CSJ - STC21151-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

STC21151-2026 Radicación n.º 11001-02-30-000-2026-01682-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Melanio Martínez Martínez contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes del trámite disciplinario con radicado n.° 20001-25-02-002-2026-00212-00.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

Para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, igualdad, seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia, el accionante solicita se dejen sin efectos las providencias proferidas por las autoridades accionadas el 23 de junio y 12 de agosto de 2026, mediante las cuales se dio por terminada la investigación disciplinaria y se confirmó dicha decisión alRadicación n.º 11001-02-30-000-2026-01682-00 2 resolver la alzada, respectivamente. En su lugar, pide que «se ordene seguir con la investigación disciplinaria en contra de las acusadas, a efectos de que se sancione (sic) conforme a lo que ordena la ley».

De la revisión del expediente, se advierte que el accionante presentó queja disciplinaria contra Carmen Dalis Argote Solano, en su condición de Juez Cuarta

que ordena la ley».

De la revisión del expediente, se advierte que el accionante presentó queja disciplinaria contra Carmen Dalis Argote Solano, en su condición de Juez Cuarta Administrativa de Valledupar, y Adriane Lorayne Mendoza Yepes, Profesional Universitario Grado 12 – contadora del Tribunal Administrativo del Cesar-, por presuntas conductas irregulares realizadas en ejercicio de sus funciones.

Particularmente, al haber acogido el informe del 3 de agosto de 2023 presentado por la contadora, y con fundamento en él, haber proferido la providencia del 7 de noviembre de 2023, mediante la cual negó el mandamiento ejecutivo solicitado contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. Pues, en dicho informe se consignó que «el apoderado de la parte demandante incluye factores salariales que no estan reconocidos dentro de la sentencia del 9 de julio de 2012 proferida por el Juzgado 3° de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar». Sin embargo, a su juicio, todos esos derechos fueron reconocidos y ordenados en la sentencia que pretendía ejecutar.

Mediante auto del 27 de mayo de 2026 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cesar abrió la investigación disciplinaria, y una vez recaudadas las pruebas decretadas, mediante providencia del 23 de junio de 2026 decretó la terminación del procedimiento y ordenó el archivoRadicación n.º 11001-02-30-000-2026-01682-00 3 definitivo de la investigación disciplinaria. Lo anterior, comoquiera que no evidenció irregularidad en la actuación desplegada por las disciplinadas, pues lo que en realidad se

3 definitivo de la investigación disciplinaria. Lo anterior, comoquiera que no evidenció irregularidad en la actuación desplegada por las disciplinadas, pues lo que en realidad se pretendía cuestionar con la queja era la decisión que negó el mandamiento ejecutivo. Inconforme con la decisión, el accionante interpuso recurso de apelación.

Posteriormente, mediante providencia del 12 de agosto de 2026 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la decisión de primera instancia.

El accionante cuestiona que los argumentos expuestos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no corresponden con la verdad procesal, dado que, en su criterio, las disciplinadas sí son responsables. Reprocha que las autoridades accionadas no valoraron de forma imparcial las pruebas aportadas a la queja disciplinaria, ni tuvieron en cuenta que la sentencia objeto de ejecución, del 9 de julio de 2012, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, se encontraba ejecutoriada y hacía tránsito a cosa juzgada. Lo cual, en su criterio, configura en una vía de hecho por defecto fáctico y procedimental.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS La Comisión Nacional de Disciplina Judicial manifestó que la decisión cuestionada se fundamentó en lo dispuesto en los artículos 90 y 250 del Código General Disciplinario, al concluirse que los argumentos del apelante estaban encaminados a cuestionar la decisión ad optada por laRadicación n.º 11001-02-30-000-2026-01682-00 4 autoridad judicial. Por lo tanto, solicitó denegar el amparo deprecado.

encaminados a cuestionar la decisión ad optada por laRadicación n.º 11001-02-30-000-2026-01682-00 4 autoridad judicial. Por lo tanto, solicitó denegar el amparo deprecado. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial hizo un recuento de las actuaciones procesales, remitió el enlace de acceso al expediente y señaló que la decisión adoptada se ajustó a los parámetros legales y por tanto, no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante. La vinculada Adriana Lorayne Mendoza Yepes hizo un relato de la versión de sus hechos.

CONSIDERACIONES

De entrada, se anuncia que la Corte negará el amparo implorado, toda vez que la decisión de segunda instancia proferida el 12 de agosto de 2026 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sobre la cual se centrará el análisis por ser la que zanjó el litigio, no configura ninguno de los defectos que habilitan excepcionalmente la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

Al resolver la apelación contra la decisión proferida el 23 de junio de 2026 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, mediante la cual se terminó la investigación disciplinaria adelantada contra Carmen Dalis Argote Solano y Adriane Lorayne Mendoza Yepes, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó lo decidido tras estudiar los reparos de la alzada.

Para sustentar su determinación, la autoridad de segunda instancia explicó que, al revisar el expedienteRadicación n.º 11001-02-30-000-2026-01682-00 5 ejecutivo, no encontró que la jueza investigada hubiera

Para sustentar su determinación, la autoridad de segunda instancia explicó que, al revisar el expedienteRadicación n.º 11001-02-30-000-2026-01682-00 5 ejecutivo, no encontró que la jueza investigada hubiera cuestionado lo decidido en la sentencia objeto de ejecución. Por el contrario, estimó que su actuación se limitó a examinar lo ordenado en ese fallo y a contrastarlo con las sumas reclamadas por el ejecutante en la liquidación presentada, para lo cual tuvo en cuenta el informe técnico elaborado por la profesional 12 que desempeñaba funciones contables.

En ese sentido, consideró que la comparación entre la liquidación y lo reconocido en la sentencia no implicaba desconocer ni cuestionar lo resuelto en esta última. Se trataba, más bien, de verificar si los valores reclamados correspondían a lo ordenado en el fallo del 9 de julio de 2012, frente a la afirmación del ejecutante de que la obligación solo se había cumplido parcialmente.

Bajo esos argumentos, manifestó que:

«no se evidencia que la funcionaria judicial hubiese actuado de manera irregular o que su decisión fuese arbitraria, caprichosa o parcializada en favor de la entidad ejecutada como lo sostiene el apelante puesto que su conducta se circunscribió a analizar el caso puesto en su conocimiento y emitir una decisión de conformidad con el análisis de las pruebas obrantes en el expediente, determinación que por demás se encuentra surtiendo la segunda instancia ante el Tribunal Administrativo del Cesar debido a que fue objeto de recurso de apelación por el ejecutante».

Respecto a la profesional universitario grado 12, la

expediente, determinación que por demás se encuentra surtiendo la segunda instancia ante el Tribunal Administrativo del Cesar debido a que fue objeto de recurso de apelación por el ejecutante».

Respecto a la profesional universitario grado 12, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial precisó que la investigada no tiene la condición de perito, sino de profesional de apoyo de los Juzgados Administrativos de Valledupar en asuntos contables, por lo que no ostenta la calidad de auxiliar de justicia.Radicación n.º 11001-02-30-000-2026-01682-00 6 Refirió frente a la irregularidad en la elaboración del informe que, la investigada no desplegó una conducta que pudiera tener relevancia disciplinaria, puesto que se limitó a realizar la función que le fue solicitada, esto es, revisar la liquidación que presentó el ejecutante frente a lo ordenado en la sentencia del 9 de julio de 2012. Sostuvo que la conclusión del informe además fue verificada y respaldada por la juez.

Con fundamento en lo anterior, expuso que «Del estudio de los reparos propuestos por el apelante en su escrito, se advierte que están encaminados a cuestionar la decisión adoptada por la autoridad judicial a partir del informe presentado por la contadora, sin embargo, debe reiterársele que la jurisdicción disciplinaria no fue concebida como una instancia de revisión de las decisiones de los jueces de otras jurisdicciones».

Examinada la providencia censurada a la luz de los reproches formulados, no se advierte que la autoridad accionada hubiera realizado una valoración parcializada de las pruebas y de las conductas de las disciplinadas. Por el

jurisdicciones».

Examinada la providencia censurada a la luz de los reproches formulados, no se advierte que la autoridad accionada hubiera realizado una valoración parcializada de las pruebas y de las conductas de las disciplinadas. Por el contrario, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial expuso las razones por las cuales estimó que la actuación de la jueza se circunscribió a verificar la liquidación frente al título ejecutivo y que la profesional contable cumplió una labor de apoyo, lo cual no se encausaba en ninguna de las faltas disciplinarias.

Asimismo, advirtió que las actuaciones que el accionante señala como presuntas faltas disciplinarias obedecen a su inconformidad con la decisión adoptada en el trámite ejecutivo. No obstante, como acertadamente loRadicación n.º 11001-02-30-000-2026-01682-00 7 estimaron las Comisiones accionadas, tal circunstancia, por sí sola, no configura una falta disciplinaria ni da lugar a la imposición de una sanción de esa naturaleza. Máxime cuando se observa que la inconformidad con la negativa del mandamiento ejecutiva está será analizado por el superior funcional, toda vez que fue recurrida en apelación.

En suma, los argumentos de la tutela buscan que el juez constitucional sustituya la valoración y la interpretación efectuada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por la lectura probatoria que propone el accionante. Sin embargo, la tutela contra providencias judiciales no constituye una tercera instancia ni permite reabrir el debate ordinario por la sola discrepancia con el sentido de la decisión.

la lectura probatoria que propone el accionante. Sin embargo, la tutela contra providencias judiciales no constituye una tercera instancia ni permite reabrir el debate ordinario por la sola discrepancia con el sentido de la decisión.

En definitiva, al no evidenciarse la configuración de una vía de hecho en la sentencia de segunda instancia, se impone negar el amparo solicitado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado por Melanio Martínez Martínez.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a losRadicación n.º 11001-02-30-000-2026-01682-00 8 participantes por el medio más expedito y remítase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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