CSJ - STC20691-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20691-2026 Radicación n° 05000-22-13-000-2026-00401-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada por la Compañía Química Los Lares Ltda., frente a la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acción de tutela que promovió contra los Juzgados Civil del Circuito de Puerto Berr ío y Promiscuo Municipal de Caracolí , trámite al que se vincularon las partes e intervinientes de la tutela No. 202600156-00 y la pertenencia No. 2018-00066-00.

ANTECEDENTES

1.- La gestora busca la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y acceso efectivo a la administración de justicia.Rad. n° 05000-22-13-000-2026-00401-01 2 2.- En síntesis, manifestó que, dentro de la pertenencia promovid a en su contra por William Benito Colorado Ramírez, el Juzgado Promiscuo Municipal de Caracolí, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2025, declaró la adquisición del dominio sobre el predio rural denominado «El Guadual», pese a que, en su criterio, no existía plena certeza acerca del cumplimiento de los presupuestos

declaró la adquisición del dominio sobre el predio rural denominado «El Guadual», pese a que, en su criterio, no existía plena certeza acerca del cumplimiento de los presupuestos legales exigidos para declarar la prescripción adquisitiva de dominio, decisión que afectó su derecho de propiedad.

Señaló que el fallo se profirió a pesar de las inconsistencias existentes en la identificación e individualización del inmueble, particularmente en lo relacionado con sus linderos, cabida y antecedentes, circunstancia que, a su juicio, impedía determinar c on claridad el bien objeto de la declaración de pertenencia. Asimismo, sostuvo que no se verificó adecuadamente el cumplimiento de los requisitos de publicidad propios de esta clase de procesos, pues existían dudas acerca de la instalación y acreditación de la valla informativa exigida por la ley.

Igualmente, adujo que la decisión incurrió en defectos fácticos al dar por demostrada la posesión material ejercida por el demandante durante el término requerido para prescribir, sin establecer con claridad el momento a partir del cual dejó de ser mero te nedor para comportarse como verdadero poseedor. En su criterio, tales irregularidades vulneraron su prerrogativa al debido proceso, en tantoRad. n° 05000-22-13-000-2026-00401-01 3 condujeron a la pérdida de su derecho de dominio con fundamento en una valoración probatoria insuficiente.

Finalmente, indicó que interpuso oportunamente recurso de apelación contra la sentencia del 12 de diciembre de 2025, en el que expuso las irregularidades que, a su juicio,

fundamento en una valoración probatoria insuficiente.

Finalmente, indicó que interpuso oportunamente recurso de apelación contra la sentencia del 12 de diciembre de 2025, en el que expuso las irregularidades que, a su juicio, afectaban la decisión. No obstante, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío declaró desierto el recurso al considerar que no fue sustentado en segunda instancia . Estimó que esa determinación le impidió obtener un pronunciamiento de fondo sobre sus inconformidades y acceder a la doble instancia, al privarla de la revisión del fallo que extinguió su derecho de propiedad.

3.- Con fundamento en lo anterior, pretende que , se ordene: i) «DEJAR SIN EFECTOS el auto del 25 de febrero de 2026 mediante el cual el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío declaró desierto el recurso de apelación y el auto del 16 de marzo de 2026 que no repuso esa determinación y no concedió la queja », ii) «ORDENAR al Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío que, dentro del término que fije la Sala, continúe el trámite de la apelación contra la sentencia del 12 de diciembre de 2025, tomando como sustentación material el escrito oportunamente presentado ant e el Juzgado Promiscuo Municipal de Caracolí, garantizando el traslado a la contraparte y resolviendo la alzada con plena autonomía judicial»; iii) «ORDENAR que, al resolver la apelación, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío examine expresamente: el cumplimiento de la publicidad especial del artículo 375 del CGP; la incorporación y permanencia del contenido de la valla en el

apelación, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío examine expresamente: el cumplimiento de la publicidad especial del artículo 375 del CGP; la incorporación y permanencia del contenido de la valla en el registro correspondiente; la suficiencia de la inspección judicial y de sus anexos fotográficos; la identidad material, cabida y linderos del inmueble; la contradicción derivada de afirmar que el predio de Roberto Vergara fue añadido a El Guadual y, al mismo tiempo, conservarlo comoRad. n° 05000-22-13-000-2026-00401-01 4 lindero exterior; la demostración de la interversión del título; y la valoración individual y conjunta de la prueba relevante».

De igual modo, solicitó: iv) «SUBSIDIARIAMENTE, si la Sala considera que no es jurídicamente posible restablecer la segunda instancia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 12 de diciembre de 2025 y las actuaciones posteriores que dependan de ella, y ORDENAR al Juzgado Promiscuo Municipal de Caracolí renovar el trámite desde el momento necesario para cumplir materialmente las reglas especiales de publicidad e inspección del artículo 375 del CGP, esclarecer la identidad del inmueble y proferir una nueva decisión debidamente motivada, sin imponerle el sentido del fallo » y v) «DISPONER las demás medidas que la Sala estime indispensables para restablecer de manera efectiva los derechos fundamentales vulnerados, preservando la autonomía e independencia del juez ordinario».

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1.- El Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío se opuso a la concesión del amparo, al considerar que no ha vulnerado

independencia del juez ordinario».

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1.- El Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío se opuso a la concesión del amparo, al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante. Explicó que la decisión mediante la cual declaró desierto el recurso de apelación ya había sido cuestionada a través de una acción de tutela anterior, resuelta desfavorablemente para la actora por el Tribunal Superior de Antioquia y, posteriormente, confirmada por esta Sala.

Asimismo, indicó que las solicitudes de nulidad formuladas por la gestora en agosto de 2026 se encuentran pendientes de trámite ante el juez de conocimiento y recaen, principalmente, sobre aspectos relacionados con laRad. n° 05000-22-13-000-2026-00401-01 5 publicidad de las actuaciones surtidas en segunda instancia, sin que se advierta la existencia de una mora judicial injustificada.

2.- El Promiscuo Municipal de Caracolí defendió la legalidad de la sentencia de pertenencia y sostuvo que se acreditaron debidamente la publicidad del proceso, la identificación del inmueble y la posesión alegada por William Benito Colorado Ramírez. Atribuyó la pérdida de la oportunidad de obtener una decisión de segunda instancia a la actuación del apoderado de la tutelante, quien no sustentó oportunamente el recurso de apelación ante el superior, circunstancia que dio lugar a su declaratoria de deserción.

3.- William Benito Colorado Ramírez solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al estimar que la controversia ya había sido examinada en una acción

circunstancia que dio lugar a su declaratoria de deserción.

3.- William Benito Colorado Ramírez solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al estimar que la controversia ya había sido examinada en una acción constitucional anterior. Añadió que esta pretende reabrir debates relacionados con la valoración proba toria y la declaratoria de deserción del recurso de apelación, sin que se configure vulneración alguna de derechos fundamentales.

4.- La Agencia Nacional de Tierras —ANT— solicitó su desvinculación del trámite constitucional, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia negó el resguardo, al considerar que la nuevaRad. n° 05000-22-13-000-2026-00401-01 6 acción de tutela promovida por la gestora reiteraba la misma controversia planteada en una solicitud anterior contra la declaratoria de deserción del recurso de apelación, asunto que ya había sido resuelto desfavorablemente para la accionante. En consecuen cia, estimó configurada la cosa juzgada constitucional.

Asimismo, frente a los nuevos cuestionamientos relacionados con la publicidad del proceso de pertenencia, la inspección judicial, la individualización del inmueble y la interrupción del título, consideró que no correspondían a hechos nuevos. Señaló que su examen se frustró por la falta de sustentación oportuna del recurso de apelación por parte de la propia tutelante y que, en todo caso, existen solicitudes de nulidad pendientes de decisión ante los jueces naturales,

hechos nuevos. Señaló que su examen se frustró por la falta de sustentación oportuna del recurso de apelación por parte de la propia tutelante y que, en todo caso, existen solicitudes de nulidad pendientes de decisión ante los jueces naturales, razón por la cual no se satisface el requisito de subsidiariedad.

Adicionalmente, concluyó que tampoco se cumplía el presupuesto de inmediatez, pues la sentencia de pertenencia fue cuestionada más de ocho meses después de su expedición. Por estas razones, declaró improcedente la acción de tutela.

IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión adoptada, la libelista la impugnó con fundamento en los argumentos expuestos en su escrito inicial y agregó que la acción de tutela anterior se circunscribió a cuestionar la declaratoria de deserción delRad. n° 05000-22-13-000-2026-00401-01 7 recurso de apelación, mientras que la nueva solicitud plantea un reproche autónomo contra la sentencia de pertenencia, por presuntas irregularidades relacionadas con la falta de acreditación de la publicidad especial del proceso, la insuficiencia de la inspección judicial, la indeterminación del inmueble y la ausencia de una adecuada motivación respecto de la interversión del título.

También, sostuvo que el requisito de inmediatez debía contabilizarse a partir de la culminación definitiva del trámite de apelación y no desde la expedición de la sentencia de pertenencia. Añadió que las nulidades pendientes no constituyen mecanismos idóne os para resolver los defectos denunciados y que la pérdida de la segunda instancia

de apelación y no desde la expedición de la sentencia de pertenencia. Añadió que las nulidades pendientes no constituyen mecanismos idóne os para resolver los defectos denunciados y que la pérdida de la segunda instancia obedeció a una deficiencia técnica en la sustentación del recurso, sin que ello subsane o elimine los cuestionamientos constitucionales formulados contra la sentencia.

En consecuencia, solicitó revocar el fallo de tutela, circunscribir cualquier efecto de cosa juzgada al debate relacionado con la deserción del recurso de apelación y amparar sus derechos al debido proceso, dejando sin efectos la sentencia de pertenencia p ara que se verificaran nuevamente los presupuestos relativos a la publicidad, la identificación del inmueble y la acreditación de la posesión.

CONSIDERACIONES

1.- La Compañía Química Los Lares Ltda. sostuvo que la declaratoria de deserción del recurso de apelación vulneróRad. n° 05000-22-13-000-2026-00401-01 8 sus derechos fundamentales, pues afirmó haber expuesto oportunamente los reparos contra la sentencia de pertenencia y que, pese a ello, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío se abstuvo de examinar de fondo las inconformidades planteadas, con lo cu al, en su criterio, se desconoció su derecho a la doble instancia.

En consecuencia, solicitó dejar sin efectos la decisión que declaró desierto el recurso de apelación, para que se continúe el trámite de la alzada contra la sentencia del 12 de diciembre de 2025, teniendo como sustentación el escrito

En consecuencia, solicitó dejar sin efectos la decisión que declaró desierto el recurso de apelación, para que se continúe el trámite de la alzada contra la sentencia del 12 de diciembre de 2025, teniendo como sustentación el escrito presentado oportunamen te ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Caracolí y resolviendo el recurso con plena autonomía judicial.

No obstante, tales pretensiones no están llamadas a prosperar, toda vez que la sociedad accionante ya había promovido una acción de tutela contra las mismas autoridades judiciales, identificada con el radicado 0500022-13-000-2026-00156-00, en la que formuló cuestionamientos sustancialmente similares a los planteados en esta oportunidad.

En aquella ocasión, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Expuso que, luego de proferirse sentencia favorable a las pretensiones de pertenencia, interpuso recurso de apelación y lo sustentó ante el juez de primera instancia; sin embargo, el superior declaró desierta la alzada por no haberse presentado un nuevo escrito deRad. n° 05000-22-13-000-2026-00401-01 9 sustentación. Añadió que los recursos de reposición y queja formulados contra esa determinación fueron negados, pese a que alegó la configuración de un exceso ritual manifiesto y la existencia de criterios jurisprudenciales divergentes sobre la materia.

Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el auto del 25 de febrero de 2026, mediante el cual se declaró desierto el

existencia de criterios jurisprudenciales divergentes sobre la materia.

Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el auto del 25 de febrero de 2026, mediante el cual se declaró desierto el recurso de apelación, así como la providencia que negó la reposición, y ordenar al Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío tener por sustentada la alzada con el escrito presentado ante el a quo, disponiendo la continuación del trámite de segunda instancia.

Frente a tales planteamientos, mediante sentencia del 28 de abril de 2026, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia negó el amparo, al considerar que la declaratoria de deserción se encontraba ajustada a derecho.

Esa determinación fue confirmada por esta Sala mediante sentencia STC8580 -2026, de 21 de mayo, al concluir que la parte recurrente no cumplió con la carga procesal de sustentar la alzada dentro de la oportunidad concedida por el superior. Se indicó, además, que la decisión cuestionada se ajustó a la normativa procesal vigente y a la interpretación jurisprudencial aplicable, por lo que no podía calificarse de arbitraria o caprichosa.

Ahora bien, pese a que el asunto ya fue definido por la jurisdicción constitucional, la sociedad pretende nuevamenteRad. n° 05000-22-13-000-2026-00401-01 10 la protección de las mismas prerrogativas, con fundamento en supuestos fácticos sustancialmente idénticos, sin que se adviertan variaciones relevantes en los sujetos, el objeto o la causa de la solicitud. Tampoco se acreditaron circunstancias

la protección de las mismas prerrogativas, con fundamento en supuestos fácticos sustancialmente idénticos, sin que se adviertan variaciones relevantes en los sujetos, el objeto o la causa de la solicitud. Tampoco se acreditaron circunstancias sobrevinientes que permitan apartarse de lo previamente resuelto o que justifiquen un nuevo pronunciamiento sobre la controversia.

Frente a ese debate se ha reiterado que:

«(…) [p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el artículo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: «cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (…).

Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acción de tutela respecto de un asunto idéntico; de allí que según la norma en cita, tal conducta está teñida de temeridad y acarrea como consecuencia, no sólo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situación que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, según el caso, las sanciones previstas» (STC5423-2025).

2.- Ahora bien, frente al argumento según el cual esta nueva acción de tutela se dirige específicamente contra la sentencia de pertenencia del 12 de diciembre de 2025 y satisface el requisito de inmediatez, porque el término debía contabilizarse desde que qued ó definida la imposibilidad de

nueva acción de tutela se dirige específicamente contra la sentencia de pertenencia del 12 de diciembre de 2025 y satisface el requisito de inmediatez, porque el término debía contabilizarse desde que qued ó definida la imposibilidad de obtener un pronunciamiento de segunda instancia, laRad. n° 05000-22-13-000-2026-00401-01 11 accionante añadió que dicho fallo presenta presuntos defectos relacionados con la identificación del inmueble, la publicidad del proceso, la acreditación de la posesión y de la interversión del título, así como con la valoración y motivación probatoria. A su juicio, tales irregularidades vulneran de manera autónoma el debido proceso y deben ser examinadas por el juez constitucional. Sin embargo, ese planteamiento no tiene vocación de prosperidad.

Lo anterior, por cuanto tales inconformidades contra el fallo de primera instancia debieron ser planteadas y desarrolladas a través del recurso de apelación. No obstante, la alzada fue declarada desierta por falta de sustentación, circunstancia que impidió al juez de segunda instancia examinar los reparos formulados contra la decisión del a quo y, de ser procedente, revocarla o modificarla. En consecuencia, la pérdida de la segunda instancia obedeció al incumplimiento de una carga procesal atribuible a la accionante y no a una actuación irregular de la autoridad judicial, razón por la cual no se configura la vulneración de los derechos fundamentales invocados ni se habilita la intervención excepcional del juez de tutela.

3.- De otro lado, el descuido imputado por la impulsora a su abogad o, vislumbrado en una indebida asistencia

los derechos fundamentales invocados ni se habilita la intervención excepcional del juez de tutela.

3.- De otro lado, el descuido imputado por la impulsora a su abogad o, vislumbrado en una indebida asistencia jurídica como demanda da en la Litis objetada, no es causa idónea para acceder al auxilio, pues como lo ha adoctrinado esta Corporación,Rad. n° 05000-22-13-000-2026-00401-01 12 (…) en cuanto toca con la supuesta negligencia que el actor le endilga a su defensor, tal circunstancia no es suficiente motivo para impetrar con éxito el amparo constitucional , pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte (…) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesión, y que el interesado puede reclamar por otras vías, [tal circunstancia] no sirve para edificar una acción de tutela contra decisiones judiciales. (CSJ STC, 18 de mayo de 2009, rad. 2009 -00508-01, reiterada, en STC 22532025).

También, ha dicho que:

(…) la contingente incuria de los apoderados judiciales (…) en defender los intereses de sus representados, no es suficiente motivo para impetrar con éxito la acción pues aquélla sería imputable a éstos y no al juez acusado , dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesión, y que el interesado puede reclamar por otras vías, no sirve para edificar una acción de tutela contra decisiones judiciales [.] (…) [E]l derecho de

circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesión, y que el interesado puede reclamar por otras vías, no sirve para edificar una acción de tutela contra decisiones judiciales [.] (…) [E]l derecho de postulación no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de “...los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jurídico procesal...”, ya que eso sería opuesto a la ordenación del proceso y a los principios de eventualidad y preclusión. (STC2253-2025).

4.- En definitiva, se confirmará la decisión adoptada por el juez constitucional de primera instancia , pero por estas razones.Rad. n° 05000-22-13-000-2026-00401-01 13

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSRad. n° 05000-22-13-000-2026-00401-01

14Firmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: D98871149A3F7CFFE13E609421AFBB8E322A4865EE2E9C82105841741F64207F Documento generado en 2026-10-26