CSJ - STC20833-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20833-2026 Radicación n.º 50001-22-13-000-2026-00375-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia del 10 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acción de tutela promovida por Jennifer Mesa Castro en nombre propio y en representación de la Asociación Lonja Nacional de Pro piedad Raíz y Avaluadores de Colombia -ASOLNALPRACcontra el Juzgado Segundo Civil del mismo c ircuito judicial, trámite al cual fue vinculados la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, así como las partes e intervinientes en los trámites identificados con radicado de n.° 2024-00111-00, 2024-00112-00, 2024-00113, 202400114-00, 2018-00275-00 y 2019-00290-00.Radicación n.º 50001-22-13-000-2026-00375-01

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ANTECEDENTES

1. Las accionantes reclamaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , «defensa y contradicción», acceso efectivo a la administración de justicia y «tutela judicial efectiva », presuntamente vulnerado s por la autoridad judicial convocada.

2. En síntesis, Jennifer Mesa Castro, en nombre

derechos fundamentales al debido proceso , «defensa y contradicción», acceso efectivo a la administración de justicia y «tutela judicial efectiva », presuntamente vulnerado s por la autoridad judicial convocada.

2. En síntesis, Jennifer Mesa Castro, en nombre propio, y en representación de la Asociación Lonja Nacional de Propiedad Raíz y Avaluadores de Colombia , expuso que, ante el incumplimiento en la elaboración de los dictámenes periciales solicitados en el curso de los procesos identificados con radicado n.° 2018-00275-00 y 2019 -00290-00, fueron acreedoras de sanciones que les impuso el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio , sobre las cuales cursa trámites de cobro activo.

Sostuvo que no niega el incumplimiento en la realización de los peritajes, pero cuestiona que, en las providencias del 9 de mayo y 13 de junio de 2024 , el despacho accionado derivara de esa circunstancia dos responsabilidades sancionatorias, una para ella y otra para la empresa, sin diferenciar las conductas endilgadas.

Igualmente se queja de que el estrado convocado , para la primera decisión referida, no valoró integralmente las explicaciones suministradas, la situación profesional de inhabilidad en que se encontraba y la solicitud deRadicación n.º 50001-22-13-000-2026-00375-01

3 sustitución. Así como en la segunda, no tuvo en cuenta que presentó el dictamen y que el error consistió en no corregir el documento previamente presentado, por lo que, en su concepto, no era acreedora de la sanción contemplada el

3 sustitución. Así como en la segunda, no tuvo en cuenta que presentó el dictamen y que el error consistió en no corregir el documento previamente presentado, por lo que, en su concepto, no era acreedora de la sanción contemplada el artículo 230 del Código General del Proceso.

3. Por lo anterior, en esencia, solicitó dejar sin efectos las decisiones sancionatorias del 9 de mayo y 13 de junio de 2024 y la consecuente terminación de los procesos de cobro activo.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio defendió la legalidad de sus actuaciones y solicitó denegar el amparo . Expuso que pese a los distintos requerimientos que presentó a las tutelantes, no se presentaron los trabajos encomendados, lo que dio lugar a la imposición de las multas de las que ahora se quejan.

2. El Coordinador de la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio señaló que las actuaciones de las que se duelen las accionantes corresponden a las emitidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, por lo que no le es atribuible vulneración alguna. Destacó que no está en su competencia dejar sin efectos las multas de las cuales se derivan los procesos de cobro coactivo, pues corresponde al juez que las impuso.Radicación n.º 50001-22-13-000-2026-00375-01

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ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio declaró la improcedencia de

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ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio declaró la improcedencia de la salvaguarda por el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, ya q ue las actoras acudieron al presente resguardo después de 2 años de emitidas las decisiones que las sancionaron. Igualmente advirtió el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, conforme contra esas decisiones era procedente interponer recurso de reposición, pero desaprovecharon dicho mecanismo.

IMPUGNACIÓN

La interpusieron las accionantes insistiendo en que se estudie de fondo las decisiones criticadas y se acceda a las pretensiones expuestas en su ruego tuitivo.

CONSIDERACIONES

1. El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la inmediatez, con el que se busca impedir que se desnaturalice el trámite de la tutela, en tanto la protección que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneración o amenaza actual.

Al respecto, ya se encuentra decantado que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de laRadicación n.º 50001-22-13-000-2026-00375-01

5 actuación que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, como lo ha dicho esta Sala:

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ordinal 7, artículo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental.

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses. (CSJ, STC, 29 abr 2009, rad. 2009 -00624-00, recientemente en STC17149-2025).

Este presupuesto adquiere relevancia cuando la censura se circunscribe a una providencia judicial y su análisis requiere mayor rigor, ya que lo que eventualmente se desvirtuaría serían principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y de contera la autonomía e independencia judicial. Esa es la postura reiterada de esta

Corte:

En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo

independencia judicial. Esa es la postura reiterada de esta

Corte:

En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser, convirtiéndose, subsecuentemente , en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo aRadicación n.º 50001-22-13-000-2026-00375-01

6 los derechos y legítimos intereses de terceros . (CSJ, STC10554-2018 reiterando STC12196-2014).

2. Anuncia la Sala que ratificará la improcedencia del amparo tal como lo concluyó el fallo de primer grado, pero únicamente por incumplimiento del principio de la inmediatez, tal como a continuación se expone.

2.1. En el asunto, las promotoras afirman que vulneraron sus derechos fundamentales a partir de la s providencias de l9 de mayo y 13 de junio de 2024 , a través de las cuales el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio les impuso sanciones con sustento en el incumplimiento de su deber como auxiliar de la justicia, por la no realiza ción y corrección en los dictámenes periciales solicitados para los procesos con radicación n.° 2018-0027500 y 2019-00290-00.

No obstante , la salvaguarda constitucional fue presentada el 10 de septiembre de 2026, es decir que, la acción constitucional se interpuso más de 2 años después de proferidas las decisiones a partir de la cual es alegan la

No obstante , la salvaguarda constitucional fue presentada el 10 de septiembre de 2026, es decir que, la acción constitucional se interpuso más de 2 años después de proferidas las decisiones a partir de la cual es alegan la vulneración de sus garantías fundamentales, por lo que pronto se advierte la desatención del referido presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela, comoquiera que, si las pretensoras consideraban que dicha s determinaciones transgredían sus prerrogativas, debieron acudir al resguardo de manera tempestiva, pero no lo hicieron dentro del término señalado como prudente por la jurisprudenciaRadicación n.º 50001-22-13-000-2026-00375-01

7 constitucional, conforme los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

3. Téngase en cuenta que, en algunos casos se ha flexibilizado el requisito de inmediatez, sin embargo, ello solo puede obedecer, entre otras, a la existencia de un motivo válido que justifique la inactividad del accionante para activar la jurisdicción constitucional. Al respecto ha indicado

la Corte:

Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acción, la Corte ha establecido los siguientes criterios: “(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii ) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos

justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii ) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición . (CSJ, STC 39492021).

En el sub-lite, la Sala no encuentra que las manifestaciones realizadas por las promotoras permitan evidenciar alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del mentado presupuesto, por lo que se releva a esta particular justicia de ahondar en análisis de otras temáticas , como la juridicidad de las decisiones criticadas, examen que sin duda está condicionado a la superación del referido requisito temporal.Radicación n.º 50001-22-13-000-2026-00375-01

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4. En definitiva, como se superó el término considerado como prudencial para acudir a la salvaguarda, ese sólo criterio resulta suficiente para ratificar la improcedencia del amparo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación, pero por el motivo señalado.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación, pero por el motivo señalado.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZRadicación n.º 50001-22-13-000-2026-00375-01

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FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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