CSJ - STC21308-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21308-2026 Radicación n° 11001-02-03-000-2026-05891-00 (Aprobado en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C ., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela que Ford Motor Colombia S.A.S. promovió contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; extensiva a la Superintendencia de Industria y Comercio, trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes en la acción de protección al consumidor con rad. 2024-52040-00.

ANTECEDENTES

1. La parte actora reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y «contradicción», presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada.

2. En sustento, expuso que Daniela Castro Bohórquez promovió el litigio referido en su contra y la de otros, respectoRad. n° 11001-02-03-000-2026-05891-00 2 de la garantía en relación con el vehículo de placas NIS599 por cuenta de las fallas que presentó una batería de alto voltaje y el sunrrof, trámite en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio profirió sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Señala que la demandante interpuso recurso de apelación contra esa decisión y la Sala Civil del Tribunal

Industria y Comercio profirió sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Señala que la demandante interpuso recurso de apelación contra esa decisión y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá al desatar la alzada, omitiendo que descorrió el traslado del citado mecanismo en el que expuso sobre el inicio de la garantía, la fecha de disponibilidad del automotor y que no se trataba de una falla reiterada, resolvió revocar la decisión de primer grado para en su lugar ordenarles la reposición de un rodante similar.

Indica que comoquiera que en el citado fallo se advirtió que «guard[ó] silencio» respecto del mencionado traslado alegó la nulidad de que trata el numeral 6 del artículo 133 del Código General del Proceso, sin embargo, la Corporación convocada negó tal petición, decisión respecto de la cual formuló súplica que de igual forma se resolvió negativamente a sus intereses.

Manifiesta que el fallo cuestionado careció de motivación frente a la temática que planteo al descorrer la apelación, así mismo realizó una indebida valoración probatoria en cuanto al carácter eléctrico que le atribuyó al daño del vehículo y los hitos temporales respecto de la garantía, circunstancias todas que lesionan las prerrogativas superiores invocadas.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05891-00 3

3. Solicita entonces dejar sin efecto la sentencia de fecha 10 de junio de 2026 junto con los autos de 19 de agosto y 10 de septiembre, ambos de la mencionada anualidad.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

3. Solicita entonces dejar sin efecto la sentencia de fecha 10 de junio de 2026 junto con los autos de 19 de agosto y 10 de septiembre, ambos de la mencionada anualidad.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Corporación convocada precisó que «no se acreditó la pretermisión de una oportunidad procesal ni una afectación material del derecho de contradicción. La inexactitud reconocida carece de la trascendencia necesaria para invalidar la actuación, mientras que los restantes cuestionamientos buscan reabrir una controversia resuelta por el juez natural».

2. Daniela Castro Bohórquez , se pronunció sobre cada uno de los reparos de la sociedad actora y concluyó que los mismos estaban llamados al fracaso.

3. La Superintendencia de Industria y Comercio alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva.

4. La Distribuidora Los Coches La Sabana S.A.S. corroboró los hechos expuestos en el escrito inicial y coadyuvó el amparo.

CONSIDERACIONES

1. En el caso bajo estudio se observa que el reclamo se dirige contra el proveído proferido el 10 de junio de 2026 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá a través del cual revocó el fallo de 17 de febrero anterior de laRad. n° 11001-02-03-000-2026-05891-00

4 Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, para en su lugar acceder a las pretensiones del proceso de protección al consumidor con rad. 2024-52040-00.

4 Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, para en su lugar acceder a las pretensiones del proceso de protección al consumidor con rad. 2024-52040-00.

2. De la revisión realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente por el despacho judicial que conoce del asunto, la Sala desde ya anticipa que negará la protección reclamada, habida cuenta del incumplimiento del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad en la modalidad de incuria y porque, en lo demás la controversia planteada carece de relevancia constitucional.

2.1. En efecto, en primer lugar, encuentra la Corte que aunque se pretende atacar la citada sentencia con sustento en que se omitió el pronunciamiento puntual respecto de los argumentos que expuso al descorrer el traslado del recurso de apelación, lo cierto es que esa temática no fue expuesta en la oportunidad procesal correspondiente esto es, mediante la solicitud de adición de la sentencia en los tér minos del artículo 287 del Código General del Proceso , mecanismo idóneo con el que se contaba al interior de la controversia para exponer la inconformidad aquí traída.

Entonces, como la parte actora desperdició el instrumento previsto por el legislador para discutir la providencia de la que en últimas hoy se duele , provocó que la protección reclamada por esa particular materia resulte improcedente por irrespetar la residualidad que aquí impera.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05891-00 5 Recuérdese que no se puede acudir al amparo constitucional

improcedente por irrespetar la residualidad que aquí impera.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05891-00 5 Recuérdese que no se puede acudir al amparo constitucional «(…) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposición oportuna de los medios de resguardo diseñados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acción de tutela (…)» (STC9227-2022 reiterada entre otras en STC6543-2025).

2.2. De otra parte, examinada la queja constitucional, al tenor de la normatividad aplicable y su cotejo con la información extractada de las pertinentes piezas procesales allegadas al expediente, la Sala advierte que los restantes reproches de la parte actora, relativos a la indebida valoración probatoria en cuanto al carácter eléctrico que se le atribuyó al daño del vehículo, a los hitos temporales de la garantía y a la configuración de la falla reiterada, así como a la aplicación de los artículo 8 y 11 de la Ley 1480 de 2011, carecen de trascendencia constitucional.

En efecto, la controversia aquí planteada tiene un carácter netamente económico y de connotación estrictamente particular, pues se circunscribe a establecer si, en el marco de la relación de consumo trabada con Daniela Castro Bohórquez, la accionante debía responder por la garantía del vehículo de placas NIS599 mediante la reposición de un rodante similar, discusión que gira exclusivamente en torno a la efectividad de la garantía legal regulada en la Ley 1480 de 2011 y a sus consecuencias

la garantía del vehículo de placas NIS599 mediante la reposición de un rodante similar, discusión que gira exclusivamente en torno a la efectividad de la garantía legal regulada en la Ley 1480 de 2011 y a sus consecuencias patrimoniales, sin que se advierta que involucre la interpretación, aplicación o desarrollo constitucional o la determinación del alcance de algún derecho fundamental,Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05891-00 6 Aunado a ello, los cuestionamientos que ahora se elevan en esta sede son, en esencia, los mismo s reparos que la sociedad tutelante planteó al contestar la demanda de protección al consumir, oportunidad en la que propuso, entre otras, «cumplimiento del amparo de garantía de fábrica », «inexistencia de falla reiterada» e «inexistencia de daño o defecto actual del producto» bajo el argumento de que la garantía debía contabilizarse desde la entrega del vehículo y que sus ingresos al taller obedecieron a causas distintas, por lo que no se configuraba la reiteración de la falla prevista en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 1480 de 2011.

Esos mismos argumentos los reiteró en el escrito de tutela e inclusive al descorrer el traslado al recurso de apelación, sin embargo, tales temáticas fueron abordadas por el Tribunal accionado al desatar la alzada; de ahí que, aunque la accionante afirme q ue no pretende que esta Corporación decida quién tiene la razón sobre el vehículo, lo que realidad persigue es reabrir un debate legal y probatorio ya zanjado, a manera de una tercera instancia.

aunque la accionante afirme q ue no pretende que esta Corporación decida quién tiene la razón sobre el vehículo, lo que realidad persigue es reabrir un debate legal y probatorio ya zanjado, a manera de una tercera instancia.

En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales no convierte en constitucional una controversia de contenido estrictamente económico, definida en su oportunidad por el juez natural frente a los mismos argumentos que ahora se reiteran, por lo que el asunto carece de entidad suficiente para exigir el pronunciamiento del juez constitucional.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05891-00 7 En relación con la relevancia constitucional como uno de los requisitos de procedibilidad de la tutela, esta Sala ha señalado recientemente lo siguiente:

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo. Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la Corte Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue "(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces" (CC

cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces" (CC SU-573 de 2019, SU-128 de 2021).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional "protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales", de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar "(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales" (CC SU -215 de 2022, SU-134 de 2022).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se, la intervención del juez constitucional.

Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, su estudio

invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se, la intervención del juez constitucional.

Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, su estudio solo se aborda una vez superadas la inmediatez y la subsidiariedad, presupuestos que le anteceden. Verificados en este caso, el análisis se concentra en la relevancia, cuya ausencia,Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05891-00 8 según pasa a exponerse, sella la improcedencia del amparo (STC19101-2026).

4. Los motivos expuestos son suficientes para negar de la salvaguarda solicitada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil , Agraria y Rural , administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo suplicado.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que este fallo no sea impugnado.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05891-00 9

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

(en comisión de servicios)Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05891-00 9

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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