CSJ - STC17528-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC17528-2026

Radicación n° 41001-22-14-000-2026-00324-01

(Aprobado en sesión del nueve de septiembre de dos mil veintiséis)

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada por S frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de N el 6 de agosto de 2026, dentro de la acción de tutela que promovió contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de G, trámite al que se vinculó al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de G y al Banco Agrario de Colombia, así como a las partes e intervinientes del juicio de revisión de cuota alimentaria bajo radicado No. 2026-00170-00.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad del menor de edad involucrado en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo nº 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1.- El gestor busca la protección de los derechos fundamentales de petición y debido proceso, así como de las garantías que amparan al menor de edad.

ANTECEDENTES

1.- El gestor busca la protección de los derechos fundamentales de petición y debido proceso, así como de las garantías que amparan al menor de edad.

2.- En síntesis, manifestó que, dentro del proceso de revisión de cuota alimentaria promovido en su contra por C, en favor del menor M, al intentar consignar la cuota correspondiente a junio de 2026, la plataforma del Banco Agrario arrojó el mensaje «no se encontró un juzgado para ese código», lo que le impidió efectuar el pago por causas ajenas a su voluntad. Ante dicha situación, el 16 de junio de 2026 presentó derecho de petición ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de G, solicitando que se verificara y reactivara el código de depósito judicial o, en su defecto, se le asignara uno nuevo que le permitiera cumplir oportunamente con la obligación alimentaria.

Señaló que la falta de respuesta a su solicitud le ha generado consecuencias desfavorables, pues la madre del menor reportó ante la Comisaría de Familia de L un supuesto incumplimiento de la obligación alimentaria, atribuyéndole una mora que, según afirmó, obedeció a inconvenientes técnicos y a la falta de actuación del despacho judicial. Agregó que, para la fecha de presentación de la acción de tutela, habían transcurrido más de 26 días hábiles sin obtener contestación a su petición, superándose así el término legal previsto en la Ley 1755 de 2015.

3.- Con soporte en lo anterior, pretende, se ordene a la autoridad accionada: i) «que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, resuelva de fondo, de manera clara, precisa y completa la petición radicada el 16 de junio de 2026 en el proceso No. 41298318400120260018500, SOLICITAR SU AVANCE O ESTADO ACTUAL DE ACTUACIONES DEL PROCESO, POR MOTIVOS DE TRASLADO DE RESIDENCIA DEL MENOR M.»; ii) «ORDENAR al Juzgado accionado emitir el correspondiente OFICIO dirigido al Banco Agrario de Colombia solicitando la verificación, reactivación inmediata del código de consignación No. 412983184001 o la asignación de uno nuevo para garantizar la consignación de la cuota alimentaria» yiii) «ORDENAR la expedición de certificación del trámite cursado con destino a la Comisaría de Familia de L, respectiva para fundamentar la realidad de las actuaciones, POR MOTIVOS DE TRASLADO DE RESIDENCIA DEL MENOR M».

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1.- El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de G informó que, si bien el accionante presentó una solicitud relacionada con la supuesta inhabilitación de un código de consignación judicial, esta partía de una premisa equivocada, pues los pagos de alimentos se venían efectuando a través del Juzgado Único Promiscuo de Familia de L y no mediante un código asociado a ese despacho. Añadió que el proceso fue remitido, por competencia, al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de G, con ocasión del cambio de domicilio del menor, razón por la cual carecía de competencia para resolver las peticiones formuladas.

Agregó que el propio actor acreditó haber efectuado las consignaciones alimentarias correspondientes, por lo que no se configuraba una imposibilidad real de pago y, en consecuencia, se presentaba una carencia actual de objeto por hecho superado.

2.- El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de G comunicó que asumió el conocimiento del proceso de revisión de cuota alimentaria, radicado No. 2026-00170-00, y que, mediante auto del 30 de julio de 2026, admitió la demanda y dispuso darle el trámite correspondiente dentro del ámbito de sus competencias legales.

3.- El Banco Agrario de Colombia informó que no se presentó falla alguna en su plataforma, sino un error al ingresar el código de consignación, toda vez que el gestor utilizó el código interno del juzgado y no el número de la cuenta judicial habilitada, la cual se encontraba activa. En consecuencia, sostuvo que no vulneró derecho fundamental alguno y solicitó negar la acción de tutela respecto de esa entidad.

4.- C solicitó ser desvinculada del trámite de tutela, al considerar que no tuvo participación alguna en la presunta vulneración del derecho de petición. Señaló, además, que los documentos aportados por el accionante evidenciaban la existencia de mecanismos para efectuar los pagos de alimentos, por lo que no se acreditaba una imposibilidad absoluta para cumplir la obligación. Finalmente, pidió que no se tuvieran por ciertas las acusaciones formuladas en su contra, por carecer de sustento probatorio.

5.- El municipio de L solicitó su desvinculación del trámite, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

5.- El municipio de L solicitó su desvinculación del trámite, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de N refirió que el asunto fue remitido inicialmente por el Juzgado Único Promiscuo de Familia de L al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de G, por razones de competencia, y posteriormente al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de G, despacho que asumió su conocimiento en julio de 2026.

Señaló que, si bien no se había emitido pronunciamiento respecto del memorial presentado por el accionante el 16 de junio de 2026, para la fecha en que se interpuso la acción de tutela, esto es, el 23 de julio siguiente, aún no había vencido el término legal de diez días previsto para resolver la solicitud. En consecuencia, estimó que no se configuraba una mora judicial injustificada ni, por ende, vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

Por lo anterior, concluyó que la acción de tutela había sido promovida de manera prematura y, en consecuencia, negó el amparo solicitado.

IMPUGNACIÓN

El promotor reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregó que, la afectación a sus derechos esenciales continúa, pues a la fecha no ha recibido una respuesta de fondo sobre la solicitud radicada el 16 de junio de 2026. Señaló que, además de los inconvenientes inicialmente reportados con el código del juzgado de G, también encontró imposibilidad para realizar consignaciones utilizando el código del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de G, debido a que la plataforma del Banco Agrario de Colombia no reconocía dicho código.

Indicó que, para garantizar el cumplimiento de su obligación alimentaria y proteger el interés superior de su hijo, continuó efectuando los pagos mediante el código anteriormente utilizado por el Juzgado Único Promiscuo de Familia de L. Por ello, solicitó revocar el fallo que negó el resguardo y ordenar dar contestación a su solicitud.

CONSIDERACIONES

1.- Anticipa la Corte el fracaso de la tutela y la convalidación del proveído de primera instancia por las siguientes razones:

1.1.- Es preciso señalar que, cuando se elevan solicitudes ante autoridades judiciales, calificadas por los interesados como «derechos de petición», y relacionadas con asuntos sometidos a su conocimiento, deben diferenciarse si con ellas se pretende impulsar una actuación propia del trámite judicial o la emisión de una providencia, o sí, por el contrario, se solicita una actuación de naturaleza administrativa.

Las primeras se encuentran ligadas al expediente y se rigen por las reglas propias del proceso. Las segundas, en cambio, se enmarcan en la prerrogativa del derecho de petición y pueden ser atendidas por esa vía excepcional.

Por tanto, la garantía consagrada en el artículo 23 de la Carta Política no tiene cabida en el ámbito de los procesos judiciales, salvo en lo relacionado con gestiones de carácter administrativo.

Ello obedece a que son las normas procesales las que regulan las respuestas que deben darse a las solicitudes formuladas por los sujetos procesales.

Sobre el particular, esta Sala ha sostenido:

Ello obedece a que son las normas procesales las que regulan las respuestas que deben darse a las solicitudes formuladas por los sujetos procesales.

Sobre el particular, esta Sala ha sostenido:

«(…) [L]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuación judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de éstas comporta la vulneración del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garantía del libre acceso a la administración de justicia, también consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejúsdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que sólo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petición a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales están regulados por las normas que disciplinan la administración pública (…)”» STC6984-2024.

Comoquiera que las pretensiones formuladas por S se relacionan con las dificultades presentadas para efectuar las consignaciones correspondientes a la cuota alimentaria a favor de un menor, no resultan aplicables las reglas previstas en el artículo 23 de la Constitución Política, sino las garantías propias del debido proceso.

De modo que, aun cuando las peticiones hayan sido presentadas bajo la denominación del «derecho de petición», no puede reclamarse respuesta con fundamento en dicha garantía constitucional; por el contrario, corresponde establecer si existió vulneración del derecho al debido proceso.

1.2.- Despejado lo anterior, se advierte que el tutelante atribuye al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de G la vulneración de sus garantías fundamentales, al no haberse pronunciado sobre la solicitud radicada el 16 de junio de 2026, mediante la cual pidió:

«a) Oficiar de urgencia al Banco Agrario de Colombia para verificar y reactivar el código de depósito judicial No. 412983184001. o

b) En caso de inactividad definitiva, asignar un nuevo código o canal habilitado para depositar la cuota de alimentos a favor de mi hijo. o

c) Incorporar la respuesta al expediente y expedir constancia con destino a la Comisaría de Familia».

En su criterio, dicha omisión configura una mora judicial que afecta gravemente sus derechos fundamentales y los de su hijo menor de edad.

No obstante, durante el trámite de la presente acción constitucional, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de G, mediante Oficio No. 1377 del 1º de septiembre de 2026, remitido al accionante, se pronunció sobre lo solicitado en los siguientes términos:

«Frente a la solicitud elevada por el señor S, relacionada con el código de consignación judicial No. 412983184001, este Despacho una vez verificado el expediente y la cuenta del Banco Agrario de Colombia, se establece que por ser remitido dentro de dos Juzgados de Familia y finalmente allegado a este Juzgado la información requerida resulta pertinente para establecer las condiciones existentes para el cumplimiento de la obligación alimentaria objeto del presente proceso.

En consecuencia, se dispondrá informar que mediante Auto del 30 de julio se admitió el proceso de revisión de cuota alimentaria promovido por la señora C contra el señor S a favor del menor M bajo el radicado 41306408900120260017000, le informamos que por que el Juzgado de origen que fue el Juzgado Promiscuo de familia de la L, remitió al Juzgado Primero de Familia de G su solicitud de títulos, y no fue resuleta (sic) ya que cada Juzgado cuenta con una cuenta oficial del Banco Agrario de Colombia, la consignación judicial No. 412983184001, correspondiente al Juzgado Primero de Familia de G, no es la cuenta habilitada.

Por lo que se informa que el trámite se continua en este Juzgado Primero Promiscuo Municipal de G bajo el radicado 41306408900120260017000 y el número de cuenta de consigación (sic) de este Juzgado es el No. 413062042001 del Banco agrario de Colombia.

Por lo que se informa que si desea seguir realizando las consignaciones a este Despacho judicial es la cuenta habilitada por el Juzgado.

La misiva fue remitida a la dirección de correo electrónico informada por el tutelante: rosaclara@gmail.com.

1.3.- Así las cosas, se advierte que, durante el trámite de la presente acción constitucional, el funcionario cuestionado se pronunció sobre la omisión reprochada por el accionante y, además, impartió el impulso correspondiente al proceso

Por ende, se torna inane el análisis de fondo de la discusión planteada por el memorialista, ante la carencia actual de objeto por hecho superado, aspecto sobre el cual, se ha dicho que «(…) ningún sentido tiene que aquí se imparta cualquier tipo de orden en relación con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan características diferentes a las iniciales» (STC203-2024).

2.- En definitiva, se ratificará lo resuelto por el tribunal, pero por estas razones.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOS