CSJ - STC20694-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20694-2026 Radicación n.° 11001-02-30-000-2026-01567-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela que Fits Gerald Miguel Salamanca Gómez promovió contra el contra la Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia – URNA.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclaman la protección a su s derechos fundamentales al debido proceso y petición presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.

2. En síntesis, señaló que el 2 de septiembre de 2026, presentó una petición ante la entidad accionada mediante la cual solicitó ser exonerado del examen de idoneidad para abogados y que, en consecuencia, se expidiera su tarjeta profesional. Ello, tras argumentar que comenzó sus estudiosRad. n° 11001-02-30-000-2026-01567-00 2 de derecho en 2015, antes de que fuera sancionada la ley que estableció la presentación de dicho examen. Pese a ello, afirmó que, para la fecha en que promovió la acción de tutela, no había obtenido respuesta a su solicitud.

3. En consecuencia, pretende que se ordene a la accionada brindar una respuesta de fondo a su solicitud.

RESPUESTA DEL ACCIONADO

La Unidad de Registro Nacional de Abogados y

había obtenido respuesta a su solicitud.

3. En consecuencia, pretende que se ordene a la accionada brindar una respuesta de fondo a su solicitud.

RESPUESTA DEL ACCIONADO

La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia informó que la petición presentada el 2 de septiembre de 2026 fue atendida al día siguiente, cuando informó al accionante sobre el procedimiento y los documentos requeridos para tramitar la tarjeta profesional a través del SIRNA. Agregó que la solicitud formal solo fu e radicada el 23 de septiembre de 2026 y que, al verificarla, encontró una diferencia entre los documentos aportados por el actor, que acreditaban estudios desde 2015, y la información de la Universidad INCCA de Colombia, que registraba como fecha de inici o el 8 de abril de 2024, sin homologación o transferencia.

Explicó que no podía decidir definitivamente sobre la exigencia del examen de estado hasta que la institución educativa aclarara dicha inconsistencia, por lo que la requirió para precisar la información académica. En consecuencia, solicitó declarar improcedente el amparo, al considerar que atendió oportunamente las solicitudes y queRad. n° 11001-02-30-000-2026-01567-00 3 el trámite se encontraba dentro del término previsto para su resolución

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o ame nazados por cualquier

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o ame nazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o si existe, cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

2. Caso concreto.

En el presente asunto, e l accionante cuestiona la falta de respuesta de fondo a la petición que radicó el 2 de septiembre de 2026, mediante la cual solicitó la expedición de su tarjeta profesional tras advertir que comenzó sus estudios de derecho en 2015, antes de que fuera sancionada la ley que estableció la presentación del examen de idoneidad para abogados.

Frente a ello, la autoridad accionada respondió el 3 de septiembre de 2026 al correo electrónico suministrado por elRad. n° 11001-02-30-000-2026-01567-00 4 accionante1, esto es, al día siguiente de recibida la petición y antes de la presentación del amparo . En ella, la entidad informó que la solicitud de inscripción y expedición de la tarjeta profesional debía presentarse a través del SIRNA. Para ello, explicó las etapas de preinscripción, diligenciamiento del formulario, cargue de documentos y registro del trámite. También relacionó los documentos requeridos y precisó que, una vez registrada la solicitud, un gestor verificaría la información aportada y el cumplimiento de los requisitos

formulario, cargue de documentos y registro del trámite. También relacionó los documentos requeridos y precisó que, una vez registrada la solicitud, un gestor verificaría la información aportada y el cumplimiento de los requisitos aplicables. De igual forma, le señaló que los abogados que iniciaron la carrera de derecho antes del 28 de junio de 2018 no estaban obligados a presentar el examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018.

En este sentido, si bien la contestación no reconoció de manera inmediata la exoneración del examen ni dispuso la expedición de la tarjeta profesional, ello no permite afirmar que la solicitud hubiera quedado desatendida. En efecto, la entidad explicó que la información y los documentos debían ser incorporados al SIRNA para que un gestor verificara el cumplimiento de los requisitos y estudiara la procedencia de la expedición del documento profesional.

Debe recordarse que el derecho fundamental de petición no comporta la obligación de acceder favorablemente a lo solicitado. Su satisfacción exige que la autoridad emita y comunique una respuesta que se refiera a lo planteado y permita al interesado conocer la actuación que debe

1 Cfr. Expediente digital archivo 0008Memorial.zip – archivo «Anexo 1.5. Respuesta inicial.pdf».Rad. n° 11001-02-30-000-2026-01567-00 5 adelantar. En este caso, la entidad no guardó silencio ni ofreció una contestación ajena al asunto, sino que indicó la regla sobre la exigibilidad del examen y orientó al actor sobre el trámite necesario para obtener una decisión respecto de su situación p articular, al punto que aquel radico formalmente la solicitud de expedición de tarjeta profesional el pasado 23 de septiembre.

regla sobre la exigibilidad del examen y orientó al actor sobre el trámite necesario para obtener una decisión respecto de su situación p articular, al punto que aquel radico formalmente la solicitud de expedición de tarjeta profesional el pasado 23 de septiembre.

En consecuencia, no se advierte vulneración del derecho fundamental de petición, pues la solicitud del 2 de septiembre de 2026 fue respondida al día siguiente, la contestación fue comunicada al interesado, abordó el supuesto de exoneración en el que susten tó su petición y le indicó el procedimiento que debía seguir. Por tanto, lo procedente es negar el amparo invocado.

3. Conclusión.

En conclusión, para la Sala en el asunto no se logró justificar de manera alguna la supuesta afectación desproporcionada a los derechos fundamentales en relación con la el actuar de la autoridad convocada, por lo que « el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado ». (CSJ. STC1684 -2015, citada entre muchas en STC2900-2024), de manera que, se impone negar el amparo solicitado.

DECISIÓNRad. n° 11001-02-30-000-2026-01567-00

6 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela instada.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela instada.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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