CSJ - STC17074-2025

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - STC17074-2025
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
2025

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente STC17074-2025 Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05050-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veinticinco) Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025). Decide la Corte la acción de tutela que César Augusto Ríos González formuló contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Montería y los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de la misma ciudad, trámite al que fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes de los juicios de pertenencia rad. n.º 2018-00005 y reivindicatorio rad. n.º 2017-00331.

ANTECEDENTES

1. El accionante, en su propio nombre, reclamó la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas.

2. En sustento, adujo que, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería, se adelantó un proceso de pertenencia (rad. n.º 201800005) en relación con el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria n.° «140-1806», el cual había sido asignado a su padre en la sucesión de suRad. n.º 11001-02-03-000-2025-05050-00 abuelo; trámite que culminó con sentencia favorable para los allí demandantes, confirmada en segunda instancia por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa urbe.

abuelo; trámite que culminó con sentencia favorable para los allí demandantes, confirmada en segunda instancia por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa urbe. Indicó que el 19 de julio de 2025 se enteró « de un Proceso Judicial Reivindicatorio, que habían promovido [sus] hermanos para rescatar la casa», cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad y al que, el 2 de septiembre siguiente, fue « convocado» para participar en la « Audiencia de Instrucción y Juzgamiento, para la entrega del inmueble objeto de la litis», diligencia en la que los demandados presentaron

«INCIDENTE DE COSA JUZGADA […] SOPORTADO CON LA SENTENCIA DEL

PROCESO VERBAL DE PERTENENCIA […] 2018-00005».

Se quejó, entonces, de que su padre, aun cuando se encontraba fallecido, fue tenido como demandado en el proceso de pertenencia, lo cual «constituye vicio de nulidad »; y lo que se pretende con el « INCIDENTE DE COSA JUZGADA » formulado por los convocados en el reivindicatorio es hacer efectiva una sentencia que «es nula». Al respecto, añadió que el recurso de revisión «se torna INEFICAZ, en razón a que […] no produciría la eficacia jurídica para conjurar la actual situación del inmueble y mucho menos, la actual situación del tutelante frente al bien inmueble objeto de la litis».

3. En ese orden, en esencia, pidió que se declare la « NULIDAD DE TODO LO ACTUADO AL INTERIOR DEL PROCESO […] DE PERTENENCIA», y que, como consecuencia, se ordene «INADMITIR LA DEMANDA» para que,

3. En ese orden, en esencia, pidió que se declare la « NULIDAD DE TODO LO ACTUADO AL INTERIOR DEL PROCESO […] DE PERTENENCIA», y que, como consecuencia, se ordene «INADMITIR LA DEMANDA» para que, en ese trámite, se incluya como demandados a los «herederos determinados e indeterminados» de su padre.

2Rad. n.º 11001-02-03-000-2025-05050-00 Igualmente, solicitó que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de la capital de Córdoba « reabrir de manera inmediata y programar Audiencia de entrega del bien inmueble» en el reivindicatorio. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería sostuvo que, en el sub lite, no se cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional, con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber: (i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un

orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber: (i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se 3Rad. n.º 11001-02-03-000-2025-05050-00 impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela (C.C., C-590/05 y SU-813/07). De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2. En el presente caso, el accionante censuró que en el trámite

carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2. En el presente caso, el accionante censuró que en el trámite reivindicatorio rad. n.º 2017-00331 se pretenda hacer valer, por los demandados, una excepción de cosa juzgada que tiene como soporte la sentencia dictada en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio rad. n.º 2018-00005, la cual resultó favorable a las pretensiones de la parte actora, porque ella «es nula».

3. No obstante, examinadas las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente que fue aportado a este trámite, se advierte la negativa del amparo, porque se halla incumplido el requisito de la subsidiariedad. 3.1. En efecto, nótese que, prima facie, el recurrente tendría a su alcance otro mecanismo apto para el pleno ejercicio de las garantías que estima conculcadas, pues, ciertamente, fundó su reclamo en que en el proceso de pertenencia rad. n.º 2018-00005 se configuró la causal de nulidad prevista en el «numeral 8º del artículo 133 del C.G del P.», por el hecho de que hubo «inexistencia del demandado y/o falta de capacidad para ser parte […], así como la indebida notificación a los herederos determinados e indeterminados, como, la indebida integración del contradictorio », irregularidades que considera

«INSANEABLES».

4Rad. n.º 11001-02-03-000-2025-05050-00

la indebida integración del contradictorio », irregularidades que considera

«INSANEABLES».

4Rad. n.º 11001-02-03-000-2025-05050-00 En ese orden, atendiendo a que los motivos de censura se centraron en esas circunstancias, es evidente que no es la acción constitucional la herramienta procedente para dirimir sus inconformidades, pues el legislador diseñó para tal efecto el recurso extraordinario de revisión; que, a voces del artículo 355 del Código General del Proceso, numeral 7, procede por «[e]star el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad», opción viable mientras se atienda la oportunidad legal establecida en el artículo 356 ejusdem. En un caso con contornos similares, esta Corporación precisó: [E]l promotor cuenta con la opción de debatir la indebida notificación que alega en el juicio ordinario, mediante la formulación del recurso extraordinario de revisión (...), el cual puede promover independientemente de su desenlace, siempre y cuando se atienda la oportunidad legal y apoye la petición en una de las causales establecidas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil [hoy artículo 355 del Código General del Proceso]; en tal sentido, resulta ilustrativo el inciso tercero del artículo 142 ib[i]dem al señalar: “la nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, podrá también alegarse durante la

resulta ilustrativo el inciso tercero del artículo 142 ib[i]dem al señalar: “la nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339, o como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las anteriores oportunidades" (CSJ, STC, 24 may. 2012, rad. 201200999-00; citada, entre otras, en: CSJ, STC7069-2019 y CSJ, STC78442022). Entonces, dada la idoneidad del instrumento judicial reseñado, el cual no acreditó haber utilizado, no procede la salvaguarda ni siquiera como mecanismo de protección transitorio. Al respecto, en otro pronunciamiento en esta misma sede, dijo la Sala: En cierre, no es posible acceder al amparo, ni siquiera de manera transitoria, porque el recurso de revisión al que se ha hecho referencia, se muestra idóneo para solventar las quejas de la accionante, en la medida en que fue justamente diseñado para analizar vicisitudes como las que en su demanda de amparo expone, sin que se evidencie la necesidad de intervenir anticipadamente en tal 5Rad. n.º 11001-02-03-000-2025-05050-00 determinación, pues [el] promotor de la acción no se encuentra en ninguna situación calamitosa, de tal magnitud, que no pueda acudir a la justicia ordinaria en pos de una solución a sus reparos (CSJ, STC15701-2016,

situación calamitosa, de tal magnitud, que no pueda acudir a la justicia ordinaria en pos de una solución a sus reparos (CSJ, STC15701-2016, citada en STC7259-2021). 3.2. De otra parte, en lo relacionado con las críticas que versan sobre las actuaciones del Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería (rad. n.º 2017-00331), vale destacar que la apoderada del aquí accionante formuló recurso de apelación en contra de la sentencia que, en primera instancia, negó las pretensiones reivindicatorias; remedio a través del cual ventiló idénticos cuestionamientos que en este trámite constitucional. Así, teniendo en cuenta el estado actual del litigio, no puede admitirse que por medio de este trámite constitucional se provea la solución a cuestiones que aún debe dirimir el juez ordinario, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley. De ahí que le corresponde primero al juez de la causa resolver o definir sobre la alegada nulidad y la valoración que de las distintas pruebas realizó el a quo, entre otros, sin que sea viable anticiparse a la determinación que aquel, en el marco de sus funciones, autonomía e independencia, pueda adoptar, máxime si aquella involucra aspectos cuya trascendencia resulta indiscutible en el devenir de la controversia en cuestión. Por lo tanto, el que se encuentre cursando dicha tramitación no solo

trascendencia resulta indiscutible en el devenir de la controversia en cuestión. Por lo tanto, el que se encuentre cursando dicha tramitación no solo convierte en prematuras las súplicas, sino que resulta inviable que opere incluso como mecanismo transitorio, ya que, en estos eventos, el peticionario deberá esperar la conclusión del asunto puesto a consideración del competente. 6Rad. n.º 11001-02-03-000-2025-05050-00 Al respecto, recuérdese que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de subsidiariedad y su inobservancia ocurre no solo cuando aún existen otras vías tendientes a solucionar la afectación a los derechos o las mismas están siguiendo su curso , sino también porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios.

4. Lo expuesto conlleva, sin más, a predicar la negativa de la salvaguarda.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Presidente de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

7Rad. n.º 11001-02-03-000-2025-05050-00

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

(con ausencia justificada)

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

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