CSJ - STC20653-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20653-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05823-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Manuel Gregorio Herazo Jiménez contra la Sala de Casación Penal , trámite al cual fueron vinculados los partícipes en el proceso n.° (2020-00014-01).

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , defensa e igualdad, así como de « las garantías constitucionales de congruencia, buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica », presuntamente vulnerados por la sala convocada.

2. En síntesis, adujo que en providencia SP0712026, proferida el 28 de enero de 2026 , la Sala de Casación Penal revocó parcialmente la sentencia proferida por la SalaRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05823-00

2 Penal de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería para modificar la calificación jurídica de la conducta por la que se le condena , para declarar que es delito de peculado por apropiación a favor de terceros, en su modalidad dolosa.

3. De esa decisión deriva la lesión a sus prerrogativas fundamentales toda vez que, en su concepto, se presenta una

delito de peculado por apropiación a favor de terceros, en su modalidad dolosa.

3. De esa decisión deriva la lesión a sus prerrogativas fundamentales toda vez que, en su concepto, se presenta una vulneración directa a la constitución y defecto sustantivo por «descontextualización del preacuerdo» que realizó con la Fiscalía.

4. Por lo anterior, solicitó dejar sin efectos la referida providencia, « en cuanto conservó la aceptación de responsabilidad derivada del preacuerdo, pero modificó la modalidad subjetiva expresamente convenida », y en consecuencia, se emita una nueva decisión.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó que se declare la improcedencia del resguardo conforme se incumple con el requisito de inmediatez, pues la decisión que se cuestiona se notificó por estrados el 18 de marzo de 2026 y la demanda se suscribió el 25 de septiembre de 2026, es decir, más de seis meses después de la notificación.

Alegó que, la acción carece de relevancia constitucional, pues pretende replantear en esta sede argumentos que ya fueron estudiados y resueltos por la Sala , que, en todoRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05823-00

3 caso, no se configura ninguna causal específica de procedibilidad, pues la sentencia fue razonable.

2. La Sala de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería destacó que la Sala de Casación Penal varió la decisión emitida por aquella dentro del proceso en el que fue imputado el tutelante, por

2. La Sala de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería destacó que la Sala de Casación Penal varió la decisión emitida por aquella dentro del proceso en el que fue imputado el tutelante, por lo que es a esta última a quien corresponde destacar los motivos por los cuales falló en el sentido que lo hizo en la decisión cuestionada por el accionante.

3. El Ministerio de Educación solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.

4. Fiduprevisora S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones, relievando que no se configuró ningún defecto específico de procedibilidad.

CONSIDERACIONES

1. El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la inmediatez, con el que se busca impedir que se desnaturalice el trámite de la tutela, en tanto la protección que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneración o amenaza actual.

Al respecto, ya se encuentra decantado que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuación que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, como lo ha dicho esta Sala:Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05823-00

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En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la

pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ordinal 7, artículo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental.

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses. (CSJ, STC, 29 abr 2009, rad. 2009 -00624-00, recientemente en STC17149-2025).

Este presupuesto adquiere mayor relevancia cuando la censura se circunscribe a una providencia judicial y su análisis requiere mayor rigor, ya que lo que eventualmente se desvirtuaría serían principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y de contera la autonomía e independencia judicial. Esa es la postura reiterada de esta

Corte:

En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último

Corte:

En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser, convirtiéndose, subsecuentemente , en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y legítimos intereses de terceros . (CSJ, STC10554-2018 reiterando STC12196-2014).Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05823-00

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2. La Sala declarará la improcedencia del amparo ante el manifiesto in cumplimiento del principio de la inmediatez. En efecto, el promotor del amparo cuestiona la providencia de 28 de enero de 2026 , acusándola de incurrir en vulneración al debido proceso al revocar parcialmente la determinación del Tribunal de Montería y modificar el delito por el que debe ser condenado.

Sin embargo, como la salvaguarda constitucional fue presentada el 25 de septiembre de 2026 1, pronto se advierte la desatención del referido presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela , comoquiera que, si el tutelante consideraba que tal determinación vulneraba sus prerrogativas, debió acudir al resguardo de manera tempestiva, pero no lo hizo dentro del término señalado como prudente por la jurisprudencia constitucional, conforme los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada , sino que lo superado el término de 6 meses.

3. Ahora bien, en algunos casos se ha flexibilizado el presupuesto de la inmediatez, sin embargo, ello solo puede

principios de seguridad jurídica y cosa juzgada , sino que lo superado el término de 6 meses.

3. Ahora bien, en algunos casos se ha flexibilizado el presupuesto de la inmediatez, sin embargo, ello solo puede obedecer, entre otras, a la existencia de un motivo válido que justifique la inactividad del accionante para activar la jurisdicción constitucional. Al respecto ha indicado la Corte:

Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acción, la Corte ha establecido los siguientes criterios: “(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad

1 Soporte de recepción visible en consecutivo 01. ESAV. 003Soporte_de_envío.pdf.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05823-00

6 justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv ) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición . (CSJ, STC 39492021).

En el sub-lite, el promotor no realizó manifestación alguna que permita evidenciar alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del mentado presupuesto, por lo que se releva a esta particular justicia de ahondar en análisis de otras temáticas, como la

alguna que permita evidenciar alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del mentado presupuesto, por lo que se releva a esta particular justicia de ahondar en análisis de otras temáticas, como la juridicidad de las decisiones criticadas, examen que sin duda está condicionado a la superación del referido requisito temporal.

4. En definitiva, se impone declarar la improcedencia de la salvaguarda elevada por superarse el término considerado como prudencial para acudir a esta.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE el amparo incoado a través de la acción de tutela de la referencia.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05823-00

7 Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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