previsión social, como se dijo, lo que cubren es el riesgo laboral propio de la denominada “responsabilidad objetiva del patrono” en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, pero en ningún momento la responsabilidad derivada de la culpa del empleador, que es de

naturaleza subjetiva […] Las anteriores directrices jurisprudenciales permiten inferir, que los beneficiarios o causahabientes del trabajador fallecido que reciban una reparación integral de los perjuicios sufridos derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal, y

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Radicación n.° 83375 simultáneamente un beneficio prestacional del ISS o de la ARP, no están accediendo a un doble beneficio por un mismo perjuicio, en la medida que como se explicó su origen es disímil y obedecen a causas diferentes, sin olvidar que para estos casos la culpa y el dolo no son asegurables (negrillas del texto original y subrayas propias). De manera que es evidente el error en el que incurrió el Tribunal, al concluir que era improcedente reconocer el lucro cesante, por cuanto a los padres les fue concedida una pensión de sobrevivientes (CJS SL2845-2019). Sin embargo, el cargo no prospera, porque en sede de instancia se llegaría a la misma decisión, pero por las razones que se exponen a continuación. En punto a los perjuicios materiales, importa precisar que la jurisprudencia de esta Corporación, ha sido enfática en sostener que en materia de daños, están legitimados para reclamar su resarcimiento, aquellos que por tener una relación jurídica con el causante padezcan una lesión en el derecho que nació de ese vínculo, es decir, que para solicitar la indemnización de perjuicios, debe demostrarse la contribución, bien sea total o parcial del causante, a menos que se trate de obligaciones que emanan de la ley, como son las alimentarias, evento en el que no se requiere prueba (CSJ

SL,15 octubre 2018, radicación 29970). En similar sentido, la Corte en la sentencia CSJ SL8872013, explicó: […] el resarcimiento no es solamente para quien dependiera absolutamente del causante, sino además, para quien tuviera una ayuda, sin cuyo concurso se vea perjudicada; la afectación puede ser total, si el causante proporcionaba un valor que cubría íntegramente los gastos de los beneficiarios, pero también puede ser parcial, si el auxilio o contribución se destinaba a algunos

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Radicación n.° 83375 gastos, con una suma fija, o para unas determinadas necesidades, sin dejar de advertirse que en el caso de algunos perjuicios materiales no es necesario ningún tipo de dependencia económica entre el reclamante y la víctima, como cuando se reclama el llamado daño emergente; pero si se trata de lucro cesante, es apenas natural que debe existir algún vínculo económico entre dichas partes, que implique que el reclamante se vea afectado en la forma dicha […] (subrayas fuera de texto). De esta suerte, para considerar procedentes los perjuicios materiales, estos deben ser ciertos y adicionalmente, debe conocerse en específico el detrimento a reparar (CSJ SL887-2013). Del análisis en instancia de las documentales, así como de los testimonios, no se deduce la sujeción económica o el vínculo financiero que tenían Ana Beatriz Herrera de Guevara y Miguel Ángel Guevara con su hijo fallecido, por lo que no resulta posible concluir que se vieron afectados económicamente por el deceso de aquel.

Igualmente, lo dicho por los demandantes en sus interrogatorios de parte sobre el particular, no pueden tenerse como prueba, pues como lo ha referido esta Sala, nadie puede elaborar a su favor su propia evidencia (CSJ SL3981-2021). En esa medida, se reitera que, para efectos de tasar el lucro cesante a favor de los ascendientes, era indispensable que estos lo acreditaran con suficiencia, lo que no ocurrió. Por lo expuesto, la acusación, aunque fundada, no prospera.

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Radicación n.° 83375 Sin costas en el trámite extraordinario toda vez que se acreditó el error del Tribunal.

X. RECURSO DE CASACIÓN COVIANDES S.A.

Interpuesto por la entidad, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, formula tres cargos por la causal primera, el que fue respaldado en sus planteamientos por la ANI, Coninvial S.A.S. y Fernando Alberto Baquero Romero y que se resuelven de manera conjunta por unidad de materia.

XI. ALCANCE DE LA IMPUGNANCIÓN Pretende la recurrente que la Corte case totalmente el fallo del Tribunal, y en instancia confirme el del juzgado, que absolvió a las demandadas de las pretensiones de la demanda inicial.

Subsidiariamente, solicita la casación parcial de la sentencia al haber declarado la solidaridad, para que en sede de instancia, se ratifique dicha decisión, «[…] en el sentido de absolver a las demandadas en solidaridad».

XII. CARGO PRIMERO Acusa la violación directa, por interpretación errónea del artículo 1° de la «[…] Resolución 3673 de 2008 emitido (sic)

por el Ministerio de la Protección Social», lo que ocasionó la aplicación indebida de los artículos 34, 57 y 216 del Código

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Radicación n.° 83375 Sustantivo del Trabajo. Reprocha la interpretación que hizo el fallador de la primera y luego de transcribir su artículo 1°, enuncia: Evidentemente, el inciso 2° de la norma cuando menciona el concepto “un nivel inferior” se refiere a la superficie inmediatamente por debajo de donde se esté, realizando la labor o desplazamiento y no a las que se encuentren subsecuentemente por debajo de dicha superficie; de manera que si en este caso se concluyó fácticamente por parte del Tribunal de Bogotá que el señor Guevara Herrera […], caminaba sobre un camino en terreno firme al momento de accidentarse, no existía entonces ninguna distancia entre el trabajador y el nivel o superficie inmediatamente inferior a él haciendo inaplicable al caso la Resolución 3673 de 2008. […] debo poner de presente que aceptar la interpretación propuesta por el Tribunal […], en el sentido de que para la medida de altura allí establecida se debe tomar como referencia la superficie en la que inició la actividad el trabajador y no la superficie inmediatamente inferior a su trabajo o desplazamiento, puede llevar a conclusiones absurdas […]; pues llevarían a conc