CSJ - STC20832-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20832-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05732-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela que por Wilber Fabián Bernal Pineda promovió contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones Mixtas de San José del Guaviare, trámite al que fueron vinculados las partes e intervinientes en el trámite de habeas corpus n.° 2026-00814-01 y el proceso penal con NUNC: 2023-00057-00.

ANTECEDENTES

1. El accionante, a través de apoderado judicial, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y la libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05732-00

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2. En síntesis, expuso que, el 12 de marzo de 2026, el Juzgado Segundo Penal de San José del Guaviare emitió sentencia condenatoria en su contra tras hallarlo responsable del delito de violencia intrafamiliar y emitió orden de captura. Determinación contra la que interpuso recurso de apelación.

Sostuvo que instauró acción de hábeas corpus al considerar que se encuentra privado ilegalmente de la

responsable del delito de violencia intrafamiliar y emitió orden de captura. Determinación contra la que interpuso recurso de apelación.

Sostuvo que instauró acción de hábeas corpus al considerar que se encuentra privado ilegalmente de la libertad, pues la sentencia condenatoria proferida por el juzgado segundo no está en firme, ya que se encuentra en estudio la impugnación elevada por él.

La solicitud fue tramitada en primer grado por el Juzgado Primero de Familia de Bogotá , el cual la negó mediante sentencia del 10 de septiembre de 2026, y en segundo grado por la Sala de Familia del Tribunal de Bogotá, mismo que con providencia del 18 siguiente, confirmó en su integridad la decisión del a quo.

3. El actor cuestiona las referidas decisiones, en su concepto, estas incurren en defectos sustantivos, falta de motivación, defecto fáctico y desconocimiento del precedente constitucional, ya que «aun admitiendo para efectos argumentativos que la sentencia condenatoria apelada puede producir consecuencias respecto de la privación de la libertad, permanecía pendiente una cuestión distinta: si la autoridad judicial había exteriorizado de manera suficiente las razones concretas por las cuales era necesario mantener materialmente la privación de la libertad (…)».Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05732-00

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4. Bajo el panorama anterior, pretende mediante el presente resguardo, que se ordene a las autoridades accionadas, dejar sin efectos la providencia de 18 de septiembre de 2026 y, en consecuencia, se ordene emitir una nueva decisión.

presente resguardo, que se ordene a las autoridades accionadas, dejar sin efectos la providencia de 18 de septiembre de 2026 y, en consecuencia, se ordene emitir una nueva decisión.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Tribunal Superior de San José del Guaviare remitió el enlace del expediente y defendió la legalidad de sus actuaciones, en consecuencia, peticionó negar la salvaguarda.

2. El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones Mixtas de San José del Guaviare reseñó encontró necesario que Wilber Fabián Bernal Pineda cumpliera de forma inmediata la pena proferida en su contra , por lo cual dispuso librar la orden de detención, debido a que se tenía conocimiento que este se encontraba privado de la libertad en centro carcelario por cuenta de una media de aseguramiento impuesta en el proceso penal con radicado NUNC 95001600066720230005700.

Posteriormente, el pasado 4 de septiembre de la presente anualidad, ordenó actualizar la orden de detención emitida el doce (12) de marzo de 2026, con el único propósito de aclarar que el señor Wilber Fabián Bernal Pineda debía iniciar el cumplimiento de la pena impuesta en la sentencia condenatoria proferida por aquel, sin que ello implicara laRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05732-00

4 adopción de una nueva determinación sobre su situación jurídica.

3. El Juzgado Primero de Familia de Bogotá relievó que de acuerdo con lo informado en escrito del habeas y contestaciones, no se encontró ilegalidad o vicio alguno que

adopción de una nueva determinación sobre su situación jurídica.

3. El Juzgado Primero de Familia de Bogotá relievó que de acuerdo con lo informado en escrito del habeas y contestaciones, no se encontró ilegalidad o vicio alguno que permitiera acceder a la pretensión de libertad del tutelando, existiendo orden de detención vigente.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales acusadas vulneraron las garantías invocadas por Wilber Fabián Bernal Pineda al negar la acción de hábeas corpus que aquel formuló, identificada con radicado n.° 202600814-01.

2. Preliminarmente, recuérdese que e sta Sala ha reiterado la impertinencia del amparo para atacar decisiones emitidas dentro de la acción pública creada para la protección del derecho fundamental a la libertad personal.

Lo anterior, habida cuenta que las determinaciones que se adopten en dicho trámite no pueden ser revisadas mediante la presente senda tutelar, toda vez que « tales decisiones escapan, en principio, de examen por parte del juez constitucional mediante la acción de tutela, pues ellas en sí mismas consideradas encarnan una excepcional acción constitucional para la defensa de un particular derecho fundamental » (CSJ STC, 10 mar.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05732-00

5 2011, rad. 00383 -00; CSJ , STC17508-2015, CSJ , STC12261-2016; y CSJ, STC168-2017, entre otras).

En asuntos de similares perfiles, la Sala ha dicho que:

5 2011, rad. 00383 -00; CSJ , STC17508-2015, CSJ , STC12261-2016; y CSJ, STC168-2017, entre otras).

En asuntos de similares perfiles, la Sala ha dicho que:

[A]l Juez constitucional le está vedada la posibilidad de aprehender las atribuciones que el constituyente y el legislador le han deferido a otros estrados, y desde esta óptica replantear el estudio de asuntos que se surtieron por los senderos normales, con seguimiento del debido proceso y en aplicación e interpretación de las normas que rigen la materia; la que resulta aún más evidente en el trámite del habeas corpus, para el cual el ordenamiento jurídico ha llenado de garantías a quien lo reclama… En ese sentido la Corte en casos análogos al que se analiza, ha reiterado que: «examinados los fundamentos de la queja y las pruebas aportadas, advierte la Corte que el amparo constitucional resulta improcedente, pues en lo que toca con el cuestionamiento que enfila el peticionario contra los funcionarios judiciales que negaron tanto en primera como en segunda instancia, la acción pública de habeas corpus que promovió con miras a obtener le fuese concedida la libertad por encontrarse «ilegalmente» detenido, observa la Sala que […] tales decisiones escapan, en principio, de examen por parte del juez constitucional mediante la acción de tutela, pues ellas en sí mismas consideradas encarnan una excepcional acción constitucional para la defensa de un particular derecho fundamental […]. (CSJ STC, 19 jun. 2007, rad. 01194 –01, reiterada en CSJ STC19498-2017) Negrillas fuera de texto.

defensa de un particular derecho fundamental […]. (CSJ STC, 19 jun. 2007, rad. 01194 –01, reiterada en CSJ STC19498-2017) Negrillas fuera de texto.

Del mismo modo, la Sala ha pregonado acerca del tópico en comento que:

Relativo a los reparos del accionante contra las determinaciones que en sede de habeas corpus le desestimaron el restablecimiento de la garantía de la libertad, tampoco se concederá el auxilio, teniendo en cuenta la improcedencia de cuestionar tales actuaciones a través de este mecanismo.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05732-00

6 Lo anterior se fundamenta en que al juez de tutela le está restringido el examen de providencias emitidas en otras acciones de naturaleza constitucional, pues, para establecer si efectivamente se quebrantó el derecho invocado, el cual constituye el tópico medular del aludido mecanismo de protección, el sistema jurídico nacional tiene previstos otros instrumentos de defensa judicial, esto es, los recursos ordinarios y extraordinarios a los cuales puede acudir el interesado. (CSJ, STC15888-2016).

Sin embargo, la anterior premisa no impide que a través de la tutela se verifique la legalidad del trámite y su decisión definitoria, cuando «esté de por medio una grave y manifiesta vulneración del derecho al debido proceso o a la defensa» (CSJ, SC 30 de mayo de 2013, rad. 2013-01116-00, citada en CSJ, STC16661-2014).

2.1. Si bien es posible, bajo las exigentes condiciones antes indicadas, acudir en demanda de tutela frente a

2013, rad. 2013-01116-00, citada en CSJ, STC16661-2014).

2.1. Si bien es posible, bajo las exigentes condiciones antes indicadas, acudir en demanda de tutela frente a actuaciones judiciales que se produzcan en el curso del trámite constitucional referido, sólo es factible en virtud de plantear y demostrar la violación o puesta en riesgo de cualquier otro derecho fundamental ocasionado con actuaciones anómalas surtidas en el mismo con incidencia en la decisión final.

Empero, cuando la demanda únicamente se enfoca en llevar a conocimiento del juez de tutela la misma solicitud invocada en el habeas corpus – como en el caso sub exámine – o cuando se limita a cuestionar posibles vías de hecho de las providencias mediante las cuales se resolvió aquél, solo por disentir del criterio adoptado o de la valoración probatoria efectuada por los falladores, los reclamos fundados en ese tipo de alegaciones devienen en franca improcedencia.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05732-00

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En el presente asunto, al contrastar el escrito de tutela con la acción recriminada , se tiene advierte que ambas coinciden en lo esencial . En efecto, de una parte, en el trámite de habeas corpus se examinó la ejecutabilidad de la medida privativa de la libertad impuesta a Wilber Fabián Bernal Pineda con fundamento en la sentencia condenatoria proferida el 12 de marzo de 2026 por el Juzgado Segundo Penal Municipal del Guaviare . De otr a, en la solicitud de amparo, el pretensor cuestiona los fundamentos de la

Bernal Pineda con fundamento en la sentencia condenatoria proferida el 12 de marzo de 2026 por el Juzgado Segundo Penal Municipal del Guaviare . De otr a, en la solicitud de amparo, el pretensor cuestiona los fundamentos de la decisión adoptada dentro de dicho trámite e insiste en que la referida sentencia no es ejecutable, por cuanto se encuentra en curso la apelación que interpuso contra esa decisión.

Así las cosas, en esta acción se advierte que los argumentos con los cuales el tutelante estructuró su disenso frente a las decisiones adoptadas en el trámite del recurso liberatorio carecen de concreción, toda vez que no atribuyen un defecto específico que eventualmente habilite el amparo. Ciertamente, su planteamiento se limitó a expresar la inconformidad con la negativa adoptada y a cuestionar que se mantuviese la decisión de su reclusión.

Y es que, la Corte ha sido enfática en resaltar que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando un fallo, debe detallar las razones por las cuales aquél desconoció derechos fundamentales a partir de la explicación de los defectos que, sin perjuicio de la autonomía e independencia que caracterizan la función judicial, configuran vía de hecho.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05732-00

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Al respecto, la Sala ha indicado en precedencia que:

[E]l mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e

[E]l mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta e l promotor de este amparo . (CSJ STC, 15 feb. 2011, r ad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, CSJ, STC1558-2015 y csj, STC4705-2016).

Por lo tanto, las precisiones sobre la improcedencia del amparo contra las determinaciones emitidas en el hábeas corpus, es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimación de la protección rogada, motivo por el cual, no resulta necesario el análisis en relación con otras temáticas, tales como la razonabilidad y juridicidad de los proveídos discutidos.

3. En conclusión, cuando se acude al juez de hábeas corpus y éste decide el asunto, no es posible luego, por esos mismos hechos instaurar una acción de tutela, en tanto sobre tal cuestión ya se ha emitido una decisión de carácter constitucional que en esos precisos aspectos resulta inmodificable.

DECISIÓNRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05732-00

9 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

inmodificable.

DECISIÓNRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05732-00

9 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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