CSJ - STC1421-2021

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO Magistrado ponente STC1421-2021 Radicación n.° 11001-02-04-000-2020-01281-01 (Aprobado en sesión virtual de diecisiete de febrero dos mil veintiuno) Bogotá, D.C., dieciocho ( 18) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el 10 de septiembre de 2020 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia , dentro de la acción de tutela promovida por María Luz Mary García de Hernández contra la Sala de Casación Laboral de esta Colegiatura , la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia , el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta última localidad y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio laboral a que alude el escrito de tutela.

ANTECEDENTES

1. La gestora del amparo reclama la protección constitucional de sus derechos fundamentales a laRad. n°. 11001-02-04-000-2020-01281-01 igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con ocasión del proceso laboral que instauró contra Colpensiones.

Reclama entonces, para la protección de las mentadas prerrogativas, que se ordene a los Despachos judiciales

jurisdiccionales accionadas, con ocasión del proceso laboral que instauró contra Colpensiones. Reclama entonces, para la protección de las mentadas prerrogativas, que se ordene a los Despachos judiciales accionados, «dejar sin efecto las sentencias del 08 de agosto de dos mil catorce (2014) proferida por el Juzgado Cuarto (4°) Laboral del Circuito de Armenia (Quindío), la sentencia del 05 de noviembre de 2014, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (Quindío), así como la sentencia SL2813-2019 radicación número 70262 de fecha tres (03) de Julio de dos mil diecinueve (2019) proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y en su lugar, ordénesele a la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONESa que proceda a reanudar el pago de la pensión de sobrevivientes a [su] favor (…) en calidad de cónyuge sobreviviente de su esposo fallecido Guillermo Vásquez Valencia -Q.E.P.D.-».

2. Para respaldar su queja expone, en síntesis, que mediante resolución No. 3454 del 7 de octubre de 1971 el extinto Instituto del Seguro Social -ISS, reconoció a su favor pensión de sobreviviente, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Guillermo Vásquez Valencia, ocurrido el 6 de abril de la citada anualidad.

extinto Instituto del Seguro Social -ISS, reconoció a su favor pensión de sobreviviente, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Guillermo Vásquez Valencia, ocurrido el 6 de abril de la citada anualidad. Asegura que el 24 de enero de 1977 contrajo nuevas nupcias con Narcisio Hernández León, razón por la cual en resolución No. 5591 del 1º de junio del año en mención la entidad aludida resolvió «suspender» el pago de la mesada 2Rad. n°. 11001-02-04-000-2020-01281-01 pensional, conforme lo establecía el artículo 2º de la Ley 33 de 1973, mandato que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-309 de 1996. Manifiesta que en vista de lo anterior, promovió el juicio cuestionado con el fin de que se «reanudara» el pago del emolumento señalado; sin embargo, en sentencia del 8 de agosto de 2014, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia desestimó aquella pretensión, tras advertir, en lo fundamental, que para el momento en que su primer cónyuge falleció estaba vigente la ley que consagraba «la pérdida del derecho a la pensión de sobrevivientes si la viuda pensionada contraía posteriores nupcias», decisión que apelada, fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma localidad en fallo del 5 de noviembre siguiente.

pensionada contraía posteriores nupcias», decisión que apelada, fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma localidad en fallo del 5 de noviembre siguiente. Sostiene que frente a esta última determinación interpuso recurso extraordinario de casación; no obstante, en providencia del 3 de julio de 2019, la Sala de Casación Laboral de esta Corte negó dicho mecanismo, tras considerar que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad contenida en la sentencia C-309 de 1996 sólo favorece a aquellas personas que contrajeron nuevas nupcias en vigencia de la Constitución Política de 1991, determinación que, en su sentir, conculca las garantías esenciales invocadas, toda vez que desatendió el fallo T-693 de 2009 de la Corte Constitucional, que amparó el derecho de una beneficiaria de pensión de sobreviviente que adquirió un nuevo vínculo matrimonial antes de la entrada en vigor de la Norma Fundamental. 3Rad. n°. 11001-02-04-000-2020-01281-01 RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS a.) La Sala de Casación Laboral de esta Colegiatura se limitó a remitir copia de la decisión cuestionada. b.) La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, pidió denegar el amparo reclamado, con sustento en que los fallos dictados en el curso del juicio laboral censurado se encuentran ajustados al ordenamiento

Colpensiones, pidió denegar el amparo reclamado, con sustento en que los fallos dictados en el curso del juicio laboral censurado se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, ya que, el emolumento que echa de menos la accionante le fue negado a ésta en vigencia del «artículo 62 de la Ley 90 de 1946» , esto es, con anterioridad a la Constitución Política de 1991.

c.) La Procuraduría 29 Judicial II para Asuntos del Trabajo alegó, que «lo pretendido por la accionante por vía de la presente tutela, no es demostrar la configuración de un defecto sustantivo, el cual no se encuentra probado, sino que se acoja su particular interpretación del precedente jurisprudencial constitucional, de modo que se extienda a supuestos de hecho no señalados expresamente en tales pronunciamientos, planteamiento que desborda la figura de la tutela contra sentencia judicial, la cual no se encuentra establecida para debatir la disparidad de pareceres frente a lo decidido por el juez de instancia». d.) En el expediente digital remitido por la Sala de Casación Penal de esta Corporación, no obran respuestas de los demás vinculados.

4Rad. n°. 11001-02-04-000-2020-01281-01 LA SENTENCIA IMPUGNADA El Tribunal Constitucional de primera instancia negó la salvaguarda pretendida, tras considerar que «la cuestión planteada por la parte actora a través de la acción de tutela, que nada

LA SENTENCIA IMPUGNADA El Tribunal Constitucional de primera instancia negó la salvaguarda pretendida, tras considerar que «la cuestión planteada por la parte actora a través de la acción de tutela, que nada dista de los argumentos aludidos dentro del proceso ordinario laboral, fue debidamente analizada y resuelta al interior del respectivo asunto, sin que se observe que el Órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria hubiese actuado de manera arbitraria o caprichosa, así lo deja entrever las consideraciones que se acaban de transcribir, los que igualmente permiten calificar la decisión como razonable y ajustada a las normas y las pruebas oportunamente incorporadas al expediente». LA IMPUGNACIÓN La gestora replicó el anterior fallo, para lo cual utilizó argumentos iguales a los planteados en la demanda de amparo.

CONSIDERACIONES

1. Como es sabido, el derecho de amparo previsto en el artículo 86 de la Constitución Nacional sólo es viable activarlo frente a determinaciones judiciales cuando las mismas incurran en alguna causal de procedencia, es decir, si corresponden arbitrario designio del funcionario, con alcances totalmente alejados de los fines perseguidos por el ordenamiento jurídico, a condición de que la víctima no tenga ni haya tenido otros instrumentos efectivos para

5Rad. n°. 11001-02-04-000-2020-01281-01 salvaguardar los derechos fundamentales que tales proveídos hayan amenazado o puesto en inminente riesgo, debido a que su naturaleza residual le impide operar en presencia de dichos medios.

salvaguardar los derechos fundamentales que tales proveídos hayan amenazado o puesto en inminente riesgo, debido a que su naturaleza residual le impide operar en presencia de dichos medios.

2. En el presente caso, la accionante se duele concretamente, de las sentencias dictadas en el marco del juicio laboral que instauró frente a Colpensiones , mediante las cuales le fue negada la «reanudación» del pago de la pensión de sobreviviente de su difunto cónyuge, por haber contraído nuevas nupcias.

3. Con el propósito de brindar solución a la controversia memorada, para la Corte resulta necesario verificar los documentos allegados electrónicamente al presente trámite, los cuales permiten apreciar lo siguiente: 3.1. La señora María Luz Mary García de Hernández, aquí interesada, promovió el pleito aludido para que se ordenara a Colpensiones «reanudar» el pago de la pensión de sobrevivientes reconocida a su favor luego del fallecimiento de su primer esposo, con el correspondiente retroactivo pensional, hasta el momento de la inclusión en nómina, mediante el respectivo acto administrativo, y que en consecuencia, se le pagara la indexación y los intereses moratorios. Para sustentar sus aspiraciones, puso de presente que la entidad demandada suspendió el emolumento aludido, tras haber contraido nuevas nupcias el 24 de enero de 1977.

moratorios. Para sustentar sus aspiraciones, puso de presente que la entidad demandada suspendió el emolumento aludido, tras haber contraido nuevas nupcias el 24 de enero de 1977. 6Rad. n°. 11001-02-04-000-2020-01281-01 3.2. Agotado el trámite legal correspondiente, en sentencia del 8 de agosto de 2014, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia negó las pretensiones de la demandante, acá gestora, y absolvió a la entidad demandada, bajo el argumento de que la suspensión de la prestación señalada por parte del extinto Instituto de Seguros Sociales se dio en vigencia del artículo 62 de la Ley 90 de 1946; y además, los efectos de la sentencia C-309 de 1996 operan únicamente para aquellas mujeres que nuevamente hubieren contraído matrimonio con posterioridad al 7 de julio de 1991, hipótesis en la que no se encuentra la demandante. 3.3. La ahora gestora insterpuso sin éxito recurso de apelación contra la anterior decisión, pues en providencia del 5 de noviembre siguiente la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de la ciudad memorada la confirmó íntegramente. 3.4. Contra esta última decisión, la aquí interesada formuló el recurso extraordinario de casación, sin embargo, en fallo del 3 de julio de 2019 la Sala de Casación Laboral de esta Corte negó dicho medio, tras considerar lo siguiente:

formuló el recurso extraordinario de casación, sin embargo, en fallo del 3 de julio de 2019 la Sala de Casación Laboral de esta Corte negó dicho medio, tras considerar lo siguiente: «Debe destacarse que el tribunal no incurrió en ningún error jurídico en la decisión adoptada, toda vez que, en esencia, acogió el criterio de esta Corporación, según el cual la pérdida del derecho pensional por muerte para los eventos en que la viuda contrae nuevas nupcias antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 no vulnera mandatos establecidos en ésta, por cuanto se deriva de reglas que tuvieron plena validez al amparo de un ordenamiento constitucional 7Rad. n°. 11001-02-04-000-2020-01281-01 diferente y que otorgó una protección y justificación a la unión matrimonial, tal como también lo ha avalado la propia Corte Constitucional en diversas sentencias respecto de reglas legales similares». Y para sustentar la anterior premisa, citó la sentencia SL452-2018, luego de lo cual, ultimó que: «De conformidad con el anterior criterio jurisprudencial, el ad quem no incurrió en error, dado que debía aplicarse al presente asunto la regla establecida en el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, por cuanto la demandante contrajo nuevas nupcias el 24 de enero de 1977, esto es, mucho tiempo antes de la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991, por lo que la extinción del derecho pensional no podía afectar

demandante contrajo nuevas nupcias el 24 de enero de 1977, esto es, mucho tiempo antes de la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991, por lo que la extinción del derecho pensional no podía afectar mandatos establecidos en este ordenamiento superior. Aunado a lo anterior, la recurrente no destruye el soporte esencial de la providencia del ad quem, relativo a que la Corte Constitucional en sentencia C-309 de 1996 y demás jurisprudencia análoga, no se pronunció sobre la norma jurídica que generó el derecho a la actora, esto es, la Ley 90 de 1946, y por ende sus efectos no podían aplicarse al sub lite. En consecuencia, al haber dejado incólume ese soporte de la decisión, el fallo de segunda instancia se sostiene, por la doble presunción de legalidad y acierto que arropa a las sentencias de los jueces».

4. De entrada, advierte la Corte el incumplimiento del requisito de la inmediatez en que incurrió la ahora interesada por tardanza en acudir al amparo; empero, como se ha dicho en casos similares donde la vulneración es muy evidente, la falta de ese presupuesto «no constituye un obstáculo

8Rad. n°. 11001-02-04-000-2020-01281-01 infranqueable para que [el amparo] proceda, si se tiene en cuenta que, se itera, la decisión comentada está amparada en un actuar contrario a derecho, lo que hace evidente y grave la vulneración del derecho

infranqueable para que [el amparo] proceda, si se tiene en cuenta que, se itera, la decisión comentada está amparada en un actuar contrario a derecho, lo que hace evidente y grave la vulneración del derecho fundamental al debido proceso del accionante, y por ende necesaria la intervención del Juez Constitucional para conjurar la afectación que generó tal proceder» (CSJ STC2508-2020). En efecto, aun cuando la salvaguarda fue tardía, para la Sala las providencias cuestionadas vulneraron las garantías al libre desarrollo de la personalidad e igualdad de la gestora, pues le negaron el pago de la pensión de sobreviviente a ella reconocida, por el hecho de haber contraído segundas nupcias con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Al respecto, en el pasado la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse en un caso similar al de ahora y concedió la protección ius fundamental, al considerar lo siguiente: «los hechos del caso dan cuenta que el fallo proferido por la Sala de Casación Laboral no concedió la prerrogativa exigida por Carmen Josefa Galvis de Macías, relacionada con el reconocimiento de la sustitución pensional de su exesposo Timoleón Jaimes Almeida, por el hecho de haber contraído “(…) nuevas nupcias (…)” antes de la vigencia de la Constitución de 1991. Lo anterior, según expuso la señalada Corporación, porque la norma imperante al momento de celebrarse el segundo matrimonio de la querellante, ocurrido el 23 de febrero de 1975, era el artículo 2 de la

de la Constitución de 1991. Lo anterior, según expuso la señalada Corporación, porque la norma imperante al momento de celebrarse el segundo matrimonio de la querellante, ocurrido el 23 de febrero de 1975, era el artículo 2 de la Ley 12 de esa misma anualidad, el cual establecía que el señalado beneficio económico se extinguía cuando el cónyuge supérstite se casaba de nuevo. 9Rad. n°. 11001-02-04-000-2020-01281-01 Si bien adujo la Colegiatura accionada que la citada norma se había declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-309 de 1996, enfatizó que tal determinación moduló los efectos de su aplicación en el tiempo, estableciendo que la misma se aplicaba respecto a “(…) las viudas que con posterioridad al siete de julio de 1991, hubieren contraído nuevas nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, perdido el derecho a la que en la actualidad se denomina pensión de sobrevivientes (…)”, condición que no cumplía la aquí quejosa. (…)

4. No obstante lo antelado, examinada la decisión contenida en la sentencia T -693 de 2009, se observa que allí se dijo que “(…) la modulación de los efectos temporales (…)” establecidos en la providencia C-309 de 1996, si bien se referían solo a la protección de las garantías superiores de ciudadanas que contrajeron nuevas nupcias con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Carta

providencia C-309 de 1996, si bien se referían solo a la protección de las garantías superiores de ciudadanas que contrajeron nuevas nupcias con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Carta Política, tal circunstancia “(…) no signifi[caba] que la Corte Constitucional [negara] la posibilidad de inferir atribuciones de carácter fundamental en cabeza de las mujeres que hubieren contraído nuevas nupcias con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 (…)”1. Dicha línea jurisprudencial recogió lo anotado en dos sentencias de constitucionalidad, emitidas con posterioridad al fallo C-309 de 1996, las cuales morigeraron la prohibición de aplicar retroactivamente dicha decisión para viudas casadas antes de 1991. 1 Sentencia T-693 de 2009. 10Rad. n°. 11001-02-04-000-2020-01281-01 En la primera de ellas, esto es, en la sentencia C-464 de 2004 2, se dijo que la anotada modulación no podía contrariar el “(…) principio pro-homine y a la prohibición de discriminación entre hombres y mujeres (sic) (…)”, pues ello implicaba dejar desprotegidas a las mujeres restantes, es decir, a aquéllas “(…) que contrajeron nuevas nupcias con anterioridad a 1991 (…)”. En la segunda, vale decir, en el fallo C-1126 de 2004, en cuyo asunto se analizó la exequibilidad del artículo 34 del Decreto 611 de

nupcias con anterioridad a 1991 (…)”. En la segunda, vale decir, en el fallo C-1126 de 2004, en cuyo asunto se analizó la exequibilidad del artículo 34 del Decreto 611 de 19973, por impedirle “(…) el acceso a la pensión de sobrevivientes de las compañeras permanentes (…)”, se anotó: “(…) En consecuencia, los compañeros y compañeras permanentes de empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional pensionados o con derecho a pensión, que con posterioridad al 7 de julio de 1991 y el 23 de diciembre de 1993, hayan tenido derecho a solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y no lo hubieren obtenido porque el artículo 34 del Decreto 611 de 1977 o el artículo 49 del Decreto 2701 de 1988 los excluía , podrán, en virtud de esta 2 En dicha providencia, la Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad contra, entre otros, el artículo 156 del Decreto Ley 612 de 1977, el cual establecía: “(…) Art.

156. Extinción de pensiones. A partir de la vigencia del presente Decreto, las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, o en goce de asignación de retiro o pensión militar, se extinguirán para la viuda si contrae nuevas nupcias y para los hijos pro muerte, emancipación, matrimonio, profesión religiosa,

en goce de asignación de retiro o pensión militar, se extinguirán para la viuda si contrae nuevas nupcias y para los hijos pro muerte, emancipación, matrimonio, profesión religiosa, independencia económica o por haber llegado a la edad de veintiún (21) años, salvo las hijas célibes, los hijos inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años, cuando hayan dependido económicamente del Oficial o Suboficial. La extinción se irá decretando a partir de la fecha del hecho que la motive y por la cuota parte correspondiente. La porción de la madre acrecerá con la de los hijos y la de éstos con la de la madre. En los demás casos no habrá derecho a acrecimiento (…)” (Se resalta la parte demandada). 3 “(…) Artículo 34.  Transmisibilidad de pensión . Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge en forma vitalicia y sus hijos menores o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por invalidez que dependieren económicamente del causante, tendrá derecho a percibir la respectiva pensión en la siguiente proporción: a) La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad para los hijos por partes iguales. b) A falta de   cónyuge , la pensión se dividirá entre los hijos por partes iguales. c) A falta de hijos menores, la pensión corresponderá en su totalidad al cónyuge sobreviviente.

c) A falta de hijos menores, la pensión corresponderá en su totalidad al cónyuge sobreviviente.

Parágrafo: 1° Este derecho lo pierde el cónyuge sobreviviente cuando por su culpa no vive unido al otro en el momento de su fallecimiento, o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital, y los hijos por llegar a la mayoría de edad y cesar la incapacidad. (…)” (se destaca los preceptos demandados).

11Rad. n°. 11001-02-04-000-2020-01281-01 providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados, solicitar que les sea reconocida dicha pensión, en caso de reunir las demás condiciones de ley (…)” (se resalta). Consecuente con lo antelado, y si bien no se reseñó en la anotada decisión de tutela, no debe dejarse de lado que en la sentencia C-182 de 19974, igualmente se dijo: “(…) Respecto a la pensión por fallecimiento o pensión de sobrevivientes, surge una clara, abierta y ostensible violación del derecho a la igualdad, al establecerse un privilegio para aquellos beneficiarios que han optado por mantenerse en estado de viudez, frente a quienes deciden contraer nuevas nupcias o hacer vida marital. Se coloca sin razón válida en una situación de desventaja y desfavorable a los destinatarios del régimen excepcional consagrado en los decretos mencionados, frente a aquellos cobijados por la Ley

marital. Se coloca sin razón válida en una situación de desventaja y desfavorable a los destinatarios del régimen excepcional consagrado en los decretos mencionados, frente a aquellos cobijados por la Ley 100 de 1993, para quienes no se extingue por dicha circunstancia la pensión de sobrevivientes. “(…) “Esta Corporación en Sentencia C-309 de 1996 señaló que la mujer tiene iguales derechos a los del hombre y no puede verse expuesta a perder sus beneficios legales como consecuencia legítima de su libertad. La norma legal que asocie a la libre y legítima opción individual de contraer nupcias o unirse en una relación marital, el riesgo de la pérdida de un derecho legal ya consolidado, se convierte en una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y a la autodeterminación del sujeto que vulnera el libre desarrollo de la personalidad sin ninguna justificación, como quiera que nada tiene que ver el interés general con tales decisiones personalísimas (...)”. 4 Allí se declaró la inexequibilidad de las expresiones “ para el cónyuge si contrae nuevas nupcias o hace vida marital ” de los artículos 188 (parcial) del Decreto 1211 de 1990, 174 (parcial) del Decreto 1212 de 1990, 131 (parcial) del Decreto 1213 de 1990 y 125 (parcial) del Decreto 1214 de 1990, los cuales extinguían la asignación de retiro para consortes supérstites por fallecimiento de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión militar.

supérstites por fallecimiento de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión militar. 12Rad. n°. 11001-02-04-000-2020-01281-01 En sede de tutela, también se atenuó la negativa de aplicar, se itera, el reconocimiento de la sustitución pensional o asignación de retiro a mujeres que se hayan casado nuevamente antes de la vigencia de la Constitución de 1991. Por ejemplo, en la sentencia T-592 de 20085 se advirtió lo siguiente: “(…) Efectivamente, desde el siete de julio de 1991, día en que entró a regir el nuevo orden constitucional, la señora Obdulia Acevedo de Vélez podía haber disfrutado del derecho a la pensión de sobreviviente, de haberlo reclamado, pues, a la luz de los dictados de la Carta Política, ningún derecho puede extinguirse como consecuencia del ejercicio legítimo de la libertad de los asociados de contraer nupcias o hacer vida marital (…)”6. Y más recientemente, en la sentencia T-309 de 20157, se expuso: “(…) Para la jurisprudencia de esta Corporación el desconocimiento, sin debida justificación, del precedente judicial configura un  defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales –sea este precedente horizontal o vertical-, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe. “(...) “La Corte Constitucional ha sostenido que la pensión otorgada a la

todas las autoridades judiciales –sea este precedente horizontal o vertical-, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe. “(...) “La Corte Constitucional ha sostenido que la pensión otorgada a la cónyuge o compañera permanente es de “ carácter vitalicio” y en tal virtud, esta prestación no se puede extinguir porque la viuda contraiga nuevas nupcias o haga nueva vida marital. De manera reiterada esta Corte ha protegido los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de los beneficiarios de pensiones de sobrevivientes que han optado, en ejercicio de su libertad, rehacer su vida marital, con independencia de la fecha en que lo 5 En dicho pleito se otorgó el amparo a la señora Obdulia Acevedo de Vélez, a quien el 14 de mayo de 1964, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares había resuelto privarla de la sustitución pensional que esa entidad le reconociera, en su calidad de cónyuge supérstite de Álvaro Baena Londoño, alegando que aquélla había contraído nuevas nupcias. 6 En el mismo sentido, véanse, entre otras, las sentencias T-292 de 2006 y T-692 de 2006. 7 En ese litigio se concedió el resguardo a Sofía Carvajal de Caballero, quien a pesar de venir disfrutando desde el 26 de julio de 1982, la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su cónyuge, le fue extinguida la misma en julio de 1985 por el ISS, argumentando que su retiro de nómina se daba en razón a que contrajo nuevas nupcias.

de su cónyuge, le fue extinguida la misma en julio de 1985 por el ISS, argumentando que su retiro de nómina se daba en razón a que contrajo nuevas nupcias. 13Rad. n°. 11001-02-04-000-2020-01281-01 hicieran. De manera que, no es de recibo para esta Sala de Revisión la interpretación otorgada por autoridades como la ahora demandada, de las sentencias de la Corte para suspender el pago de aquellas pensiones de sobrevivientes que ya habían sido reconocidas con anterioridad a la decisión de contraer nuevas nupcias o de iniciar nuevamente vida marital (…)”.

5. Consecuente con la doctrina constitucional reseñada, esta Sala infiere que la imposibilidad de la cónyuge supérstite de acceder a la sustitución pensional consagrada en la sentencia C-309 de 1996, por el hecho de desposarse antes del año 1991, le impone a ésta no solo una evidente condición regresiva, inequitativa y discriminatoria de su proyecto de vida como la de formar una familia y optar por un estado civil, en comparación con aquéllas que decidieron, de un lado, mantenerse en estado de viudez , y de otro, contraer nuevas nupcias o hacer vida marital con posterioridad a la reseñada fecha, aspecto que transgrede prima facie el principio de progresividad 8 y el derecho a la igualdad, particularmente, por consagrar un tratamiento diferencial sin mediar circunstancia objetiva y razonablemente justificada, entre personas colocadas en una misma situación fáctica, esto es, el derecho

igualdad, particularmente, por consagrar un tratamiento diferencial sin mediar circunstancia objetiva y razonablemente justificada, entre personas colocadas en una misma situación fáctica, esto es, el derecho de viudas y viudos de acceder al reconocimiento y pago de la pensión por fallecimiento del cónyuge. Lo anterior, no sugiere reconocerle efectos retroactivos a la 8 Este principio constituye una consecuencia del criterio de conservación o no derogación del régimen más favorable para el trabajador o beneficiario de la seguridad social, consagrada en el inciso 8º del artículo 19 de la constitución de la OIT, y aceptado en nuestra carta en el precepto 53 y por vía del bloque de constitucionalidad. Al respecto dijo la Corte Constitucional: “(…) Del principio de progresividad (la obligación de moverse lo más rápidamente posible hacia la meta) se deriva la prohibición de regresividad (las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente). Así, el Estado se encuentra obligado a aumentar progresivamente la satisfacción de los derechos sociales y tiene prohibido, al menos en principio, retroceder en los avances obtenidos. Como se verá, uno de tales avances es la inversión de recursos para la satisfacción del derecho, especialmente si existe una deficiente prestación del mismo por insuficiente cobertura, baja calidad o adaptabilidad. La prohibición de regresividad ha sido explicada en múltiples decisiones de esta Corte. En algunas de ellas la

inversión de recursos para la satisfacción del derecho, especialmente si existe una deficiente prestación del mismo por insuficiente cobertura, baja calidad o adaptabilidad. La prohibición de regresividad ha sido explicada en múltiples decisiones de esta Corte. En algunas de ellas la Corte se ha referido a la prohibición de regresividad por la disminución del radio de protección de un derecho social. En otras, se ha referido a la violación de esta garantía constitucional, por la disminución de los recursos públicos invertidos en la satisfacción de un derecho social o el aumento signi