CSJ - STC20732-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20732-2026 Radicación n.° 11001-22-10-000-2026-02129-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 21 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por GYÁL como «apoderado judicial» de EGAM contra el Juzgado Veintisiete de Familia de la misma ciudad , trámite al cual fue ron vinculadas las partes y los intervinientes en el juicio de alimentos con rad. 2025-000218-00.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad de los menores de edad involucrad os en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será el publicable para todos los efectos, de conf ormidad con elRad. n.° 11001-22-10-000-2026-02129-01 2 artículo 1° del Acuerdo nº 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. La parte actora en la citada calidad, acude al presente mecanismo en busca de la protección de los derechos

de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. La parte actora en la citada calidad, acude al presente mecanismo en busca de la protección de los derechos fundamentales al debido proces o y mínimo vital , que considera quebrantado por la autoridad jurisdiccional convocada.

2. En síntesis, expuso que RDG promovió el litigio referido en líneas anteriores contra EGAM, con el fin de fijar la cuota alimentaria respecto de su hija en común DAD; trámite en el cual, pese a que se acreditó la falta de capacidad económica por estar desempleado y tener obligaciones con otros dos hijos, el Juzgado Veintisiete de Familia de Bogotá profirió sentencia que accedió a las pretensiones y fijó la cuota en $1.200.000.

Señala que en dicha decisión se valoraron indebidamente las pruebas de la suficiencia del progenitor, ignorando que los movimientos bancarios no probaban ingresos permanentes y que solo era titular de la nuda propiedad de un inmueble gravado con usufructo; además se dio mérito a documentos aportados de forma irregular fuera de las oportunidades procesales.

Indica que la Juez convocada basó su decisión en un extracto bancario con depósitos temporales y no en la realidadRad. n.° 11001-22-10-000-2026-02129-01 3 económica del demandado fijada por la presunción legal y su afiliación al Sisbén, y además afectó el mínimo vital y el derecho a recibir alimentos de sus otros dos hijos menores.

3. Por lo anterior pretende que se ordene al Juzgado

económica del demandado fijada por la presunción legal y su afiliación al Sisbén, y además afectó el mínimo vital y el derecho a recibir alimentos de sus otros dos hijos menores.

3. Por lo anterior pretende que se ordene al Juzgado aludido «emita una sentencia basada en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS

1. La Juez accionada relacionó las actuaciones que conoció del trámite objeto de análisis.

2. La Comisaría 10ª de Familia de Engativá se limitó a enviar copia del acta de fijación provisional de cuota de alimentos a favor de la menor dentro de la medida de protección n.° 157-2021.

3. LMR en su calidad de defensora pública y en representación de RDG, pidió se niegue el amparo por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales.

4. RADD corroboró el dicho de la defensora pública y su progenitora.

5. Positiva S.A., Salud Total E.P.S., Sanitas E.P.S., Colpensiones S.A., el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, aunque enRad. n.° 11001-22-10-000-2026-02129-01 4 escritos separados, coincidieron en alegar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

El Tribunal constitucional de primera instancia negó el amparo reclamado tras considerar que «no se advierte que la autoridad judicial hubiese incurrido en una valoración arbitraria,

legitimación en la causa por pasiva.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

El Tribunal constitucional de primera instancia negó el amparo reclamado tras considerar que «no se advierte que la autoridad judicial hubiese incurrido en una valoración arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable del material probatorio, pues expuso las razones que la llevaron a conferir mérito demostrativo a los elementos examinados y explicó su incidencia en la determinación de la capacidad económica del alimentante».

IMPUGNACIÓN

La presentó la parte accionante para lo cual señaló, en esencia, argumentos en la línea del escrito de tutela ; destacando que el cuestionamiento principal refería a la forma en como se introdujeron las pruebas que a la postre dieron lugar a la decisión objeto de crítica.

CONSIDERACIONES

1. En relación con la legitimación para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que

podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismosRad. n.° 11001-22-10-000-2026-02129-01 5 no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

Sobre el alcance del precepto legal en mención, la jurisprudencia constitucional ha estimado que:

5 no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

Sobre el alcance del precepto legal en mención, la jurisprudencia constitucional ha estimado que:

la legitimación por activa en la acción de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii ) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C. C. ST -878 de 2007; reiterada entre otras en STC16275 -2021 y STC 126312025).

2. En el presente asunto, la Corte observa que lo pretendido por la parte accionante es que se deje sin valor ni efecto el proveído proferido el 24 de junio de 2026 a través del cual el Juzgado Veintisiete de Familia de Bogotá fijó en la suma de $1.200.000 la cuota de alimentos de menor en el proceso para tal efecto con rad. 2025-00218-00.

3. Sin embargo d e la evidencia allegada a este decurso constitucional muy pronto surge la impertinencia del ruego que instó GYÁL, ya que resulta innegable que no es el titular de los derechos cuya infracción invoca, ni adosó el

3. Sin embargo d e la evidencia allegada a este decurso constitucional muy pronto surge la impertinencia del ruego que instó GYÁL, ya que resulta innegable que no es el titular de los derechos cuya infracción invoca, ni adosó el poder especial que habilitara su mediación en este particular asunto, como representante judicial del presunt o afectado, de lo que se deriva su falta de interés en la causa por activa.Rad. n.° 11001-22-10-000-2026-02129-01

6 En este orden de ideas al margen de la pertinencia que pudieran tener los reclamos de l citad o abogado frente al devenir procesal, lo cierto es que si efectivamente se concretaron esas fallas que le enrostra a la autoridad convocada, el únic o legitimado para acudir a esta acción excepcional en procura de repelerlas sería EGAM, quien no lo habilitó legalmente para interceder por él en este escenario.

Al respecto, se observa que el instrumento con el cual pretendió acreditarse la representación judicial carece de validez legal al tenor del artículo 74 del Código General del Proceso y del canon 10 del Decreto 2591 de 1991. En el libelo confluyen una deficiencia sustancial comoquiera el pretendido poder carecer de la especificación de las decisiones particulares que cuestiona por esta senda.

Sobre este puntual aspecto la Sala de vieja data ha dicho, que:

la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T-001 de 1997, que por las características de la acción

la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T-001 de 1997, que por las características de la acción “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión. De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentaci ón del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial,Rad. n.° 11001-22-10-000-2026-02129-01 7 aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa (CSJ STC458-2021) (Subraya la Sala).

Y haciendo suyo el pronunciamiento del máximo órgano de cierre constitucional, en punto de los requisitos de tal mandato, en reciente decisión se señaló que:

[p]or su parte, (…), el poder especial conferido debe contener una serie de requisitos, a saber: «(i) los nombres y datos de identificación

mandato, en reciente decisión se señaló que:

[p]or su parte, (…), el poder especial conferido debe contener una serie de requisitos, a saber: «(i) los nombres y datos de identificación tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar (…) En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la acción» (T-1025/06 Corte Constitucional) (Subraya la Corte) (CSJ STC22552022; reiterada en STC12631-2025).

4. Corolario de lo expuesto, s e ratificará lo resuelto en primera instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil , Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.Rad. n.° 11001-22-10-000-2026-02129-01 8

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

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JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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